CE - 010315000202303270001SENTENCIA20231017125116

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03270-00

Demandante: Carlos Mario Venecia

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., once (11) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-03270-00

Demandante: CARLOS MARIO VENECIA

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y JUZGADO

SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE

BUCARAMANGA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación directa por p rivación injusta de la libertad. Defecto fáctico. Requisito general de la inmediatez

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por el señor Carlos Mario Venecia , quien actúa mediante apoder ado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Bucaramanga , en la que pide el amparo constitucional de l derecho fundamental al debido proceso, supuestamente vulnerado con las sentencias de 20 de octubre de 2020 y de 19 de diciembre de

Administrativo del Circuito de Bucaramanga , en la que pide el amparo constitucional de l derecho fundamental al debido proceso, supuestamente vulnerado con las sentencias de 20 de octubre de 2020 y de 19 de diciembre de 2019, en su orden , por medio de las cuales se neg aron las pretensiones en el marco del medio de control de reparación directa que adelant aron contra la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La parte actora relató que el 23 de octubre de 2009 , el Juzgado Veintiuno Penal Municipal con Función de Control de Garantías legalizó la captura del señor Carlos Mario Venecia por los delitos de hurto cal ificado y agravado en concurso homogéneo con concierto para delinquir, en concurso heterogéneo con porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, imponiéndole medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

Afirmó que “el 21 de enero de 2015, se dictó el sentido del fallo, consistente en absolución y se ordenó la libertad inmediata de Carlos Mario Venecia. Decisión que fue ratificada el 21 de junio de 2015, al dar lectura de la sentencia. En suma, por e ste infundado pro ceso penal, estuvo privado de la libertad 40 meses y 7 días”.

Sostuvo que en ejercicio del medio de control de reparación directa presentó demanda contra la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de AdministraciónRadicado: 11001-03-15-000-2023-03270-00

días”.

Sostuvo que en ejercicio del medio de control de reparación directa presentó demanda contra la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de AdministraciónRadicado: 11001-03-15-000-2023-03270-00

Demandante: Carlos Mario Venecia

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 Judicial y la Fi scalía General de l a Nación, con el fin de que se resarcieran los perjuicios causados por la privación de la libertad a la que fue sometido de manera injusta e irrazonable.

Indicó que el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Bucaramanga en sentencia de 19 de diciemb re de 2019, negó las pretensiones de la dema nda, al considerar que la privación de la libertad de l señor Carlos Mario Venecia fue una decisión que obedeció a los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad.

Finalmente, manif estó que contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación que fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Santander en fallo de 20 de octubre de 2022, que confirmó la decisión del a quo de manera íntegra.

2. Fundamentos de la acción

El accionante presentó acción de tutela en defensa de su derecho fundamental al debido proceso, supuestamente vulnerado con las sentencias de 20 de octubre de 2022 y de 19 de diciembre de 2019 , por medio de las cuales, en su orden, el Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado Sexto Administrativo del

debido proceso, supuestamente vulnerado con las sentencias de 20 de octubre de 2022 y de 19 de diciembre de 2019 , por medio de las cuales, en su orden, el Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Bu caramanga negaron las pretensiones del medio de control de reparación directa que adelantó contra la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General d e la Naci ón, por la privación de la libertad a la que fue sometido el señor Carlos Mario Venecia.

En primer lugar, se refiri ó al cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales . Específicamente en relación con la inmediatez, señaló que “teniendo en cuenta, la com plejidad del asunto puesto a su consideración, aunado a la marginalidad y exclusión que ha afrontado Carlos Mario Venecia en la sociedad por cuenta de este proceso, llevando a cuesta est a mácula, que le i mpide rehacer su vida y desarrollar una labor que le permita mejorar la calidad de vida de su núcleo familiar, sin importar que fue absuelto ”. Adicionalmente, resaltó que “es un sujeto de especial protección por el Estado, pues fueron las Entidades Estatales quienes actuaron de manera negligente, indolente y caprichosa, cuyo objetivo mezquino era mantener a toda costa al señor Venecia, privado de la libertad en una cárcel, y después de varios años, de manera cantinflesca, se admite que no existen pruebas qu e demuestren la ejecución de conductas punibles, y s e retiran los cargos, como lo hizo el fiscal delegado, acontecimiento que conllevó a su absolución”.

varios años, de manera cantinflesca, se admite que no existen pruebas qu e demuestren la ejecución de conductas punibles, y s e retiran los cargos, como lo hizo el fiscal delegado, acontecimiento que conllevó a su absolución”.

