CE - 010315000202303389001SENTENCIA20231002120007

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03389-00

Actora: María del Carmen Torres Guerrero

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C, veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-03389-00

Demandante: MARÍA DEL CARMEN TORRES GUERRERO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO

Temas: Tutela contra providencia judicial . Medio de control de reparación directa por f alla en el servicio médico asistencial y gineco-obstetra.

Defecto fáctico por indebida valoración de prueba pericial. Requisito de subsidiariedad. Falta de congruencia externa de la sentencia que se puede ventilar a través del recurso extraordinario de revisión

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Es tado procede a decidir la acción de tutela promovida por la señora María del Carmen Torres Guerrero, quien actúa mediante apoderada judicial, contra el Tribunal Administrativo de Nariño, en la que pide el amparo constitucional de su s derechos fundamentales a la igualdad , debido proceso y de acceso a la administración de justicia , supuestamente vulnerado s

apoderada judicial, contra el Tribunal Administrativo de Nariño, en la que pide el amparo constitucional de su s derechos fundamentales a la igualdad , debido proceso y de acceso a la administración de justicia , supuestamente vulnerado s con la sentencia de 24 de enero de 202 3, mediante la cual revocó el fallo parcialmente favorable de primera instancia que había declara do la responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado por la no remisión oportuna y los trámites administrativos de afiliación de la pac iente y dispuso el resarcimiento de los perjuicios por el fallecimiento de su hija que estaba por nacer, como consecuencia de una falla en el servicio médico.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La accionante relató que para las 32 semanas de gest ación su embar azo se desarrolló en condiciones normales, en tanto no fue considerado de alto riesgo, lo que se evidencia en su historia clínica y los controles prenatales a los que asistió puntualmente, a lo que agregó que en el último mes antes de l alumbramiento no pudo asistir a un control por medicina general, toda vez que el centro de salud Los Andes en Sotomayor, Nariño, no co ntaba con médic o para la época en que requería ser atendida.

Agregó que el 16 de mayo del año 2012, en horas de la madrugada present ó dolor a bdominal, por lo que acud ió al servicio de urgencias del centro de salud Los Andes en Sotomayor, donde fue valorada inicialmente y se le dio manejo expectante a sus condiciones médicas de pre eclamsia e infección de vías urinarias. Sin embargo, en horas de la tarde cuando sus condiciones de salud se

Los Andes en Sotomayor, donde fue valorada inicialmente y se le dio manejo expectante a sus condiciones médicas de pre eclamsia e infección de vías urinarias. Sin embargo, en horas de la tarde cuando sus condiciones de salud se complicaron, ordenaron su remisión a un hospital de tercer nivel como urgencia vital, dado que por ser ese de primer nivel no contaba con ginecólogo, ni UCI neonatal para desembarazar a la paciente en caso de ser requerido el servicio , como efectivamente ocurrió.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03389-00

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Sostuvo que su estado de salud se complicó, por lo que fue remitida al Hospital Departamental de Pasto donde luego de que se p racticara una ecografía y otros exámenes se determinó que el feto se encontr aba sin vida y se proced ió a desembarazarla de urgencia, quedando la madre con graves complicaciones de salud.

Afirmó que, en eje rcicio del medio de control de reparación directa, presentó demanda contra Asmet Salud E.P.S. S.A.S., centro de salud Los Ande s, el Instituto Departamental de Salud de Nariño, Hos pital Departamental y Proinsalud, con el fin de que se les decl arara administrativa y patrimonialmente responsables por los perjuicios materiales y morales causados por la falla en la atención médico-obstétrica, por la omisión y negligencia que condujo al fallecimiento de la

con el fin de que se les decl arara administrativa y patrimonialmente responsables por los perjuicios materiales y morales causados por la falla en la atención médico-obstétrica, por la omisión y negligencia que condujo al fallecimiento de la hija en el vientre de la señora María del Carmen Torres Guerrero.

