CE - 010315000202303870001SENTENCIA20231017100620

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por la ciudadana María Patricia Tobón Yagarí contra el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora María Patricia Tobón Yagarí solicitó el amparo de sus derechos fundamentales «al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, buen nombre y patrimonio», cuya vulneración le atribuyó a los autos de 15 de septiembre de 2022, 14 de febrero y 31 de mayo de 2023, proferidos por el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja y a los autos de 22 de septiembre de 2022, 22 de febrero y 7 de junio de 2023, proferidos por el Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro de los incidentes de desacato que se tramitaron con los números únicos de radicación 15001-33-33-011-2022-00122-00/02/03/04.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Relató que el señor Jhon Sebastián Hernández García1 presentó acción de tutela para que se le protegieran los derechos fundamentales al debido proceso

que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Relató que el señor Jhon Sebastián Hernández García1 presentó acción de tutela para que se le protegieran los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a la vida digna y a la dignidad humana, que en su concepto le fueron violados por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –

1 De acuerdo con lo informado por la UARIV, dentro del proceso de acción de tutela Nº 15001 33 33 011 2022 00122 – 00/01, el señor Jhon Sebastián Hernández García se encuentra con estado de inclusión por el hecho victimizante de “Desplazamiento Forzado” bajo el marco normativo de la Ley 387 de 1997 SIPOD 1268879.

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03870-00

Accionante: MARÍA PATRICIA TOBÓN YAGARÍ

Accionado: JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE TUNJA Y

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA DECISIÓN PROFERIDA DENTRO

DEL TRÁMITE INCIDENTAL DE DESACATO -DECLARA

IMPROCEDENTE POR FALTA DE LEGI TIMACIÓN EN LA CAUSA

POR ACTIVA Y POR FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL.

AMPARA DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO-2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03870-00

Accionante: María Patricia Tobón Yagarí

UARIV2, al considerar que la mencionada entidad tramitó de manera errada su

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03870-00

Accionante: María Patricia Tobón Yagarí

UARIV2, al considerar que la mencionada entidad tramitó de manera errada su solicitud de «[…] “Método Técnica de Priorización”3 […]», dentro del trámite de indemnización por vía administrativa para las víctimas del conflicto armado interno, reglamentado en la Resolución núm. 01049 de 20194.

2.2. Indicó que el conocimiento de la acción constitucional le correspondió al Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja, autoridad judicial que, a través de la sentencia de 11 de mayo de 2022, amparó los derechos fundamentales incoados por el señor Jhon Sebastián Hernández García y, en consecuencia, dispuso:

«[…] PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y a la reparación administrativa del señor JHON SEBASTIÁN HERNÁNDEZ GARCÍA, en relación con el proceso de verificación de priorización para el pago de la indemnización administrativa reconocida por la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMASUARIV, conforme las consideraciones precedentes.

SEGUNDO: ORDENAR a la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS que dentro de los cinco (5) días contados a partir de la notificación del fallo respectivo, emita pronunciamiento a través del cual establezca un término en el que se efectuará de manera material el desembolso de la indemnización administrativa que se reconoció a su favor mediante la

de la notificación del fallo respectivo, emita pronunciamiento a través del cual establezca un término en el que se efectuará de manera material el desembolso de la indemnización administrativa que se reconoció a su favor mediante la Resolución No. 04102019-730824 del 11 de Agosto de 2020, atendiendo su actual situación socioeconómica con base en los hechos narrados en la acción de tutela (…)

TERCERO: EXHORTAR al DIRECTOR TÉCNICO DE REPARACIÓN de la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, para que (i) en el próximo estudio de “método técnico de priorización” que se efectúe en el caso del señor JHON SEBASTIÁN HERNÁNDEZ GARCÍA se discriminen cada uno de los fundamentos y/o soportes que dan lugar a los resultados que ponderen los factores de componente demográfico, estabilización económica, característica del hecho victimizante y avance en ruta de reparación, y se pongan en su conocimiento para que pueda ejercer en debida forma sus garantías fundamentales a la defensa y debido proceso y (ii) en lo sucesivo, realice el proceso de priorización para la entrega de las medidas de indemnización en los términos y bajo las condiciones señaladas en la Resolución 01049 de 2019, su correspondiente anexo y la Jurisprudencia vigente de la Corte Constitucional, en el sentido que al momento de dar a conocer sus resultados a las personas que se les ha reconocido el aludido derecho, poniendo en su conocimiento los plazos aproximados y orden en el que de no ser priorizados, las personas accederán a la indemnización administrativa a que haya lugar […]». (Negrillas de la Sala)

conocimiento los plazos aproximados y orden en el que de no ser priorizados, las personas accederán a la indemnización administrativa a que haya lugar […]». (Negrillas de la Sala)