Luego, afirmó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto fáctico en su dimensi ón negativa, pues omitió valorar el escrito de acusación y el retiro de los cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación y todos los desaciertos de la investigación que se advirtieron en la sentencia absolutoria.

Resaltó que en el proceso penal se d ecretó la absolución en relación con el hurto calificado y agravado en concurso homogéneo, en atención al retiro de los cargos realizados por el fiscal, pues no obraban pruebas directas e indirectas que demostraran la ejecución por parte del actor de las conductas típicas, antijurídicas y culpables atribuidas.

Expresó que “sin justificación alguna, fue minimizado en las sentencias de primera y segunda instancia de la jurisdicción contencioso administrativo, un hecho trascendente, como fue el retiro de los cargos por parte del delegado de la Fiscalía General de la Nación, pues del material probatorio aportado, no era legal continuarRadicado: 11001-03-15-000-2023-03270-00

Demandante: Carlos Mario Venecia

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3 con la etapa alcanzada en el proceso, y en ese orden, solicitó la absolución para los procesados, entre ellos, Carlos Mario Venecia”.

www.consejodeestado.gov.co

3 con la etapa alcanzada en el proceso, y en ese orden, solicitó la absolución para los procesados, entre ellos, Carlos Mario Venecia”.

Agregó que “en el caso penal referenciado, no existió prueb a, ni siquiera somera de cargo. No se puede hablar que la decisión absolutoria, se dio en aplicación del in dubio pro reo. La única certeza con la que se cuenta, es que no se probó la ejecución de conducta punible alguna, ejecutada por Carlos Mario Venecia”.

Sostuvo que las autoridades judiciales no dieron aplicación en debida forma al artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, pues de las pruebas aportadas, como las interceptaciones te lefónicas, no se podía colegir la ejecución de las conductas investigadas ni la responsabilidad del señor Carlos Mario Venecia.

Por último, manifestó que “el Tribunal Administrativo de Santander, no realizó una valoración conjunta del m aterial probatorio a portado al proceso y, de hecho, le otorgó a las interceptaciones t elefónicas un alcance que no tenía. Desechó, de manera caprichosa, las críticas realizadas a la Fiscalía General de la Nación, el sentido del fallo y la sentencia, dictad os por el Juez 10 Pe nal del Circuito con Funciones de Conocimiento. Omisión que tuvo incidencia en la privación injusta de la libertad en perjuicio de Carlos Mario Venecia. Con ello está configurado el defecto fáctico”.

3. Pretensiones

El accionante formuló la siguiente:

“Establecido lo anterior, concurro ante el H. Consejo de Estado pa ra solicitar protección

defecto fáctico”.

3. Pretensiones

El accionante formuló la siguiente:

“Establecido lo anterior, concurro ante el H. Consejo de Estado pa ra solicitar protección del derecho fundamental al debido proceso - defecto fáctico, negativo -, que se estima vulnerado con la adopción de las sentencias proferidas por el Juzgado Sexto Administrativo en Oralidad del Distrito Judicial de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander, dentro del proceso de Reparación Directa con Radicado 680013333006-2016-00085-01, promovido contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Ad ministración Judicial y Nación – Fiscalía General de la Nación, pu es a nuestro juicio, los falladores realizaron un irrazonable y caprichoso análisis probatorio, pues pregonaron en sus providencias, que el actuar de las entidades Demandadas fue acorde a derecho”.

4. Pruebas relevantes

En correo electrónico de 24 de julio de 202 3, el Tribunal Administrativo de Santander allegó copia digital del expediente No. 68001-33-33-006-2016-0008501, correspondiente al proceso de reparación direc ta adelantad o por el señor Carlos Mario Venecia contra la Nación, Rama Judicial -Dirección Ejecutiv a de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación.

