CE - 010315000202304281001SENTENCIA20231002115859

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04281-00

Actor: Jorge Leonardo Lara Corredor

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C, veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-04281-00

Demandante: JORGE LEONARDO LARA CORREDOR

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,

SUBSECCIÓN “A”

Temas: Tutela contra providencia judicial . Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra a cto administrativo que impuso sanción de destitució n e inhabilidad . Defectos por desconocimiento del precedente judicial y fáctico

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cu arta del Co nsejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por el señor Jorge Leo nardo Lara Corredor , quien actúa mediante apoderado judicial, contra la Sección Segund a, Subsección “A” del Consejo de Estado, en la que pide el amparo constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso , igualdad, trabajo, defensa, de acceso a la administr ación de

apoderado judicial, contra la Sección Segund a, Subsección “A” del Consejo de Estado, en la que pide el amparo constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso , igualdad, trabajo, defensa, de acceso a la administr ación de justicia, dignidad humana y buen nombre , supuestamente vulnerado s con la sentencia de 19 de enero de 2023, mediante la cual revocó el fallo favorable de primera instancia y , en su lugar, negó la s preten siones tendientes a declarar la nulidad del acto administrativo que lo sancionó con desti tución del cargo e inhabilidad general de 10 años en el marco d el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 25000-23-42-000-2016-05298-01.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El ac cionante rela tó que ingresó a la Policía Nacio nal el 6 de agosto de 2010 , como cadete y alférez, a lo que agregó que fue dado de alta el 31 de mayo de 2013, en el grado de subteniente.

Sostuvo que el Inspector Delegad o Regional Uno de la Policía Nac ional en decisión de 15 de octubre de 2014, impuso sanción disciplinaria consistente en destitución e inhabilidad general de 10 años, en razón a las agresiones físicas que cometió en contra de su pareja sentimental. Esa s anción fue confirmada por el Inspector General de la Policía Nacional el 22 de diciembre de 2015.

Resaltó que el Ministerio de Defensa Nacional mediante Resolución No. 2357 de 31 de marzo de 2016, ejecutó la sanción disciplinaria de desti tución e inhabilidad

Inspector General de la Policía Nacional el 22 de diciembre de 2015.

Resaltó que el Ministerio de Defensa Nacional mediante Resolución No. 2357 de 31 de marzo de 2016, ejecutó la sanción disciplinaria de desti tución e inhabilidad general por el término de 10 años.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04281-00

Actor: Jorge Leonardo Lara Corredor

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Afirmó que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó de manda contra la Nación, Min isterio de Defensa N acional, Policía Nacional, con el fin de que se anularan los actos administrativos de 15 de octubre de 2014 y 22 de diciembre de 2015.

Indicó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, en fallo de 18 de noviembre de 2020, accedió a las pretensiones de la demanda , en razón a que “dentro de la investigación disciplinaria no fue posible demostrar, más al lá de toda duda razonable, que el señor Lara Corredor hubiera sido el cau sante de las lesiones produ cidas a la quejosa, pues, pese a que existe un informe de medicina legal q ue se ñaló las lesiones que sufrió la joven no desc ribe mediamente el origen de las mismas y deja constancia que el posible agresor es el señor Lara Corredor”.

Finalmente, manifestó que contra l a anterior decisión la Policía Nacional presentó

joven no desc ribe mediamente el origen de las mismas y deja constancia que el posible agresor es el señor Lara Corredor”.