2 La UARIV profirió la Resolución Nº 04102019-730824 de 11 de agosto de 2020, por la cual le reconoció al señor Jhon Sebastián Hernández García el derecho a recibir la indemnización administrativa por el hecho victimizante de desplazamiento forzado sujeta a la aplicación del “Método Técnico de Priorización”, para determinar el orden de entrega. Seguidamente la entidad estableció mediante oficio de 25 de agosto de 2021, que el señor Jhon Sebastián Hernández no contaba con ninguno de los criterios para ser priorizado conforme con el artículo 4 de la Resolución Nº 1049 de 2019 y la Resolución No. 582 de 2021, razón por la cual durante la vigencia 2021 no fue posible desembolsar la indemnización. 3 El señor Jhon Sebastián Hernández García consideró que la UARIV «calificó de manera errada las variables demográfica, pertenencia étnica, jefatura única del hogar, persona con orientaciones sexuales no hegemónicas, así como todos los demás, desconociendo circunstancias como que carece de hospedaje estable para cuando esté en libertad lo que lo afectará a futuro y no tiene familiares ni allegados cercanos» - índice 2 de SAMAI dentro del proceso de la acción de tutela con radicado Nº 15001 33 33 011 2022 00122 – 00/01. 4 Resolución Nº 01049 de 2019 “Por la cual se adopta el procedimiento para reconocer y otorgar la indemnización por vía

15001 33 33 011 2022 00122 – 00/01. 4 Resolución Nº 01049 de 2019 “Por la cual se adopta el procedimiento para reconocer y otorgar la indemnización por vía administrativa, se crea el método técnico de priorización, se deroga las Resolución 090 de 2015 y 01958 de 2018 y se dictan otras disposiciones”.3

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03870-00

Accionante: María Patricia Tobón Yagarí

2.3. Puntualizó que la anterior decisión fue objeto de impugnación, la cual fue resuelta por el Tribunal Administrativo de Boyacá que, a través de sentencia de 30 de junio de 2022, confirmó la decisión de primera instancia.

2.4. Precisó que, en cumplimiento de la sentencia de tutela, el 31 de julio de 2022 la UARIV «aplicó nuevamente el Método Técnico de Priorización (…) con el propósito de determinar, de manera proporcional a los recursos presupuestales asignados a la Unidad para la Víctimas en el año 2022, el orden de entrega de la indemnización reconocida a su favor. Sin embargo, (…) se concluyó que NO era procedente realizar la entrega de la medida de indemnización ya reconocida, (…) puesto que el puntaje mínimo definido para acceder a la indemnización administrativa fue de 46.6053 para el año 2022 y el puntaje obtenido por el señor JHON SEBASTIÁN HERNÁNDEZ GARCÍA fue de 38.1844» (Subrayas del texto).

2.5. Expuso que, a través de auto de 15 de septiembre de 2022, el Juzgado Once

HERNÁNDEZ GARCÍA fue de 38.1844» (Subrayas del texto).

2.5. Expuso que, a través de auto de 15 de septiembre de 2022, el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja sancionó a los señores Enrique Ardila Franco, en su condición de director de reparaciones de la UARIV y al señor Ramón Alberto Rodríguez, en su condición de director general del a UARIV, con multa equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigente y un (1) salario mínimo legal mensual vigente, respectivamente, por incumplimiento del fallo de tutela.

2.6. Mencionó que el Tribunal Administrativo de Boyacá al resolver el grado jurisdiccional de consulta, mediante auto de 22 de septiembre de 2022, confirmó la sanción impuesta por el juez de primera instancia.