5. Trámite procesal

Por auto de 21 de junio de 2023, se requirió al abogado que presentó la acción de tutela para que allega ra el poder especial que l o acreditara como apoderado del accionante.

Luego de cumplir con el requerimiento, en providencia de 13 de julio de 2023 la

tutela para que allega ra el poder especial que l o acreditara como apoderado del accionante.

Luego de cumplir con el requerimiento, en providencia de 13 de julio de 2023 la magistrada sustanciadora admitió la demanda de tutela y ordenó notifica r a la s autoridades judiciales demandadas, así como a la Nación, Rama Judicial, a la Fiscalía Genera l de la Nación y a los señores Rafael Ovidio Venecia, Claudia Isabel Zapata Venecia, Cecilia Correa Venecia, Nieves Isabel Venecia, Luz DaryRadicado: 11001-03-15-000-2023-03270-00

Demandante: Carlos Mario Venecia

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

4 Cárdenas Ardila, Jhon Mario Venecia Cárdenas y Carlos Mario Venecia Cárdenas, así como a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 71230 a 71235 de 18 de julio de 2023 y el oficio No. 87913 de 25 de agosto de 2013 , con el fin de notificar a las partes1.

El expediente ingresó al despacho para fallo el 6 de septiembre de 20232.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Santander

En escrito de 24 de julio de 2023, la magistrada ponente informó que la sentencia objetada no resulta caprichosa ni arbitraria, pues se enmarca en los márgenes que regulan la actividad judicial.

En escrito de 24 de julio de 2023, la magistrada ponente informó que la sentencia objetada no resulta caprichosa ni arbitraria, pues se enmarca en los márgenes que regulan la actividad judicial.

Afirmó que no se estructura el defecto fáctico que invoca el demandante, porque las pruebas fueron valoradas y se concluyó que existieron sufici entes elementos de convicción para sustentar la necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida de aseguramiento impuesta.

Sostuvo que optó por seguir su precedente judicial horizontal, el cual se fundamenta en pronunciamientos de la Corte Constitucional y la Sección Tercera del Consejo de Es tado, según los cuales el hecho de que una persona resulte privada de la libertad en el curso de un proceso penal y , posteriormente, se profiera a su favor la preclusión de la investigación o sentencia absolut oria, no es razón suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado bajo el título de privación injusta de la libertad, sino que debe determina rse si la medida restrictiva de la libertad resultó injusta, lo que ocurre cuando ésta devino de una actuación irrazonable y desproporcionada y po r ese motivo, no tenía por qué soportarla, supuesto de hecho que no se probó en el caso del accionante.

Resaltó que si bien en la actualidad el Consejo de Estado no ha u nificado su postura frente al tema y que existen diferentes posiciones en la Sección T ercera, lo que dispensa a los jueces a tener un mayor grado de autonomía al momento de resolver este tipo de asuntos, lo cierto es que en el Tribunal Administrativo de Santander existe una postura unificada y estable que impone mayores límites.

lo que dispensa a los jueces a tener un mayor grado de autonomía al momento de resolver este tipo de asuntos, lo cierto es que en el Tribunal Administrativo de Santander existe una postura unificada y estable que impone mayores límites.

Indicó que l a fuerza vincul ante del precedente judicial horizontal obliga a que las diferentes salas d e decisión del tribunal accionado adopten sus fallos a la luz de los criterios asumidos en anteriores oportunidade s frente a casos con supuestos fácticos similares.

