CE - 010315000202304252001SENTENCIA20231020181049

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04252-00

Demandante: Nubia Cristina Salas Salas

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-04252-00

Demandante: NUBIA CRISTINA SALAS SALAS

Demandado: CAMARA DE REPRESENTANTES - COMISIÓN DE

INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN

Temas: Debido proceso. Contra trámi te de investigación penal de aforados constitucionales – mora judicial

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta, en nombre propio , por la señora Nubia Cristina Salas Salas contra la Cámara de Representantes – Comisión de Investigación y Acusación , de conformidad con lo establecido en el artículo 1 º del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

La señora Nubia Cristina Salas Salas interpuso acción de tutela contra la Cámara

Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

La señora Nubia Cristina Salas Salas interpuso acción de tutela contra la Cámara de Representantes – Comisión de Investigación y Acusación , por estimar vulnerados los derechos fundamentales de petición, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia . En consecuencia, formul ó las siguientes pretensiones:

«PRIMERO: Ordenar inmediatamente al ente accionado, por conducto de la Representante Investigadora, a que profiera auto de apertura de investigación formal y vincule mediante indagatoria a los denunciados según los artículos 425 y 429 de la Ley 600 de 2000 respectivamente.

SEGUNDO: Ordenar a la autoridad accionada a que conteste inmediatamente, y de manera clara, precisa y de fondo, las peticiones relacionadas en los hechos 12, 13, 14 y 15. Además, ordenar a que responda de la misma forma la petición del hecho 16 en el término especial establecido en el artículo 30 de la Ley 600 de 2000.

TERCERO: Ordenar a la Cámara de Representantes – Comisión de Investigación y Acusación a darle prelación especial a la solución de este caso teniendo en cuenta las necesidades de salud física y mental de la suscrita comentadas en los hechos 4, 7 y 18 de la presente acci ón constitucional.

CUARTO: Prevenir, en lo sucesivo, a la entidad accionada a que reitere las omisiones relacionadas en los hechos y pretensiones de esta tutela, as í como que se abstenga de seguir inobservando los t érminos procesales taxativamente reglados en la Ley 600 de 2000 en este caso».

relacionadas en los hechos y pretensiones de esta tutela, as í como que se abstenga de seguir inobservando los t érminos procesales taxativamente reglados en la Ley 600 de 2000 en este caso».

2. Hechos

De la lectura del expediente, se resaltan como hechos relevantes los siguientes:

El 16 de mayo de 2022, la señora Nubia Cristina Salas Salas presentó denuncia penal contra los Magistrados de la Sala de Casación Civil y Agraria en la Comisión de Investigación y Acusación por el presunto punible de prevaricato por acción.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04252-00

Demandante: Nubia Cristina Salas Salas

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Indicó que mediante el oficio RC024 -2022 del 24 de mayo de 2022 remit ió a la Comisión de Investigación y Acusación petición en el que solicitó información sobre el número de radicado, el nombre del sustanciador asignado.

Afirmó que el 10 de junio de 2022 fue diagnosticada con trastorno mixto de ansiedad y depresión con tratamiento farmacológico por psiquiatra tratante y que, adicionalmente, inici ó tratamiento complementario con psicoterapia , los cuales continúa hasta la fecha.

y depresión con tratamiento farmacológico por psiquiatra tratante y que, adicionalmente, inici ó tratamiento complementario con psicoterapia , los cuales continúa hasta la fecha.

Mencionó que el 26 de octubre de 2022, es decir, 110 días hábiles de spués de la presentación de la queja, la Cámara de Representantes profirió la Resolución 330 de 2022, que asign ó el conocimiento de la denuncia penal a la representante investigadora Kelyn Johanna González Duarte.

Que l a Comisión de Investigación y Acusaciones, mediante “aviso suspensión de términos CIA”, suspendió los términos procesales del 19 de diciembre de 2022 hasta el 16 de enero de 2023, momento para el cual ya habían transcurrido 35 días desde la asignación de la denuncia y 145 días desde la presentación de la denuncia.

Indicó que el 28 de enero de 2023, su dosis de antidepresivos fue doblada de 50mg a 100mg, lo cual aduce, «está fuertemente relacionado con actos del trabajo asociados a los Magistrados denunciados».

