CE - 010315000202304181001SENTENCIA20231006173334

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04181-00

Demandante: Ramón Navarro Pereira

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-04181-00

Demandante: RAMÓN NAVARRO PEREIRA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN

PRIMERA, SUBSECCIÓN B

Temas: Tutela contra providencias judiciales dictadas en proceso de acción popular que denegaron coadyuvancia

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Ramon Navarro Pereira contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 3 de agosto de 2023, en ejercicio de la acción de tutela , el señor Ramón Navarro Pereira pidió la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de las providencias

Pereira pidió la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de las providencias del 2 de mayo de 2022 y su confirmatoria del 25 de enero de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, que denegaron la calidad de coadyuva nte del señor Navarro Pereira en la acción popular de radicado No. 25000-23-41-000-2018-00618-00.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1. Tutelar mis derechos fundamentales al debido proceso, la prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental y el acceso a la administración de justicia.

2. Como consecuencia de lo anterior, se deje sin efectos los autos de fecha 02 de mayo de 20 22 y 25 de enero de 2023 proferidos por la SUBSECCI ÓN B DE LA SECCI ÓN PRIMERA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, que me negaron la calidad de coadyuvante dentro de la acción popular No. 25000234100020180061800, y se le ordene a este despacho a proferir una nueva providencia que me incluya como coadyuvante de la demanda popular en los términos del artículo 24 de la Ley 472 de 1998, según mi solicitud del 10 de diciembre de 2021, en virtud de la naturaleza constitucional y pública de esta acción c olectiva, para que sea tenido en cuenta al momento de fallar el medio de control.

3. Hechos

Del escrito de tutela y del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

virtud de la naturaleza constitucional y pública de esta acción c olectiva, para que sea tenido en cuenta al momento de fallar el medio de control.

3. Hechos

Del escrito de tutela y del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes: La Procuraduría General de la Nación, por conducto de los Procuradores 15, 117, 118, 192 Judiciales II Asuntos Administrativos, actuando en defensa de los usuarios de losRadicado: 11001-03-15-000-2023-04181-00

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servicios públicos domiciliarios de Barranquilla, presentó demanda de a cción popular contra la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla – Triple A S.A. E.S.P., la sociedad Inassa S.A. y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con el objeto de evitar la vulneración de los derechos e intereses colectivos a la moralidad administrativa, la defensa al patrimonio público y el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna.

La demanda se fundamentó en la defraudación de que fue objeto la sociedad Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la Ciudad de BarranquillaTriple A S.A. E.S.P. por parte de la sociedad INASSA S.A., derivadas de la falta de ejecución de un contrato de asistencia técnica. Además, se relacionaron hechos relativos a las investigaciones penales adelantadas contra el señor Ramón Navarro Pereira, que fungía como

por parte de la sociedad INASSA S.A., derivadas de la falta de ejecución de un contrato de asistencia técnica. Además, se relacionaron hechos relativos a las investigaciones penales adelantadas contra el señor Ramón Navarro Pereira, que fungía como representante legal de Triple A S.A. E.S.P.

El señor Ramón Navarro Pereira, por conducto de apoderado judicial, presentó solicitud de coadyuvancia.

Por auto del 30 de septiembre de 2021, el magistrado sustanciador del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, tuvo como coadyuvante de la parte demandante al señor Ramón Navarro Pereira.

La Sociedad de Acueducto y Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. solicitó la aclaración del anterior auto, porque en el poder aportado por el señor Ramón Navarro Pereira no se señaló que la coadyuvancia que se pretendiera ejercer fuera en favor de la parte demandante, situación que consideró relevante teniendo en cuenta que el señor Navarro Pereira estaba siendo investigado penalmente por la comisión de los hechos que se adujeron en la demanda, por lo que era una contradicción que la coadyuvara.

Mediante providencia del 2 de mayo de 2022, el magistrado conductor del proceso dejó sin efecto el auto del 30 de septiembre de 2021 y denegó la solicitud de tener como coadyuvante de la parte demandante al señor Ramón Navarro Pereira. En c oncreto, consideró que en el poder allegado por el señor Ramón Navarro Pereira no se señaló a cuál de los ext remos de la litis coadyuvaba y tampoco obraba solicitud de coadyuvancia.

consideró que en el poder allegado por el señor Ramón Navarro Pereira no se señaló a cuál de los ext remos de la litis coadyuvaba y tampoco obraba solicitud de coadyuvancia.

