CE - 010315000202304112001SENTENCIA20231005164911

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CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A” Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ Bogotá D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-04112-00 Accionante: SNEIDER FABIAN GUARGUATI ECHEVERRIA Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A Y OTRO Tema: Tutela por presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva / medio de control de reparación directa / defecto fáctico / defecto sustantivo / defecto procedimental / desconocimiento del precedente / enfermedad de soldado calificada como durante del servicio, pero no por causa o razón del mismo Sentencia de primera instancia La Sala de Subsección decide la acción de tutela interpuesta por el señor Sneider Fabian Guarguati Echeverria, quien actúa por conducto de apoderado, en contra del Juzgado 61 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales ocurrida con ocasión de la expedición de las providencias del 1.º de marzo de 2022 y 18 deACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-04112-00 Accionante: Sneider Fabian Guarguati Echeverria

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 2 mayo de 2023, respectivamente, proferidas dentro del medio de control de reparación directa con radicado número 11001-33-43-061-2019-00094-00/02. I. ANTECEDENTES El accionante invoca la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, con fundamento en los siguientes: 1. Hechos 1.1. La parte accionante presentó medio de control de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional con el fin que se declarara patrimonialmente responsable por las patologías cardiacas que sufrió mientras prestaba el servicio militar obligatorio. 1.2. El proceso correspondió al Juzgado 61 Administrativo de Bogotá que, en la audiencia inicial del 26 de noviembre de 2019, decretó una prueba consistente en la expedición del acta de pérdida de capacidad laboral proferida por las autoridades médico-laborales de la fuerza pública. 1.3. La Junta Médica Laboral de la Dirección de Sanidad Naval profirió el Acta núm. 061 del 26 de marzo de 2021, en la cual determinó una pérdida del 13 % de la capacidad laboral del accionante por enfermedad idiopática, por lo que fue calificada como durante el servicio, pero no por causa o razón del mismo. 1.4. Inconforme con lo anterior, el demandante apeló el dictamen e insistió en que las patologías surgieron durante la prestación delACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-04112-00 Accionante: Sneider Fabian Guarguati Echeverria

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servicio militar. El Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía profirió dictamen del 14 de octubre de 2021, en el cual confirmó los resultados de la Junta Médico Laboral. 1.5. El 1.º de marzo de 2022 se llevó a cabo audiencia de pruebas en la que el Juzgado 61 Administrativo de Bogotá incorporó la decisión del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía al expediente, de lo cual se corrió traslado a las partes, sin que en ese momento se presentara un reparo al respecto. Además, en esta audiencia, el Juzgado (i) negó el trámite de la solicitud de aclaración y complementación presentada por la parte actora; (ii) incorporó la prueba documental al expediente y (iii) dio por terminada la etapa probatoria. 1.6. Contra la decisión de dar por terminada la etapa probatoria, el accionante interpuso recurso de apelación, el cual fue negado por el Juzgado 61 Administrativo de Bogotá. Dicha decisión fue controvertida a través de recurso de apelación en subsidio de queja, frente a lo cual la autoridad judicial negó lo primero y dio trámite al segundo en efecto devolutivo. 1.7. A su vez, a través de sentencia de 28 de marzo de 2022, el Juzgado 61 Administrativo de Bogotá profirió fallo de primera instancia en el que negó las pretensiones de la demanda, sin que se hubiera resuelto el recurso de queja. 1.8. Posteriormente, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante

auto del 1.° de diciembre de 2022, resolvió la queja interpuesta y tuvo por bien denegado el recurso de apelación.ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-04112-00 Accionante: Sneider Fabian Guarguati Echeverria

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4 1.9. Por último, inconforme con la sentencia del 28 de marzo de 2022, el accionante interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca a través de providencia del 18 de mayo de 2023, en la que confirmó lo resuelto por el a quo. 2. Fundamentos de la acción La parte accionante considera que con las decisiones proferidas por el Juzgado 61 Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, toda vez que incurrieron en (i) un defecto fáctico; (ii) un defecto sustantivo; (iii) un defecto procedimental y (iv) un desconocimiento del precedente. Señaló que las autoridades judiciales accionadas realizaron una arbitraria valoración probatoria del dictamen realizado por la Junta Médica de la Dirección de Sanidad Naval, en el que se concluyó erróneamente que la responsabilidad por la enfermedad no podía endilgarse a la Armada, en tanto la afección fue calificada como de origen idiopático. De igual forma, sostuvo que las accionadas aplicaron una interpretación restrictiva de la calificación realizada por la Junta Médica de la Dirección de Sanidad Naval, al categorizarla como una prueba documental y no como un dictamen pericial. Por último, indicó que la valoración de la prueba anteriormente mencionada, desconoció el precedente aplicable por la Corte Constitucional en la que se establece que la naturaleza de la calificación de la pérdida de capacidad laboral de un soldadoACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-04112-00 Accionante: Sneider Fabian Guarguati Echeverria

