CE - 010315000202303960001SENTENCIA20231002100326

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03960-00

Demandante: José Francisco Sánchez Roncancio

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., ventiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-03960-00

Demandante: JOSÉ FRANCISCO SÁNCHEZ RONCANCIO

Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTRO

Temas: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. PROCESO

DISCIPLINARIO – RUPTURA UNIDAD PROCESAL –

REQUISITOS GENERALES DE PROCEDENCIA

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta, mediante apoderado judicial , por el señor José Francisco Sánchez Roncancio contra la Comisión Nacional de Disciplina Judici al y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Quindío, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

Disciplina Judici al y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Quindío, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El señor José Francisco Sánchez Roncancio interpuso acción de tutela contra la s citadas autoridades por estimar vulnerados los derechos fundamentales al trabajo y al debido proceso. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“1. Declarar la NULIDAD de la sentencia de fecha 23 de febrero de 2022, proferida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Quindío.

2. Declarar la nulidad del fallo de segunda instancia de fecha 7 de junio de 2023, proferida por la comisión Nacional de disciplina Judicial, con ponencia del Magistrado

MAURICIO FERNANDO RODRIGUEZ TAMAYO.

3. Que se declare la nulidad del acto de ejecución del día 17 de julio de 2023.”

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El señor José Luis Leopoldo Muñoz Cardozo formuló queja disciplinaria contra el abogado José Francisco Sánchez Roncancio por presunto incumplimiento al deber profesional y ético porque el 26 de enero de 2019 fue contratado para que actuara en su nombre y representación e interpusiera: i) demanda civil de resolución tácita de contrato en contra del ingeniero Elkin Jair Pachón Bonilla y ii) proceso penal y disciplinario en contra del m ismo ingeniero por incumplimiento en la ejecución de una obra civil. El quejoso manifestó que el abogado recibió los honorarios pactados,

de contrato en contra del ingeniero Elkin Jair Pachón Bonilla y ii) proceso penal y disciplinario en contra del m ismo ingeniero por incumplimiento en la ejecución de una obra civil. El quejoso manifestó que el abogado recibió los honorarios pactados, pero no realizó la gestión encomendada.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03960-00

Demandante: José Francisco Sánchez Roncancio

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La queja disciplinaria tuvo como finalidad el estudio de tres conductas: i) falta de diligencia en la radicación y trámite de la demanda civil encomendada. ii) no formular denuncia por el delito de est afa contra el ingeniero Pachón Bonilla. iii) no presentar queja disciplinaria en contra del mencionado ingeniero. En el trámite del proceso disciplinario se profirió providencia del 19 de enero de 2022, en l a que, de un lado , se formuló cargos contra el abogado por la falta de diligencia en la formulación de la demanda civil y, por otro, se ordenó el archivo de la actuación en relación con la omisión en presentar denuncia por el delito de estafa y, a su vez, queja disciplinaria en contra del ingeniero Elkin Jair Pachón Bonilla. Contra está última decisión, el quejoso presentó recurso de apelación , el cual fue

y, a su vez, queja disciplinaria en contra del ingeniero Elkin Jair Pachón Bonilla. Contra está última decisión, el quejoso presentó recurso de apelación , el cual fue concedido en el trámite de la audiencia de calificación, en el efecto suspensivo. En auto del 25 de enero de 2023, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial revocó la decisión de archivo y ordenó continuar la actuación disciplinaria , únicamente, respecto a la presunta omisión de formular denuncia por el delito de estafa en contra del ingeniero Pachón Bonilla. Lo anterior, sostiene el actor, condujo a que en el mismo proceso disciplinario se surtieran dos trámites distintos bajo el mismo radicado y decididos de manera independiente, el primero , en el que se analizó la falta de diligencia del abogado1 y, el segundo, que se ocupó de definir si había lugar a sancionar lo por la presunta omisión en formular denuncia por estafa contra el ingeniero Elkin Jair Pachón Bonilla, este último decidido por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Quindío en sentencia del 11 de mayo de 2023 , que absolvió de responsabilidad disciplinaria al abogado.

Respecto al an álisis por falta al deber de diligencia, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Quindío , en fallo del 23 de febrero de 2022 , declaró disciplinariamente responsable al actor y le impuso sanción consistente en suspensión del ejercicio de la profesión por el término de 4 meses, al considerar que fue desmedido el tiempo que tard ó en promover la demanda civil que se le encomendó, razón por la que estimó que incurrió, a título de culpa , en la falta

suspensión del ejercicio de la profesión por el término de 4 meses, al considerar que fue desmedido el tiempo que tard ó en promover la demanda civil que se le encomendó, razón por la que estimó que incurrió, a título de culpa , en la falta prevista en el artículo 37.1 de la Ley 1123 de 2007.