Aseveró que el 14 de junio de 2023, esto es , 136 días después del reparto de la denuncia y 246 días desde la presentación de la misma, la representante investigadora avocó conocimiento de la denuncia en las diligencias del expediente 5884 y que, ese mismo día, se dispuso citarla a la diligencia virtual juramentada de ratificación y ampliación de la denuncia penal, en calidad de denunciante , a lo que se dio cumplimiento por el Secretario de la Comisión de Investigación y Acusación el 14 de junio de 2023, que se llevó a cabo el 22 de junio siguiente.

ratificación y ampliación de la denuncia penal, en calidad de denunciante , a lo que se dio cumplimiento por el Secretario de la Comisión de Investigación y Acusación el 14 de junio de 2023, que se llevó a cabo el 22 de junio siguiente.

Sostuvo q ue el 22 de junio de 2023 , radi có solicitud que identificó como “Ref: Derecho de petición: Ratificación, ampliación y solicitud de apertura inmediata investigación penal expediente 5884 contra Magistrados Sala de Casación Civil”, en la que solicitó que se diera inicio de la investigación penal, a la cual, indicó, aportó 55 pruebas, sin obtener respuesta por parte de la representante investigadora.

Que el mismo día radicó petición con referencia “Ref: Derecho de petición: Copias pronunciamientos Sala de Casación Civil denuncia penal radicado 5884” copia del pronunciamiento de los denunciados , sin recibir respuesta alguna por parte de la funcionaria.

Igualmente, que e l 26 de junio de 2023, radicó “Ref: Derecho de petición: Insistencia apertura investigación penal expediente 5884 revocación directa”, de la cual, recibió acuse de recibido y comunicación de que corri ó traslado al despacho de la representante investigadora.

Indicó que e l 4 de julio de 2023, aportó nuevas pruebas por medio de la petición “Ref: Derecho de petición: Aporte de pruebas expediente 5884”, igualmente, sin recibir respuesta alguna.

Que e l 24 de julio de 2023 , presentó nueva petición que complementaba la insistencia de apertura , con referen cia “Ref: Derecho de petición: Complementación solicitud insistencia apertura investigación penal contra Magistrados Sala Civil del 26 de

Que e l 24 de julio de 2023 , presentó nueva petición que complementaba la insistencia de apertura , con referen cia “Ref: Derecho de petición: Complementación solicitud insistencia apertura investigación penal contra Magistrados Sala Civil del 26 de junio de 2023 expediente 5884”, sin recibir respuesta.

Finalmente, dijo que a la fecha han transcurrido 167 días desde la asignación de la denuncia y 277 días desde la presentación de la noticia, sin que se haya proferidoRadicado: 11001-03-15-000-2023-04252-00

Demandante: Nubia Cristina Salas Salas

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auto de apertura de la investigación penal, ni se observa alguna actuación relevante que conduzca a impulsar el expediente 5884 . Que, mientras transcurre esta mora, “los denunciados han aprovechado de mi condición de salud calificada, as í como del conocimiento de que los he denunciado, para tomar retaliaciones en el trabajo en mi contra”.

3. Argumentos de la acción de tutela

La parte actora aduce vulnerados los derechos fundamentales de petici ón, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia por parte de la Cámara de Representantes – Comisión de Investigación y Acusación, por la mora en el marco de la indagación penal -expediente 5884-, que se adelanta en contra de los

debido proceso y de acceso a la administración de justicia por parte de la Cámara de Representantes – Comisión de Investigación y Acusación, por la mora en el marco de la indagación penal -expediente 5884-, que se adelanta en contra de los Magistrados de la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia y que están a cargo de la representante investigadora Kelyn Johana González Duarte.

En relación con el derecho fundamental de petición, afirmó que la Ley 600 de 2000, aplicable a los aforados constitucionales por disposici ón expresa del art ículo 533 de la Ley 906 de 2004, establece dentro de las facultades para las v íctimas o perjudicados (art. 30), el «Acceso al expediente y aporte de pruebas por el perjudicado. La víctima o el perjudicado, seg ún el caso, podr án ejercer el derecho de petici ón ante el funcionario judicial con el fin de obtener información o hacer solicitudes específicas, pudiendo aportar pruebas. El funcionario deberá responder dentro de los diez (10) días siguientes».

