CE - 010315000202303873001SENTENCIA20231023150251

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03873-00

Demandante: Aasigas S.A.S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-03873-00

Demandante: AASIGAS S.A.S.

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN

“B”

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación directa contra acto administrativo sancionatorio. Requisito general de la inmediatez

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por la sociedad Aasigas S.A.S. , quien actúa por intermedio de su representante legal , contra la Sección Tercera, Subsecci ón “B” del C onsejo de Estado, en la que p ide el amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, de acceso a la administración de justicia y al trabajo, supuestamente vulnerados con el fallo de 4 de mayo de 2022, por medio

Estado, en la que p ide el amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, de acceso a la administración de justicia y al trabajo, supuestamente vulnerados con el fallo de 4 de mayo de 2022, por medio del cu al se confirmó la decisión que declaró probada la excepción de indebida escogencia de la acción y se inhibió para resolver las pretensiones propuestas en el medio de control de reparación directa con radicado No. 25000-23-26-000-200900319-01.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la lectura de los expedientes de tutela y ordinario, se observan los siguientes hechos relevantes:

El 28 de febrero de 2007 , el gerente de S igma Ltda. (hoy Aasigas S.A.S.) envió una comunicación al jefe de la Divisió n de N ormas Técnicas de la Superintendencia de Industria y Comercio, en la que informó que, pasados 3 años desde el otorgamiento de la acreditación como organismo de inspección de dicha entidad, esa Superintendencia no había efectuado las visit as de seguim iento de conformidad con la circular única de esa entidad, la cual se realizó el 23 de marzo de 2007, en la que se encontraron 11 no conformidades que la empresa subsanó el 16 de mayo y el 21 de junio de 2007.

El 4 de julio de 2007 , la Superintendencia de Industria y Comercio informó a la demandante que daba por subsanad as 4 de las 11 no conformidades y le dio plazo hasta el 23 de julio de 2007 para presentar las explicaciones sobre las 7

demandante que daba por subsanad as 4 de las 11 no conformidades y le dio plazo hasta el 23 de julio de 2007 para presentar las explicaciones sobre las 7 restantes, respuesta que se envió el último día. Sin embargo, mediante ResoluciónRadicado: 11001-03-15-000-2023-03873-00

Demandante: Aasigas S.A.S.

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2 No. 45052 de 28 de diciembre de 2007 se impuso sanción a Sigma Ltda. de suspensión de la acreditación concedida , decisión que fue confirmada por medio de la Resolución No. 11544 de 21 de abril de 2008.

El 26 de junio de 2008, a través de la Resolución No. 21569, la Superintendencia de Industria y Comercio levantó la sanción impuesta, con fundamento en q ue se aportaron las evidencias de mejoramiento en sus procesos tendien tes a demostrar el cumplimiento de todos los requisitos exigidos en la Guía ISO/IEC 17020:1998.

El 30 de junio de 2009, Sigma Ltda presentó demanda de reparación directa contra la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de que se repararan los perjuicios causados como consecuencia de la sanción impuesta, en razón a que se le cancelaron varios contratos que había celebrado con otras empresas y a la pérdida del good Will.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C”, en

que se le cancelaron varios contratos que había celebrado con otras empresas y a la pérdida del good Will.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C”, en sentencia de 27 de enero de 2012, declaró probada la excepción de indebida escogencia de la acción y se inhibió para resolver las pretensiones, al considerar que la demanda tenía como origen el daño causado en virtud de la expedición del acto administrativo particular y concreto contenido en la Resolución No. 45052 de 28 d e diciembre de 2007, mediante el cual la Superintendencia de Indu stria y Comercio impuso una sanción a la sociedad , por consiguiente , la acción procedente era la de nulidad y restablecimiento del derecho.

Por último , la demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión. La Sección Tercera, Subsección “ B” del Consejo de Estado en fallo de 4 de mayo de 2022, confirmó íntegramente lo resuelto por el a quo.

