CE - 010315000202302607001SENTENCIA20231003155544

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., dos (2) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02607-00

Demandante: GLORIA AMPARO GIRALDO RUIZ

Demandado: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN

PENAL, Y OTRO

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Debe reunir los requisitos generales establecidos por la jurisprudencia constitucional, para que proceda su estudio de fondo / REQUISITO GENERAL DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No se cumple en este caso, dado que se pretende usar la tutela como instancia adicional al proceso ordinario.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Gloria Amparo Giraldo Ruiz contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 17 de mayo de 20231, la señora Gloria Amparo Giraldo Ruiz interpuso acción de tutela contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Barranquilla , por considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso —en especial, la garantía de

de tutela contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Barranquilla , por considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso —en especial, la garantía de defensa—, con ocasión de la s providencias proferidas por esas autoridades judiciales el 15 de marzo de 2023 y el 30 de junio de 2021, respectivamente, Formuló las siguientes pretensiones:

Respetuosamente sol icito que se ampare mi derecho fundamental al DEBIDO PROCESO Y DEFENSA DECRETANDOSE por vía de tutela que la doctora MYRIAM ÁVILA ROLDÁN en su calidad de MAGISTRADA PONENTE de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE C ASACION PENAL y el Magistrado DEMOSTENES CAMARGO AVILA, en su calidad de

1 Se advierte que inicialmente la acción de tutela se instauró ante la Corte S uprema de Justicia, corporación que la remitió al Consejo de Estado . P osteriormente, la Corte Constitucional en el marco del «conflicto de competencias» suscitado entre esta Subsección y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, por auto del 9 de ag osto de 2023 , asignó el conocimiento del expediente a esta Corpora ción, proceso que ingresó al Despacho sustanciador el 24 de agosto de 2023 para su trámite y, finalmente, el 19 de septiembre siguiente, ingresó para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02607-00

Demandante: Gloria Amparo Giraldo Ruiz Demandado: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Demandante: Gloria Amparo Giraldo Ruiz Demandado: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

MAGISTRADO PONENTE de la SALA DE DECISION PENAL DEL TRIBUNAL DE BARRANQUILLA, dentro del radicado 1100160007172017000190, incurrieron en una OSTENSIBLE VÍA DE

HECHO POR DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO Y POR DEFECTO

FACTICO.

Que como consecuencia de esa declaratoria se le ordene en primer lugar, a la SALA de DECISIÓN PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA, que procede a proferir SENTENCIA GUARDANDO LA DEBIDA CON GRUENCIA CON LA ACUSAC ION PRESENTADA POR LA FISCALIA. Y de ser necesario, a la Honorable Magistrada MIRIAM AVILA ROLDAN, que proceda a dictar la sentencia de Segunda Instancia, an alizando los argumentos presentados por la suscrita en la sustentación de la APELACION.

1.2. Hechos

Del escrito de tutela y del expediente se extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

El 30 de junio de 2021, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla profirió sentencia condenatoria contra la señora Gloria Amparo Giraldo Ruiz , por el delito de prevaricato por acción agravado 2, presuntamente por haber revoca do una medida de aseguramiento sin tener en cuenta los requisitos se ñalados en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal (radicado 110016000717201700019-01).

presuntamente por haber revoca do una medida de aseguramiento sin tener en cuenta los requisitos se ñalados en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal (radicado 110016000717201700019-01).

La decisión fue apelada por la accionante y en segunda instancia conoció la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la que, mediante sentencia del 15 de marzo de 20233, la confirmó.

1.3. Argumentos de la tutela

La accionante consid era que las providencias censuradas fueron expedidas con vulneración del debido proceso por la utilización de vías de hecho, como quiera que desconocieron los principios de inmediación de la prueba y congruencia, al sustentar la decisi ón en pruebas que no fueron reseñadas, descubie rtas e incorporadas como pruebas por la F iscalía en las audiencias de acusación, preparatoria y juicio oral.