El señor Sánchez Roncancio apeló el referido fallo y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial , en sentencia del 7 de junio de 2023 , la confirmó al considerar que se encontraba plenamente probada la falta disciplinaria por incurrir en una demora injustificada para iniciar la gestión profesional encomendada.

3. Argumentos de la acción de tutela

El actor manifestó que la vulneración se dio en el momento que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Quindío desconoció que, al conceder el recurso de apelación interpuesto contra el auto de 19 de enero de 2022 , no había lugar a

1 El cual concluyó en sentencia del 7 de junio de 2023 que confirmó la sanción disciplinaria impuesta al señor Sánchez Roncancio, trrámite que se pretende dejar sin efecto en esta oportunidad.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03960-00

Demandante: José Francisco Sánchez Roncancio

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continuar con la calificación y juzgamiento por la sanción disciplinaria consistente en haber faltado al deber profesional.

Indicó que el resultado de haber interpuesto la apelación respecto a la orden de archivo, debió te ner como efecto la suspensión de todo el trámite procesal, hasta que el mencionado recurso fuera decidido por el superior, de conformidad al artículo 81 de la Ley 1123 de 2007 , y no como ocurrió en el presente caso que , bajo el mismo radicado, se profirieron dos sentencias, una en la que se absolvió respecto a la omisión de formular denuncia y otra en la que se declaró responsable y se sancionó por falta de diligencia en el ejercicio profesional por no tramitar el proceso civil encomendado. Expuso que el juez que conoció en primera instancia del proceso disc iplinario profirió fallo sancionatorio sin estar facultado legal y procesalmente, situación que se habría podido subsanar decretando la ruptura de la unidad procesal y, en consecuencia, la separación de los trámites con un número de radicación diferente; sin embargo, señaló que esto no se dio, razón por la que al mismo tiempo el proceso disciplinario estuvo en primera y en segunda instancia con la misma radicación, en estudio de los mismos hecho s y con decisiones contrarias , es decir, uno con fallo absolutorio y otro sancionatorio. Finalmente, explicó que las providencias objeto de debate incurrieron en defecto

estudio de los mismos hecho s y con decisiones contrarias , es decir, uno con fallo absolutorio y otro sancionatorio. Finalmente, explicó que las providencias objeto de debate incurrieron en defecto procedimental absoluto , defecto sustantivo y defecto orgánico porque desconocieron por completo el artículo 81 de la Ley 1123 de 2007, que, por ende , el funcionario judicial carecía absolutamente de competencia para decidir el proceso disciplinario, pues no estaba habilitado para fallar, toda vez que la norma le exigía suspender la actuación hasta que el juez de segunda instancia se pronunciara.

4. Trámite Previo

Mediante auto del 14 de agosto de 2023, se admitió la acción de tutela se negó la medida cautelar y se ordenó notificar a las partes. Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

5. Oposición

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial indicó que la presente solicitud de amparo no está dirigida contra ella; pues se interpuso con ocasión a las circunstancias asociadas con el trámite del proceso , toda vez que se adujo que, pese a que el quejoso interpuso rec urso de apelación contra la decisión de terminación parcial adoptada en la audiencia de pruebas y calificación provisional del 19 de enero de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Quindío continuó la actuación en relación con la conducta por la que s í formuló cargos disciplinarios, sin ordenar la ruptura procesal, lo que habría generado la existencia de dos procesos por los mismos hechos y con el mismo radicado.

continuó la actuación en relación con la conducta por la que s í formuló cargos disciplinarios, sin ordenar la ruptura procesal, lo que habría generado la existencia de dos procesos por los mismos hechos y con el mismo radicado.

Explicó que, por ende, carece de legitimación en la causa por pasiva en lo que tiene que ver con la continuación del proceso mientras se encontraba pendiente de resolver el recurso de apelación interpuesto contra la decisión de terminación parcial.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03960-00

Demandante: José Francisco Sánchez Roncancio

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Sin embargo, precisó que la presente solicitud de a mparo es improcedente en la medida en que el actor no aleg ó la presunta vulneración al debido proceso en el curso de la actuación disciplinaria, pues dicho argumento no fue expuesto ni siquiera en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia que resolvió sancionarlo.