Indicó que el Juzgado Segundo Administrativo de l Circuito de Pasto en fallo de 30 de septiembre de 2021, declaró (i) probada la excepción de falta de leg itimación en la causa por pasiva en favor del Instituto Departamental de Salud y Proinsalud Ltda, así como a la compañía de seguros La Previsora S.A. y (ii) la responsabilidad administrativa y patrimonial de la E.S.E. centro de salud Los Andes y Asmet Salud E.P.S ., al consi derar que la primera dio un manejo expectante no establecido en los protocolos médicos y 16 horas después fue que realizó la remisión , y la segunda presentó problemas e n los trámites administrativos de afiliación de la paciente. Por consiguiente, las condenó al pago de 100 smlmv a fav or de la señora María del Carmen Torres Guerre ro, He nry Francisco Mora y la menor Yisela Dayana Chávez Torres, y reconoció el daño a la salud en favor de la demandante por valor de 100 smlmv, por los daños causados con ocasión de los servicios médicos prestados el 16 de mayo de 2012 que generaron el f allecimiento de la hija de la accionante y que se practicara una histerectomía subtotal.

Finalmente, manifestó que la compañía de seguros La Pre visora S.A. y Asmet Salud E.P.S. interpusieron recurso de apelación contra la anterior decisión, el cual

histerectomía subtotal.

Finalmente, manifestó que la compañía de seguros La Pre visora S.A. y Asmet Salud E.P.S. interpusieron recurso de apelación contra la anterior decisión, el cual fue desatado por el Tribunal Administrativo de Nariño en sentencia de 24 de enero de 2023, en la que revocó la decisión del a quo , al considerar que la paciente ingresó en buen estado a urgencias y los médicos del centro de salud procedieron a realizarle todos los exámenes para establecer el estado de salud de la paciente y el feto sin que a partir de esto se le pueda endilgar alguna r esponsabilidad a la EPS, “puesto que no hubo falla del servicio”, por consiguiente tampoco resultaba responsable la aseguradora llamada en garantía.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela en defensa de su s derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, los cuales considera vulnerados con la sentencia proferida el 24 de enero de 2023 por el Tribunal Administrativo de Nariño, en la que se revocó la decisión de primera instancia que había accedido parcialmente a las pre tensiones del medio de control de reparació n directa formulado por “falla médica en la atención médico obstetra por omisión y negligencia, que condujeron a la muerte de su hija y hermana en el vientre materno los días 16 y 17 de mayo de 2012 y posteriores secuelas que afectan su salud así como la práctica de histerectomía subtotal que le impide volver a qu edar en embarazo tal como se sustenta en los hechos de esta demanda”.

Luego de hacer referencia al requisito general de la relevancia constitucional,

salud así como la práctica de histerectomía subtotal que le impide volver a qu edar en embarazo tal como se sustenta en los hechos de esta demanda”.

Luego de hacer referencia al requisito general de la relevancia constitucional, sostuvo que la sentencia objeto de reproche co nstitucional es incongruente entre lo pedido por los apelantes y la motiv ación del recu rso, lo que, sostiene, se evidencia desde el problema jurídico en el que se observa que ninguno de losRadicado: 11001-03-15-000-2023-03389-00

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apelantes solicitó que se debatiera lo relativo a la responsabilidad del centro de salud Los Andes y Asmet Salud EPS, por los perjuicios ma teriales e inm ateriales que sufrieron los demandantes por una supuesta falla en el servicio derivada de la deficiente atención en el manejo de la atención de la madre en estado de ges tión, “toda vez que jamás en el centro de salud Los Andes se le manifestó a la madre y nunca se debatió en primera instancia de la señora María del Carmen Torres, fuera c onsiderado de alto riesgo, en razón a ello fue que nunca se remitió a controles con ginecología a un hos pital de mayor complejidad, por el contrario, su embarazo transcurrió con normalidad, solo tuvo complicaciones de salud cuando decide ir a urgencias el día 16 de mayo, donde también es atendida c omo si se tratara de una enfermedad simple y no co mpleja a pesar de que iba con cifras

