CE - 010315000202302537001SENTENCIA20230615144714

Demandantes: Dora Cecilia Forero de Achagua y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare Radicado: 11001-03-15-000-2023-02537-00

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., quince (15) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-02537-00

Demandantes: DORA CECILIA FORERO DE ACHAGUA Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE

Temas: Tutela contr a providencia judicial dictada en cumplimiento de orden de tutela. Declara improcedente por no superar el requisito de agotamiento de todos los medios de defensa.

Incidente de desacato medio eficaz e idóneo - artículo 27 del Decreto 2591 de 1991.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por l a señora Dora Cecilia Forero de Achagua y otros contra el Tribunal Administrativo de Casanare, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

Los señores Dora Cecilia Forero de Achagua, Nicolás Achagua, Marcela Josefa Cediel Villalobos, Dania Alejandra Achagua Cediel, Dora Cecilia Achagua Forero, Nicolás Achagua Forero, Clarisa Achagua Forero, Yojaina Achagua Forero, Sofía Achagua Forero, Tirso Achagua Forero y Juan Carlos Achagua Forero, a través de apoderado, present aron acción de tutela 1 con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales a «la igualdad (Art. 13 C.N.), al debido proceso (Art. 29 C.N.), a la reparación integral derivada de la responsabilidad patrimonial del Estado (Art. 90 C.N.) y al acceso a la Administración de Justicia (Art. 229 C.N.)».

Las mencionadas garantías constitucionales las estimaron vulneradas con ocasión de la provi dencia de 10 de noviembre de 2022 2, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Casanare confirmó la decisión de 10 de diciembre de 2020,

1 Con escrito radicado el 15 de mayo de 2023, a través del buzón electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado. 2 Dictada en reemplazo de la sentencia de 16 de septiembre de 2021, como consecuencia de la orden de tutela impartida el 29 de septiembre de 2022, por la Sección Primera del Consejo de

General del Consejo de Estado. 2 Dictada en reemplazo de la sentencia de 16 de septiembre de 2021, como consecuencia de la orden de tutela impartida el 29 de septiembre de 2022, por la Sección Primera del Consejo de Estado, en el expediente 11001-03-15-000-2022-01814-00/01.Demandantes: Dora Cecilia Forero de Achagua y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare Radicado: 11001-03-15-000-2023-02537-00

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co dictada por el Juzgado Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Yopal que declaró probada de ofici o la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa interpuesto por los actores contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional; y que se identificó con el radicado 85001-33-33-001-2015-00414-00/01.

1.2. Pretensiones

La parte actora solicitó lo siguiente:

PRINCIPALES

PRIMERO: Que por favor y en honor de la supremacía de la Constitución Política de Colombia y del Estado de derecho (Arts. 1°, 2º, 4°, 93 y 94 C.N.) y en garantía de los artículos 1.1., 2, 5.1., 8.1., 11, 17.1., 19, 24, 25 y 29 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en armonía con el artículo 27 de la

de los artículos 1.1., 2, 5.1., 8.1., 11, 17.1., 19, 24, 25 y 29 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en armonía con el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, los artículos 3 y 14.1., del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los ar tículos 3 y 131 de la Convención de Ginebra, los principios 1, 23 y 32 del Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad adoptado en febrero 8 de 2005 por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y aprobado en el 61° período de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y los capítulos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones contenidos en la Resolución 60/147 de 16 de diciembre de 2005 d e la Asamblea General de las Naciones Unidas, con efectos inter comunis o inter pares sean tutelados los derechos fundamentales de acceso a la Administración de Justicia en prevalencia del derecho sustancial (Arts. 228 y 229 C.N.), a la integridad personal (Art. 12 C.N.), a la igualdad (Art. 13 C.N.), al debido proceso (Art. 29 CN) y a la reparación integral derivada de la responsabilidad patrimonial del Estado (Art. 90 C.N.), en favor de DORA CECILIA

al debido proceso (Art. 29 CN) y a la reparación integral derivada de la responsabilidad patrimonial del Estado (Art. 90 C.N.), en favor de DORA CECILIA