Finalmente, manifestó que contra l a anterior decisión la Policía Nacional presentó recurso de apelación. La Sección Segunda, Subsección “A” del Co nsejo de Estado mediante sentencia de 19 de enero de 2023, la revocó y negó la s pretensiones, al considerar que “en e l proceso disciplinario en el q ue resultó sancionado el demandante se respetaron las garantías fundamentales al debido proceso y defensa, en tant o: i) e l trámite administrativo se adelantó d e cara a lo dispuesto en las Leye s 734 de 2002 y 1015 de 2006; ii) se le permitió a la disciplinada ejercer su derecho de contradicción formula ndo descargos, alegando de conclusión, apelando el fallo de primera instancia, es decir, p ermitiendo su participación activa ante el operador disciplinario; iii) se efectuó una ad ecuada individualización de la conducta objeto de reproche; y , iv) la sanción impuesta al accionante atendió a los principios de proporcionalidad y razonabilidad”.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de t utela con el objeto de que se ampar en los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, trabajo, defensa, de acceso a la administración de justicia , dignidad humana y buen nombre, supuestamente vulnerados por la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, con la sentencia de 19 de enero de 202 3 que revocó la decisión favorable de primera instancia para, en su lugar, negar las pretensiones tendientes a la anulación de los

sentencia de 19 de enero de 202 3 que revocó la decisión favorable de primera instancia para, en su lugar, negar las pretensiones tendientes a la anulación de los actos administrativos sancionatorios.

Afirmó que la sentencia objetada incurrió en defecto por desconocimiento del precedente judicial, pues desconoció la sentencia de unificación de 9 de agosto de 2016 1 de la Sala Plena Co ntencioso Administra tiva del Consejo de Estado relacionada con la valoración de las pruebas en la expedición de actos administrativos sancionatorios.

Agregó que en la sentencia de 25 de enero de 20 18 2 , la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado se refirió al co ntrol integral de legalidad de los actos administrativos disciplinario y “lo relacionado con la ilicitud sustancial en lo que hace relación a la afectación a los fi nes de la actividad de policía, con la conducta endilgada y a la revisión integral de las pruebas existentes, para verificar tanto lo desfavorable, como lo favorable”.

Resaltó que la Corte Constituc ional en la sentencia C -819 de 2006 3 , realizó el examen de constit ucionalidad de l numeral 10 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, en la que se dis puso que “la exigencia de la ilicitud material de la conducta considerada como injusto disciplinario, impone al legislador el deber de erigir como

1 Radicado No. 11001-03-25-000-2011-00316-00, C.P.: William Hernández Gómez. 2 Radicado No. 70001-23-33-000-2013-00277-01, C.P.: William Hernández Gómez. 3

Radicado No. 11001-03-25-000-2011-00316-00, C.P.: William Hernández Gómez. 2 Radicado No. 70001-23-33-000-2013-00277-01, C.P.: William Hernández Gómez. 3

M.P.: Jaime Córdoba Triviño.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04281-00

Actor: Jorge Leonardo Lara Corredor

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tal, únicamente aquellos co mportamientos con idoneidad para afectar los fines de la actividad policial y por esa vía el inter és de la función pública, y a la autoridad administrativa disciplinaria el imperativo de esta blecer, com o elemento de la imputación el nexo entre la conducta investigada y la infracción al deber funcional que se proyecta en menoscabo a la función pública”.

De otra parte , indicó que la autorida d judicial accionada incurrió en defecto fáctico, toda vez que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley 734 de 2002 no se podría proferir fallo sancionatorio , pues no se contaba con prueba que otorgara certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del accionante.

Sostuvo que la auto ridad judicial accionada pasó desapercibido que la Fiscalía General de la Nación decidió arc hivar la denuncia , por considerar que se tr ataba de una con ducta atípica de acuerdo con el artículo 79 del Códi go de Procedimiento Penal.

General de la Nación decidió arc hivar la denuncia , por considerar que se tr ataba de una con ducta atípica de acuerdo con el artículo 79 del Códi go de Procedimiento Penal.

Afirmó que “si bien existe un acta de reconocimiento médico legal efectuado en el Centro de Salud El Salvador de Simijaca en horas de la tarde del 16 de febrero de 2014, ésta ú nicamente da certeza absoluta de las lesiones que sufrió la joven , pero no describe médicamente el orige n de las mismas y solo se deja constancia de que el posible agresor es el señor Lara Corredor pues fue ella misma quien lo acusó como culpable”.