Finalmente, s eñaló que las salas de decisión pueden acudir a la figura del apartamiento para acoger criterios diferentes a partir de un proceso deliberativo y

1 A la parte accionante, las autoridades judiciales demandadas y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes direcciones de correo electrónico: mariofernandomantilla@hotmail.com, jhonmarioveneciacardenas@gmai.com, sectribadm@cendoj.ramajudicial.gov.co; sgtadminstd@notificacionesrj.gov.co; sg02tadminstd@notificacionesrj.gov.co; ventanillatriadmsan@cendoj.ramajudicial.gov.co, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co; jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co, adm06buc@cendoj.ramajudicial.gov.co; jadmin06bga@notificacionesrj.gov.co, info@cendoj.ramajudicial.gov.co y deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co. 2 El expediente ingresó el 6 de septiembre de 2023, luego de que la Secretaría General requiriera en dos ocasiones al apoderado de la demandante -16 y 24 de agosto de 2023-, con el fin de que suministrara la dirección física o electrónica de

2 El expediente ingresó el 6 de septiembre de 2023, luego de que la Secretaría General requiriera en dos ocasiones al apoderado de la demandante -16 y 24 de agosto de 2023-, con el fin de que suministrara la dirección física o electrónica de los señores Rafael Ovidio Ven ecia, Claudia Isabel Zapata Venecia, Cecilia Correa Venecia, Nieves Isabel Venecia, Luz Dary Cárdenas Ardila, Jhon Mario Venecia Cárdenas y Carlos Mario Venecia Cárdenas . El 24 de agosto de 2023 se di o respuesta por parte del apoderado y la Secretaría General de esta Corporación materializó la notificación el 25 de agosto de 2023.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03270-00

Demandante: Carlos Mario Venecia

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

5 de contraargumentación en el que se expongan las razones por las cuales la nueva postura resulta más ajustada al ordenamiento jurídico, sin embargo, dentro de la corporación no se cuenta con mayorías para proceder en tal sentido.

6.2. Respuesta de l Juzgado Sexto A dministrativo del Circuito de Bucaramanga

En escrito de 19 de julio de 2022, la titular del despacho pidió que se negaran las pretensiones de la acción de tutela, en razón a que no se han vulnerado los derechos fundamentales del demandante.

Indicó que las decisiones judiciales proferidas po r este despacho ju dicial se encuentran sustentadas en la normativ a señalada en el marco normativo y la

derechos fundamentales del demandante.

Indicó que las decisiones judiciales proferidas po r este despacho ju dicial se encuentran sustentadas en la normativ a señalada en el marco normativo y la jurisprudencia aplicada por el Consejo de Esta do, por consiguiente, no obedece a simples juicios del operador judici al, no pudiendo por tal motivo ser co nsideradas arbitrarias. Agregó que se garantizaron los postulados constitucionales y legales, el acceso a la administración de justicia y el debido proceso, además que la providencia proferida en primera instancia fue c onfirmada por el Tribunal Administrativo de Santander por medio de sentencia de 20 de octubre de 2022.

6.3. Respuesta de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga

En escrito de 19 de julio de 2023, el apoderado judicial p idió que se declarara la improcedencia de la acción de tutela, en razón a que no se cumple con los requisitos generales de procedencia o, en su defecto, que se nieguen las pretensiones de la demanda , toda ve z que no se han vulnerado los derechos fundamentales al demandante.

Afirmó que la solicitud no cumple c on el requisito de la inmediatez, pues la sentencia objetada se notificó el 1 de noviembre de 2022, mientras que la solicitud de amparo se radicó el 16 de junio de 2023, es decir, superado el término razonable de seis meses. Agregó que ta mpoco se cumple co n los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad, en razón a que el actor ya contó con los recursos ordinarios, los que fueron ago tados y resueltos por las autoridades

razonable de seis meses. Agregó que ta mpoco se cumple co n los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad, en razón a que el actor ya contó con los recursos ordinarios, los que fueron ago tados y resueltos por las autoridades judiciales accionadas.

Indicó que , ninguno de los hechos mencionados en la de manda, recaen en la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial o el Consejo Superior de la Judicatura, pues de acuerdo con los artículos 254 al 257 de la Constitución Política y el artículo 103 de la Ley Estatutaria 270 de 1996, lo que se relata en la acción de t utela no son de competencia de esas ent idades, sin mencionar que tampoco compete a otras vinculadas a la presente acción constitucional.

Por último, solicitó q ue se de svinculara a esa e ntidad, en tanto sus funciones están definidas en los artículos 254 a 257 de la Constitución Política y el artículo 103 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.