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realizada por la Junta Médica y el Tribunal Médico de la Dirección de Sanidad corresponde a un dictamen pericial. 3. Pretensiones Con fundamento en lo anterior, solicita: « 1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la tutela efectiva de la justicia, así como los principios constitucionales de buena fe, confianza legítima y seguridad jurídica, lo que consecuentemente originó la violación del derecho al debido proceso. En consecuencia, 2. REVOCAR Y/O DEJAR SIN EFECTO la decisión de fechas 18 de mayo de 2023 dictada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION TERCERA SUBSECCION A la que convalida el auto de 01 de marzo de 2022 dictado por el JUZGADO SESENTA Y UNO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ que resolvió denegar la solicitud de complementación y aclaración del dictamen pericial rendido por la TRIBUNAL MEDICO de la DIRECCION DE SANIDAD NAVAL adelantado al interior del proceso ejecutivo 2019-00094, demandante SNEIDER FABIAN GUARGUATI ECHEVERRIA Y OTROS, demandado MINISTERIO DE DEFENSAARMADA NACIONAL. 3. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION TERCERA SUBSECCION A que diete una nueva decisión en la que ordene al JUZGADO SESENTA Y UNO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ que se ordene la complementación y aclaración del dictamen en la que se tenga en cuenta las consideraciones expuesta en esta acción de tutela.» 4. Intervenciones Mediante auto del 4 de septiembre de 2023 se admitió la acción de tutela de la referencia y se ordenó notificar al Juzgado 61 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y a

que se tenga en cuenta las consideraciones expuesta en esta acción de tutela.» 4. Intervenciones Mediante auto del 4 de septiembre de 2023 se admitió la acción de tutela de la referencia y se ordenó notificar al Juzgado 61 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y a la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de CundinamarcaACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-04112-00 Accionante: Sneider Fabian Guarguati Echeverria

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 6 como accionados y a la Nación - Ministerio de Defensa – Armada Nacional como tercero interesado en las resultas del proceso. 4.1. La Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por conducto de la magistrada ponente de la decisión cuestionada, sostuvo que los cargos propuestos por la parte accionante no se refieren a la vulneración de los derechos fundamentales alegados, sino que buscan establecer una tercera instancia, para refutar el análisis probatorio resuelto dentro del proceso de reparación directa. En consecuencia, solicitó declarar improcedente la presente acción de tutela, dado que no cumple con el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional. 4.2. No se rindieron más informes. II. CONSIDERACIONES 1. Competencia Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de tutela, de conformidad con lo dispuesto en los decretos 2591 de 1991 y 333 de 2021. 2. Problema jurídico De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el problema jurídico se circunscribe a determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera - Subsección A,ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-04112-00 Accionante: Sneider Fabian Guarguati Echeverria www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 7

al proferir la sentencia del 18 de mayo de 20231, incurrió en un defecto fáctico, sustantivo, procedimental y desconocimiento del precedente y, por consiguiente, en la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva del señor Sneider Fabian Guarguati Echeverria, al confirmar lo resuelto por el a quo dentro del medio de control de reparación directa identificado con núm. 11001-33-43-061-2019-00094-02. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar i) el marco conceptual de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia; y, de encontrarla procedente, iii) defecto fáctico; iv) defecto sustantivo; v) defecto procedimental; vi) desconocimiento del precedente; y vii) el caso concreto. 3. La acción de tutela contra providencias judiciales En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional vigente2 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta corporación3, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de 1 La Sala debe precisar que aunque también se cuestiona la providencia

del 1.º de marzo de 2022 proferida por el Juzgado 61 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, centrará su análisis en la sentencia del 18 de mayo de 2023, dado que esta decisión es la que puso fin al proceso y el accionante utiliza los argumentos para atacar dicha decisión. 2 Corte Constitucional. Sentencia C-590-05. 3 Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-04112-00 Accionante: Sneider Fabian Guarguati Echeverria

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8 administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta le impone. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta losACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-04112-00 Accionante: Sneider Fabian Guarguati Echeverria

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9 derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica; y (vi) que no se trate sentencias de tutela. En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales especiales, indicando que la acción resulta procedente únicamente en aquellos eventos en los cuales se vean afectados derechos fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente. 3.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que habilitan su interposición. 3.1.1. En efecto, esta Sala de Subsección considera que los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados se encuentran plenamente individualizados. 3.1.2. Asimismo, se encuentra que las providencias objeto de tutela carecen de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional. 3.1.3. Se observa igualmente que la interposición se dio en un lapso «razonable y proporcionado» a partir de su notificación o ejecutoria, por cuanto la providencia de segunda instancia se profirió el 18 de mayo de 2023 y la acción de tutela se presentó el 28 de julio del mismo año. 3.1.4. Finalmente, el asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida que se centra en establecer una posibleACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-04112-00 Accionante: Sneider Fabian Guarguati Echeverria

