CE - 010315000202302804001SENTENCIA20230622144118

Demandante: Carlos Arturo Triana Vega

Demandado: Consejo de Estado Radicado: 11001-03-15-000-2023-02804-00

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-02804-00

Demandante: CARLOS ARTURO TRIANA VEGA

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,

SUBSECCIÓN A

Temas: Tutela de fondo. Presunta mora judicial. Niega solicitud de amparo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por el señor Carlos Arturo Triana Vega contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 20 21, y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor Carlos Arturo Triana Vega, por conducto de apoderado , presentó

corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor Carlos Arturo Triana Vega, por conducto de apoderado , presentó acción de tutela1 contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales « al debido proceso – acceso administración de justicia – igualdad, derecho al trabajo – derechos políticos, habeas data y derecho al buen nombre».

Las mencionadas garantías constitucionales la s estimó vulneradas con ocasión de la tardanza en resolver los recursos de apelación interpuestos por la Procuraduría General de la Nación, contra las sentencias de 10 de agosto de 2021 y 8 de febrero de 2022, proferidas por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en el marco de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho identificados con los radicados 15001 -23-33-000-2017-00478-01 y 15001 -2333-000-2019-00530-01, respectivamente.

1 Con escrito presentado el 25 de mayo de 2023, a través de la ventanilla virtual.Demandante: Carlos Arturo Triana Vega

Demandado: Consejo de Estado Radicado: 11001-03-15-000-2023-02804-00

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.2. Pretensiones

La parte accionante presentó las siguientes:

PRIMERO: Solicito en forma respetuosa Señor Juez de Tutela se sirva tutelar en favor de CARLOS ARTURO TRIANA VEGA , el derecho fundamental al debido

1.2. Pretensiones

La parte accionante presentó las siguientes:

PRIMERO: Solicito en forma respetuosa Señor Juez de Tutela se sirva tutelar en favor de CARLOS ARTURO TRIANA VEGA , el derecho fundamental al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, derecho al trabajo, derechos políticos, habeas data conforme con lo expuesto en precedencia.

Como consecuencia de lo anterior se ordene en el término de 48 horas al accionado, se disponga a registrar proyecto a efectos de emitir las sentencias de segunda instancia dentro de los radicados 15001233300020190053001 NI 30512022 y 1500123300020170047801 NI 0382-2022.

Lo anterior, habida cuenta que se encuentran fijadas las fechas del 29 de junio de 2023 hasta el 29 de julio de 2023 para la inscripción de candidatos a las elecciones territoriales conforme con el calendario electoral publicado por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

SEGUNDO. En tal sentido, se ordene al accionado emitir los correspondientes fallos de segunda instancia con antelación a las fechas del calendario electoral a fin que la Pro curaduría General de la Nación – División de Registro y Control elimine las sanciones e inhabilidades generales que se encuentren registradas en contra del ciudadano CARLOS ARTURO TRIANA VEGA.2

1.3. Hechos

La parte actora fundó su petición de tutela en los siguientes:

El señor Carlos Arturo Triana Vega informó que , ejerció dos medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Procuraduría General de la Nación con el fin de que se declarara la nulidad de los actos por los cuales fue

El señor Carlos Arturo Triana Vega informó que , ejerció dos medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Procuraduría General de la Nación con el fin de que se declarara la nulidad de los actos por los cuales fue declarado responsable disciplinariamente y lo inhabilitaron para contratar con el Estado por el término de 10 años.3.

Adujo que, el proceso identificado con el radicado 500123300020170047801 lo resolvió en primera instancia e l Tribunal Administrativo de Bo yacá, con providencia de 10 de agosto de 2021, en la que resolvió:

PRIMERO.- INAPLICAR POR INCONVENCIONALIDAD y con efectos inter partes el artículo 45 -1 de la Ley 734 de 2002, conforme las consideraciones expuestas en precedencia.

SEGUNDO.- Declarar la NULIDAD de la Resolución No. 004 de 21 de abril de 2016 y fallo de segunda instancia de 23 de septiembre de 2016, proferidos por la Procuraduría General de la Nación que declaró disciplinariamente responsable al demandante y lo inhabilitó por el término de 10 años para ejercer cargos públicos, de acuerdo con lo consignado en esta providencia.