Señaló que de los testimonios rendidos por los policías que conocieron el caso, se destaca que no se advirtió ninguna lesión en el r ostro de la pareja sentimental del actor, ni fue posible constata r características físicas que supusieran una agresión en su contra.

Agregó que “en favor del señor Subteniente JORGE LEONARDO LARA CORREDOR, se tiene que la quejosa indic ó que ella había sido golpeada por éste antes que llegaran los policiales que conoc ieron el caso, quienes sin ser médicos legistas, pero con el bag aje suficiente por su labor y experiencia en el conocimiento de motivos de policía, pudieron advertir que la señor ita xxx, no presentaba lesiones, pues ella misma manifestó a l os uniformados que se había tratado de una cachetada que la mism a Subsección A de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado definió acudiendo a la Real Academia Española, como un Golpe que se da en el carri llo con la mano abierta, lo cual no resulta

Sección Segunda del H. Consejo de Estado definió acudiendo a la Real Academia Española, como un Golpe que se da en el carri llo con la mano abierta, lo cual no resulta congruente con los resultados del examen médico legal, en el que se ind icó que se concluyó que la señora xxx presentaba lesiones en la cara, ojo, cuello y tóra x, consistentes en eq uimosis y edemas, que le generó una incapacidad de 7 días , con lo cual se podría deducir que estas no se produjeron en el momento que ésta se encontraba, con el señor LARA CORREDOR , pues si hubiera sido de tal magnitud la agresión, la quejosa no habría dudado en irse con los policías que llegaron hasta el lugar, para sentirse protegida y alejada de su agresor”.

Resaltó que en el proceso disciplinari o opera la presunción de inocencia y el principio in du bio pro disciplina do, que tiene cabida ante la deficiente a ctividad probatoria de la administración.

Por último, manifestó que “en este caso no trato de convertir esta Tutela en una instancia más a la que se pueda recurr ir con el fin de controvertir unos argumentos que fueron materia de estudio por el H. Consejo de Estado en segunda instancia; lo que se busca e s que sean amparados los derechos invocados, por el desconocimiento del precedente judicial y los defectos fáctico en que se incurrió y que solo por vía de tutela se pueden amparar cuando ya no hay más recursos a los cuales acudir, como en este caso”.

3. Pretensiones

La parte accionante formuló las siguientes:Radicado: 11001-03-15-000-2023-04281-00

pueden amparar cuando ya no hay más recursos a los cuales acudir, como en este caso”.

3. Pretensiones

La parte accionante formuló las siguientes:Radicado: 11001-03-15-000-2023-04281-00

Actor: Jorge Leonardo Lara Corredor

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“1. Que se amparen los derechos fundam entales al debido pr oceso, al trabajo, a la igualdad, a la defensa y de acceso a la administración de justicia, a la Dignidad y buen nombre.

2. Que como consecuencia de lo anterior, se deje sin efectos la Sentencia de Segunda Instancia de fecha proferida por el H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segu nda, S ubsección A, dentro del expe diente de Nulidad y restablecimiento del derecho No. 25000 23 42 000 2016 05298 01, promovido contra la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONA L – POLICÍA NACIONAL, notificada mediante mensaje de datos enviado vía correo electrónico del 16 de febrero de 2023.

3. Y en su lugar se ordene a la autoridad accionada proferir una nueva decisión , de conformidad con los principios de proporcionalidad y a decuación y los prec edentes jurisprudenciales sobre la materia , y ANALIZAND O COR RECTAMENTE LAS PRUEBAS ALLEGADAS A L EXPEDIENTE , ASÍ COMO TAMBIEN ATENDIENTO LA

conformidad con los principios de proporcionalidad y a decuación y los prec edentes jurisprudenciales sobre la materia , y ANALIZAND O COR RECTAMENTE LAS PRUEBAS ALLEGADAS A L EXPEDIENTE , ASÍ COMO TAMBIEN ATENDIENTO LA ADECUADA Y COHERENTE MENTE EL PROBLEMA JUR ÍDICO PLANTEADO , LOS ARGUMENTOS DE LA DEMANDA y el fallo de Primera Instancia donde se accedió a las pretensiones”.