2.7. Manifestó que el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja abrió un nuevo incidente de desacato y, mediante auto de 14 de febrero de 2023, la sancionó en calidad de directora general de la UARIV y a la señora Clelia Andrea Anaya Benavidez, en su condición de directora de reparaciones de dicha entidad, por incumplimiento del fallo de tutela de 11 de mayo de 2022.

2.8. Señaló que el Tribunal Administrativo de Boyacá al estudiar el grado jurisdiccional de consulta, mediante auto de 22 de febrero de 2023, confirmó la sanción anterior.

2.9. Adujo que por tercera ocasión el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja, mediante auto de 31 de mayo de 2023, la sancionó por desacato en su

sanción anterior.

2.9. Adujo que por tercera ocasión el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja, mediante auto de 31 de mayo de 2023, la sancionó por desacato en su condición de directora general y a la directora de reparaciones de la UARIV, con multa de tres (3) tres y cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigente, respectivamente, por el incumplimiento del fallo de tutela de 11 de mayo de 2022.

2.10. Indicó que, mediante auto de 7 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó la sanción objeto de consulta.

2.11. Refirió que la UARIV radicó los días 29 de septiembre de 2022, 11 de octubre de 2022, 23 de febrero de 2023 y 8 de junio de 2023, solicitudes de inaplicación de la sanción, toda vez que de acuerdo con el acto administrativo de reconocimiento4

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03870-00

Accionante: María Patricia Tobón Yagarí

de la reparación por vía administrativa5, «[…] no era procedente materializar la entrega de la indemnización, en las respectivas vigencias fiscales correspondientes a los años – 2021 y 2022 […]».

2.12. Por último, señaló que no obstante las solicitudes de inaplicación referidas, el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja, a través de auto de 20 de junio de 2023, negó las solicitudes de inaplicación y requirió a las accionadas para que en el término de 5 días procedieran a acreditar «el cumplimiento de la sanción

de 2023, negó las solicitudes de inaplicación y requirió a las accionadas para que en el término de 5 días procedieran a acreditar «el cumplimiento de la sanción impuesta». Por lo anterior, la UARIV rindió informe en el que nuevamente reiteró lo siguiente:

a) Que el 31 de julio de 2022 aplicaron el “Método Técnica de Priorización”, para determinar el orden de entrega de la indemnización administrativa para la vigencia 2022, sin embargo, de acuerdo con la Resolución Nº 01049 de 2019 se determinó que no era posible entregar la indemnización administrativa al accionante.

b) Que en el mes de septiembre de 2023 aplicarían, nuevamente, el método priorización en el presente caso.

c) Que era imposible cumplir con la orden de determinar una fecha para efectuar el desembolso de la indemnización administrativa al señor Jhon Sebastián Hernández García, en tanto que el beneficiario no ha obtenido el puntaje requerido para la priorización.

2.13. A juicio de la actora, el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja, al proferir los autos de 15 de septiembre de 2022, 14 de febrero, 31 de mayo y 20 de junio de 2023; y el Tribunal Administrativo de Boyacá al proferir los autos de 22 de septiembre de 2022, 22 de febrero y 7 de junio de 2023, incurrieron en los siguientes defectos:

2.14. Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente, toda vez que desconoció el precedente fijado en i) la sentencia SU-034 de 20186, a través de la

defectos:

2.14. Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente, toda vez que desconoció el precedente fijado en i) la sentencia SU-034 de 20186, a través de la cual la Corte Constitucional estableció que: «[…] las reglas jurisprudenciales, para que los jueces de tutela de primera instancia, module el cumplimiento del fallo, en especial los que se relacionan con el pago de indemnización administrativa. […]», y ii) la sentencia de 11 de febrero de 2021, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado7, frente a la cual advirtieron que existía similitud fáctica y jurídica con el caso objeto de estudio.