FORERO DE ACHAGUA (Madre), NICOLAS ACHAGUA (Padre), MARC ELA

JOSEFA CEDIEL VILLALOBOS (Compañera permanente), DANIA ALEJANDRA

ACHAGUA CEDIEL (Hija), DORA CECILIA ACHAGUA FORERO (Hermana),

NICOLAS ACHAGUA FORERO (Hermano), CLARISA ACHAGUA FORERO

(Hermana), YOJAINA ACHAGUA FORERO (Hermana), SOFIA ACHAGUA FORERO (H ermana), TIRSO ACHAGUA FORERO (Hermano) y JUAN CARLOS ACHAGUA FORERO (Hermano), los cuales les fueron vulnerados dentro del proceso de reparación directa con radicado No. 85001 -3333-001-2015-00414-01 iniciado por ellos contra la Nación, Ministerio de Defen sa Nacional y Ejército Nacional, por causa de la decisión judicial adoptada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE en la sentencia de fecha 10 de noviembre de 2022, notificada el 15 de noviembre de 2022, que ordenó CONFIRMAR el fallo proferido por el J uzgado Administrativo de Descongestión del Circuito de Yopal el 10 de diciembre de 2020 a través del cual se declaró configurada la CADUCIDAD, a pesar de tratarse de un caso de alegada responsabilidad del Estado derivado de un delito de lesa humanidad a tí tulo de retención ilegal, desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial, cometido en el escenario del conflicto armado interno por

delito de lesa humanidad a tí tulo de retención ilegal, desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial, cometido en el escenario del conflicto armado interno por agentes del Estado en servicio activo, en un episodio de los llamados “falsos positivos” que afectó los derechos de los actores. Decisión judicial adoptada contra legem por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE en cuanto contradice la expresa voluntad del legislador expresada en los antecedentes legislativos del artículo 164 del CPACA y en contra de precedentes verticales habilitantes aplicados inter comunis y vigentes a la época de presentación de la demanda y, dictada en desacato de la interpretación constitucional acuñada con supremacía funcional en las sentencias T-352 de 2016, T-296 de 2018 y las propias sentencia denominadas de unificación SU312 de 2020 de la Corte Constitucional y la SU de 29 de eneroDemandantes: Dora Cecilia Forero de Achagua y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare Radicado: 11001-03-15-000-2023-02537-00

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, trasgrediendo adicionalmente la doctrina Convencional de las sentencias de la Corte IDH Barrios Altos vs Perú , Valle Jaramillo y otros vs Colombia, García Lucero vs Chile, Villamizar Durán y otros vs Colombia, Órdenes Guerra vs Chile y Familia Julien Grisones vs Argentina vinculantes para Colombia y aplicables al presente caso

Altos vs Perú , Valle Jaramillo y otros vs Colombia, García Lucero vs Chile, Villamizar Durán y otros vs Colombia, Órdenes Guerra vs Chile y Familia Julien Grisones vs Argentina vinculantes para Colombia y aplicables al presente caso concreto conforme al principio de co nvencionalidad y al bloque de constitucionalidad.

SEGUNDO: Que, como consecuencia del amparo solicitado, en favor de los demandantes, también con efectos inter comunis o inter pares, por favor se declare nula por incompatibilidad con la Constitución Polí tica de Colombia y por ser transgresora del Bloque de Constitucionalidad y de la expresa voluntad del legislador expresada en los antecedentes legislativos del artículo 164 del CPACA, y, en consecuencia carente de efectos jurídicos, la providencia de fecha 10 de noviembre de 2022, notificada el 15 de noviembre de 2022, que ordenó CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Administrativo de Descongestión del Circuito de Yopal el 10 de diciembre de 2020 a través del cual se declaró configurada la CADUCIDAD del medio de control incoado en instancia de cierre, en decisión adoptada por El TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE en la sentencia de fecha 10 de noviembre de 2022 dentro del proceso de reparación directa con radicado No. 85001 -3333-001-2015-00414-01, ini ciado por los aquí accionantes, por la retención ilegal, desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial de LEONARDO ACHAGUA FORERO (Q.E.P.D.) en lo que fue un delito de lesa humanidad toda vez que fue ejecutado por los agentes del Estado,

extrajudicial de LEONARDO ACHAGUA FORERO (Q.E.P.D.) en lo que fue un delito de lesa humanidad toda vez que fue ejecutado por los agentes del Estado, EJÉRCITO NACIONAL, para posteriormente ser ilegítimamente presentado como una baja en combate.