4. Pruebas relevantes

En correo electrónic o de 17 de agosto de 2023 , el Tribunal Adm inistrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, remitió el link de l proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió el señor Jorge Leonardo Lara Corredor contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional (radicado No. 25000-23-42-000-2016-05298-01).

5. Trámite procesal

Por auto de 14 de agosto de 2023, el despacho d e la magistrada sustanciadora admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la autoridad judicial demandada, al Tribunal Administrativo de Cundi namarca, Sección Segunda, Subsección “C”, a la Nación , Ministerio de Defensa Nacional , Policía Nacional y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

La Secretaría General de esta Corporación libró los ofici os 85298 a 85304 de 16 de agosto de 2023 4 , con el fin de notificar a las partes.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”

de agosto de 2023 4 , con el fin de notificar a las partes.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”

En escrito de 22 de agosto de 2023, el consejero ponente de la sentencia objetada pidió que se declare la improcedencia de la a cción de tutela o , en su defecto, se denieguen las pretensiones.

Afirmó que los argumentos expuestos por el accionante fueron desarrollados en la demanda ordinaria, los cuales se analizaron y resolvieron en las consideraciones de la sentencia objetada.

Sostuvo que lo que pretende el accionante es hacer uso de la acción constitucional como una tercera instanci a, exponiendo inconf ormidades frente a

4 La parte accionante, la autoridad judicial demandada y los t erceros interesados fueron notificados a las siguientes direcciones de correo electrónico: jorgelara.1096@gmail.com; franciscopala16@hotmail.com, notifjduque@consejodeestado.gov.co; mcastillol@consejodeestado.gov.co; notifrsuarez@consejodeestado.gov.co; angy .pe@hotmail.com; apenac@consejodeestado.gov.co; notifgvalbuena@consejodeestado.gov.co; dgavirias@consejodeestado.gov.co, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co; Notificaciones.Bogota@mindefensa.gov.co; notificaciones.judiciales@mindefensa.gov.co, notificacion.tutelas@policia.gov.co; segen.consejo@policia.gov.co, ces2secr@consejodeestado.gov.co,

Notificaciones.Bogota@mindefensa.gov.co; notificaciones.judiciales@mindefensa.gov.co, notificacion.tutelas@policia.gov.co; segen.consejo@policia.gov.co, ces2secr@consejodeestado.gov.co, scs02sb03tadmincdm@notificacionesrj.gov.co; scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co y rmemorialessec02sbtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04281-00

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los fallos que , en su momento , emitió la autoridad judicial accionada , esto es, la Nación, Ministerio de Defen sa Nacional, Policía Nacional y , que, en sede judicial , fueron resueltas de acuerdo con los cargos plantead os en el escrito introd uctorio dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

6.2. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”

En escrito de 16 de agosto de 2023, el magistrado ponente d e la decisión de primera instancia pidió que fuera desvinculado de l trá mite constitucion al por carecer de legitimación en la causa por pasiva.

Sostuvo que la decisión cuestionada por el actor corresponde a la sentencia proferida el 19 de enero de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Segunda , Subsección “B”, por medio de la cual revocó el fallo proferido por esta Corporación

Sostuvo que la decisión cuestionada por el actor corresponde a la sentencia proferida el 19 de enero de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Segunda , Subsección “B”, por medio de la cual revocó el fallo proferido por esta Corporación que accedió a las pretensiones de la demanda y, en su lugar, dispuso denegar lo solicitado.

6.3. Respuesta de la Policía Nacional

En correo electrónico e 22 de agosto de 2023, la asesora del Área Jurídica pidió que se neg aran las pretensiones de la acción d e tutela por inexistencia de la vulneración alegada.