embarazo transcurrió con normalidad, solo tuvo complicaciones de salud cuando decide ir a urgencias el día 16 de mayo, donde también es atendida c omo si se tratara de una enfermedad simple y no co mpleja a pesar de que iba con cifras tensionales muy altas, pues así lo afirmó el perito, contrario a lo manifestado por el tribunal y ese mismo sentido lo ratific a Asmet Salud Eps, en su escrito de apelación, pues fue reiterativo en afirmar que la falla se dio en el centro de salu d los Andes, donde recibió la atención y no Asmet ya que no había tenido injerencia en el resultado”.

Mencionó que Asmet Salud EPS en el recurso de apelación “tocó lo referente a la afiliación de la paciente, más no sobre las fallas sustanciales presentadas por el centro de salud (…)” . De igual modo, consideró que La Previsora solo se limita a hacer referencia a la última parte del informe del peri to “cuando menciona que no se pued e saber a ciencia cierta, que por la falla en el servicio se habría podido evitar el desenlace que finalmente sufrió la señora Tor res Guerrero, pues dentro de las posibilidades estaba la muerte del feto y de la madre”.

Refirió que el centro de salud Los A ndes, “principal implicado en el resultado donde la madre pierde a su feto, por la demora en la remisión a un hospit al de mayor co mplejidad, donde hubiera sido por lo menos valorada por ginecología” , nunca apeló la sentenc ia de primera instancia porque ace ptó que estaba demostrada su responsabilidad, razón por la cual no se puede favorecer a quien no apeló, “y aún más, esgrimir sobre puntos no solicitados en el escrito de

nunca apeló la sentenc ia de primera instancia porque ace ptó que estaba demostrada su responsabilidad, razón por la cual no se puede favorecer a quien no apeló, “y aún más, esgrimir sobre puntos no solicitados en el escrito de apelación”, lo que no está en consonancia con lo previsto en el artículo 328 del Código General del Proceso, en el que se establece los lí mites del superior al desatar el recurso de apelación.

De otra parte, señaló que la providencia objeto de reproche constitucional incurrió en un defecto fáctico , en tanto si bien en el fallo de segunda i nstancia se mencionó el dictamen pericial del médico Oscar Giovanni Hernández , q uien contaba con una experiencia de 11 años en la especialidad de ginecología y obstetricia, la autoridad judicial demandada “olvidó valorar la sustentación el doctor Hern ández rindió en audiencia, (…) de all í se desprenden eleme ntos fundamentales que nos ilustran sobre las fallas del servic io de la entid ad demandada y las consecuencias en la salud de [la] señora María del Carmen que se estiman a partir de un razonamiento lógico de las pruebas” , lo que, afirma, “incide directamente en la valoración probatoria”.

Destacó que el perito médico a portó elementos médico-científicos del nexo causal entre el daño ocurrido en el binomio madre e hija y la atención brindada por el centro de salud Los Andes, a lo que agreg ó que esta prueba es fundamental en los juicios de reparación directa por falla médica en el servicio “porque se emite un concepto técnico científico que aclara la relación entre el daño y el nexo causal, además de probar qu ien era garante en la prestación oportuna del servicio

los juicios de reparación directa por falla médica en el servicio “porque se emite un concepto técnico científico que aclara la relación entre el daño y el nexo causal, además de probar qu ien era garante en la prestación oportuna del servicio médico, pues son el personal idóneo para emitir juicios de va lor, por lo tanto no se puede pasar por alto su apreciación”.