Al respecto, insistió en que el término de las peticiones otorgado por el artículo 30 de la Ley 600 de 2000 es de 10 días, que, de hecho, el artículo 14 de la Ley 1473 de 2011, modificado por el art ículo único de la Ley 1755 de 2015, establece (art. 14), que los términos para resolver las distintas modalidades de peticiones , en el sentido de señalar que “Salvo norma legal especial y so pena de sanci ón disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción.

sentido de señalar que “Salvo norma legal especial y so pena de sanci ón disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: (...)”.

Dijo que, pesa a lo anterior, no recibió respuesta frente a las peticiones radicadas , esto es, las del 22 de junio de 2023, 26 de junio de 2023, 4 de julio de 2023 y 24 de julio de 2023.

En punto a la vulneración al derecho fundamental al debido pr oceso, por la mora en adelantar la investigación penal, indicó que, de acuerdo con el artículo 423 de la Ley 600 del 2000, la denuncia deb ía repartirse dentro de los dos d ías siguientes a la presentación de la queja para reparto. Luego, una vez surtido el anterior paso, le correspondía al representante investigador proceder en el mismo t érmino a citar al denunciante para que se ratifique bajo la gravedad del juramento.

Que, a su vez, de acuerdo con los artículo 424 y 435 ejusdem, para la representante que conoció del caso, es posible llevar a cabo investigación previa, si surge alguna duda sobre la procedencia de la apertura de la investigación, por el término máximo de seis meses, con el objeto de establecer si hay lugar o no al ejercicio de la acción penal y vencido ese lapso, debe dictarse auto inhibitorio o de apertura de investigación, o bie n, puede dar apertura de la investigaci ón, si se re únen los requisitos.

Dijo que, e n el caso concreto , estima que las dilaciones han sido injustificadas, porque:

investigación, o bie n, puede dar apertura de la investigaci ón, si se re únen los requisitos.

Dijo que, e n el caso concreto , estima que las dilaciones han sido injustificadas, porque:

«i) El caso no resulta complejo dado que la carga de la Representante Investigadora se limita a constatar si las decisiones atacadas de los denunciados son manifiestamente contrarias al ordenamiento jurídico aplicable al caso ( artículo 413 del Código Penal) y si los denunciados han retardado deliberadamente los términos procesales (artículo 414 de la Ley 599 de 2000) una de ellas. De hecho, si la entidad accionada consideraba que el trámite era de suma complejidad entonces podía haber asignado -desde el mome nto de la presentación de la denuncia - hasta 3 RepresentantesRadicado: 11001-03-15-000-2023-04252-00

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4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Investigadores de conformidad con el artículo 423 del Código de Procedimiento Penal aplicable al caso concreto.

1. No estima que, en este estado del proceso, los investigados hayan desplegado una conducta lo suficientemente relevante para atascar el proceso. Al contrario, estos se mantienen en que sus

caso concreto.

1. No estima que, en este estado del proceso, los investigados hayan desplegado una conducta lo suficientemente relevante para atascar el proceso. Al contrario, estos se mantienen en que sus actuaciones han obedecido la Constitución, la Ley y los Reglamentos. Además, dada la naturaleza de las faltas investigadas, el rol central de la investigación está en la valoración de que si realmente les asiste razón a los denunciados en la legalidad de sus providencias y si la demora en los tiempos se encuentra justifi cada. Tampoco se conoce un medio de prueba que conduzca a demostrar que el representante del Ministerio Público haya interferido en el desarrollo del trámite.

Además, la suscrita ha procurado en sus peticiones realizar valoraciones tendientes a probar -de una lectura cuidadosa de las normas aplicables al caso, as í como de la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal y de la Corte Constitucionalel porqué es procedente la apertura de instrucción formal en contra de los denunciados.