TERCERA: Que por favor, privada de efectos jurídicos la providencia judicial de la que pedimos se declare su anulación y por efecto de la expresa voluntad del legislador expresada en los antecedentes legislativos del artículo 164 del CPACA y de la unificación interpretativa respecto de la imprescriptibilidad de las acciones administrativas de reparación o de responsabilidad civil del Estado derivadas de los delitos de l esa humanidad, contenida en las sentencias de tutela T -352 de 2016 y T-296 de 2018, así como en las sentencias CIDH Valle Jaramillo y otros vs Colombia de noviembre 27 de 2008, Órdenes Guerra contra Chile de 29de noviembre de 2018 y Familia Julien Grisonas vs Argentina89 de 23 de Septiembre de 2021 en los principios 1, 23 y 32 del Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad adoptado desde febrero 8 de 2005 por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y aprobado en el 61° período de la Asamblea General de las Naciones Unidas y en los capítulos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víct imas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y

XI y XII de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víct imas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones contenidos en la Resolución 60/147 de 16 de diciembre de 2005 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, o con base en los precedentes habilitantes en casos semejantes que en igualdad el Juez de Tutela decida aplicar, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE a tratar con debida diligencia el proceso de reparac ión directa con radicado 85001 -3333001-2015-00414-01, dando prioridad para proferir de nuevo la correspondiente providencia de segunda instancia dentro de un tiempo perentorio de diez (10) días hábiles, teniendo en cuenta el más alto estándar de garantías pro homine, pro damnato y pro actioni, como quiera que de acuerdo con el sistema de precedentes y el principio de Convencionalidad, para el presente caso no aplica la regla general del literal i) del numeral 2° del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que estableció la caducidad para las acciones de reparación directa sin distinguir su aplicabilidad a los delitos de lesa humanidad.Demandantes: Dora Cecilia Forero de Achagua y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare Radicado: 11001-03-15-000-2023-02537-00

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CUARTA: Solicito de manera respetuosa, para efectivizar la expresa v oluntad del

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CUARTA: Solicito de manera respetuosa, para efectivizar la expresa v oluntad del legislador expresada en los antecedentes legislativos del artículo 164 del CPACA y conforme al artículo 7° del Decreto 2591 de 199190, por favor se conceda la siguiente medida provisional con la finalidad de que se protejan los Derechos Fundamentales de mis representados a la igualdad (Art. 13 C.N.), al debido proceso (Art. 29 C.N.), a la reparación integral (Art. 90 C.N.) y al acceso a la Administración de Justicia en prevalencia del derecho sustancial (Arts. 228 y 229 C.N.), así: […]

QUINTA: Con la finalidad de que participen terceros intervinientes, tal cual lo indica el inciso 2° del artículo 13 del Decreto 2591 de 199191, solicito respetuosamente al Juez de Tutela que por favor, por el medio más expedito y de amplia circulación a nivel Nacional se realice llamado a la comunidad en general para que quien tenga interés legítimo en el resultado del proceso, ejerza su derecho e intervenga en coadyuvancia con los accionantes o accionados dentro de la presente acción constitucional.

SUBSIDIARIA

Si no prospera la petición principal TERCERA basada en el principio de imprescriptibilidad de la acción de reparación directa cuando se trata de casos de lesa humanidad, respetuosamente pido el favor se considere la siguiente solicitud.

SUBSIDIARIA A LA TERCERA PETICIÓN PRINCIPAL: Que por favor, privada de efectos jurídicos la providencia judicial de la que pedimos se declare su anulación y

lesa humanidad, respetuosamente pido el favor se considere la siguiente solicitud.