De otro lado, dijo que para la configuración del defecto procedimental absoluto es necesario que exista un error trascendental en el trámit e procesal que afecte de manera grave el derecho al debido proceso y tenga influencia directa en la decisión de fondo adoptada; lo cual no ocurrió en el caso objeto de debate, pues no se logró

necesario que exista un error trascendental en el trámit e procesal que afecte de manera grave el derecho al debido proceso y tenga influencia directa en la decisión de fondo adoptada; lo cual no ocurrió en el caso objeto de debate, pues no se logró demostrar en qué sentido la continuación del procedimiento disciplinario afectó las garantías del actor, ni cómo eso pudo influir en la decisión de fondo.

Adujo que, en todo caso, cualquier tipo de aspecto señalado en la demanda de tutela, relacionado con el trámite efectuado en la primera instancia del proceso disciplinario, qued ó subsanado en el trámite de la segunda instancia, comoquiera que no fue alegado en su oportunidad por el disciplinado y en ese entendido cualquier irregularidad se subsanó.

Por lo expuesto, s olicitó declarar improcedente la acción de tutela o en su defecto se nieguen las pretensiones en la medida en que no existió la vulneración alegada por el señor Sánchez Roncancio.

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Quindío guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela e stá consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constituciona les fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009 -01328-01, aceptó la acción la tutelaRadicado: 11001-03-15-000-2023-03960-00

Demandante: José Francisco Sánchez Roncancio

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contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 2 , para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el

contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 2 , para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 3 y específicas 4

de procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si la presente solicitud de amparo cumple el requisito de subsidiariedad o si, por el contrario, procede la acción de tutela como mecanismo transitorio.

Del requisito general de subsidiariedad

Como se anticipó, de manera previa a cualquier consideración respecto del fondo del asunto, la Sala estima necesario verificar si la presente acción de tutela cumple el requisito de subsidiariedad.

La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la ley estipulan u na serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados. De manera que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han agotado los mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales. En ese sentido,

invocados. De manera que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han agotado los mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales. En ese sentido, la Corte Constitucional manifestó 5:

“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o

2 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente . (Se destaca) 3 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional ; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la con sumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto

salvo que se trate de evitar la con sumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 4 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución. 5 Sentencia C-543 de 1992. Magistrado ponente: José Gregorio Hernández Galindo.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03960-00

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amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la Corp oración Autónoma Regional de Cundinamarca con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales (…)”.

Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela , el interesado debe, por lo menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo involucra la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos se cuestionen las decisiones que, en concreto, se atacan en la acción de tutela.

involucra la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos se cuestionen las decisiones que, en concreto, se atacan en la acción de tutela.

Del requisito general de subsidiariedad en el caso concreto

Con base en lo anterior, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado de be, por lo menos, probar que agotó los recursos que tenía a su disposición o demostrar que se le ocasionó un perjuicio irremediable caso en el que procedería la tutela como mecanismo transitorio, de lo contrario, la tutela deviene improcedente.

La parte actora afirmó en el escrito de tutela que la providencia objeto de debate fue proferida con desconocimiento a lo dispuesto en la Ley 1123 de 2007, artículo 816, y sin competencia, dado que, a su juicio, no se podía continuar el trámite procesal hasta que fu era resuelta la apelación interpuesta contra el auto del 19 de enero de 2022.

Asimismo, el actor argumentó que fue concedida la apelación, pero no se ordenó la suspensión procesal, lo que dio como resultado el estudio de dos de las faltas alegadas, de manera independiente y simultánea, esto es , la de diligencia en el trámite de demanda civil y la omisión en la formulación de denuncia por est afa, surtiendo dos instancias a la vez en el mismo proceso, lo cual, a su juicio, desconoció los derechos fundamentales invocados y dio lugar a la configuración de los defectos enunciados.

De entrada, la Sala advierte que el demandante , valiéndose de la s upuesta irregularidad en la que incurrió el juez de conocimiento de primera instancia en el

de los defectos enunciados.