6.4. Respuesta de la Fiscalía General de la Nación

En oficio de 21 de julio de 2023, la profesional especi alizada de la Dirección de Asuntos Jurídicos solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela, por no cumplir con el requisito de la subsidiariedad.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03270-00

Demandante: Carlos Mario Venecia

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

6

Demandante: Carlos Mario Venecia

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

6 Señaló que en la solicitud se advierte que el accionante no da cuenta de por qué , a pesar de existir otros mecanismos judiciales idóneos para ventilar la controversia objeto de la solicitud de amparo , no hizo uso de estos para controvertir los fallos del Juzgado Sexto Administrativo del C ircuito de Bucara manga y del Tribunal Administrativo de Santander.

Mencionó que el accionante alegó una indebida valoración probatoria por parte de las autoridades judiciales , no obstante, se observa que los fallos objetados no desbordaron los criterios de proporcionalidad inherentes a la adopción de este tipo de fallos, toda vez que el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander realizaron una valoración de las pruebas bajo los criterios establecidos y requisitos legales.

Agregó que las autoridades judiciales accionadas contaron con los elementos de juicio suficientes para emitir los fallos de primera y segunda instancia y realizaron una valoración adecuada de los mismos , toda vez que la parte a ctora no acreditó la oc urrencia del defecto fáctico en el que presuntamente incurri eron las providencias objetadas.

Afirmó que “analizada la sentencia SU 072 de 2018 en la misma se determinó que en “i) el estudio de una privación de la libertad debe deter minarse si esta es razonada y proporcionada y ii) el ju ez administrativo, en aplicación del principio

Afirmó que “analizada la sentencia SU 072 de 2018 en la misma se determinó que en “i) el estudio de una privación de la libertad debe deter minarse si esta es razonada y proporcionada y ii) el ju ez administrativo, en aplicación del principio iura novit curia, de be determinar el régimen de imputación a partir de las particularidades de cada caso”; en ese orden de ideas, y teniendo en cuenta que los argumentos del apo derado del accionante se fundame ntan en la discrepancia con el análisis y decisión de las sentencia s cuestionadas, la s cuales fueron desfavorables a sus pretensiones, esta Dirección debe manifestar al Despacho que no se evidencia que la s decisiones dentro del proceso de reparación directa con radicado No. 2016 -00085-00, sean arbitrarias o irracionales, por el contrario, se ajustan a derecho, el análisis probatorio fue razonado y coherente bajo las reglas de la sana crítica y sus argument os, hace n parte de l a independencia y autonomía con la cual cuentan los jueces al momento de dictar sentencia, motivo por el cual, los despachos accionados respetaron las reglas jurisprudenciales plasmadas en la sentencia SU-072 de 2018”.

Finalmente, mani festó qu e el accionante pretende mediante la acción de tutela retrotraer las etapas procesales de un asunto que ya surti ó su trámite, para generar confusión y proyectar que se transgreden derechos fundamentales, lo cual es inconcebible por el carácter subsidiario que acompaña al mecanismo constitucional y por que en ningún momento en el escrito de tutela se demuestra vulneración a derecho fundamental alguno.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

constitucional y por que en ningún momento en el escrito de tutela se demuestra vulneración a derecho fundamental alguno.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Co nstitución Política, 29 del Decreto 2591 de 199 1 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03270-00

Demandante: Carlos Mario Venecia

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

7

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado Sexto Administrativo del Circuit o de Bucaramanga con las sentencias de 20 de octubre de 2020 y de 19 de diciembre de 2019, en su orden , mediante las cuales se negaron las pret ensiones del medi o de control de reparación directa iniciado con el fin de que se declarara la responsabilidad extracont ractual del Estado por la privación injusta de la libertad a la que fue sometido el señor Carlos Mario Venecia y el pago de los perjuicios c ausados, vulneró su derecho fundamental al debido proceso, por cuanto incurren en defecto fáctico, pues omitieron valorar el escrito de acusación y el retiro de los cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación y todos los desaciertos de la investig ación que se advirtieron en la sentencia absolutoria.

omitieron valorar el escrito de acusación y el retiro de los cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación y todos los desaciertos de la investig ación que se advirtieron en la sentencia absolutoria.