TERCERO.- En consecuencia, a título de indemnización de perjuicios inmateriales por afectación relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente ampar ados, CONDENAR a la Procuraduría General de la

2 Transcrito del texto original, con posibles errores. 3 «[…] al considerar que violó el principio de selección objetiva» en un proceso de licitación.Demandante: Carlos Arturo Triana Vega

Demandado: Consejo de Estado

2 Transcrito del texto original, con posibles errores. 3 «[…] al considerar que violó el principio de selección objetiva» en un proceso de licitación.Demandante: Carlos Arturo Triana Vega

Demandado: Consejo de Estado Radicado: 11001-03-15-000-2023-02804-00

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Nación pagar a favor del señor Carlos Arturo Triana Vega la suma equivalente de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la época de ejecutoria de la presente providencia.

CUARTO.- ORDENAR a la División de Registro y Control de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN eliminar o desanotar del Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI) la sanción disciplinaria impuesta al señor Carlos Arturo Triana Vega a tr avés de los actos disciplinarios acusados.[…].4

Indicó que, dentro del expediente 15001 -23-33-000-2019-00530-01, el Tribunal Administrativo de Boyacá dictó la sentencia de 8 de febrero de 2022 en similar sentido, así:

PRIMERO: INAPLICAR por inconvencion alidad y con efectos inter partes el artículo 45 -1 del CDU, de acuerdo con las consideraciones expuestas en precedencia.

SEGUNDO: DECLARAR la nuli dad de los numerales cuarto y quinto del acto administrativo denominado fallo de primera instancia emi tido el 28 de septiembre de 2018 y de la totalidad de la Resolución 005 del 27 de febrero de 2019, con las

administrativo denominado fallo de primera instancia emi tido el 28 de septiembre de 2018 y de la totalidad de la Resolución 005 del 27 de febrero de 2019, con las cuales la PORCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN impuso al señor CARLOS ARTURO TRIANA VEGA, las sanciones de destitución e inhabilidad genera por el término de 10 años, por lo indicado en esta sentencia.

TERCERO.- En consecuencia, a título de indemnización de perjuicios inmateriales, CONDENAR a la Procuraduría General de la Nación pagar a favor del señor CARLOS ARTURO TRIANA VEGA la suma equivalente de vei nticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la época de ejecutoria de la presente providencia.

CUARTO.- ORDENAR a la División de Registro y Control de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN eliminar o desanotar del Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI) la sanción disciplinaria impuesta al señor CARLOS ARTURO TRIANA VEGA a través de los actos disciplinarios acusados.[…].5

Acotó que, contra la s anteriores decisio nes, la Procuraduría General de la Nación interpuso los respectivos recursos de apelación, los cuales le correspondieron al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, al despacho del magistrado Rafael Francisco Suárez Vargas.6

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora alegó la v ulneración de sus derechos fundamentales, debido a la tardanza de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en dictar sentencia de segunda instancia dentro de los procesos de nulidad y

La parte actora alegó la v ulneración de sus derechos fundamentales, debido a la tardanza de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en dictar sentencia de segunda instancia dentro de los procesos de nulidad y

4 Transcrito del texto original con posibles errores. 5 Transcrito del texto original con posibles errores. 6 El 19 de agosto de 2021 (exp. 2017-00478); y el 24 de febrero de 2022 (exp. 2019-00530).Demandante: Carlos Arturo Triana Vega

Demandado: Consejo de Estado Radicado: 11001-03-15-000-2023-02804-00

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co restablecimiento del derecho identificados con los ra dicados 15001233300020170047801 y 15001-23-33-000-2019-00530-01.

Lo anterior, con fundamento en que dichos expedientes fueron asignados al despacho del magistrado Rafael Francisco Suárez Vargas desde el 31 de enero y 15 de junio de 2022, respectivamente.