Explicó que, en la providencia censurada , el Tribunal accionado señaló con claridad que no le asistía razón al fiscal delegado en la acusación, pero procedió a analizar otros medios de prueba, tales como evidencias física presentados en la audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento, que lo llevaron a concluir la

2 El señor Edwin Ricardo Volpe Iglesias también fue vinculado al proceso penal. 3 El 24 de marzo de 2023 se dio lectura a la sentencia emitida el día 15 del mismo mes y año.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02607-00

Demandante: Gloria Amparo Giraldo Ruiz Demandado: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Demandante: Gloria Amparo Giraldo Ruiz Demandado: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

responsabilidad penal de los acusados de prevaricato por acción, porque según su entender, las mismas no desvirtuaban la inferencia de autoría y en consecuencia, no se podía revocar la medida como lo hizo el juez E dwin Ricardo V olpe y lo confirmó la aquí accionante.

Indicó que la provid encia fue apelada y e ntre los argumentos que sustentaron la alzada se incluy ó la f alta de congruencia aludida, sin embargo, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, no se pronunció al respecto y confirmó la decisión.

Sostuvo que la tutel a cumple con los requisitos generales para la procedencia contra providencias judiciales e invocó las siguientes causales específicas:

Defecto fáctico. El Tribunal accionado, sin evidencia probatoria presentada en el juicio por el fiscal, resolvió a su arbitrio el asunto debatido, toda vez que analizó un material probatorio distinto al estudiado por la fiscalía , esto es, el aportado con la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento.

Defecto sustantivo. Las providencias censur adas desconocieron el princ ipio de congruencia, que hace parte de la g arantía al debido proceso, consagrada en el artículo 29 S uperior y permite el ejercicio de los derechos de defensa y contradicción.

Agregó que en el curso de las providencias cuestionadas las autoridades judiciales no hicieron referencia alguna a la violación del principio de congruencia esgrimido como argumento por la accionante.

contradicción.

Agregó que en el curso de las providencias cuestionadas las autoridades judiciales no hicieron referencia alguna a la violación del principio de congruencia esgrimido como argumento por la accionante.

2. Trámite impartido e intervenciones

Mediante auto del 9 de agosto de 2023, la Corte Constitucional dirimió el «conflicto de competencias» suscitado entre esta Subsección y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de asignar le el conocimiento de la tutela a esta Corporación.

Mediante auto del 28 de agost o de 2023 , se admitió l a acción de tutela y se ordenó que aquel se notificara a los magistrados que integran la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla , como parte demandada, y al señor Edwin Ri cardo Vol pe Iglesias, como tercero con interés, toda vez que también estuvo vinculado al proceso penal con radicado 11001600071700019 -01. As íRadicación: 11001-03-15-000-2023-02607-00

Demandante: Gloria Amparo Giraldo Ruiz Demandado: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

mismo, se ordenó la notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2.1. El magistrado ponente de la providencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla intervino oportunamente para solicitar q ue se desvincule a esa aut oridad de l pres ente trám ite, toda vez que no transgredió

2.1. El magistrado ponente de la providencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla intervino oportunamente para solicitar q ue se desvincule a esa aut oridad de l pres ente trám ite, toda vez que no transgredió derecho fundamental alguno y, además, lo s argumen tos de la tutela se encaminan a cuestionar la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Agregó que no se configuraron los defectos sustantivo y fácti co alegados por la parte actora, toda vez que se respetaron las normas aplicables y se valoró en debida forma el material probatorio, lo que indica que la tutelante pretende que se realice de nuevo el análisis de las pruebas , convirtiendo así este me canismo constitucional en una tercera instancia.

2.2. La magistrada ponente de la sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia indicó que la acción de tutela es improcedente, porque claramente busca reabrir el debate resuelto a lo largo del proceso penal.

Agregó que , más a llá de los elemen tos proba torios analizados, el carácter prevaricador de la decisión proferida por la accionante se derivó de una falta absoluta de justificación, toda vez que la accionante en la providencia «no señaló con claridad por qué debía entenderse que los fundamen tos de la medida de aseguramiento habían desaparecido ». Adicionalmente, mencionó qu e la al erta que hizo el fiscal del caso en el recurso de apelación contra el auto que otorgó la medida de libertad al procesado, puso de manifiesto posibles actos de corrupc ión

que hizo el fiscal del caso en el recurso de apelación contra el auto que otorgó la medida de libertad al procesado, puso de manifiesto posibles actos de corrupc ión en el desarrollo de la diligencia.