Además, indicó que las investigaciones penales y disciplinarios de que ha sido objeto el señor Navarro Pereira se adujeron precisamente en la demanda, razón por la que no debía tenerse como coadyuvante de la parte actora.

Inconforme con la anterior decisión, el actor presentó recurso de reposición y solicitud de adición. La reposición, con fundamento en que : (i) el escrito de coadyuvancia satisfacía el requisito del artículo 24 de la Ley 472 de 1998, (ii) el actor no había sido condenado penalmente por parte de alguna instancia judicial y (iii) del poder se advertía que se ot orgó para que se tuviera como tercero coadyuvante para apoyar las pretensiones de la demanda. La adición, por su parte, se fundamentó en que no se tuvo en cuenta el escrito de coadyuvancia que adujo presentar el 10 de diciembre de 2021.

Por auto del 25 de enero de 20231, el magistrado sustanciador resolvió no reponer el auto del 2 de mayo de 2022 y denegó la solicitud de adición.

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, el señor Ramón Navarro Pereira manifestó que la acción de tutela c umple los requisitos generales de procedencia de acción de tutela contra

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1 Notificado por estado el 31 de enero de 2023.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04181-00

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providencia judicial. En cuanto al fondo del asunto, alegó que las providencias acusadas incurrieron en los siguientes defectos:

Defecto procedimental absoluto. A juicio del actor, el tribunal demandado realizó una exigencia no prevista en el artículo 74 del CGP para la validez del poder especial presentado relativo a que debía indicarse el sentido de la coadyuvancia, pues la norma solo señala que “los asuntos deberán estar determinados y claramente identificados”, lo que, a su juicio, se cumplió en el caso concreto, dado que en el mandato lo confirió para “que presente en mi nombre y representación coadyuvancia e intervención de tercero dentro de la acción popular No. 25000 234100020180061800, promovida por la PROCURADURÍA

GENERAL DE LA NACIÓN”.

Que, en todo caso, lo máximo que se habría podido generar ante una “insuficiencia” de poder especial, era su inadmisión para proceder con su subsanación aportando uno nuevo, pero no un rechazo.

Además, sostuvo que en el escrito de intervención se expresó que se coadyuvaba la demanda, no que se impugnaba.

Sumado a lo expuesto, indicó que el artículo 24 de la Ley 472 de 1998 solo condiciona

Además, sostuvo que en el escrito de intervención se expresó que se coadyuvaba la demanda, no que se impugnaba.

Sumado a lo expuesto, indicó que el artículo 24 de la Ley 472 de 1998 solo condiciona la intervención de terceros dentro de las a cciones populares a “toda persona natural o jurídica podrá coadyuvar estas acciones, antes de que se profiera fallo de primera instancia”, requisito que cumplió porque se identificó con nombre y cédula, además de que el proceso no ha sido fallado en primera instancia.

Señaló que el hecho de que curse una investigación penal en su contra por los hechos en los que se funda la acción popular, no era una causal válida para que impidiera su participación en el proceso constitucional, más aún cuando con esa posi ción se desconocería su derecho fundamental a la presunción de inocencia, que solo se desvirtúa mediante sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada. En este punto señaló que “en el proceso penal No. 2528 adelantado por las supuestas irregularidades en la llamada asistencia técnica, la Fiscalía 20 – Dirección Especializada contra la Corrupción, ni siquiera ha resuelto la situación jurídica, en un trámite que se encuentra inactivo desde el año 2019 (…)”.

El actor manifestó que aunque tuviera diferencias con la Procuraduría General de la Nación sobre algunos aspectos de la operación Triple A, eso no impedía que apoyara la acción popular en lo que coincidía , para que se tutelaran los derechos e intereses colectivos que les asistían a todos.

Adicionalmente, señaló que el defecto se configuraba, porque el escrito que presentó

la acción popular en lo que coincidía , para que se tutelaran los derechos e intereses colectivos que les asistían a todos.

Adicionalmente, señaló que el defecto se configuraba, porque el escrito que presentó el 10 de diciembre de 2021 por el cual coadyuvó, hasta la fecha nunca fue resuelto por el magistrado ponente del tribunal, pese a que solicitó adición y que en el auto del 25 de enero de 2023 se dijo que sería resuelto en auto separado, lo que no ocurrió.

Defecto sustantivo. El actor reiteró que no había justificación, conforme con la Ley 472 de 1998, para que se impidiera su participación como coadyuvante de ntro de la acción popular.