SUBSIDIARIA A LA TERCERA PETICIÓN PRINCIPAL: Que por favor, privada de efectos jurídicos la providencia judicial de la que pedimos se declare su anulación y por efecto de la aplicación interpretativa del literal i) del numeral 2° del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por integración normativa y modulación del alcance de las sentencias denominadas de unificación de 29 de enero de 2020 proferida por mayoría en la Sección Tercera del Consejo de Estado92 y la SU 312 de 2020 adoptada por mayoría en la Corte Constitucional el 13 agosto de 202093, pero publicada apenas en marzo de 2021, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE a tratar con debida diligencia el proceso de reparación directa con radicado No. 85001 -3333-001-201500414-01, dando prioridad para proferir de nuevo la correspondiente providencia de segunda instancia dentro de un tiempo perentorio de diez (10) días hábiles, teniendo en cuenta el más alto estándar de garantías pro homine, pro damnato y pro actioni, como quiera que, en un escenario de buena fe y sana crítica, verificados los hechos probados de la presente acción, y conforme a lo expuesto mediante el AUTO SUB D - SUBCASO CASANARE - 055, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y d e Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, mediante el cual se trataron temas de asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentados como bajas en

Verdad, de Responsabilidad y d e Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, mediante el cual se trataron temas de asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentados como bajas en combate por agentes del Estado, determina los hechos de muertes ilegítimamente presentadas comobajas en combate atribuibles a algunos miembros del Ejército Nacional y los califica jurídicamente como asesinatos y desapariciones, y producto de la de retención ilegal, desaparición forzada tortura y ejecución ex trajudicial del señor LEONARDO ACHAGUA FORERO (Q.E.P.D.), estamos ante una flagrante configuración de un delito de lesa humanidad y que por esta naturaleza el medio de control de reparación directa no es sujeto de caducidad3.

1.3. Hechos

1.3.1. Del proceso de reparación directa 85001-3333-001-2015-00414-00/01

Los actores presentaron una demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, con el fin de que se declarara administrativamente responsable al Estado por los perjuicios causados por la muerte de su familiar, el señor Leonardo

3 Transcripción del texto original con posibles errores.Demandantes: Dora Cecilia Forero de Achagua y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare Radicado: 11001-03-15-000-2023-02537-00

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Achagua Forero, quien falleció el 19 de diciembre de 2007, «víctima de retención ilegal, desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudici al de parte del Ejército Nacional».

En sentencia de primera instancia de 10 de diciembre de 2020, e l Juzgado Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Yopal declaró probada de oficio la excepción de caducidad del medio de control.

Para sus tentar su decisión, señaló que los actores tuvieron conocimiento de la muerte de su familiar el 22 de diciembre de 2007, razón por la cual el plazo para demandar transcurrió entre el 23 de diciembre de 2007 y el 23 de diciembre del 2009, pero que solo lo h icieron hasta el 9 de septiembre de 2015. Lo anterior, de conformidad con el numeral 2.° del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, dictada por la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Esta decisión fue apelada y el trámite de la segunda instancia correspondió al Tribunal Administrativo de Casanare que, en sentencia de 16 de diciembre de 2021, confirmó el fallo proferido en primer grado , bajo las mismas consideraciones que el a quo.

1.3.2. De la acción de tutela 1001-03-15-000-2022-01814-00/01

Inconforme con las decisiones adoptadas en el trámite del proceso de reparación

que el a quo.

1.3.2. De la acción de tutela 1001-03-15-000-2022-01814-00/01

Inconforme con las decisiones adoptadas en el trámite del proceso de reparación directa, los actores interpusieron una acción de tutela contra el Juzgado Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare, que correspondió por reparto en primera instancia al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, bajo el radicado número 1001-03-15-000-2022-01814-00.

En sentencia de 26 de abril de 2022, el a quo negó el amparo constitucional . No obstante, dicha decisión fue apelada y, en segunda instancia, el Consejo de Estado, Sección Primera en sentencia de 29 de septiembre de 20224, revocó el fallo de primer grad o y, en su lugar, amparó los derechos fundamentales de los accionantes al encontrar configurado los defectos fáctico y sustantivo , bajo la siguiente conclusión:

4 «PRIMERO: REVOCAR el numeral segundo de la sentencia de 26 de abril de 2022, dictada por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

SEGUNDO: CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, acceso a la administración de justicia, reparación integral y vida digna de DORA CECILIA

FORERO DE ACHAGUA.

TERCERO: DEJAR sin efectos la sentencia de segunda instancia dictada el 16 de septiembre de 2021, por el Tribunal Administrativo de Casanare, dentro del proceso de reparación directa identificado con el radicado número 85001-33-33-001-2015-00414-01.