2.3. El señor Edwin Ricardo Volpe Iglesias, quien fue vinculado como tercero con interés, se notificó en de bida forma de la ex istencia de la tutela , pero no se pronunció al respecto.

2.4. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervino.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Problema Jurídico

Lo primero que la Sala deberá e xaminar si está acreditado o no el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional. Sólo en el evento de que se reúna estaRadicación: 11001-03-15-000-2023-02607-00

Demandante: Gloria Amparo Giraldo Ruiz Demandado: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

exigencia y todos los demás requisitos generales, s e analizará si las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defect os en dilgados y, por ende, vulneraron los derechos fundamentales invocados por el accionante.

2. Análisis de la Sala

2.1. De la relevancia constitucional

En sentencia del 5 de agosto de 2014 4, la Sala Plena de esta Corporación señaló que tiene como final idad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii ) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corre sponde resolver a

que tiene como final idad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii ) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corre sponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello El segundo hace referencia que la acc ión de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger derechos fundamentales y no para que las parte s de un proceso judicial ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

En resumen, el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota al señalar los der echos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 5 reiterado de la Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicion al a los procesos ordinarios, ni en el escenario para discuti r aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este

de tutela no puede convertirse en una instancia adicion al a los procesos ordinarios, ni en el escenario para discuti r aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios de corrección, de rectificació n o de interpretación propios de cada especialidad.

4 Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 5 Sobre este aspecto, pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02607-00

Demandante: Gloria Amparo Giraldo Ruiz Demandado: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

● Análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto

De entrada, la Sala anticipa que la presente tutela deviene improcedente porque se está ejerciendo pa ra c onvertir este val ioso mecanismo de protección de los derechos fundamentales en una instancia adicional del proceso ordinario.

Concretamente, la parte act ora considera que las sentencias proferidas el 30 de junio de 2021 y el 15 de marzo de 2023, por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, respectivamente, dentro del proceso penal con

junio de 2021 y el 15 de marzo de 2023, por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, respectivamente, dentro del proceso penal con radicado 110016000717201700019 -01, incurrieron en los defectos fáctico y sustantivo, al condenarla por el delito de prevaricato por acción agravado, con fundamento en el a nálisis d e un material probatorio que no fue descubierto ni considerado por el fiscal del caso para realizar la respectiva acusación.

Si bien la parte actora aduce no estar de acuerdo con l as decisiones de las autoridades accionadas, porque considera que desconocieron los principios de inmediación de la prueba y congruencia, al sustentar la condena en pruebas que no fueron reseñadas o valoradas por la F iscalía en las audiencias de acusación, preparatoria y de juicio oral , lo cierto es que no presenta un ar gumento contundente que desvirtúe la decisión tomada por la autoridad judicial de primera instancia, que fue confirmada por el superior en sede de casación . L a actora simplemente se limita a reiterar l o dicho en el recurso de apelación, en relación con la violación del principio de congruencia y la imposibilidad de valorar el material probatorio presentado en la aud iencia de revocatoria de medida de aseguramiento.

Así, de la simple comparación entre las razones esgrimidas en el recurso de apelación y los p ropuestos en la solicitud de amparo, se evidencia que los argumentos alegados en la tutela fueron invocados para continuar con el debate jurídico que ya fue decidido por la autoridad judicial, consisten te en que, desde la

apelación y los p ropuestos en la solicitud de amparo, se evidencia que los argumentos alegados en la tutela fueron invocados para continuar con el debate jurídico que ya fue decidido por la autoridad judicial, consisten te en que, desde la óptica particular de la parte acci onante, las autoridades accionadas n o podían establecer su responsabilidad penal por el delito de prevaricato por acción , partiendo del material probatorio que no fue analiz ado por el fiscal del ca so, por cuanto, ello, en su sentir, va en contravía del principio de congruencia.