Violación directa de la Constitución Política . El demandante alegó que los autos acusados afectaron los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, así como el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental.

5. Trámite procesal

Por auto del 9 de agosto de 2023, el despacho sustanciador, admitió la demanda y, entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados, a los magistrados delRadicado: 11001-03-15-000-2023-04181-00

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Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B . Adicionalmente, vinculó en calidad de terceros con interés, a la Procuraduría General

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Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B . Adicionalmente, vinculó en calidad de terceros con interés, a la Procuraduría General de la Nación, a los representantes legales de la sociedad de Acueducto y Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. – Triple A S.A. y de Canal Extensia América S.A. – Inassa S.A., al superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 15 de agosto de 20232.

6. Intervenciones

El magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, que dictó las providencias objeto de tutela, rindió informe en el que se refirió al trámite adelantado por ese despacho judicial respecto de la acción popular y señaló que no vulneró los derechos fundamentales invocados por el actor, porque las decisiones se ajustaron a derecho.

La apoderada de la Procuraduría General de la Nación solicitó la desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto las pretensiones de la acción de tutela se dirigían contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de ahí que careciera de competencia respecto de esa entidad. Además, por cuanto adujo que esa procuraduría no ha adelantado actuación alguna en detrimento de los intereses del actor.

La apoderada de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios solicitó

procuraduría no ha adelantado actuación alguna en detrimento de los intereses del actor.

La apoderada de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios solicitó que se declarara la inexistencia de vulneración de derechos fundamentales por parte de esa entidad o la improcedencia de la acción de tutela. Para el efecto, señaló que fue el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, y no esa superintendencia, el que profirió las providencias acusadas.

Que, además, la tutela no cumplía el requisito de la inmediatez, porque “el auto mediante el cual se resuelve la adición de la sentencia es del mes de septiembre del año pasado” y el actor “discutía aspectos con varios meses transcurridos”.

La apoderada de la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. señaló que no tenía legitimidad en la causa por pasiva, porque las pretensiones de la demanda se dirigía n contra unas providencias judiciales dictadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, lo que a su paso daba cuenta de que esa sociedad no vulneró los derechos fundamentales invocados por el demandante.

Que, en todo caso, la acción de tutela era improcedente porque no cumplía el requisito de inmediatez, si se tiene en cuenta que desde el 25 de enero de 2023 –fecha en que se expidió la providencia acusada– y el 4 de agosto de 2023 –que adujo fue la fecha en que se presentó la acción de tutela – transcurrieron más de seis meses. Sumado a lo anterior, consideró que la tutela tampoco cumple el requisito de relevancia constitucional, porque la presentó a modo de tercera instancia para que se resolvieran

que se presentó la acción de tutela – transcurrieron más de seis meses. Sumado a lo anterior, consideró que la tutela tampoco cumple el requisito de relevancia constitucional, porque la presentó a modo de tercera instancia para que se resolvieran de forma favorable sus pretensiones.

También adujo que la tutela no cumple el requisito de subsidiariedad, que no existe un perjuicio irremediable y que tampoco cuenta con carga argumentativa.

El apoderado de la Sociedad Canal Extensia América S.A. – CEA solicitó que se rechazara por improcedente la acción de tutela o que se denegaran las pretensiones.

2 Índice 7 de Samai.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04181-00

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Lo anterior, por cuanto , a su juicio , la acción de tutela no cumple el requisito de inmediatez, pues considera que se presentó con un término superior a seis meses.

Además, señaló que tampoco cumple el requisito de subsidiariedad, pues aunque el actor alega que no se resolvió la solicitud de adición, lo cierto era que en el auto del 25 de enero de 2023 se resolvió denegarla, decisión que pudo recurrirse, e n los términos del artículo 318 del CGP.

Dijo que la tutela no cumplía el requisito de relevancia constitucional, porque el actor no demostró cuál era la afectación grave que sufriría por no estar vinculado como coadyuvante de la acción popular.

del artículo 318 del CGP.

Dijo que la tutela no cumplía el requisito de relevancia constitucional, porque el actor no demostró cuál era la afectación grave que sufriría por no estar vinculado como coadyuvante de la acción popular.

A pesar de haber sido notificados, la Procuraduría General de la Nación y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no rindieron informe sobre los hechos que motivaron la interposición de la presente acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES

1. Cuestión previa. Legitimación en la causa por pasiva

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1o del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y, excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).