De entrada, la Sala advierte que el demandante , valiéndose de la s upuesta irregularidad en la que incurrió el juez de conocimiento de primera instancia en el

6 Artículo 81. Recurso de apelación. Procede únicamente contra las decisiones de terminación del procedimiento, de nulidad decretada al momento de dictar sentencia de primer grado, de rehabilitación, la que niega la práctica de pruebas y contra la sentencia de primera instancia. Podrá interponerse de manera principal o subsidiaria al recurso de reposición respecto de las providencias que lo admitan. Se concederá en el efecto suspensivo y salvo norma expresa en contrario, deberá interponerse y sustentarse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes a la última notificación. Vencido este término, los no apelantes podrán pronunciarse en relación con el recurso dentro de los dos (2) días siguientes. Sobre su concesión se decidirá de plano. El recurso será rechazado cuando no sea sustentado o se interponga de manera extemporánea, decisión contra la cual no procede recurso alguno.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03960-00

Demandante: José Francisco Sánchez Roncancio

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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proceso disc iplinario, esto es , no haber suspendido la totalidad del proceso al

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proceso disc iplinario, esto es , no haber suspendido la totalidad del proceso al conceder el recurso de apelación interpuesto contra la decisión del 19 de enero de 2022, pretende invalidar el fallo disc iplinario que confirmó la sanción por falta de diligencia profesional en el trámite de la demanda civil encomendada.

Para efectos de resolver es necesario destacar los siguientes hechos:

• Se formuló queja disciplinaria en contra del abogado José Francisco Sánchez Roncancio por: i) falta de diligencia en la presentación de la demanda civil encomendada ii) no formular denuncia por el delito de estafa contra el ingeniero Pachón Bonilla y iii) por no radicar queja disciplinaria en contra del mencionado ingeniero.

• El 19 de enero de 2022 la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Quindío, en audiencia de pruebas y calificación provisional de las faltas alegadas, explicó que proferiría una decisión de carácter mixto, dado que , de un lado , formularía cargos en contra del abogado por faltar al deber de diligencia en el ejercicio profesional7 al demorar la iniciación del proceso civil y, por el otro, archivaría el proceso respecto a las otras dos faltas endilgadas.

• Lo anterior, condujo a que bajo el mismo radicado, esto es , 2021-0030100/02, se analiz ara y adelantara el caso del actor desde tres puntos

diferentes, así:

Trámite respecto a la falta de diligencia por no haber iniciado la demanda ante la jurisdicción civil. Trámite respecto a la falta de

00/02, se analiz ara y adelantara el caso del actor desde tres puntos diferentes, así:

Trámite respecto a la falta de diligencia por no haber iniciado la demanda ante la jurisdicción civil. Trámite respecto a la falta de diligencia por no haber formulado denuncia por estafa Trámite respecto a la falta de diligencia por no haber radicado queja disciplinaria La mencionada falta disciplinaria fue calificada en audiencia del 19 de enero de 2022 y en ella se ordenó proceder con la etapa de juzgamiento. Frente a esta falta disciplinaria en audiencia del 19 de enero de 2022 se ordenó el archivo.

El quejoso apeló la decisión y dicho recurso fue concedido en efecto suspensivo respecto al estudio de esta falta y se remitió el expediente al superior únicamente respecto a este análisis. Frente a esta falta disciplinaria en audiencia del 19 de enero de 2022 se ordenó el archivo y no fue objeto de debate

Primera instancia:

La Comisión de Disciplina Judicial Seccional Quindío en fallo del 23 de febrero de 2022, declaró disciplinariamente responsable al actor y le impuso sanción consistente en suspensión del ejercicio de la profesión por el término de 4 meses, al c onsiderar que fue desmedido el tiempo que tard ó en promover la demanda civil que se le encomendó́ razón por la que incurrió a título de culpa en la falta prevista en el artículo 37 numeral 1 de la Ley 1123 de 2007. En relación con el recurso de apelación interpuesto se observa:

encomendó́ razón por la que incurrió a título de culpa en la falta prevista en el artículo 37 numeral 1 de la Ley 1123 de 2007. En relación con el recurso de apelación interpuesto se observa:

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en providencia del 25 de enero de 2023 le concedió parcialmente la apelación interpuesta contra el auto del 19 de enero de 2022 y como consecuencia de ello, revocó l a decisión en lo que tiene que ver con la decisión de archivo por la omisión de formular denuncia por el delito de estafa.

En auto del 23 de marzo de 2023, se formularon cargos al señor Sánchez Roncancio por la violación culposa del deber de la debida dil igencia profesional previsto por el numeral 10 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, por su omisión de formular una denuncia en contra del ingeniero Elkin Jair Pachón Bonilla.

Segunda instancia

La Comisión de Disciplina Judicial Seccional Quindío en sentencia del 11 de mayo de 2023 absolvió de

7 Concretamente por incurrir en la falta señalada en la Ley 1123 de 2007 artículo 37 numeral 1.Radicado: 11001-03-15-000-2023-03960-00

Demandante: José Francisco Sánchez Roncancio

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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El actor apeló la decisión y la Comisión Nacional de Di sciplina Judicial en sentencia