1. No se encuentra ninguna conducta procesal relevante por parte de la autoridad accionada que amerite la tardanza antes relacionada. Al contrario, la Cámara de Representantes - Comisión de Investigación y Acusación no ha dado respuesta ni siquiera a los requerimientos de la suscrita interesada en los términos que le impone el artículo 30 de la Ley 600 de 2000 y se demor ó mucho más del tiempo de Ley en realizar la primera actuación procesal.

1. En global, la suscrita accionante ha tenido que esperar tiempos ostensiblemente excedidos de los establecidos en el Código de Procedimiento Penal aplicable al caso, sin que medie ninguna razón explicable, fundada y lo suficientemente trascendental para ello.

establecidos en el Código de Procedimiento Penal aplicable al caso, sin que medie ninguna razón explicable, fundada y lo suficientemente trascendental para ello.

1. Precisamente los intereses que se debaten involucran a altos funcionarios de la Nación; lo que implica que el proceso debe ser lo más expedito posible con la finalidad de clarificarle los hechos a los interesados, a la justicia y al país. Además, si bien informó la suscrita a la Representante investigadora de su estado especial de salud calificada, no se ha tenido en cuenta esta condición en la observancia de los tiempos establecidos en la Ley 600 de 2000». (se transcribe con posibles errores)

4. Trámite Previo

El despacho sustanciador, en auto del 14 de agosto de 2023, admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la se ñora Nubia Cristina Salas Salas y la C ámara de Representantes –Comisión Legal de Investigación y Acusación-. Asimismo, ordenó publicar en la página web del Consejo de Estado la providencia para el conocimiento de todos los terceros interesados y ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

En auto del 7 de septiembre de 2023 los magistrados Myriam Stella Gutiérrez Argüello, Stella Jeannette Carvajal Basto y Milton Chaves García manife staron impedimento ante el consejero de Estado Wilson Ramos Girón para conocer del radicado de la referencia, sin embargo, en auto del 27 de septiembre de 2023, se declaró infundado.

5. Oposición

El secretario de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes informó que remitió la acción de tutela de la referencia a Kelyn

declaró infundado.

5. Oposición

El secretario de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes informó que remitió la acción de tutela de la referencia a Kelyn Johana González Duarte, representante investigadora dentro del expediente 5884, de conformidad con la Resolución 330 de 2022, para que emitiera pronunciamiento.

La representante Kelyn Johana Gonz ález Duarte señaló que , mediante Resolución 330 de l 26 de octubre de 2022, de la Presidencia de la Comisi ón de Investigación y Acusaci ón de la C ámara de Representantes, fu e designada representante investigadora en el expediente cuya denuncia fue formulada por la ciudadana Nubia Cristina Salas Salas , relatora en propiedad de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia contra todos los M agistrados que componen la Sala.

Señaló que la denuncia fue repartida, en principio, al representante Fabio Fernando Arroyave Rivas , por resoluci ón 319 de 2019 y acta de reparto de l 9 de junio de 2022, sin emb argo, la devolvió la carpeta a la s ecretaría p or la culminación del periodo legislativo 2018-2022, sin trámite alguno, que, en el año 2022, se eligieronRadicado: 11001-03-15-000-2023-04252-00

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nuevos Representantes a la C ámara y, por consiguiente, despu és del 20 de julio de 2022, se realizaron las designaciones de nuevas mesas directivas a l interior de esa Corporación.

Que, por Resolución 330 de 26 de octubre de 2022, le fue asignada la carpeta con radicado 5884. Que, por auto del 14 de junio de 2023, avocó conocimiento y agregó que la Comisión suspendió términos entre la finalización de cada legislatura desde mediados de diciembre de 2022 hasta mediados de enero de 2023 , de lo cu al se informó a la denunciante, a los denunciados y al agente del Ministerio P úblico, se pusieron de presente las dificultades en la contrataci ón de asesores jur ídicos que respalden el trabajo en cada despacho de los Representantes Investigadores y el período de vacancia legislativa para cada congresista entre el 16 de diciembre de 2022 y el 16 de marzo de 2023, lo cual impide mayor actividad procesal.