En el presente asunto, la parte actora endilga la presunta vulneración de derechos fundamentales al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, por denegar su calidad de coadyuvante en el proceso de acción popular.

Ahora, la Procuraduría General de la Nación y la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. solicitaron la desvinculación de la presente acción de tutela, con sustento en que las pretensiones de la acción de tutela no se dirigen en su contra.

Al respecto, la Sala debe advertir que la s entidades fueron vinculadas a la presente actuación como tercero s con interés, mas no como demandada s. La vinculación no obedeció a que las pretensiones estén dirigidas contra esa s entidades, sino porque

Al respecto, la Sala debe advertir que la s entidades fueron vinculadas a la presente actuación como tercero s con interés, mas no como demandada s. La vinculación no obedeció a que las pretensiones estén dirigidas contra esa s entidades, sino porque actúan como partes en el proceso de acción popular que motivó la interposición de la acción de tutela y, por ende, tienen interés en este trámite.

Por lo tanto, no está probada la falta de legitimación en la causa por pasiva alegada por la Procuraduría General de la Nación y la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P.

2. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el señor Ramón Navarro Pereira contra las providencias del 2 de mayo de 2022 y del 25 de enero de 2023 , dictada s por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, que denegaron la calidad de coadyuvante del actor en la acción popular de radicado No. 25000-23-41-000-2018-00618-00.

La Sala anticipa que no se cumple el requisito general de relevancia constitucional sobre los cargos relacionados con la decisión de denegar la coadyuvancia. Por lo tanto, se declarará improcedente la acción de tutela.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04181-00

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Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional, y (iii) análisis del caso concreto.

3. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los requisitos generales3 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos específicos4 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se han superado los requisitos generales.

4. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15000-2020-05131-005, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tu tela, (iv) que no se propongan

de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tu tela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada.

En cuanto al qu into criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesad o está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.

Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

5. Análisis del caso concreto

A juicio de la Sala, la tutela de la referencia no cumple el requisito general de relevancia constitucional, toda vez que el señor Ramón Navarro Pereira propone la misma discusión jurídica que presentó en el recurso de reposición que presentó contra el auto del 2 de mayo de 2022, que denegó la coadyuvancia. Si bien el demandante alega que las p rovidencias objeto de tutela incurrieron en defectos procedimental absoluto,

del 2 de mayo de 2022, que denegó la coadyuvancia. Si bien el demandante alega que las p rovidencias objeto de tutela incurrieron en defectos procedimental absoluto, sustantivo y violación directa de la Constitución Política, lo cierto es que, en últimas, lo que pretende es que se tenga como coadyuvante de la parte actora en el proceso de acción popular, para lo cual nuevamente alega que cumple los requisitos legales y que

3 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela. 4 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución. 5 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04181-00

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no se puede impedir su participa ción por el hecho de que cursen investigaciones penales en su contra. En efecto, en el recurso de reposición sostuvo lo siguiente:

2. Es igualmente imperioso insistir que, el escrito de coadyuvancia ignorado por el despacho

no se puede impedir su participa ción por el hecho de que cursen investigaciones penales en su contra. En efecto, en el recurso de reposición sostuvo lo siguiente:

2. Es igualmente imperioso insistir que, el escrito de coadyuvancia ignorado por el despacho satisface el requisito del artículo 24 de la Ley 472 de 1998 como norma especial aplicable que gobierna el procedimiento de las acciones populares, esto es: que esta sea elevada antes del fallo de primera instancia. Presupuesto que se acredita con facilidad en el caso sub-examine.

3. Como se desarrolló en el escrito de coadyuvancia ut supra relacionado, no es cierto que el señor RAMÓN NAVARRO PEREIRA haya aceptado cargos, ni mucho menos haya sido condenado penalmente de parte de alguna instancia judicial por los hechos derivados d el tan nombrado contrato de asistencia técnica del 4 de septiembre del año 2000 -causa única de este medio de controlsuscrito entre INASSA y TRIPLE A (que dicho sea de paso mi cliente no ideó, sugirió́ o se enriqueció́ y del cual solo ejecut ó 8 de 20 años que tuvo vigencia, como lo hicieron los demás gerentes de TRIPLE A por imposición de INASSA, todos exentos de responsabilidad), como equivocadamente se dio a entender en el escrito de la demanda popular, y al parecer lo comparte el ponente según el auto enervado.