Indicó que la conclusión a la que arribó la providencia objetada consist ente en que de las pruebas aportadas al expediente era pos ible determinar que la atenciónRadicado: 11001-03-15-000-2023-03389-00

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médica se realizó “ en el términ o necesario, s egún su sintomatología” , es contradictorio con lo manifestado por el médico quien rindió sin dictamen apoyado en la historia c línica, lo que está en consonancia con los hechos de la demanda y los testimonio s rendidos, a lo que agregó que Asme t Salud EPS y el centro de salud Los Andes no pudieron controvertir que su actuar no hubiera generado responsabilidad por falla en el servicio médico.

Así mismo, expresó q ue la indebida valora ción probatoria también se sustenta en que se desatendió el con tenido de las respuestas entregadas por el perito médico a las preguntas realizadas en la audiencia de pruebas que tuvo lugar en el curso de la primera instancia, en la que puso en evidencia los elementos esenciales de

que se desatendió el con tenido de las respuestas entregadas por el perito médico a las preguntas realizadas en la audiencia de pruebas que tuvo lugar en el curso de la primera instancia, en la que puso en evidencia los elementos esenciales de la falla médica “por no acatar los pr otocolos médicos y la tardan za en la remisión de la señora Torres Guerrero por parte de la demandada Centro de Salud Los Andes y Asmet Salud EPS por la prestación de salud” . Al respe cto, efectu ó la transcripción de varios apartes de las respuestas dadas po r el perito en relación con los protocolos que se dejaron de observar y las consecuencias que se podían derivar de no efectuar una remisión oportuna de una paciente con las circunstancias de salud que presentaba la señora María del Carmen Torres Guerrero.

Adujo que la autoridad judicial demanda no se pronunció respecto de esos elementos, lo que desconoció la sustentación realizada por el médico perito al informe pericial, a lo que agr egó que ni el dictamen ni su ampliación fueron objetados por las demandad as, y que el r azonamiento de la providencia objeto de tutela fue muy superficial “donde fundamenta su decisión con bastante doctrina, pero su análisis no profundiza en los puntos esenciales y la valoración probatoria aplicada al caso concreto y su decisión es contradict oria con la evidencia aportada”.

En ese punto, se refirió al cuestionario que resolvió el médico, en concreto, (i) si había h echos contradictorios entre la hi storia clí nica del C entro de Salud Los Andes y la historia clínica del Hospital Dep artamental, respecto de lo cual insistió

había h echos contradictorios entre la hi storia clí nica del C entro de Salud Los Andes y la historia clínica del Hospital Dep artamental, respecto de lo cual insistió en el manejo inadecuado de los protocolos dado por el Centro de Salud -la paciente no debió ser hos pitalizada sino que una vez estabilizada remitirla como urgencia vital ; (ii) si h ubo demora en la remisión a un hosp ital de tercer nivel, respecto de lo cual respondió que revisada la historia clínica “si hubo una demora grande”; (iii) que los hospital es de primer nivel no son adecuados p ara el man ejo de una paciente con preeclamsia, para lo cual se requiere que la institución cuente con un médico especialista en ginecología y obstetricia y una unidad de cuidados intensivos y (iv) que si se hubieran aplicado adecuadamente los protocolos, si bien no existe certeza de que una paciente con esas condiciones médicas pueda ten er un resultad o favorable a su patología, “si se le brinda un adecuado manejo se puede mejor el pronóstico de la paciente”.

Indicó que en la historia clínica se detalla que ingresó a las 4:00 am y la remisión se realiza a las 06:30 pm “y que solo es recib ida en el hosp ital departamental de Nariño [a las] 11:30 pm, lo cierto es que la paciente demoró 16 horas hasta ser atendida (…)” . Sobre est e particular, manifestó que las demanda das no desvirtuaron los hechos evidentes en la historia clínica y los apelant es no los controvierten.

Se refirió a jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el defecto fáctico y

desvirtuaron los hechos evidentes en la historia clínica y los apelant es no los controvierten.