Dijo que en el auto tambi én de l 14 de junio de 2023, la denunciante fue citada virtualmente a ratificación de la denuncia, programada para el 22 de junio de 2023, la cual se llevó a cabo y la señora Salas se ratificó y oralmente manifestó de manera extensa, amplia y detallada los motivos por los cuales considera que los magistrados de la Sala Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia incurrieron

la cual se llevó a cabo y la señora Salas se ratificó y oralmente manifestó de manera extensa, amplia y detallada los motivos por los cuales considera que los magistrados de la Sala Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia incurrieron en el delito de prevaricato por acci ón. Indicó que e n la diligencia qued ó claro que cualquier determinaci ón sería notificada inmediatamente , sin que fuera necesario la presentaci ón de memoriales repetitivos, irrespetuosos o que no aport aran aspectos novedosos a los anuncios expuestos en la ampliaci ón de la denuncia, que, sin embargo, hizo caso omiso , porque inmediatamen te, culmin ó la misma, presentó escritos extensos en los que recabó el mismo tema ampliado.

Informó igualmente que en auto de l 25 de julio de 2023, contestó las peticiones radicadas por la señora Salas, quien ha insistido en la apertura de investigación, en la que contestó: “INFORMAR a la denunciante NUBIA CRISTINA SALAS SALAS, mediante oficio de la Secretar ía de la Comisi ón, que esta Representante Investigadora claramente advirti ó al culminar la diligencia virtual juramentada de ratificaci ón y ampliaci ón de denuncia penal, que estudiará detenidamente el asunto penal junto con el disciplinario interpuestos contra los miembros Honorables Magistrados de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, y, ser á debidamente notificada de las decisiones que emita en su debido momento, sin que sea necesario que allegue documentos superfluos o repetitivos. Ent érese de este auto al correo electr ónico cristinas@cortesuprema.gov.co; al Agente del Ministerio Público designado y a los denunciados.”.

documentos superfluos o repetitivos. Ent érese de este auto al correo electr ónico cristinas@cortesuprema.gov.co; al Agente del Ministerio Público designado y a los denunciados.”.

Precisó que c ada proceso asignado tiene complejidad, insistió en que siempre h a sido directa, diligente y respetuosa con la denunciante; que no ha denegado justicia o incurrido en mora judicial y resaltó que los asesores fijados a ese despacho a ún no han sido contratados desde el 8 de julio de 2023, lo cual impide mayor agilidad y trámite en los procesos sometidos a su consideración y, que, como legisladora , las tareas se multiplican porque este asunto no es el único repartido al despacho.

Adujo desconocer absolutamente la situaci ón de salud mental porque no es su resorte y tampoco sería una razón válida para decidir ese proceso.

Aseveró que el artículo 424 de la Ley 600 de 2000, establece que, si surgiere alguna duda sobre la procedencia de la apertura d e la investigaci ón, se ordenar á abrir diligencias previas por un término m áximo de seis meses, con el objeto de establecer si hay lugar o no al ejercicio de la acci ón penal y que, en ese orden, ningún termino se ha soslayado , que, de hecho, el parágrafo del mismo art ículo prevé que, una vez vencido el t érmino de los seis meses, el representante investigador dictará auto inhibitorio o de apertura de investigación, con fundamento en lo cual, dijo que apenas est á comenzando el tr ámite penal para aforados al llamarse a ratificaci ón como prerrequisito para avanzar , de acuerdo con el artículo

investigador dictará auto inhibitorio o de apertura de investigación, con fundamento en lo cual, dijo que apenas est á comenzando el tr ámite penal para aforados al llamarse a ratificaci ón como prerrequisito para avanzar , de acuerdo con el artículo 423 ley 600 de 2000.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04252-00

Demandante: Nubia Cristina Salas Salas

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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6. Intervención adicional de la parte actora

La actora allegó intervención adicional en la que indicó que el 11 de agosto de 2023, fue notificada de autos interlocutorios proferidos por la representante investigadora, lo que, según aduce, no responde de manera clara, precisa y de fondo, en el término del artículo 30 de la Ley 600 de 2000 , las peticiones plante adas y a, su juicio, se termina justificando la extemporaneidad con descalificativos.

