CE - 010315000202302739001SENTENCIA20230615144648

Demandante: Yimela Castaño Pabón Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Radicado: 11001-03-15-000-2023-02739-00

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., quince (15) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-02739-00

Demandante: YIMELA CASTAÑO PABÓN

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO

TEMAS: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia constitucional. Sanción moratoria por pago tardío de las cesantías.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La sala resuelve la solicitud de amparo de la referencia , de conformidad con los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

La señora Yimela Castaño Pabón , por conducto de apoderado judicial, presentó acción de tutela 1, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración

La señora Yimela Castaño Pabón , por conducto de apoderado judicial, presentó acción de tutela 1, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como a la «SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES

FORMALES DE DERECHO, (…) PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA

PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL

DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL».

Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de la sentencia de 2 7 de abril de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, por medio de la cual se confirmó la decisión del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Armenia, de 9 de agosto de 2022, que denegó las pre tensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del der echo que presentó contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Departamento del Quindío, la cual se identificó con el radicado número 63001-33-33-006-2022-00052-00/02.

1.2. Peticiones de amparo constitucional

Las pretensiones son las siguientes:

1 La tutela se presentó el 23 de mayo de 2023, por la ventanilla virtual.Demandante: Yimela Castaño Pabón Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Radicado: 11001-03-15-000-2023-02739-00

2

Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Radicado: 11001-03-15-000-2023-02739-00

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO en la sentencia proferida el día 2 7 de abril de 2023, en el expediente rad. No. 63001 -3333-006-2022-00052-02, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGU ALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN

DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL , de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la a nterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes

accionada.

2. Como consecuencia de la a nterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los post ulados establecidos en los siguientes expedientes: (…). 2 (Negrillas y mayúsculas sostenidas originales)

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta providencia:

1.3.1. La señora Yimela Castaño Pabón labora como docente en el departamento del Quindío, desde el 11 de abril de 199 4, afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

1.3.2. El 15 de julio de 2021, solicitó al referido fondo el pago de la sanción moratoria de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por la no consignación oportuna de sus cesantías correspondientes al año 2020, sin que hubiera tenido respuesta al respecto.

1.3.3. En atención a la anterior situación, por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento

sus cesantías correspondientes al año 2020, sin que hubiera tenido respuesta al respecto.

1.3.3. En atención a la anterior situación, por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto ficto negativo producto del silencio de la administración, en la cual solicitó como peticiones de condena el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías, prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

1.3.4. Del referido proceso conoció, en primera instancia , el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Armenia, bajo el radicado 63001-33-33-0062022-00052-00, autoridad judicial que, en sentencia de 9 de agosto de 2022, negó las pretensiones deprecadas, al considerar que, la sanción moratoria reclamada solo era procedente para los maestros que no estuvieran afiliados al Fondo Nacional

2 Transcripción de conformidad con el texto original, con posibles errores.Demandante: Yimela Castaño Pabón Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Radicado: 11001-03-15-000-2023-02739-00

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de Prestaciones Sociales del Magisterio, lo cual no sucedía en el caso de la demandante.

1.3.5. La señora Yimela Castaño Pabón interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, para lo cual, iteró los argumentos de la demanda e hizo hincapié

demandante.

1.3.5. La señora Yimela Castaño Pabón interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, para lo cual, iteró los argumentos de la demanda e hizo hincapié en que no solo la ley sino la abundante jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, han avalado la aplicación de la Ley 50 de 1990 , a los docentes oficiales , en igualdad de condiciones que a los demás empleados públicos.

1.3.6. El Tribunal Administrativo de l Quindío , en fallo de 27 de abril de 2023, confirmó la providencia recurrida, para lo cual indicó que en atención al principio de inescindibilidad normativa, no es posible la aplicación por analogía o favorabilidad del numeral 3.° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, a los docentes oficiales, sumado a que frente al tema no existe posición unificada del órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora, después de referirse, ampliamente, a la procedencia de la acción de tutela contra providenci as judiciales alegó que en el presente caso se cumplía con todos los requisitos generales señalados por la Corte Constitucional, e n especial, hizo énfasis en el de la relevancia constitucional, para lo cual citó in extenso el fallo del 23 de marzo de 2023, de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que en un asunto similar, lo encontró acreditado y estudió de fondo la solicitud de amparo.

Enseguida, hizo referencia a varios pronunciamientos judiciales sobre la naturaleza

del Consejo de Estado, que en un asunto similar, lo encontró acreditado y estudió de fondo la solicitud de amparo.