En la actualidad, solo existe una causa penal -totalmente diferenciable de esta acción popularpor el contrato de asistencia técnica en fase de instrucción de conocimiento de la Fiscal ía 5a Delegada de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada Contra la Corrupción, bajo el radicado No. 2528 (…)

el contrato de asistencia técnica en fase de instrucción de conocimiento de la Fiscal ía 5a Delegada de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada Contra la Corrupción, bajo el radicado No. 2528 (…) Lo que permite colegir que no hay impedimento alguno para aceptar al señor RAMÓN NAVARRO PEREIRA como coadyuvante en esta causa colectiva, en atención a las razones formales y sustanciales que así lo respaldan.

4. Frente al poder especial que me fue conferido para actuar, se advierte con meridiana claridad de su tenor literal y sentido obvio que el mismo se otorg ó para lograr el reconocimiento del poderdante como tercero coadyuvante dentro de la acción popular para apoyar sus pretensiones, no sobre algunas o todas de las contestaciones de la demanda que fueron formuladas en su momento por los accionados, caso en el cual se hubiera manifestado el interés de ser tenido como impugnante de las pret ensiones colectivas. Sin que se advierta obstáculo alguno por este documento.

5. Finalmente, cualquier análisis sobre la posible incompatibilidad del señor RAMÓN NAVARRO PEREIRA, para intervenir como tercero a favor de la parte accionante como consecuencia del traslado patrimonial de TRIPLE A en beneficio de INASSA y a sus controlantes CANAL EXTENSIA y CANAL DE ISABEL II de España bajo la modalidad contractual de asistencia técnica con impacto directo en los derechos e intereses colectivos tutelados en el artículo 4 de la Ley 472 de 1998, considero que esta debe ser definida y desarrollada in extenso en la sentencia que ponga fin a esta controversia, y no en un auto que se refiere a los presupuestos formales de una coadyuvancia.

considero que esta debe ser definida y desarrollada in extenso en la sentencia que ponga fin a esta controversia, y no en un auto que se refiere a los presupuestos formales de una coadyuvancia. De cualquier forma, solicito al despacho dar aplicación directa a esta intervenci ón al artículo 228 de la Constitución Política y al artículo 5 de la Ley 472 de 1998, que consagr an el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental, aceptando la coadyuvancia de mi representado en este proceso. Por su parte, en la demanda de tutela, el señor Ramón Navarro Pereira alegó lo siguiente: (i) procedimental absoluto: primero, debido a que el despacho accionado hizo una exigencia no prevista en el art ículo 74 del C ódigo General del Proceso para la validez del poder especial presentado, pues solo se requiere que: “los asuntos deber án estar determinados y cla ramente identificados”, como efecto ocurrió́ al manifestarse en el documento de manera inequívoca que el mandato fue conferido: “para que presente en mi nombre y representaci ón coadyuvancia e intervención de tercero dentro de la acci ón popular No. 2500 0234100020180061800, promovida

por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN”.

El ponente se apartó de esta disposición, porque exigió que dentro del poder especial conferido a mi abogado, debía indicarse el sentido de la coadyuvancia, lo cual no es cier to porque este tema fue desarrollado en el escrito de intervención y siempre se dijo que era para coadyuvar la demanda, no impugnarla, interpretaci ón que ri ñe adem ás con los principios básicos que gobiernan las

fue desarrollado en el escrito de intervención y siempre se dijo que era para coadyuvar la demanda, no impugnarla, interpretaci ón que ri ñe adem ás con los principios básicos que gobiernan las acciones populares, según el artículo 5 de la Ley 472 de 1998, que menciona: “El trámite de las acciones reguladas en esta ley se desarrollar á con fundamento en los principios constitucionalesRadicado: 11001-03-15-000-2023-04181-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

y especialmente en los de prevalencia del derecho sustancial, publicidad, econom ía, celeridad y eficacia”. A lo sumo, lo m áximo que este habría podido generar ante una “insuficiencia” de poder especial, es su inadmisi ón para proceder con su subsanaci ón aportando uno nuevo, pero no un rechazo. Nada más. Segundo, porque el artículo 24 de la Ley 472 de 1998 solo condiciona la intervenci ón de terceros dentro de acciones popular a: “Toda persona natural o jur ídica podrá coadyuvar estas acciones, antes de que se profiera el fallo de primera instancia ”, es claro q