2. Fundamentos de la acción

La sociedad accionante present ó la acción de tutela con el f in de que el juez constitucional ampare su s derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, de acceso a la administración de justicia y al trabajo , s upuestamente vulnerados con el fallo de 4 de mayo de 2022 emanado de la Sección Tercera , Subsección “B” del Consejo de Estado , por medio de l cual se confirmó la decisión de primera instancia que declaró probada la excepción de indebida escogencia de la acción y se inhibió para resolver las pretensiones d e la demanda de reparación directa que adelantó contra la Superintendencia de Industria y Comercio.

de primera instancia que declaró probada la excepción de indebida escogencia de la acción y se inhibió para resolver las pretensiones d e la demanda de reparación directa que adelantó contra la Superintendencia de Industria y Comercio.

Afirmó que no resulta procedente atacar la nu lidad de un acto administrativo sancionatorio que perdió su vigenci a o que se encuentra extinto, en razón a qu e fue revocado por la misma Superintendencia de Industria y Comercio.

Señaló que en sentencias de “12 de octubre de 1999 ”1 y 5 de julio de 20 062, la Sección Tercera del Consejo de Estado habilitó la procedencia de la acción de reparación directa lu ego de que se revocara el acto administrativ o que gen eró la afectación.

Al referirse a los requisitos generales de procedencia de la a cción de tutela contra providencias judiciales se apoyó en la sentencia SU -216 de 2022 3 de la Corte

1 Con la información brindada, no se pudo ubicar el fallo. 2 Radicado No.: 25000-23-26-000-1999-00482-01, C.P.: Ruth Stella Correa Palacio. 3 M.P.: Alejandro Linares Cantillo.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03873-00

Demandante: Aasigas S.A.S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3 Constitucional y respecto a la inmediatez transcribió apartes de la sentencia T-246 de 20154 de la misma corporación judicial.

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3 Constitucional y respecto a la inmediatez transcribió apartes de la sentencia T-246 de 20154 de la misma corporación judicial.

Así mismo, con s ustento en la sentencia T-031 de 20185, hizo alguna referencia a las decisiones inhibitorias como una forma de denegación de justicia y al alcance de los defectos sustantivo y violación directa de la Constitución.

Para term inar, manifestó que “no es justo que la SIC, ante su falla gravísima contra nuestra empresa, salga bien librada de esta respons abilidad porque no se haya manejado e instaurado la reclamación en el tipo de Acción que di ctan las leyes: “ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO”, en vez de “ACCION DE REPARACION DIRECTA”. SI hubo grave negligencia y daño de la SIC a la Compañí a que represento como e videntemente se ha probado y no es justo que por un concept o de un c amino u otro, la culpa y responsabilidad se echen por la borda y en nuestra contra”.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes:

“Con fund amento en los hechos narrados y en l as consider aciones expuestas, respetuosamente solicito al señor Ju ez TUTELAR a mi favor los derechos constitucionales fundamentales al DEBIDO PROCESO, MINIMO VITAL, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y TRABAJO y en consecuencia, como juez constitucional solicito:

A.) TUTELAR mis DERECHOS FUNDAMENTALES AL DE BIDO PROCESO, MINIMO

VITAL, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y TRABAJO.

constitucional solicito:

A.) TUTELAR mis DERECHOS FUNDAMENTALES AL DE BIDO PROCESO, MINIMO

VITAL, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y TRABAJO.

B.)) SE ORDENE A QUIEN CORRESPONDA:

1. Reabrir este proceso y tratarlo como la ju sticia lo considera: “NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERE CHO” o como a bien tenga la Subsección C de Descongestión de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca .

1. Seguir adelant[e] con la demanda presentada en contra de la SIC, por su negligencia y acción temeraria para co n nuestr a empresa SIGMA LTDA – INGENIERIA Y

GESTION AMBIENTAL”.

4. Pruebas relevantes

En correo electrónico de 31 de agosto de 2023, la Secretaría General del Tribunal Administrativo de Cundinamarca allegó copia digital del expediente No. 25000-2326-000-2009-00319-01, correspondiente al proceso de reparaci ón direct a adelantado por la accionante contra la Superintendencia de Industria y Comercio.

5. Trámite procesal

Mediante auto de 25 de julio de 2023, se requirió a la accionante para que allegara el certificado de existencia y representación legal , el cual fue atendido por medio de memorial de 8 de agosto de 2023.