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 10 vulneración iusfundamental como consecuencia del defecto fáctico, sustantivo, procedimental y desconocimiento del precedente en que, presuntamente, incurrieron las autoridades judiciales cuestionadas. 3.2. Defecto fáctico De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte Constitucional4 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse: a. Una dimensión negativa5, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. b. Una dimensión positiva6, que se presenta generalmente cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez de tutela en relación con el manejo dado por el

4 Véase: Sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras. 5 Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 1993. Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía. 6 Corte Constitucional. Sentencia T-538 de 1994. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-04112-00 Accionante: Sneider Fabian Guarguati Echeverria www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 11

juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido, toda vez que: «[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis individual y conjunto de los elementos probatorios»7. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional, cuando se encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto. 3.3. Defecto sustantivo De conformidad con la jurisprudencia constitucional8, el defecto material o sustantivo se origina en primer momento cuando la autoridad judicial, ya sea juez o tribunal que dicta sentencia, fundamenta su decisión en normas que son inexistentes o inconstitucionales9, es decir, se da en los casos en que la autoridad judicial se basa en, “(i) una norma no aplicable al caso, ya sea, porque la norma,(a) no es pertinente de aplicación, (b) se empleó cuando fue derogada y como consecuencia perdió su vigencia, (c) es inexistente, (d) ha sido declarada contraria a la Constitución, (e) está vigente y es constitucional pero no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó, (ii) su interpretación no se encuentra dentro del margen de interpretación razonable o es errada, (iii) no se da aplicación a las sentencias con efecto Erga Omnes, que son aquellas de aplicación general, (iv) la norma aplicada se torna injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución, y 7 Corte Constitucional. Sentencia SU-222 de 2016. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa. 8 Véase: Sentencias SU-647 de 2017, SU-072 de

la norma aplicada se torna injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución, y 7 Corte Constitucional. Sentencia SU-222 de 2016. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa. 8 Véase: Sentencias SU-647 de 2017, SU-072 de 2018, SU-168 de 2017, SU-210 de 2017, SU-567 de 2015, entre otras. 9 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-04112-00 Accionante: Sneider Fabian Guarguati Echeverria

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 12 finalmente, (v) cuando un poder concedido al juez por el ordenamiento jurídico se utiliza para un fin no previsto en la disposición”10. En segundo momento, el defecto material o sustantivo se origina cuando en la estructura de la sentencia, se presenta una contradicción evidente y grosera entre la decisión y los fundamentos que la explican. En este orden de ideas, se produce cuando la decisión “(vi) se funda en una hermenéutica no sistémica de la norma, es decir, con omisión del análisis de otras disposiciones que regulan el caso, (vii) cuando desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso en concreto,(viii) no se encuentra debidamente justificada y por ende afecta derechos fundamentales (ix) cuando sin un mínimo de argumentación se desconoce el precedente judicial, (x) y cuando el juez no aplica la excepción de inconstitucionalidad frente a una manifiesta violación de la Constitución”11. Este defecto, se presenta ante situaciones excepcionales, por lo que se debe demostrar que la decisión judicial es irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa, pues de no ser así, la acción de tutela resultaría improcedente12. 3.4. Defecto procedimental En aspectos generales, el defecto procedimental se origina cuando el juez o la autoridad que ejerce funciones jurisdiccionales actúa completamente al margen del procedimiento judicial establecido13. La jurisprudencia constitucional ha precisado que este defecto puede

10 Corte Constitucional. Sentencia SU-416 de 2015. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos. 11 Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos. 12 Corte Constitucional. Sentencia T-367 de 2018. Magistrada Ponente: Cristina Pardo Schlesinger. 13 Corte Constitucional. Sentencias C-590 de 2005 y T-367 de 2018.ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-04112-00 Accionante: Sneider Fabian Guarguati Echeverria www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 13

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 13 configurarse bajo dos modalidades: (i) defecto procedimental absoluto, y (ii) defecto procedimental por exceso ritual manifiesto14. En lo que refiere al defecto procedimental absoluto, ha dicho la Corte Constitucional que este se materializa cuando el o los administrador(es) de justicia: «[…] “se aparta[n] por completo del procedimiento establecido legalmente para el trámite de un asunto específico, ya sea porque: i) se ciñe[n] a un trámite completamente ajeno al pertinente –desvía[n] el cauce del asunto-, o ii) omite[n] etapas sustanciales del procedimiento establecido legalmente, afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso” 15 o porque iii) “pasa[n] por alto realizar el debate probatorio, natural en todo proceso, vulnerando el derecho de defensa y contradicción de los sujetos procesales al no permitirles sustentar o comprobar los hechos de la demanda o su contestación, con la consecuente negación de sus pretensiones en la decisión de fondo y la violación a los derechos fundamentales”16 […]». En cuanto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, este ocurre cuando la autoridad judicial utiliza o concibe los procedimientos como obstáculo para la eficiencia del derecho sustancial, de tal manera que sus actuaciones generan una denegación de la justicia17. Este defecto procedimental puede llegar a afectar la prevalencia del derecho sustancial y el derecho a acceder a la administración de justicia cuando: i) se inaplican normas procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales de cada caso en concreto; ii) se exige cumplir requisitos formales de manera irracional, a pesar de que pueda tratarse de cargas