De manera previa, en razón a que fue invo cado por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, la Sala constatará si la acción de tutela cumple con el requisito de la inmediatez.

3. Requisito de la inmediatez como presupuesto general de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política establece que “ toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento p referente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales”. Ahora bien, aun cuando la Carta Política hace uso de la expr esión “ en todo momento y lugar” , lo que podría dar a enten der que la acción de amparo puede solicitarse en cualquier tiempo, sin importar la urgencia, ni la relevancia de los derechos vulnerados, lo único cierto es que se trata de un requisito que se debe valorar en cada caso concreto.

Sin embargo, la Corte Cons titucional3 ha señalado que si bien no es posible establecer un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela, ésta no puede presentarse en cualquier tiempo y por lo tanto d ebe existi r un término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los derechos fundamentales del actor y la presentación de la demanda, en la medida en que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que

término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los derechos fundamentales del actor y la presentación de la demanda, en la medida en que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con la urgencia en la protección de las garantías const itucionales de una persona, sino también con el respeto de la seguridad jurídica y de los derechos de los terceros afectados.

En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca que la acción se presente en un término razonable conta do desde el momento en que se tuvo conocimiento de la viol ación o amenaza de los derechos fundamentales y no un término de caducidad. Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la protección pronta y eficaz, es que se requiere que se ejerza en un tiempo prudencial. Por ello, el presupuest o de la inmediatez constituye un requisito para habilitar el estudio de fondo de la acción de tutela, pues se evita “el uso de este mecanism o constitu cional como herramienta que consienta la negligencia o indiferencia de los actores, o que propicie la inseguridad jurídica.” 4

3 Corte Constitucional, sentencia T123 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis. 4 Ibídem.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03270-00

Demandante: Carlos Mario Venecia

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8 La jurisprudencia constitucional ha identificado cinco criterios orientadores para

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8 La jurisprudencia constitucional ha identificado cinco criterios orientadores para que el juez de tutela pueda determi nar5, en c ada caso, si se ha cumplido con el requisito de la inmediatez. Tales criterios se precisaron en la sentenc ia SU-391 de 20166, así: “(i) La situación personal del peticionario: debe analizarse la situación personal del peticionario, pues en determ inados cas os esta hace desproporcionada la exigencia de pr esentar la acción de tutela en un término breve; (ii) El momento en el que se produce la vulneración: pueden existir casos de vulneraciones permanentes a los derechos fundamentales. En estos casos, para anali zar la inmediatez el juez de tutela no debe cont ar el término desde el momento en el que la vulneración o amenaza inició hasta la fecha de presentación de la tutela, sino que debe tomar en cuenta el tiempo por el que esta se prolongó; (iii) La na turaleza d e la vulneración: existen casos donde se present a un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acció n de tutela y la vulneración de los derechos de los interesados. De acuerdo con este criterio, el juez debe analizar si la demora en la pres entación d e la tutela guarda relación con la situación de vulneración de derechos fundamentales que alega el peticionario; (iv) La actuación contra la que se dirige la tutela: la jurisprudencia constitucional ha señalado que el análisis de la inmediatez pu ede variar dependiendo de la actuación que se identifica c omo vulneratoria de los derechos invocados en la tutela.

contra la que se dirige la tutela: la jurisprudencia constitucional ha señalado que el análisis de la inmediatez pu ede variar dependiendo de la actuación que se identifica c omo vulneratoria de los derechos invocados en la tutela. Específicamente, ha señalado que este análisis debe ser más estricto tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales y (v) Los efecto s de la tutela: la Corte ha considerado que, aún si se encuentra un motivo que justifique la demora en la interposición de la tutela, el juez debe tener en cuenta los efectos que esta tendría en los derechos de terceros si se declarara procedente”7

Específicamente, en torno a la verificación de este p resupuesto cuando la tutela que se analiza está dirigida c ontra una providencia judicial, la Sala Plena de esta Corporación mediante sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 8 estableció, como regla general, que el mecanismo de amparo debe promoverse en un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia o providencia objeto de repro