Por a uto de 24 de agosto de 202 3, la magistrada sustanciadora admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la au toridad judicial demandada, así como al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C” de

4 M.P.: Martha Victoria Sáchica Méndez.

demanda de tutela y ordenó notificar a la au toridad judicial demandada, así como al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C” de

4 M.P.: Martha Victoria Sáchica Méndez. 5 M.P.: José Fernando Reyes Cuartas.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03873-00

Demandante: Aasigas S.A.S.

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4 Descongestión y a la Superinten dencia de Industria y Comercio , así como a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 89005 a 89010 de 29 de agosto de 2023, con el fin de notificar a las partes6.

6. Oposición

6.1. Respuesta de la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado

En escrito de 29 de agosto de 202 3, el consejero ponente manifestó que “ no participaré en la acción de tutela de la re ferencia como parte ni como tercero y acataré estrictamente las disposiciones que se adopten en ella”.

6.2. Respuesta de la Superintendencia de Industria y Comercio

En oficio de 31 de agosto de 2022, la coordinadora del Grupo de Gesti ón Judicial pidió q ue se d esvinculara a la entidad, en razón a que no es la llamada a responder por las presuntas violaciones alegadas por la sociedad accionante.

Afirmó que no existe un nexo de causalidad entre l as vulneraciones alegadas por

pidió q ue se d esvinculara a la entidad, en razón a que no es la llamada a responder por las presuntas violaciones alegadas por la sociedad accionante.

Afirmó que no existe un nexo de causalidad entre l as vulneraciones alegadas por la sociedad Aasigas S.A.S. y el actuar de la Superintendencia de Industria y Comercio, toda vez que la accionante manifiesta su inconformidad ante el fallo emitido por la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado.

6.3. El Tribunal Administrativo de Cundin amarca, Sección Ter cera, Subsección “C” de Descongestión , guardó silencio pese a que se notificó en debida forma del auto admisorio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previ sto en los artículos 86 de la Constitución Pol ítica, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le c orresponde a la Sala determin ar si la Sección Te rcera, Subsección “B” del Consejo de Estado con la sentencia de 4 de mayo de 202 2, mediante la cual confirmó la decisión de primera instancia que declaró probada la excepción de indebida escogencia de la acción y se inhibió para resolver las pretensiones propuestas en la acción de reparación directa que adelantó contra la Superintendencia de Industria y Comercio , vulneró a la demandante sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, de acceso a la administración de

propuestas en la acción de reparación directa que adelantó contra la Superintendencia de Industria y Comercio , vulneró a la demandante sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, de acceso a la administración de

6 A la par te accionante, la autori dad judicial dema ndada y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes direcc iones de correo electrónico: sigmaltda8@gmail.com, notiff ibarra@consejodeestado.gov.co; notifemontana@consejodeestado.gov.co; despacho004 s3@consejodeestado.gov.co; notifmbermudez@consejodeestado.gov.co; suruetar@ consejodeestado.gov.co; lsierrae@consejodeestado.gov.co; agarciag@consejodeestado.gov.co, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, ces3secr@consejoestado.ramajudicial.gov.co, notificacionesjud@sic.gov.co, scs03sb02tadmincdm@notificacionesrj.gov.co; scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co y rmemorialessec03sctadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03873-00

Demandante: Aasigas S.A.S.

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5 justicia y a l trabajo , por cuanto incurren en el defectos sustantivo y violación directa de la Constitución , en razón a que en decisiones de “12 de octubre de 1999”7 y 5 de julio de 2006 8, la Sección Tercera del Consejo de Estado habil itó la

directa de la Constitución , en razón a que en decisiones de “12 de octubre de 1999”7 y 5 de julio de 2006 8, la Sección Tercera del Consejo de Estado habil itó la procedencia de la acción de reparación directa en los casos en que se revocara el acto administrativo que generó el daño antijuridico alegado.

De manera previa, la Sala procederá a verificar si la acción de tutela cumple con el requisito de la inmediatez.

3. Requisito de l a inmediatez como pr esupuesto general de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política establece que “ toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un proce dimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales”. Ahora bien, aun cuando la Carta Política hace uso de la expres ión “en todo momento y lug ar”, lo que podría d ar a entender que la acción de amparo puede solicitarse en cualquier tiempo, sin importar la urgencia, ni la relevancia de los derechos vulnerados, lo único cierto es que se trata de un requisito que se debe valorar en cada caso concreto.