14 Corte Constitucional, Sentencia SU-770 de 2014. 15 Corte Constitucional, Sentencias T-327 de 2011, T-352 de 2012, T-398 de 2017 y T-367 de 2018. 16 Corte Constitucional, Sentencia T-620 de 2013. 17 Corte Constitucional, Sentencia T-053 de 2012.,ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-04112-00 Accionante: Sneider Fabian Guarguati Echeverria www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 14

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 14 imposibles de cumplir, siempre y cuando dicha circunstancia sea comprobada; iii) se incurre en un exceso de severidad procedimental en la apreciación de las pruebas; v) o se omite el decreto oficioso de pruebas cuando a ello hay lugar18. Según la jurisprudencia constitucional, la configuración tanto para el defecto procedimental absoluto como el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, en todos sus supuestos fácticos, también requieren: i) que trate de un error procedimental grave y trascendente que influya de manera cierta y directa con el fondo de la decisión; ii) que dicha deficiencia no pueda imputarse directa ni indirectamente a la persona que alega la vulneración al debido proceso; iii) que no se pueda corregir la irregularidad por ninguna otra vía; iv) que se haya alegado la irregularidad dentro del proceso, a no ser que ello hubiere sido imposible por la situación fáctica del caso; y v) que a consecuencia de todo lo anterior se vulneren derechos fundamentales19. 3.5. Desconocimiento del precedente En materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica no solamente el trato ante la ley sino también de protección por parte de las autoridades y específicamente en la interpretación y aplicación de la ley por parte de las autoridades judiciales, preservándose de esta manera la seguridad jurídica y con ella la certeza en los jueces van a decidir los casos iguales de la misma forma20. En ese sentido,

18 Corte Constitucional, Sentencias, T-1306 de 2001, T-1323 de 2002, T-950 de 2003, T-973 de 2004, T-289 de 2005 y T-053 de 2012. 19 Corte Constitucional, Sentencias, C-590 de 2005, T-214 y T-053 de 2012, T-160 de 2013 y SU-770 de 2014. 20 Ver entre otras las sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571 de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008 y T-014 de 2009.ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-04112-00 Accionante: Sneider Fabian Guarguati Echeverria www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 15

el precedente judicial21 es la figura jurídica que sirve como dispositivo de preservación de la confianza de la ciudadanía en el ordenamiento, pues no solo hace previsibles las consecuencias jurídicas de sus actos sino también materializa la igualdad en la aplicación del derecho22. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha diferenciado lo que constituye un antecedente jurisprudencial y el precedente en estricto sentido23. Por una parte, ha aclarado que antecedente es una decisión de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de derecho que guían al juez para resolver el caso objeto de estudio y por tanto, tiene un carácter orientador, lo que no significa que (a) no deba ser tenido en cuenta por el juez al momento de fallar y (b) que lo exima del deber de argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de transparencia e igualdad”24. No obstante lo anterior, el sometimiento al precedente no puede convertirse en una camisa de fuerza para el juzgador, por lo que la jurisprudencia constitucional ha sostenido que las autoridades judiciales pueden apartarse válidamente de precedentes previos, bien sean estos verticales u horizontales25, siempre y cuando cumplan con (i) la carga de transparencia, de hacer referencia al 21 En la sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado., la Corte Constitucional precisó que precedente judicial se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”. 22 MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la seguridad jurídica. Ius et Praxis, 2012, vol.

en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”. 22 MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la seguridad jurídica. Ius et Praxis, 2012, vol. 18, no 1, p. 249-266. 23 Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 24 Sentencias T-830 de 2012 y T-714 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 25 Se entiende por precedente vertical aquellas decisiones previas promulgadas por un superior jerárquico y que resultan pertinentes para resolver el caso concreto, y por el horizontal aquellas decisiones fijadas por una autoridad judicial de la misma jerarquía y que resultan relevantes para resolver un caso concreto. Al respecto ver la Sentencias T589 de 2007.ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-04112-00 Accionante: Sneider Fabian Guarguati Echeverria

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precedente del que se va a apartar, y (ii) la carga de argumentación que les impone el deber de señalar una justificación razonable, seria, suficiente y proporcionada, en la que manifiesten las r