Solicitó tener en cuenta que los referidos escritos constituyen , en s í, actos que deniegan deliberadamente el acceso material y real a la administración de justicia, generan desconfianza en la institucionalidad y “envían un mensaje de impunidad para que los Magistrados sigan reincidiendo en hechos que son objeto de investigación, quienes además fueron notificados de estas peticiones sin que se advierta un interés para ello”.

generan desconfianza en la institucionalidad y “envían un mensaje de impunidad para que los Magistrados sigan reincidiendo en hechos que son objeto de investigación, quienes además fueron notificados de estas peticiones sin que se advierta un interés para ello”.

Solicitó considerar los argumentos que condujeron al amparo del derecho fundamental de petición, por hechos diferentes a los aqu í tratados, en contra de la Sala de Casación Civil, en fallo proferido en el expediente con radicado 11001-0315-000-2021-08938-00, precisamente por no responder de manera clara, precisa y de fondo las peticiones.

También solicitó que “imponga la apertura de la investigaci ón penal, y la consecuente llamada a indagatoria”, porque la Representante Investig adora conoce desde mayo de 2022 el proceso disciplinario por acoso laboral con radicado 5745 en fase de indagación previa, sin ninguna actuaci ón procesal que se conozca.

De manera posterior, allegó nueva intervención en la que indicó que, “los señores Magistrados de la Sala de Casación denunciados han tomado ventaja de la poca o ninguna celeridad e imparcialidad en este proceso para seguir reincidiendo en conductas que son objeto de investigación penal. Esto es, no han dado el tr ámite de ley a las recusaciones presentadas en su contra y, aun cuando el trámite de las calificaciones se encontraba suspendido, han actuado en lo sucesivo sin conocerse aún de una respuesta de fondo de la autoridad competente”, para lo cual refirió hechos relacionados con un trámite de recusación al tr ámite en el marco de su integral de servicios del a ño 2022 y realizó extensos cuestionamientos frente a

refirió hechos relacionados con un trámite de recusación al tr ámite en el marco de su integral de servicios del a ño 2022 y realizó extensos cuestionamientos frente a la actuación de los Magistrados que conforman la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 .º establece: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o l a omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto ”.

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perj uicio irremediable.

Problema jurídico

Mediante el ejercicio de la presente acción la señora Nubia Cristina Salas Salas invoca la protección constitucional de los derechos fundamentales de petición, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

Lo anterior, porque, aduce que la Cámara de Representantes – Comisión de Investigación y Acusación: (i) vulneró el derecho fundamental de petición, porqueRadicado: 11001-03-15-000-2023-04252-00

Demandante: Nubia Cristina Salas Salas

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Investigación y Acusación: (i) vulneró el derecho fundamental de petición, porqueRadicado: 11001-03-15-000-2023-04252-00

Demandante: Nubia Cristina Salas Salas

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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no ha recibido respuesta de las peticiones radicadas el 22 de junio de 2023, el 26 de junio de 2023, el 4 de julio de 2023 y el 24 de julio de 2023 e, (ii) incurrió en mora en el marco de la indagación penal -expediente 5884-, que se adelanta en contra de los Magistrados de la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia y q ue están a cargo de la Representante Investigadora Kelyn Johana González Duarte.

De acuerdo con lo anterior, la Sala pasa a determinar si la Cámara de Representantes – Comisión de Investigación y Acusación vulneró el derecho fundamental de petición de la parte actora -para lo cual, previamente se referirá a la función judicial del Congreso de la República - y, seguidamente, establecerá si la autoridad demandada incurrió en la alegada mora judicial.

La función judicial del Congreso de la República

Lo primero que conviene decir es que, por mandato con stitucional (art. 178) y por

autoridad demandada incurrió en la alegada mora judicial.

La función judicial del Congreso de la República

Lo primero que conviene decir es que, por mandato con stitucional (art. 178) y por mandato legal, conforme con los artículos 329 y siguientes de la Ley 5 de 1992, le corresponde a la Comisión Legal de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes conocer sobre las denuncias penales o quejas disciplinarias contra altos dignatarios del Estado, como lo son: (i) el Presidente de la República o quien haga sus veces; (ii) el Fiscal General de la Nación;