Sin embargo, la Corte Constitucional 9 ha señalado que si bien no es posible establecer un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela, ésta no puede presentarse en cualquier tiempo y por lo tanto deb e existir un término razonable entre la ocurre ncia de la vulneración o puesta en riesgo de los derechos fundamentales del actor y la presentación de la demanda, en la medida en que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que

término razonable entre la ocurre ncia de la vulneración o puesta en riesgo de los derechos fundamentales del actor y la presentación de la demanda, en la medida en que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con la urgencia en la pro tección de las garan tías constitucionales de una persona, sino también con el respeto de la seguridad jurídica y de los derechos de los terceros afectados.

En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca que la acción se presente en un término razonable contado desde el momento en que se tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales y no un término de caducidad. Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la protección pronta y eficaz, es que se requiere que se ejerza en un tiempo prudencial. Por ello, el presupuesto de la inmediatez constituye un requisito para habilitar el estudio de fondo de la acción de tutela, pues se evita “el uso de este mecanismo constitucional como herram ienta que consienta la negligencia o indiferencia de los actores, o que propicie la inseguridad jurídica.” 10

La jurisprudencia constitucional ha identificado cinco criterios orientadores para que el juez de tutela pueda determina r11, en cada caso, si se ha cumplido con el requisito de la inmediatez. Tales criterios se precisaron en la sentencia SU -391 de 201612, así: “(i) La situación personal del peticionario: debe analizarse la situación personal del peticionario, pues en determin ados casos esta hace desproporcionada la exige ncia de presentar la acción de tutela en un término

7 Con la información brindada, no se pudo ubicar el fallo.

personal del peticionario, pues en determin ados casos esta hace desproporcionada la exige ncia de presentar la acción de tutela en un término

7 Con la información brindada, no se pudo ubicar el fallo. 8 Radicado No.: 25000-23-26-000-1999-00482-01, C.P.: Ruth Stella Correa Palacio. 9 Corte Constitucional, sentencia T123 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis. 10 Ibídem. 11 Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencia SU 391 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo, sentencia T-246 de 2015 M.P. Martha Vic toria Sáchica Méndez, sentencia T-594 de 2008 M.P. Jaime Cór doba Triviño , sentencia T -158 de 2006 M.P. Humberto An tonio Sierra Porto, sentencia T -1110 de 2005 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia SU-961 de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 12 Corte Constitucional. M. P. Alejandro Linares Cantillo.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03873-00

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6 breve; (ii) El momento en el que se produce la vulneración: pueden existir casos de vulneraciones permanentes a los derechos fundamentales. En estos casos, para analizar la inmediatez el juez de tutela no debe contar el término desde el momento en el que la vulneración o amenaza inició hasta la fecha de presentación

de vulneraciones permanentes a los derechos fundamentales. En estos casos, para analizar la inmediatez el juez de tutela no debe contar el término desde el momento en el que la vulneración o amenaza inició hasta la fecha de presentación de la tutela, sino que debe tomar en cuenta el tiempo por el que esta se prolongó; (iii) La natu raleza de la vulneración: existen casos donde se presenta un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción de tutela y la vulneración de los derechos de los interesados. De acuerdo con este criterio, el juez debe analizar si la demora en la presen tación de la tutela guarda relación con la sit uación de vulneración de derechos fundamentales que alega el peticionario; (iv) La actuación contra la que se dirige la tutela: la jurisprudencia constitucional ha señalado que el análisis de la inmediatez pued e variar dependiendo de la actuación que se identifica como vulneratoria de los derechos invocados en la tutela. Específicamente, ha señalado que este análisis debe ser más estricto tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales y (v) Los efectos de la tutela: la Corte ha considerado que, aún si se encuentra un motivo que justifique la demora en la interposición de la tutela, el juez debe tener en cuenta los efectos que esta tendría en los derechos de terceros si se declarara procedente”13