2021, por el Tribunal Administrativo de Casanare, dentro del proceso de reparación directa identificado con el radicado número 85001-33-33-001-2015-00414-01.

CUARTO: ORDENAR a ese despacho judicial que, en un término no superior a cuarenta (40) días siguientes a la notificación de esta sentencia, dicte una nueva providencia en la que tenga en cuenta las consideraciones jurídicas expuestas en este fallo».Demandantes: Dora Cecilia Forero de Achagua y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare Radicado: 11001-03-15-000-2023-02537-00

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra acreditada la violación de los derechos fund amentales invocados en esta acción de tutela, pues, pese a haber sido así solicitado, el tribunal accionado no efectuó el control oficioso de convencionalidad, así como tampoco realizó análisis alguno de las pruebas obrantes dentro del expediente frente a la gravedad de los delitos de lesa humanidad de que fue víctima Leonardo Achagua Forero (q.e.p.d), como quiera que, para establecer el momento desde el cual la parte actora conoció o debió conocer de la participación de los miembros del Ejército Nacional e n la muerte de Leonardo, y consecuentemente, advirtió la posibilidad de imputarle al Estado la responsabilidad, se limitó a lo que resultaba de la narración de los hechos contenida en la demanda ordinaria de reparación directa, sobre la fecha en que se conoció la muerte, más no sus circunstancias y posibles autores.

responsabilidad, se limitó a lo que resultaba de la narración de los hechos contenida en la demanda ordinaria de reparación directa, sobre la fecha en que se conoció la muerte, más no sus circunstancias y posibles autores.

1.3.3. Actuaciones posteriores al trámite de la acción de tutela 1001-03-15000-2022-01814-00/01

En cumplimiento de la orden impartida en el referido trámite constitucional, el Tribunal Administrativo de Casanare profirió la sentencia de 10 de noviembre de 2022, a través de la cual confirmó nuevamente la providencia de 10 de diciembre de 2020, dictada por el Juzgado Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Yopal, que declaró pro bada de oficio la excepción de caducidad del medio de control. Al respecto, el citado tribunal concluyó lo siguiente:

d.- Así las cosas, del examen de las piezas procesales anotadas se concluye que:

 La muerte de Leonardo Achagua Forero ocurrió el 19 de diciembre de 2007.

 El Ejército entregó el cadáver de Achagua Forero, de Alexis Gregorio Guerrero Martínez y Andrés Salamanca Martínez el mismo 19 de diciembre a la Fiscalía.

 En consecuencia, la muerte de Leonardo Achagua Forero no corresponde a desaparición forzada.

 Los familiares de Leonardo Achagua Forero se enteraron de su muerte y de que había abatido por miembros del Ejército Nacional entre el 21 y el 22 de diciembre de ese año. Por lo tanto, a partir de esas fechas, materialmente pudieron haber interpuesto el medio de control de reparación directa, pero solo lo hicieron

que había abatido por miembros del Ejército Nacional entre el 21 y el 22 de diciembre de ese año. Por lo tanto, a partir de esas fechas, materialmente pudieron haber interpuesto el medio de control de reparación directa, pero solo lo hicieron hasta el 9 de mayo de 2015, cuando ya había fenecido el término para ello que se encuentra fijado en el artículo 164, numeral 2, literal i, del CPACA.

 Ni se adujeron ni están pro badas circunstancias que impidieran a los accionantes ejercer el medio de control con anterioridad a la fecha en que se presentó la demanda.

Tal como quedó señalado en precedencia, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, en sentencia de unific ación emitida el 29 de enero de 2020, proferida dentro de la radicación 85001 -33-33-002-2014-00144-01 (61.033) unificó lo relacionado con la caducidad del medio de control de reparación directa cuando se trate de delitos de lesa humanidad y de los relacion ados con crímenes de guerra, en los siguientes términos: […]

Así las cosas, realizado el análisis probatorio que echó de menos el Consejo de Estado en sentencia de segunda instancia dentro de la tutela radicada con el número 11001 -03-15-000-2022-01814-01, se concluye que hay caducidad del medio de control referenciado, por las razones indicadas a lo largo de esta sentencia.Demandantes: Dora Cecilia Forero de Achagua y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare Radicado: 11001-03-15-000-2023-02537-00