2.15. Defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio allegado al proceso, en consideración a que: i) se valoraron de manera arbitraria, irracional y caprichosa los informe y pruebas allegados por la UARIV a los trámites incidentales; ii) no tuvieron en cuenta las explicaciones dadas frente al debido proceso administrativo previsto en la Resolución núm. 01049 de 2019, sobre la

5 La Resolución Nº 04102019-730824 de 11 de agosto de 2020 proferida por la UARIV. 6 Corte Constitucional, sentencia SU-034 de 3 de mayo de 2018, C.P. Alberto Rojas Ríos. 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2021, número único de radicación 110010315000202004776-00. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.5

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03870-00

Accionante: María Patricia Tobón Yagarí

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03870-00

Accionante: María Patricia Tobón Yagarí

entrega de la indemnización administrativa; y, iii) no se valoró de forma íntegra la solicitud de inaplicación la sanción e informe de cumplimiento allegado el 8 de junio de 2023, al Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja y al Tribunal Administrativo de Boyacá.

2.16. Por último, en violación directa a la Constitución, por cuanto se desconocieron los derechos al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad jurídica, a la confianza legítima en el sistema judicial y el principio de buena fe.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

«[…] PRIMERO: AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, buen nombre, y patrimonio, vulnerados por el

JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA y el

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ -SALA DE DECISIÓN NO 3, teniendo en cuenta lo ya expuesto y la Sentencia SU-034 de 2018 de la Corte Constitucional.

SEGUNDO: ORDENAR al JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE TUNIA, modular los efectos del fallo del 11 de mayo de 2022, en cumplimiento de la Sentencia SU034 de 2018 y el Auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional, en la medida que se cumplió con la orden al expedir la Resolución 04102019-730824 - del 11 de agosto de 2020, con fundamento en

Corte Constitucional, en la medida que se cumplió con la orden al expedir la Resolución 04102019-730824 - del 11 de agosto de 2020, con fundamento en la Resolución No. 01049 de 2019, que reconoció el derecho a la entrega de la indemnización al señor JHON SEBASTIAN HERNANDEZ GARCIA y dispuso la aplicación del método técnico de priorización, en atención a que no acreditó un criterio de priorización.

Y en consecuencia, INAPLICAR Y/O DEJAR SIN EFECTOS las sanciones impuesta en los autos de fechas:

-Auto del 15 de septiembre de 2022, impuestas al doctor ENRIQUE ARDILA FRANCO en calidad de director de reparaciones para ese momento consistente en multa equivalente a dos (02) Salarios Mínimos Legales Mensuales, y al doctor RAMON ALBERTO RODRIGUEZ en calidad de director general de la URIAV para ese momento, con multa equivalente a un (01) Salario Mínimo Legal Mensual, decisión CONFIRMADA por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ -SALA DE DECISIÓN NO 3 en auto del 22 de septiembre de 2022

-Auto del 14 de febrero de 2023 en contra de la doctora CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES en calidad de directora de reparaciones para ese momento consistente en multa equivalente a dos (02) Salarios Mínimos Legales Mensuales, y a la suscrita en calidad de directora general de la URIAV, con multa equivalente a un (01) Salario Mínimo Legal Mensual, decisión

CONFIRMADA por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ -SALA DE

DECISIÓN NO 3 en auto del 22 de febrero de 2023.

multa equivalente a un (01) Salario Mínimo Legal Mensual, decisión

CONFIRMADA por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ -SALA DE

DECISIÓN NO 3 en auto del 22 de febrero de 2023.

Auto del 31 de mayo de 2023 en contra de la doctora CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES en calidad de directora de reparaciones para ese momento consistente en multa equivalente a cinco (05) Salarios Mínimos Legales Mensuales, y a suscrita en calidad de directora general de la URIAV, con multa equivalente a tres (03) Salarios Mínimos Legales Mensuales, decisión

CONFIRMADA por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ -SALA DE

DECISIÓN NO 3 en auto del 07 de junio de 2023.6

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03870-00

Accionante: María Patricia Tobón Yagarí

TERCERO: ORDENAR al JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL

CIRCUITO DE TUNJA y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ -

SALA DE DECISIÓN NO 3, que comunique a la autoridad encargada de la ejecución de la sanción de multa, que las mismas se han levantado con ocasión a la acreditación de la imposibilidad del cumplimiento de la orden judicial de tutela.