En ese sentido, manifestó que , al revisar los antecedentes disciplinarios en el sistema de la Procuraduría General de la Nación se encue ntra el registro de la sanción y la inhabilidad para contratar con el Estado por el término de 10 años , por lo que, a s u juicio, «es evidente que a la fecha se encuentra palpable el perjuicio irremediable que se ha causado al accionante, quien ante el nuevo calendario electoral 2023 se le están limitando sus derecho a poder ser elegido

por lo que, a s u juicio, «es evidente que a la fecha se encuentra palpable el perjuicio irremediable que se ha causado al accionante, quien ante el nuevo calendario electoral 2023 se le están limitando sus derecho a poder ser elegido por voto popular por parte de los hab itantes del municipio de Tibasosa donde postulará su inscripción como candidato a la Alcaldía».

Adicionó que, en el asunto objeto de la solicitud de amparo, es evidente que la mora en proferir las decisiones de segunda instancia en los procesos ordinarios, «se le están cercenando los derechos fundamentales al acceso efectivo a la administración de justicia, debido proceso, derechos políticos, derecho al trabajo, derecho a la igualdad; al permanecer incólume una sanción […] que fuera anulada por la jurisdicción contenciosa administrativa».

Citó apartes de la sentencia T -1154 de 2004, en la cual la Corte Constitucional señala que, en estos eventos, es indispensable que se determine que la mora judicial no es justificada por cuanto el mero incumplimiento de l os términos procesales no constituye automáticamente la violación al debido proceso, «salvo que el peticionario se encuentre ante un perjuicio irremediable», situación que está demostrada en esta ocasión, ante «la evidente exclusión del accionante de una c ontienda electoral a la cual no podrá postularse como candidato, al encontrarse inhabilitado por una decisión abiertamente

INCONVENCIONAL».

Agregó que en el fallo dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 8 de julio de 2020 en el caso Pe tro Urrego contra Colombia, se

INCONVENCIONAL».

Agregó que en el fallo dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 8 de julio de 2020 en el caso Pe tro Urrego contra Colombia, se analizó el art. 23.2 de la Convención Americana de DDHH y se precisó que «[E]l ejercicio efectivo de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio fundamental que las sociedades democráticas tiene n para garantizar los demás derechos humanos previstos en la Convención […]».

Hizo énfasis en que el perjuicio irremediable se materializa con mayor fuerza, debido a que el plazo máximo para inscribir su candidatura es el «30 de mayo de 2023». Que , si bien el 25 de mayo del mismo año diligenció el formulario para postularse, lo cierto es que en dicho documento se informa que el candidato debe declarar bajo la gravedad de juramento que no está incurso en alguna inhabilidad e incompatibilidad.

Finalmente, p recisó que: (i) este mecanismo de amparo cumple con los requisitos de inmediatez y de subsidiariedad; este último, particularmenteDemandante: Carlos Arturo Triana Vega

Demandado: Consejo de Estado Radicado: 11001-03-15-000-2023-02804-00

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co porque está acreditado que el medio de control ordinario no ha sido eficaz; (ii) no ha podido ejecutar la condena dictada con tra la Procuraduría General de la Nación, en tanto las decisiones del Tribunal Administrativo de Boyacá no están

porque está acreditado que el medio de control ordinario no ha sido eficaz; (ii) no ha podido ejecutar la condena dictada con tra la Procuraduría General de la Nación, en tanto las decisiones del Tribunal Administrativo de Boyacá no están en firme; y (iii) se ha mancillado su buen nombre debido a que la noticia de su sanción disciplinaria e inhabilidad ha circulado por diferentes medios de comunicación.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Con auto de 30 de mayo de 202 3, el magistrado ponente de esta decisión admitió la acción de tutela y ordenó notificar a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A para que, si lo consideraban del caso, intervinieran en el presente proceso en calidad de demandados.

Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2591 de 1991, vinculó como tercero s con interés a la Procuraduría General de la Nación y al Tribunal Administrativo de Boyacá [parte demandada y autoridad de primera instancia en los procesos ordinarios].

Además, le reconoció personería al abogado Julio Javier Pereira Salinas como apoderado de la parte accionante y le ordenó a la o ficina de sistemas de la corporación que realizara la publicación de la información relativa al proceso de la referencia en la página del Consejo de Estado.

1.6. Contestación

Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por vía electrónica, la Procuraduría General de la Nación , por conducto de apoderado, solicitó que se deniegue la solicitud de amparo constitucional.

Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por vía electrónica, la Procuraduría General de la Nación , por conducto de apoderado, solicitó que se deniegue la solicitud de amparo constitucional.

La anterior petición obedeció a que, a su juicio, la entidad vinculada no ha incurrido en alguna acción u omisión que constituya la causa de la vulneración de los derechos invocados por el señor Carlos Arturo Triana Vega.

Adicionó que, en todo caso, la acción de tutela es improcedente por cuanto fue instituida para proteger derechos connaturales del ser humano, lo que deriva en la naturaleza subsidiaria de este medio, es decir, que lo reclamado por el accionante puede ser exigido a través de los mecanismos legales dispuestos en el ordenamiento jurídico para tal efecto.

Por último, citó apartes de la sentenci a T-343 de 2001, oportunidad en la que la Corte Constitucional definió el perjuicio irremediable como «aquel que resulta del riesgo de lesión al que una acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares somete a un derecho fundamental que, de no resultar protegido por la vía judicial en forma inmediata, perdería todo el calor subjetivo que representa para su titular y su valor objetivo como fundamento axiológico del ordenamiento jurídico».Demandante: Carlos Arturo Triana Vega

Demandado: Consejo de Estado Radicado: 11001-03-15-000-2023-02804-00

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela presentada por el señor Carlos Arturo Triana Vega contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A , de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, mod ificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una vulneración a los derechos «al debido proceso – acceso ad ministración de justicia – igualdad, derecho al trabajo – derechos políticos, habeas data y derecho al buen nombre» del señor Carlos Arturo Triana Vega por parte del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A , por presuntamente haber incurrido en una tardanza injustificada en resolver la segunda instancia de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho identificados con los radicados 15001-23-33-000-2017-00478-01 y 15001-23-33-000-2019-00530-01.

Para resolver este problema, se analizarán lo s siguientes aspectos: (i) la naturaleza de la acción de tutela; (ii) las generalidades de los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia; (iii) la mora judicial justificada; y (iv) el análisis del caso concreto.

2.3. Naturaleza de la acción de tutela

debido proceso y de acceso a la administración de justicia; (iii) la mora judicial justificada; y (iv) el análisis del caso concreto.

2.3. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la acción de amparo fue instituida como un instrume nto de defensa judicial de los derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable7.

2.4. Derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia

Considera la Sala necesario recordar que de acuerdo con una interpretación armónica de los artículos 229 de la Constitución8, del derecho fundamental al

7 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010. 8 “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración d e justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado”.Demandante: Carlos Arturo Triana Vega

Demandado: Consejo de Estado Radicado: 11001-03-15-000-2023-02804-00

7

indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado”.Demandante: Carlos Arturo Triana Vega

Demandado: Consejo de Estado Radicado: 11001-03-15-000-2023-02804-00

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co debido proceso 9 y de los principios de la Carta Política, se ha otorgado el carácter de fundamental al derecho de acceso a la administración de justicia10.

Los derechos mencionados ofrecen al individuo la garantía de acudir ante el juez para que resuelva «[…] las controversias que surjan con otros individuos u organizaciones y con el mismo Estado, ante un juez, con miras a obtener una resolución motivada, ajustada a derecho, y dictada de conformidad con el procedimiento y las garantías constitucionales previstas en la Constitución y en la ley […]»11.

Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía «[…] no puede concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de llegar ante los jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a atender las demandas de los asociados, puesto que su esencia reside en la certidumbre de que, ante los estrados judiciales, serán surtidos los procesos a la luz del orden jurídico aplic able, con la objetividad y la suficiencia probatoria que aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador acerca de los hechos materia de su decisión […]»12.

Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y 230 de la Constitución Política y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional se

hechos materia de su decisión […]»12.

Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y 230 de la Constitución Política y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional se desprende que el derecho a tutela judicial efectiva implica de una parte, que cuando el «[…] ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, encuentre una respuesta rápida y efectiva a su pretensión de protección de sus derechos y garantías” 13, y de otro lado, “la obligación correlativa de las autoridades judiciales de promover e impulsar todas las condiciones que sean necesarias para que el acceso de los particulares a dich o servicio público sea real y efectivo, con lo cual se deben descartar las actuaciones nominales que no logren tal finalidad. Se entiende por lo tanto que el derecho extraído por la Corte involucra la necesidad de que los jueces deriven en sus providencias la dimensión pro actione, lo que representa un avance significativo en la protección de los derechos de las personas […]»14.