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sentencia.Demandantes: Dora Cecilia Forero de Achagua y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare Radicado: 11001-03-15-000-2023-02537-00

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora alegó que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la reparación integral, toda vez que con la sentencia de 10 de noviembre de 2022 , que dictó en cumplimiento del fallo de tutela de 29 de septiembre de 2022, desconoció lo ordenado en dicho pronu nciamiento e incurrió en los defectos fáctico, procedimental absoluto, sustantivo, desconocimiento del precedente y error inducido, como sintetizó a continuación:

Los defectos dignos de amparo por vía de Tutela en que incurrió el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE cuando el 10 de noviembre de 2022 profirió la decisión de caducidad que motiva la presente acción, según la argumentación fáctica y jurídica ampliamente presentada en capítulos anteriores a los que remito, en conclusión son defecto procedimental absoluto por la grave violación del derecho al debido proceso de la parte actora, defecto fáctico por la indebida valoración probatoria que habilitaría la oportunidad de la acción y por haber emitido un fallo de remplazo sin atender la orden judicial prov eniente de una sentencia de tutela profiriendo la misma sentencia que había sido objeto de reproche

valoración probatoria que habilitaría la oportunidad de la acción y por haber emitido un fallo de remplazo sin atender la orden judicial prov eniente de una sentencia de tutela profiriendo la misma sentencia que había sido objeto de reproche constitucional, defecto material o sustantivo, por decidir conforme a la interpretación del artículo 164 del CPACA que vulnera la Constitución y el bloque d e constitucionalidad y el principio de Convencionalidad y por violación al precedente horizontal y vertical, así como por desconocimiento de los precedentes vinculantes que señalan el carácter de fundamental de que goza el Derecho al Acceso a la Administración de Justicia, a la Igualdad y a la Reparación Integral y por error inducido toda vez que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE comete un error grave al seguir erradamente las orientaciones de la sentencia denominada de unificación de enero 29 de 2020, que adoptó una tesis jurisprudencial imponiendo caducidad a las acciones de reparación directa derivada de delitos de lesa humanidad, cuando la expresa voluntad del legislador -expresada en los antecedentes legislativos del artículo 164 del CPACAes que no haya caducidad en estos casos de acuerdo con los instrumentos internacionales que proscriben la prescripción para el inicio de acciones administrativas, civiles o penales en delitos graves contra la humanidad, tal y como lo expresa la sentencia de CIDH caso Julien Grisonas contra Argentina5.

En primer lugar, puso de presente que, mediante sentencia de 29 de septiembre de 2022, la Sección Primera del Consejo de Estado amparó sus derechos fundamentales al encontrar configurado los defectos fáctico y susta ntivo, y ordenó al Tribunal Administrativo de Casanare que profiriera un fallo en reemplazo de la

de 2022, la Sección Primera del Consejo de Estado amparó sus derechos fundamentales al encontrar configurado los defectos fáctico y susta ntivo, y ordenó al Tribunal Administrativo de Casanare que profiriera un fallo en reemplazo de la providencia de 16 de septiembre de 2021.

No obstante, alegó que la autoridad judicial accionada desatendió y fue en contravía de lo ordenado por el Consejo de Estado, pues la « sentencia de fecha 10 de noviembre de 2023 del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE, en nada se diferencia de la sentencia de fecha 16 de septiembre de 2021 », toda vez que nuevamente dejó de analizar la responsabilidad del Estado por hec hos relacionados con un delito de lesa humanidad y declaró la caducidad de l medio de control, es decir que, incumplió una orden judicial y profirió el mismo fallo violatorio de sus derechos fundamentales.

5 Transcripción del texto original con posibles errores.Demandantes: Dora Cecilia Forero de Achagua y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare Radicado: 11001-03-15-000-2023-02537-00

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, precisó que, con el mencionado desco nocimiento de lo ordenado por el alto tribunal constitucional, la autoridad judicial accionada faltó a su deber de cumplir con las providencias judiciales y contrarió lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

Explicó que la demanda de reparación directa se radicó solo hasta el 24 de agosto

cumplir con las providencias judic