Enseguida, hizo referencia a varios pronunciamientos judiciales sobre la naturaleza y fin del auxilio de cesantías3 y posteriormente se refirió a la aplicación del régimen anualizado de estas a los docentes vinculados después de 1990 y 1996, así como al derecho a la sanción moratoria por su pago tardío.

Indicó que, los docentes se encuentran en la categoría de empleados públicos, razón por la cual, no era admisible la distinción con los demás servidores públicos a que sus prestaciones sociales sean canceladas en tiempo, como lo es, el auxilio de cesantías «así, una i nterpretación contraria, conllevaría una restricción en la posibilidad de gozar de la garantía del pago oportuno del auxilio de cesantías y, a su vez, de las protecciones ya mencionadas que se derivan de esa prestación, lo que conlleva una connotación de r elevancia constitucional, ya que se está vulnerando el derecho a la igualdad de los docentes, respecto de otros servidores públicos».

Manifestó que se desconocieron las reglas fijadas por la sentencia SU -098 del 17 de octubre 2018, pues, en su sentir, a p artir de dicha providencia, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han señalado reiteradamente que, en virtud del principio de favorabilidad, es posible aplicar a los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio las

3 Al respecto transcribió in extenso las sentencias C-432 y C-171 de 2020 de la Corte Constitucional.Demandante: Yimela Castaño Pabón

afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio las

3 Al respecto transcribió in extenso las sentencias C-432 y C-171 de 2020 de la Corte Constitucional.Demandante: Yimela Castaño Pabón Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Radicado: 11001-03-15-000-2023-02739-00

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co disposiciones consagradas en la Ley 50 de 1990, en particular, las referidas a la sanción moratoria por la consignación extemporánea de las cesantías anuales.

Frente a la providencia cuestionada, la tutelante le endilg ó la configuración de los defectos sustantivo , violación directa de la Constitución y desconocimiento de precedente, el primero por la inaplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, el segundo por desconocimiento del artículo 53 Superior, referido a la interpretación de la situación más favorable para el trabajador y el último por ignorar las sentencias4 sobre este tema de la Sección Segunda del Consejo de Estado5.

Señaló que, de la interpretación y aplicación de las normas relacionadas con el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación tardía de cesantías a los docentes y, con base en la jurisprudencia constitucional, era dable

4 Identificó 22 fallos dictados por las Subsecciones de la Sección Segunda del Consejo de Estado de los años 2019 a 2022, así: • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del

4 Identificó 22 fallos dictados por las Subsecciones de la Sección Segunda del Consejo de Estado de los años 2019 a 2022, así: • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 06.08.20. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 08001-23-33-000-2013-00666-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 24.01.19. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 76001-2331-000-2009-00867-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 29.07.19. M.P. Nicolás Yepes Corrales. Exp. 11001-03-15000-2018-03499-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 02.12.19. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Exp. 08001-23-33-000-2014-00173-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 10.06.20. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 08001-2333-000-2014-00208-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Adm inistrativo, Sección Segunda. Sentencia del 22.10.20. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 08001-23-33-000-2014-00254-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 22.10.20. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 08001-23-33-000-2014-00132-01.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 22.10.20. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 08001-23-33-000-2014-00132-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 17.06.21. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Exp. 08001-23-31-000-2014-00815-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativ o, Sección Segunda. Sentencia del 17.06.21. M.P. César Palomino Cortés. Exp. 08001-23-31-000-2015-00331-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 04.11.21. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 19001-23-33-000-2015-00445-02. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 25.11.21. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 08001-2333-000-2014-01127-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segu nda. Sentencia del 25.11.21. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 40001-23-40-000-2017-00134-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 11.11.21. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 080001-23-40-000-2015-90008-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del

11.11.21. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 080001-23-40-000-2015-90008-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 11.11.21. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 080001-23-40-000-2014-90022-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sent encia del 20.01.22. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Exp. 080001-23-33-000-2017-00931-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 03.03.22. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 080001-23-33-000-2015-00075-01-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 28.04.22. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Exp. 76001-23-33-000-2013-00756-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentenci a del 09.05.22. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Exp. 080001-23-40-000-2017-00795-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 19.05.22. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 47001-23-33-000-2019-00359-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 01.07.22. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 47001-23-33-000-2019-00376-01.

• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 01.07.22. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 47001-23-33-000-2019-00376-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 22.08.22. M.P. César Palomino Cortés. Exp. 08001-23-33000-2015-00509-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 22.09.22. M.P. César Palomino Cortés. Exp. 08001-23-33-000-2015-90124-01. 5 La parte actora en la mayor parte del escrito se refirió al régimen anualizado de las cesantías , así como a la administración de estas después de la creación del Fondo Nacional de Prestaciones

Sociales del Magisterio.Demandante: Yimela Castaño Pabón Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Radicado: 11001-03-15-000-2023-02739-00

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co concluir que i) el pago oportuno de las cesantías es una garantía de todos los trabajadores que es protegida por la Constit ución; ii) los docentes oficiales son empleados públicos, teniendo en cuenta las funciones que desarrollan, el régimen de carrera al que se encuentran sometidos y la vinculación mediante nombramiento «y por lo tanto tienen derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por consignación tardía de las cesantías».

1.5. Trámite de la acción

de carrera al que se encuentran sometidos y la vinculación mediante nombramiento «y por lo tanto tienen derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por consignación tardía de las cesantías».

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 25 de mayo de 2023, el despacho sustanciador de esta decisión admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la demandante y a los magistrados del Tribunal Administrativo de l Quindío , en calidad de accionados, y les otorgó el término de dos (2) días para que rindieran el informe de que trata el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991.

Como tercero s con interés, vinculó al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Armenia, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio , a la fiduciaria La Previsora S.A. y al Departamento del Quindío – Secretaría de Educación , para que, si lo consideraban del caso, interviniera n en la presente acción, dentro de la misma oportunidad concedida a la parte demandada.

De igual forma, ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que realizara una publicación en la página web de la corporación, con la información de la tutela, con el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados. También, requirió a las autoridades judiciales respectivas la remisión digital del expediente del proceso ordinario donde se dictó la providencia censurada.

Finalmente, reconoció al abogado Yobany Alberto López Quintero como apoderado judicial de la tutelante, de conformidad con el poder allegado electrónicamente al expediente.

1.6. Contestaciones

Finalmente, reconoció al abogado Yobany Alberto López Quintero como apoderado judicial de la tutelante, de conformidad con el poder allegado electrónicamente al expediente.

1.6. Contestaciones

Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por correo electrónico, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Armenia6

La titular del referido despacho judicial solicitó que se deniegue por improcedente la tutela, comoquiera que no se cumple con el requisito de la relevancia constitucional, pues lo que se discute es un asunto de carácter económico, referido a la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, además que lo pretendido por la parte actora es utilizar esta acción como una instancia adicional.

Finalmente, advirtió que por la secretaría del juzgado se remitió el enlace al expediente ordinario en el aplicativo Samai, del cual falta el auto de obedecimiento

6 Con mensaje de datos del 30 de mayo de 2023.Demandante: Yimela Castaño Pabón Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Radicado: 11001-03-15-000-2023-02739-00

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a lo dispuesto por el superior ante la falta de envío del proceso del Tribunal Administrativo del Quindío.

1.6.2. Fiduciaria La Previsora S.A.7

La referida entidad se manifestó con escrito enviado por correo electrónico el 2 de

a lo dispuesto por el superior ante la falta de envío del proceso del Tribunal Administrativo del Quindío.

1.6.2. Fiduciaria La Previsora S.A.7

La referida entidad se manifestó con escrito enviado por correo electrónico el 2 de junio de 2023, en el cual pidió que se declarara improcedente la tutela por cuanto no se presentó por parte de la autoridad judicial accionada violación a algún derecho fundamental de la accionante y, su desvinculación del presente trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.6.3. Ministerio de Educación Nacional

En correo enviado el 30 de mayo de la presente anualidad, se pronunció la referida cartera en el sentido de indicar que la tutela es improcedente respecto de esta, por cuanto no es de su resorte atender las pretensiones de la demanda. En ese orden, peticionó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.6.4. En correo enviado el 7 de junio de la presente anualidad el apoderado de la tutelante se pronunció sobre l os informes allegados por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Armenia, el Ministerio de Educación Nacional y la fiduciaria La Previsora S.A. , en el sentido de advertir la procedencia de la solicitud de amparo en el presente caso, en atención a la voluminosa y reiterada jurisprudencia de las altas cortes, sobre el derecho que le asiste a los docentes del pago de la sanción moratoria por la consignación tardía de sus cesantías.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela

pago de la sanción moratoria por la consignación tardía de sus cesantías.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela presentada por la señora Yimela Castaño Pabón contra el Tribunal Administrativo del Quindío, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Cuestión previa

La fiduciaria La Previsora S.A. y el Ministerio de Educación Nacional en sus escritos de intervención solicit aron su desvinculación del presente trámite, por no estar legitimados en la causa por pasiva.