Específicamente, en tor no a la verificación de este presupuesto cuando la tutela que se analiza está dirigida contra una providencia judicial, la Sala Plena de esta Corporación mediante sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 14 estableció, como regla general, que el mecanismo de amparo debe promoverse en

que se analiza está dirigida contra una providencia judicial, la Sala Plena de esta Corporación mediante sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 14 estableció, como regla general, que el mecanismo de amparo debe promoverse en un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia o providencia objeto de reproche constitucional, límite temporal que también ha sido acogido por la Corte Constitucional15.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. La sociedad accionante presentó acción de tutela en defensa de sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, de acceso a la administración de justicia y al trabajo , supuestamente vulnerados con la sentencia de 4 de mayo de 2022, por medio de la cual la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado, confirmó la decisión de primera instancia que declaró probada la excepción de indebida escogencia de la acción y se inhibió para resolver las pretensiones, en razón a que el daño alegado se causó en virtud de la Resolución No. 45052 de 28 de diciembre de 2007, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio impuso una sanción a la sociedad , para lo cual debió ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

4.2. De manera previa a cualquier consideración respecto del fondo del asunto, la Sala estima necesario verificar si la presente acción de tutela cumple el requisito de inmediat ez, pertinente para la proce dencia de la acción de tutel a contra providencias judiciales.

Al respecto, se observa que la sentencia de 4 de mayo de 2022 proferida por la

de inmediat ez, pertinente para la proce dencia de la acción de tutel a contra providencias judiciales.

Al respecto, se observa que la sentencia de 4 de mayo de 2022 proferida por la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado se notificó a la parte demandante mediante edicto electrónico desfijado el 22 de julio de 2022, tal como se evidencia en el índice 21 de l Sistema para la Gestión Judicial SAMAI16

13 Ibídem. 14 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) 15 T-031 de 201 6, M. P. Luis Guille rmo Guerrero Pérez y T -619 de 2019, M. P. A ntonio José Lizar azo Ocampo. 16 https://samai2.azurewebsites.net/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000200900319011100103Radicado: 11001-03-15-000-2023-03873-00

Demandante: Aasigas S.A.S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

7 correspondiente al proceso de reparación directa con radicado No. 25000-23-26000-2009-00319-01.

Lo anterior, permite concluir que la dec isión objeto de rep roche constitucional se notificó por edicto des fijado el 22 de julio de 2022, mientras que la solicitud de amparo fue promovida el 18 de julio de 202317, es decir, transcurrieron once (11)

notificó por edicto des fijado el 22 de julio de 2022, mientras que la solicitud de amparo fue promovida el 18 de julio de 202317, es decir, transcurrieron once (11) meses y veinticuatro (24) días entre el mom ento d e la notificación y el de la interposición de la acción con stitucional, término que desborda el plazo razonable establecido jurisprudencialmente por la Sala Plena de esta Corporación, acogido igualmente por la Corte Constitucional.

Al respecto, cabe resaltar que la Corte Co nstitucional en decisiones recientes ha ratificado la posición jurisprudencial de esta Corporación, al indicar que el plazo razonable para inte rponer la acción de tutela, si bien no es un términ o fijo, puede entenderse como un periodo prudencial de seis (6) meses, el cual debe analizarse en general, “en relación con el hecho generador de la tutela, las condiciones del accionante y los derechos qu e subyacen en la pretensión” 18 , respecto del cual ha precisado “que (…) ha entendido que seis m eses es un plazo ra zonable para satisfacer el requisito de inmediatez sin que ello signifique que dicho término es perentorio” 19 .

En este mismo sentido, en la sen tencia T -619 de 2019, la Corte estimó que “el juez debe ser muy cuidad oso en la constata ción d e este requisito po r estar en riesgo la seguridad jurídica y, aunque se ha destacado un periodo determinado (6 meses), lo cierto es que también se ha extendido di cho lapso, pues para su fijación se debe acudir a c riterios como el de razonabilidad y p roporcionalidad en

riesgo la seguridad jurídica y, aunque se ha destacado un periodo determinado (6 meses), lo cierto es que también se ha extendido di cho lapso, pues para su fijación se debe acudir a c riterios como el de razonabilidad y p roporcionalidad en cuya v aloración le corresponde al juez tener en cuenta las circunstancias que caractericen al caso concreto” 20 .