9 “Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un d ebido proceso público sin

Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un d ebido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”. 10 Sentencia T-006 de 1992. 11 Sentencia T-476 de 1998. 12 Corte Constitucional. Sentencia C -1027 de 2002. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández. 13 Corte Constitucional C-796 de 2006. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil. 14 Ibídem.Demandante: Carlos Arturo Triana Vega

Demandado: Consejo de Estado Radicado: 11001-03-15-000-2023-02804-00

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 270 de 1996 Estatuaria de la Administración de Justicia 15 y con sustento en los principios de celeridad, eficiencia y respeto de los derechos que rigen la función judicial, el juez, como director del proceso, debe velar por la rápida solución del caso con el fin de evitar el desgaste que representa adelantar todo un pr oceso para terminarlo con una sentencia inhibitoria o que termine por vulnerar los derechos fundamentales de las partes.

Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple en el

el fin de evitar el desgaste que representa adelantar todo un pr oceso para terminarlo con una sentencia inhibitoria o que termine por vulnerar los derechos fundamentales de las partes.

Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple en el Estado Social de Derecho, en el que «[…] ha dejado de s er el frío funcionario judicial que aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario –sin vendasque se proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la agitada realidad subyacente y asumir su responsabilidad como servidor vigilante, activo y garante de los derechos materiales. El juez que reclama el pueblo a través de su Carta Política ha sido encomendado con dos tareas imperiosas: (i) la obtención del derecho sustancial y (ii) la búsqueda de la verdad. Estos dos mandatos a s u vez constituyen el ideal de la justicia material […]»16.

2.5. La mora judicial justificada

La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes.17

Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha considerado que «atendiendo la realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales»18.

En esa línea esa Corporación frente al particular, precisó que:

la realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales»18.

En esa línea esa Corporación frente al particular, precisó que:

[…] por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al actuar del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T -803 de 2012, luego de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuan do es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se

15 Ley 270 de 1996. “Artículo 1° La administración de justicia es la parte de la función pública que cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertad es consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional. 16 Corte Constitucional. Sentencia SU -768 de 2014. Magistrado Ponente. Jorge Iván Pala cio Palacio. 17 Corte Constitucional. T-1019 de 2010. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.

16 Corte Constitucional. Sentencia SU -768 de 2014. Magistrado Ponente. Jorge Iván Pala cio Palacio. 17 Corte Constitucional. T-1019 de 2010. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla. 18 Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.Demandante: Carlos Arturo Triana Vega

Demandado: Consejo de Estado Radicado: 11001-03-15-000-2023-02804-00

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la misma providencia, se está ante un caso de dilación injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones.

Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Es tado tiene una posición reiterada en relación con la existencia de mora judicial 19, según la cual solo se predica si hay dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del juez. En el evento de acreditarse esta conducta, constituy e violación al derecho de acceso a la administración de justicia y de contera, al debido proceso de las partes en un proceso.

2.6. Caso concreto

competencia del juez. En el evento de acreditarse esta conducta, constituy e violación al derecho de acceso a la administración de justicia y de contera, al debido proceso de las partes en un proceso.

2.6. Caso concreto

2.6.1. En el sub examine, el señor Carlos Arturo Triana Vega alegó que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado vulneró sus derechos al debido proceso, de acceso administración de justicia, a la igualdad, al trabajo «derechos políticos, habeas data y derecho al buen nombre» , por presuntamente haber incurrido en una tardanza injustificada en dictar sentencias de segunda instancia en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho identificados con los números 15001-23-33-000-2017-00478-01 y 15001-23-33-000-2019-00530-01.

Como pretensi ón invocó que «[…] se ordene al accionado emitir los correspondientes fallos de segunda instancia con antelación a las fechas del calendario electoral a fin que la Procuraduría General de la Nación – División de Registro Control elimine las sanciones e inhabilidades generales y legales que se enc