Se refirió a jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el defecto fáctico y resaltó que los supuestos que se configuran en el caso son los de (i) no valoración del material probatorio allegado al proceso y (ii) valoración de fectuosa del a cervo probatorio.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03389-00

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Por último, alegó que la autoridad judicial accionada incurrió en desconocimiento del precedente judicial contenido en la sentencia 2002 -00881, prof erida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, para lo cual reiteró lo s argumentos en los que sustentó el defecto fáctico, y agregó que si bien el informe pericial “no aseguró que el simple hecho de acatar lo s protocolos hubiera cambiado el resu ltado final en la madre, si pudo concluir que se le restó oportunidad el darle un tratamiento expectante a la madre dado esos criterios de severidad con que ingresó la paciente, por tal motivo en el centro de salud Los An des Sotomayor, solo se debía estabilizar la paciente e inmediatamente remitirla una vez ingresa a urgencias al centro de salud y n o esperar tanto tiempo para enviarla a un hospital de tercer nivel”. Agregó que al apartarse de los criterios de unificación de la sentencia

estabilizar la paciente e inmediatamente remitirla una vez ingresa a urgencias al centro de salud y n o esperar tanto tiempo para enviarla a un hospital de tercer nivel”. Agregó que al apartarse de los criterios de unificación de la sentencia 00278 de 2014 por lo s daños a la salud causados a la madre por la deficiencia y reiterada atención gineco obstétrica “es discriminatorio a todas luces y se pone en riesgo el derecho a la igualdad y a la reparación integral frente al trato de la mujer en asunto médico asistencial”.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes:

“1. TUTELAR; los derechos fundamentales al debido proceso establecido en el Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, Derecho a la igualdad establ ecido en el artículo 13 de la Constitución Nacional.

2. ORDENAR, se revoque la sentencia proferida por el TRIBUNAL AD MINISTRATIVO

DE NARIÑO, integrada por los Magistrados ÁLVARO MONTENEGRO CALVACHY, ÉDGAR GUILLERMO CABRERA RAMOS, BEATRIZ ISABEL MELODELGADO PABÓN, el día veintiuno (21) de enero de 2023, notificada mediante corr eo electrónico el día 9 de marzo de 2023, que a su vez revo có la sentencia de primera instancia que reconoció unas pretensiones a la demandante”.

4. Pruebas relevantes

En correo el ectrónico de 10 de julio de 2023, el Juzgado Segundo Ad ministrativo del Circuito de Pasto, remitió el link de l proceso de reparación directa que promovió la señora María del Carmen Torres Guerrero y otros contra Asmet Salud

En correo el ectrónico de 10 de julio de 2023, el Juzgado Segundo Ad ministrativo del Circuito de Pasto, remitió el link de l proceso de reparación directa que promovió la señora María del Carmen Torres Guerrero y otros contra Asmet Salud EPS, centro de salud Los Andes, Instituto Departamental de Salud de Nariño, Hospital Departamental - Proinsalud (radicado No. 52001-33-33-002-2014-0000202).

5. Trámite procesal

Por auto de 27 de junio de 202 3, el despacho de la magistrada sustanciadora admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la autoridad judic ial demandada, al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Pasto, a la E.S.E. Centro de Salud de Los Andes, Sotomayor , Nariño, a la E.S.E. Hospital Universitario Departamental de Nariño, al Instituto Departamental de Salud de Nariño, a Asmet Salud E.P.S., a Proinsalud S.A., a Fidupre visora S.A., a los señores Henry Francisco Mora y Yisela Dayan a Chávez Torres y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 63338 a 63347 de 30 de junio de 2023 1 , con el fin de notificar a las partes.