Así mismo, entre los argumentos que sustentan el r ecurso de alzada presentado contra la sentencia condenatoria del 30 de junio de 2021 , proferida por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranqui lla, la señora Giraldo Ruiz sostuvo que el a quo vulneró el principio de congruencia , toda vezRadicación: 11001-03-15-000-2023-02607-00

Demandante: Gloria Amparo Giraldo Ruiz Demandado: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

que la Fiscalía no sustentó la acusación en que las pruebas allegadas con la solicitud de revocar la medida de aseguramiento, no hayan brindado el respaldo necesario para el levantamiento de la medi da de aseguramiento , en cambio, el Tribunal fundamentó la condena en ese punto, es decir, que valoró las pruebas aportadas para la revocatoria de la medida y concluyó que no era viable otorgarla, porque se presentaban dudas respecto de la inferencia de autoría.

Observa la Sala que , frente a la situación aludida por la accionante se pronunció

aportadas para la revocatoria de la medida y concluyó que no era viable otorgarla, porque se presentaban dudas respecto de la inferencia de autoría.

Observa la Sala que , frente a la situación aludida por la accionante se pronunció claramente el juzgador de segunda instancia en el proceso penal , teniendo e n cuenta que, en la sentencia proferida el 13 de marzo de 2023, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia discurrió:

134. Para la Corte, el carácter manifiestamente contrario a la ley de la decisión emitida por la acusada no deriva de que su argumentación haya sido deficiente, defectuosa o poc o cuidado sa. Su ilicitud deriva de que la providencia no contiene ninguna justificación. Por la misma razón, contrario a lo insinuado por la defensa, el prevaricato no se configura en este caso porque se estime que la valoración de los medios de conocimien to efectuada por la procesada haya sido irrazonable. No es así por la evidente circunstancia de que no existen razones de esa valoración. La juez no expuso ninguna. No se censura el desconocimiento de la sana crítica. Se cuestiona la inexistencia de razones para decidir.

135. Precisamente, de forma opuesta al señalamiento de la procesada, sobre un presunto desconocimiento del principio de cong ruencia, la Fiscalía en el escrito de acusación atribuyó a la ex funcionaria la falta de valoración de los elementos materiales probatorios aportados por la defensa, de cara al análisis de si la inferencia razonable de autoría o participación contra el imputado había sido desvirtuada.

136. Como se indicó en los f undamentos de esta sentencia, una providencia

elementos materiales probatorios aportados por la defensa, de cara al análisis de si la inferencia razonable de autoría o participación contra el imputado había sido desvirtuada.

136. Como se indicó en los f undamentos de esta sentencia, una providencia también es prevaricadora si no contiene ninguna valoración probatoria, pese a que las evidencias sostienen la decisión y a que el debate o la cuestión jurídica que debía resolverse hacían imperativa dicha fundamentación.

137. En este caso, no justificar el auto hac ía ostens ible su ilicitud, principalmente debido al trámite en el marco del cual se profirió y a las características de la providencia de primer grado que terminó confirmando. De un lado, la procesada debía resolver la impugnación contra la decisión adoptada por el juez de primer grado. Estos supuestos suponen que el apelante expone razones para sustentar por qué considera la primera decisión equivocada y que recurre a un segundo juez , a fin de exponer las y lograr la prosperidad de su pretensión. Por lo tan to, en la providencia de segunda instancia siempre ha de existir un diálogo argumentativo con la decisión impugnada y las razones del apelante. Este diálogo se resuelve en la justificación mínima o el emental de la decisión y debe conducir ya sea a ratificar las apr eciaciones jurídicas de la providencia acusada o a controvertirlas. Nada de esto se observa en este asunto.

138. De otro lado, el a uto de primer grado, que terminó avalándose era evidentemente ilegal, conforme se mostró en el análisis del recurso presentado por la defensa de EDWIN RICARDO VOLPE IGLESIAS. Las

138. De otro lado, el a uto de primer grado, que terminó avalándose era evidentemente ilegal, conforme se mostró en el análisis del recurso presentado por la defensa de EDWIN RICARDO VOLPE IGLESIAS. Las inconsistencias que presentaba, incluso si, en gracia de discusión, no hubieran sido advertidas por la procesada, fueron puestas de pres ente por la Fiscalía en la apelación. Pese a esto, al re solver, l a procesada no expuso ninguna manifestación al respecto.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02607-00