Al respecto, la colegiatura las negará comoquiera que la presencia de las referidas entidades en la presente acción constitucional es en calidad de terceros con interés y no como parte accionada.

7 Quien manifestó actuar como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.Demandante: Yimela Castaño Pabón Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Radicado: 11001-03-15-000-2023-02739-00

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.3. Problema jurídico

Corresponde a esta sección determinar si procede el amparo de los derechos fundamentales de la accionante, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la

www.consejodeestado.gov.co 2.3. Problema jurídico

Corresponde a esta sección determinar si procede el amparo de los derechos fundamentales de la accionante, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia de 20 de abril de 2023, del Tribunal Administrativo del Quindío, por medio de la cual se confirmó la decisión de primera instancia de 9 de agosto de 2022, del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Armenia, que denegó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que inició contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento del Quindío.

Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la sala sobre procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos adjetivos de procedibilidad, en especial, el de la relevancia constitucional y, en caso de encontrase superados; (iii) el caso concreto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 8, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas secciones y la misma sala plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema9.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales10.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,

modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales10.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento jurisprudencialmente».

Al efecto, e n virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201411, la referida sala plena, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

8 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001 -03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González. 9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. 10 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia. 11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sent encia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina

11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sent encia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Demandante: Yimela Castaño Pabón Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Radicado: 11001-03-15-000-2023-02739-00

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.5. Análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Relevancia constitucional

La sala advierte que en el sub examine no se cumple el presupuesto de la referencia, para lo cual resulta pertinente recordar que en principio esta colegiatura otorgaba relevancia constitucional a toda pretensión que, en sede de tutela, esté relacionada con una controversia en torno al amparo de un derecho o garantía de rango fundamental, como lo son las cesantías; no obstante, en asuntos como el caso en concreto, se ha sostenido que las pretensiones que versen sobre derechos de índole estrictamente económico, al no encontrarse ligados a la satisfacción de una garantía de dicha naturaleza, se tornan improcedentes frente al amparo constitucional12.

El anterior lineamiento acogido por esta magistratura se ha construido en estricto seguimiento de lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia SU -573 del

constitucional12.

El anterior lineamiento acogido por esta magistratura se ha construido en estricto seguimiento de lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia SU -573 del año 201913, providencia cuyos elementos fácticos guardan identidad con el asunto examinado, dado que versó sobre tr es solicitudes de amparo contra decisiones judiciales que no accedieron a la pretensión de reconocer sanción moratoria por el pago tardío de cesantías.

En el fallo en mención, el máximo tribunal Constitucional señaló que el carácter irrenunciable de las cesantías está relacionado con su naturaleza como prestación patronal de rango legal, cuya finalidad es el auxilio de la persona que se quede temporalmente en situación de desempleo y, por tanto, «solo en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador».

De acuerdo con lo anterior, precisó la referida corte en aquella sentencia unificadora que todo pago adicional no correspondiente con la finalidad buscada por las cesantías, sino relacionado con una penalidad impuesta al empleador por el no pago o pago tardío de las mismas, cuenta con una naturaleza estr ictamente patrimonial cuyo reconocimiento, por tanto, no requiere la acción del juez de tutela.

En efecto, con este precedente establecido por dicha autoridad judicial , el reconocimiento y pago de las cesantías constituye un derecho de carácter irrenunciable para el trabajador, y su falta de pago se traduce en la transgresión de garantías constitucionales de rango fundamental, como bien podrían ser los

reconocimiento y pago de las cesantías constituye un derecho de carácter irrenunciable para el trabajador, y su falta de pago se traduce en la transgresión de garantías constitucionales de rango fundamental, como bien podrían ser los derechos al mínimo vital y a la seguridad social; no obstante, aclaró la corte que no ocurre lo mismo con la cuantía correspondiente a la penalidad de la sanción moratoria cuando el empleador no consigna en tiempo tales cesantías, toda vez que, tal monto tiene el carácter de ser una simple prestación adicional de naturaleza eminentemente patrimonial que no da lugar a la intervención del juez constitucional14.

12 Ver fallos del 20 de febrero de 2020, proferido en el trámite del proceso N°11001-03-15-000-201904788-01, y 7 de mayo de 2020, dictado en el expediente 11