CUARTO: CONMINAR al JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL

CIRCUITO DE TUNJA y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ -

SALA DE DECISIÓN NO 3, a que acate y aplique los precedentes jurisprudenciales frente a la procedencia del levantamiento de la sanción, previa

CIRCUITO DE TUNJA y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ -

SALA DE DECISIÓN NO 3, a que acate y aplique los precedentes jurisprudenciales frente a la procedencia del levantamiento de la sanción, previa acreditación del cumplimiento de la orden y/o acreditando las razones que imposibilitan se cumplimiento, con base en la naturaleza persuasiva del incidente de desacato […]» (Negrilla y subraya del texto).

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 19 de julio de 2023, el Despacho sustanciador admitió la acción de tutela de la referencia contra el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá. Asimismo, en la misma providencia, ordenó vincular como terceros con interés directo en las resultas del proceso a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV, y a los señores Clelia Andrea Anaya Benavides, Jhon Sebastián Hernández García, Enrique Ardila Franco y Ramón Alberto Rodríguez. Igualmente, se notificó al Ministerio Público para lo de su competencia.

V. INTERVENCIONES

5. Efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y vinculadas, se advierte

que se allegaron los siguientes informes:

5.1. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV, a través de su oficina asesora jurídica, rindió informe en el que aclaró que «[…] dando aplicación a lo dispuesto en la Resolución 1049 de 2019, mediante la Resolución Nº 04102019-730824 - del 11 de agosto de 2020

el que aclaró que «[…] dando aplicación a lo dispuesto en la Resolución 1049 de 2019, mediante la Resolución Nº 04102019-730824 - del 11 de agosto de 2020 debidamente notificada, decidió a favor del señor JHON SEBASTIAN HERNANDEZ GARCIA (i) reconocer la medida de indemnización administrativa por el hecho victimizante Desplazamiento forzado, y (ii) aplicar el “Método Técnico de Priorización” con el fin de disponer el orden de la entrega de la indemnización […]» (Negrillas y subrayas del texto).

5.2. También precisó que: «[…] el 31 de julio de 2022, la Unidad para las Víctimas aplicó nuevamente el Método Técnico de Priorización (pues ya se había aplicado en la vigencia del año 2021), con el propósito de determinar, de manera proporcional a los recursos presupuestales asignados a la Unidad para las Víctimas en el año 2022, el orden de entrega de la indemnización reconocida a su favor. Sin embargo, (…) se concluyó que NO era procedente materializar la entrega de la medida de indemnización ya reconocida, (…) puesto que el puntaje mínimo definido para acceder a la indemnización administrativa fue de 46.6053 para el año 2022 y el puntaje obtenido por el señor JHON SEBASTIAN HERNANDEZ GARCIA fue de 38.1844 […]» (Negrillas y subrayas del texto).7

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03870-00

Accionante: María Patricia Tobón Yagarí

5.3. Asimismo, señaló que para septiembre de 2023, se procedería a aplicarle

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03870-00

Accionante: María Patricia Tobón Yagarí

5.3. Asimismo, señaló que para septiembre de 2023, se procedería a aplicarle nuevamente el método técnico de priorización al señor Jhon Sebastian Hernández García, para determinar la fecha de entrega de la indemnización administrativa que le fue reconocida al mismo.

5.4. El Tribunal Administrativo de Boyacá, a través del magistrado ponente de las decisiones objeto de acción de tutela , advirtió que: «[…] [s]i bien, la accionante afirma inicialmente que el debate se centra en las decisiones proferidas en sede desacato, los argumentos de la acción de tutela están relacionados directa e inescindiblemente con las órdenes proferidas en la sentencia de tutela de 11 de mayo de 2022, confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en virtud de la cual, se ordenó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas que emitiera un pronunciamiento, a fin de establecer un término dentro del cual se desembolsaría la indemnización administrativa que se reconoció a través de la Resolución núm. 04102019-730824 de 11 de agosto de 2020 […]».

5.5. En ese sentido, señaló que es evidente que lo que busca la parte actora es cuestionar la sentencia de tutela y no los autos que impusieron las sanciones, en tanto que en una de las pretensiones ventiladas se solicita: «[…] ORDENAR al JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA, modular los efectos

que en una de las pretensiones ventiladas se solicita: «[…] ORDENAR al JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA, modular los efectos del fallo del 11 de mayo de 2022, en cumplimiento de la Sentencia SU-034 de 2018 y el Auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional […]».