Demandante: Gloria Amparo Giraldo Ruiz Demandado: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

139. Debe tenerse en cuenta, además, que ALFONSO DEL CRISTO HILSACA ELJAUD E estaba bajo detención preventiva por delitos de significativa lesividad, como financiación del terrorismo y de gr upos de delincuencia organizada, concierto para delinquir agravado y homicidio. Lo anterior no implica que no pudiera considerarse que la inferencia razonable de autoría, conforme al conjunto de eleme ntos de prueba allegados por la defensa, había desaparecido. Sin embargo, comportaba que la decisión sobre la continuación, o no, de la privación cautelar de la libertad debía ser, al menos, mínimamente justificada, ya fuera en uno u otro sentido. Todo eso fue obviado por la procesada.

De esta forma, el ad quem dejó claro en el proceso penal que el reproche no se hizo por la interpretación o valoración que se haya hecho de l as pruebas que se aportaron con la solicitud de revocatoria de medida de asegurami ento, como lo

De esta forma, el ad quem dejó claro en el proceso penal que el reproche no se hizo por la interpretación o valoración que se haya hecho de l as pruebas que se aportaron con la solicitud de revocatoria de medida de asegurami ento, como lo quiere hacer ver la accionante, sino porque hubo ausencia total de justificación de la decisión, es decir, que no se le podía atribuir una indebida valoración probatoria cuando lo cierto es que en la provi dencia de la que surgió el prevaricato no hubo tal análisis.

Nótese que la Corte en su provid encia fue insistente en señalar que «[n]o se censura el desconocimiento de la sana crítica. Se cuestiona la inexistencia de razones para decidir», de lo que se infiere, sin lugar a equívocos, que ni la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Barranquilla ni la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia sustentaron la condena en una valoración disímil de l as pruebas aportadas con la solicitud de revocat oria de medida de aseguramiento, como lo sostiene la tutelante, porque en realidad lo q ue enrostraron a la funcionaria judicial acusada, fue el hecho de no haber justifi cado la decisión con unos fundamentos mínimos, que al menos rebatie ran los argumentos esgrimidos por el apelante que estuvo en contra de la revocatoria de la medida, tesis acorde con la acusación presentada por el f iscal del caso y por ende, totalmente respetuosa del principio de congruencia.

Para la Sala, los argumentos expuestos por la autoridad accionada son razonables y no merecen reproche algun o desde el punto de vi sta constitucional, el hecho de

ende, totalmente respetuosa del principio de congruencia.

Para la Sala, los argumentos expuestos por la autoridad accionada son razonables y no merecen reproche algun o desde el punto de vi sta constitucional, el hecho de que la parte actora n o los comparta , no hab ilita al juez de tutela pa ra volver a estudiar un asunto qu e ya f ue decidido razo nablemente por las autoridades judiciales accionadas.

Este mecanismo de estirpe constitucional no puede con vertirse en el únic o y preferido medio de la parte que pierde el pleito u obti ene una decisión contra ria a sus intereses.

En suma, se concluye, que lo que existe en el presente cas o es una discrepancia de criterio d e la parte actora con la providencia demandada, diferencia q ue, enRadicación: 11001-03-15-000-2023-02607-00

Demandante: Gloria Amparo Giraldo Ruiz Demandado: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

sentir de la Sala, no constituye razón suficiente ni valedera para que el juez de tutela intervenga, por lo que se impone declarar improcedente la tutela, por cuanto no cumplió el requisito de relevancia constitucional.

En mérit o de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Su bsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO. Declarar im procedente la solicitud de amparo presentada p or la señora Gloria Amparo Giraldo Ruiz contra la Sala de Casación Penal de la Corte

F A L L A:

PRIMERO. Declarar im procedente la solicitud de amparo presentada p or la señora Gloria Amparo Giraldo Ruiz contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla , de conformidad con lo razonado en la p arte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las p artes y a los interesados por el me dio más expedito y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna, por Secr etaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente

JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

Esta providencia fue discutida en sala de la fe cha del encabezado y firmada electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de su contenido pue den se r va lidadas escaneando el código QR que aparece a la derecha o dirigiéndose el siguiente enlace: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. aspx.