1 La parte accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes dir ecciones de correo electrónico: richarkex@hotmail.com; sori_celis@hotmail.com, sgtadminnrn@notificacionesrj.gov.co, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co,

siguientes dir ecciones de correo electrónico: richarkex@hotmail.com; sori_celis@hotmail.com, sgtadminnrn@notificacionesrj.gov.co, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, notificacionesjudiciales@asmetsalud.com, subgerencia@eselosandes -sotomayor-narino.gov.co; contactenos@eselosandes-sotomayor-narino.gov.co, notificacionesjudiciales@hosdenar.gov.co; hudn@hosdenar.gov.co, notjudicial@fiduprevisora.com.co, notificacionesjudiciales@idsn.gov.co, j02adpas@cendoj.ramajudicial.gov.co y juridico@proinsalud.co.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03389-00

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6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Nariño

En oficio de 6 de julio de 2023, la magistrada ponente pidió que se negaran las pretensiones de la acción de tutela , al considerar que no se ha n vulnerado los derechos fundamentales alegados por la demandante.

Sostuvo que la sentenc ia objetada tiene como fundamento el hecho de que procesalmente no se demostró que las demandadas incurrieran en una falla en el servicio, en cuanto al diagnóstico y la atención que se brindó a la señora María del Carmen Guerrero Torres . Agregó que las ayu das diagnósticas que se practicar on para establecer el motivo de su malestar -que eran las que se debía ordenar-, no

Carmen Guerrero Torres . Agregó que las ayu das diagnósticas que se practicar on para establecer el motivo de su malestar -que eran las que se debía ordenar-, no permitieron establecer que existiera una previa necesidad de internación para l a práctica de algún tratamiento, además que la actora no acudió oportunamente a los controles y se negó a asistir por motivos personales y que una vez se presentó el malestar fueron dos días los que se tomó p ara acudir al Centro de Salud , sin que se hubiera demostrado la causa del fatal desenlace.

Afirmó que la mora en la remisión no fue responsa bilidad del personal del Centro de Salud, sino de la falta de destinos hospitalarios que tuvieran los elementos para atender a la paciente.

Indicó que la atención que recib ió la paciente fue prioritaria y opo rtuna, y procesalmente no se demostró que se hubiera incurrido en una falla imputable a las demandadas y que fuera la causa eficiente del daño.

Señaló que contrario a la interpretación y alcan ce que la accionante pretende otorgarle al derecho al debido proceso, no consiste en acceder a las pretensione s aún sin que exista la prueba de la responsabilidad del Estado , y menos aún si lo que se pre tende es que se condene a las demandadas por hechos que no están demostrados procesalmente.

Por último, resaltó que jurídicamente no es procedente que por vía tutela, la parte actora pretenda deducir consecuencias favorables de las falencias fáctic as que se consignaron en la demanda y de la imposibilidad de demostrar una falla en el servicio que no se probó.

6.2. Respuesta de Asmet Salud EPS S.A.S.

consignaron en la demanda y de la imposibilidad de demostrar una falla en el servicio que no se probó.

6.2. Respuesta de Asmet Salud EPS S.A.S.

En correo ele ctrónico de 5 de julio de 2023, la representante legal para asuntos judiciales pidió que se de clare la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con los requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional.

Afirmó que la accionante tiene como propósito reabrir el debate judicial que se surtió ante el juez natural del proceso d e reparación directa, el cual se encuentra tramitado y concluido, desnaturalizando su finalidad como mecanismo supletivo de protección de los derechos fundamentales.

Sostuvo que la actora cuenta con el recurso extraordinario de revisión, previsto en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, el cual puede promover con sustento en la causal quinta consistente en que e xiste una nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso , la cual es procedente en este caso, pues la actora indica en su escrito una presunt a incongruenci a entre lo pedido por los apelantes y l a motivación de la sentencia de segunda instancia.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03389-00

Actora: María del Carmen Torres Guerrero

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Indicó que fue acertado concluir por la segunda instancia que el solo hecho de que la señora María del Carmen Torres Guerrero presentara un carnet de A smet Salud