De otra parte, resulta importante re saltar que la Corte Constitucional en sentencia T-001 de 2022 21, señaló que para determinar si s e presentó una tard anza injustificada en la interposición de la solicitud de am paro, se debe verificar la razonabilidad22 y la oportunidad23 de la acción de t utela, par a lo cual se torna relevantes los siguientes aspectos: “(a) si el accionante pertenece a u n grupo vulnerable; (b) las situaciones personales o coyunturales que le hayan impedido acudir de forma inmediata a la jurisdicción constitucional; (c) el aislam iento geográfico; (d) la condición económica del a ctor y la posible agr avación de su situación; (e) la eventual vulneración de derechos de terceros; (f) la falta absoluta de diligencia por parte del afectado; y (h) “la posibilidad de que el amparo represente una seria afectación a la seguridad jurídica”.

En vista de lo ante rior, se observa que no siempre el simple transcurso del tiempo

17Constancia de radicación por medios electrónicos que reposa en el índice 2 d e Sa mai en el Link https://samai2.azurewebsites.net/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=11001-03-15-000-2023-03873-00.

17Constancia de radicación por medios electrónicos que reposa en el índice 2 d e Sa mai en el Link https://samai2.azurewebsites.net/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=11001-03-15-000-2023-03873-00. 18 Sentencia T-422 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido. 19 Sentencia T-338 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 20 M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. 21 M.P.: Paola Andrea Meneses Mosquera. Postura que se reitera de la Sentencia SU-108 de 2018. 22 “(a) la tardanza en la interposición de la tutela supone una eventual violación de los derechos de terce ros; (b) “cuánto tiempo trascurrió entr e la expedición de una sentencia de unificación novedosa de e sta Corte sobre una materia discutida y la presentación del amparo” ; (c) cuánto tiempo pasó entre el momento del hecho que fundament ó la acción de tutela y la interposición de la misma; y (d) “c uál ha sido el lapso qu e la jurisprudencia de esta Corte ha juzgado irrazonable en casos similares al que está por resolverse”” 23 “(a) la existencia de motivos de peso para la inactividad de los ac cionantes; (b) “si la inactividad justifica da vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión”; (c) si existe un nexo causal entre la demora en la interposición de la tutela y la vulneración de las garantías ius fundame ntales alegadas; y (d) si el fundamento de la a cción de tutela surgió con posterioridad al acaecimiento de la actuación lesiva de

entre la demora en la interposición de la tutela y la vulneración de las garantías ius fundame ntales alegadas; y (d) si el fundamento de la a cción de tutela surgió con posterioridad al acaecimiento de la actuación lesiva de derechos fundamentales, “de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición””Radicado: 11001-03-15-000-2023-03873-00

Demandante: Aasigas S.A.S.

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8 puede llevar al juez a concluir que la tutela se ha presentado de forma tardía, toda vez que pueden existir circunstancia s esp eciales que no solo justifiquen que la acción de tutela no se haya presentado en un té rmino razonable y oportuno, sino que demuestren que el hecho o la omisión que vul nera el derecho fundamental sean permanentes, persisten en el tiempo, y hacen que la violación sea siempre actual.

En el presente caso, no se presentaron circunstancias especiales ni la sociedad accionante aportó prueba de e llo, con el fin de que el juez de tutela diera por superado el requisito de la inmediatez, solamente se refirió de manera general a la sentencia T-246 de 2015, pero no expuso alguna raz ón para justificar l a tardanza en la interp osición de la acción de tutela de acuerdo con las reglas desarrolladas por la Corte Constitucional.

Por las razones expuestas, la acción de tutela f ue presentada con desconocimiento del requisito de inmediatez y, en esa medida, se d ebe declarar

por la Corte Constitucional.

Por las razones expuestas, la acción de tutela f ue presentada con desconocimiento del requisito de inmediatez y, en esa medida, se d ebe declarar su improcedencia.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, e l Consejo de Estado, Sala de lo Contencio so Adminis trativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acció n de tutela presentada por la sociedad Aasigas S.A.S. , quien actúa por intermedio de su r epresentante legal, contra la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medi