5.6. Igualmente, expuso que no se cumplieron con los requisitos de procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencia, toda vez que no se evidencia que las decisiones de primera y de segunda instancia hayan sido fraudulentas. Por el contrario, se profirieron en cumplimiento el ordenamiento jurídico sin que se configuraran los defectos sustantivos, fáctico y de violación directa de la Constitución, alegados por la señora María Patricia Tobón Yagarí.

5.7. Adujo que en caso de considerarse que la presente acción de tutela era procedente, se debe tener en cuenta que la misma no cumplió con el requisito general de la inmediatez, debido a que fue radicada un año después del fallo de tutela de 11 de mayo de 2022.

5.8. Finalmente, puntualizó que: «[…] la señora Patricia Tobón Yagarí presentó acción de tutela, “actuando en nombre propio”, pero solicitó que se inaplicara o dejara sin efectos las sanciones impuestas a los doctores Enrique Ardila Franco y Ramón Alberto Rodríguez y a la doctora Clelia Andrea Anaya Benavides. […]», por lo que frente a esos autos carece de legitimación en la causa por activa.

5.9. El Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja, a través del titular del despacho, puntualizó que: «[…] las decisiones mediante las cuales se impuso sanción

frente a esos autos carece de legitimación en la causa por activa.

5.9. El Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja, a través del titular del despacho, puntualizó que: «[…] las decisiones mediante las cuales se impuso sanción por desacato tuvieron como soporte los informes presentados por la UARIV, de los cuales sin lugar a dudas se extracta, que dicha entidad se ha opuesto al cumplimiento de la orden de amparo constitucional aun cuando la autoridad judicial le ha expuesto en reiteradas ocasiones las circunstancias fácticas y los fundamentos jurídicos que8

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03870-00

Accionante: María Patricia Tobón Yagarí

dieron lugar en primer término a la sentencia, y a cada una de las decisiones en que se decidió de fondo el trámite incidental por desacato […]».

5.10. Señaló que la UARIV no ha cumplido con la orden dada por el juez constitucional, en tanto que se ha abstenido de fijar una fecha para entregar al señor Jhon Sebastián Hernández García la indemnización administrativa en calidad de víctima del conflicto armado interno, quien tiene una situación especial que ha querido desconocer la parte actora.

5.11. Finalmente, señaló que «[…] la misma sentencia a la que refiere la accionanteCorte Constitucional SU-034 de 2018recordó que en el trámite del desacato no pueden hacerse valoraciones o juicios que hayan sido objeto de debate en el respectivo proceso de tutela, “pues ello implicaría reabrir una controversia que ya ha concluido, en detrimento de la seguridad jurídica y el principio de cosa juzgada” […]».

pueden hacerse valoraciones o juicios que hayan sido objeto de debate en el respectivo proceso de tutela, “pues ello implicaría reabrir una controversia que ya ha concluido, en detrimento de la seguridad jurídica y el principio de cosa juzgada” […]».

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 19918, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20219 y en armonía con el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

VI.2. Problemas jurídicos

7. De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sala debe establecer: a) Si, en efecto, es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, y de ser así: b) Establecer si el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja al proferir los autos de 15 de septiembre de 2022, 14 de febrero, 31 de mayo y 20 de junio de 2023; y el Tribunal Administrativo de Boyacá al proferir los autos de 22 de septiembre de 2022, 22 de febrero y 7 de junio de 2023, que confirmaron las sanciones por desacato impuestas por el juez de primera instancia, incurrieron en los defectos fáctico, sustantivo y de violación directa de la Constitución.

8. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los siguientes temas: i) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela

de la Constitución.

8. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los siguientes temas: i) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; ii) procedencia de la acción de tutela contra decisiones proferidas dentro del trámite incidental de desacato; iii) análisis del caso concreto.

8 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política". 9 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.9

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03870-00

Accionante: María Patricia Tobón Yagarí

VI.3. Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales

9. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

10. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto

del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

11. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial10, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, proced