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Indicó que fue acertado concluir por la segunda instancia que el solo hecho de que la señora María del Carmen Torres Guerrero presentara un carnet de A smet Salud EPS, no define responsabilidad alguna en relación con el caso, pues no se indica siquiera en la demanda q ue haya existi do actividad de la EPS en relación con el episodio acontecido, “por lo cual era evidente la falta de legitimación en la causa por pas iva, siendo completamente desafortunado que ah ora la actora manifieste que Asmet era su EPS, y que por esta a filiación la m ayoría de Instituciones de salud se negaron a recibirla, considerando que la EPS incumplió la obligación de contar con la infr aestructura ne cesaria para la atención en salud integral que requería, cuando de las pruebas aportadas y practicadas es claro que mi representada no tuvo injerencia ni participación en las conductas que a su criterio causaron el daño”.

Señaló que el Tribunal Administrativo de Nariño en la parte motiva de la sentencia se refirió a varios pronunciamientos de la Sección Tercera del Consejo de Estado, aplicables al régimen de la fal la probada en el servicio, haciendo hincapié en que la actividad médica se estu dia bajo la óptica de una actividad de medio y no de resultado, por lo cual como es una postur a contraria a la prete ndida por la p arte actora, ahora se argumenta como una vulneración con el único fin de reabrir el debate judicial.

Finalmente, manifestó qu e la dec isión objetada no fue arbitraria, sino que obedeció a l resultado de una interpretación razonable del materia l probatorio

actora, ahora se argumenta como una vulneración con el único fin de reabrir el debate judicial.

Finalmente, manifestó qu e la dec isión objetada no fue arbitraria, sino que obedeció a l resultado de una interpretación razonable del materia l probatorio aportado al proc eso, a su vez confrontado con la normatividad que lo delimita y que resultaba aplicable al caso, sin olvidar qu e la autoridad judicial accionada en ejercicio de sus competencias cuenta con un amplio margen de apreciación para valorar los ele mentos de juicio y así formarse libremente su convencimiento, sin que ello implique , como pretende la parte actora, que se val ore únic amente el dictamen pericial, pues este debe apreciarse en conjunto con los demás medios de prueba practicados con el fin de llegar a la verdad procesal.

6.3. Respuesta del Instituto Departamental de Salud de Nariño

En escrito de 5 de julio de 202 3, la directora y representante legal pidió que se declare la falta de legitimación en la caus a por pasiva, pues las pretensiones de la acción de tutela superan la capacidad y el objeto jurídico de la entidad, a lo que agregó que no le corresponde su cumplimiento.

6.4. Respuesta de la E.S.E. Hospital Departamental de Nariño

En escrito de 5 de julio de 2023, la gerente encargada solicitó que se desvinculara a la entidad, toda ve z que en la primera instancia del proceso ordinario el establecimiento de salud fue absuelto, razón por la cual n o interpuso recurso de apelación y las entidades que s í lo presentaron, no le endi lgaron alguna responsabilidad a ese centro hospitalario.

establecimiento de salud fue absuelto, razón por la cual n o interpuso recurso de apelación y las entidades que s í lo presentaron, no le endi lgaron alguna responsabilidad a ese centro hospitalario.

6.5. Respuesta de Compañía de Seguros La Previsora S.A.

En correo electrónico de 10 de ju lio de 2023, l a apoderada de la compañía pidi ó que se negara el amparo solicitado por la accionante , al cons iderar que lo que pretende la actora es reabrir un debate jur ídico por no haberse dictado una decisión acorde a sus intereses.

Afirmó que la solicitud de amparo no está llamada a prosperar, toda vez que el tribunal accionado no infri ngió el ordenamiento j urídico y tamp oco su decisión incurrió en defecto f áctico, sustantivo, desconocimiento del precedente judicial o violación directa a la Cons titución, que den lugar de forma excepcional a laRadicado: 11001-03-15-000-2023-03389-00

Actora: María del Carmen Torres Guerrero

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