Afirmó que al interior de la Policía Nacional se surtieron las actuaciones administrativas correspondientes al proceso de investigación disciplinari a, conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente, esto con el fin de garantizar el debido proceso administrativo, el cual tiene fundamento en el artículo 29 superior, como en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA-, en concordancia con el artículo 5 de la Ley 1015 de 2006.

Indicó que en el medio de contr ol de nulidad y restablecimiento del derecho no existe prueba que permitiera establecer una indebida valoración probatoria o una vulneración al debido proceso administrativo por parte de la autoridad disciplinaria de la institución policial en el tra nscurso de la investigación No. REGI1-2014-11, por lo cual no es de recibo lo sostenido por el acc ionante en el sentido de que la sentencia proferida por la autoridad judicial accionada se encuentra inmersa en un defecto fáctico y en desconocimiento del precedente ju dicial. Por el contrario , se puede evidenciar que el ad quem realizó un completo y armónico análisis de los

sentencia proferida por la autoridad judicial accionada se encuentra inmersa en un defecto fáctico y en desconocimiento del precedente ju dicial. Por el contrario , se puede evidenciar que el ad quem realizó un completo y armónico análisis de los hechos y pruebas allegados al proceso.

Finalmente, manifestó que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de la inmediatez, a lo que agreg ó que la parte actora no demostró la configuración de un perjuicio irremediable que habilite el estudio por parte del juez de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 d e la Constit ución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reg lamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Con sejo d e Estado e s competente para decidir el asunto objeto de estudio.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04281-00

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2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado en la sentencia de 19 de enero de 2023 que revocó la decisión favorable de primera instancia y negó las pretensiones tendientes a la anulación de los actos administrativos que lo san cionaron con destitución e inhabilidad general de 10 años , vulneró los derechos fundamentales al debido proceso ,

favorable de primera instancia y negó las pretensiones tendientes a la anulación de los actos administrativos que lo san cionaron con destitución e inhabilidad general de 10 años , vulneró los derechos fundamentales al debido proceso , igualdad, trabajo, defensa, de acceso a la administración de justicia , dignidad humana y buen nombre , al supuestamente incurrir en los defectos i) desconocimiento del precedente judicia l, al desconocer la sentencia de unificación de 9 de agosto de 2016 de la Sala Plena Contencioso Administrativa del Consejo de Estado , el fallo d e 25 de enero de 20 18 de la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado y la sentencia C-819 de 2006 de la Corte Constitucional y ii) fáctico, por la indebida valoración de las pruebas, pues no se analizaron a partir de l cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley 734 de 2002.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para re clamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cu alquier autoridad pública”, mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos H umanos5 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos6, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificac ión emanada de la Sala Plena

Civiles y Políticos6, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificac ión emanada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012 7, acogió la tesis de adm itir la procedencia excepcional de la solicitud de t utela contra p rovidencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más ad elante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20148, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela co ntra providencias judiciales, lo que llevó a con cluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales” , en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los d erechos fundamentales de personas” . En la misma deci sión, el Conse jo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20059.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la cuestión que se disc uta resulte de e vidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extr aordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interp uesto en un té rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneraci ón (…); (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un

inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interp uesto en un té rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneraci ón (…); (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los

5 Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972. 6 Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968. 7 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González. 8 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 9

M. P. Jaime Córdoba Triviño.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04281-00

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derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, lo s requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C -590 de 2005, son los

tutela.

Ahora bien, lo s requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C -590 de 2005, son los siguientes: (i) Defecto orgánico 10; (ii) Defecto proce dimental absoluto 11; (iii) Defecto fáctico 12; (iv) Defecto materia l o sustantivo 13; (v) Error inducido 14; (vi) Decisión sin motivación15; (vii) Desconocimiento del precedente16 y (viii) Violación directa de la Constitución 17 .

Al j uez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos g enerales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se con figura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, siem pre y cuando, en principio, haya n sido alegados por el interesado. Estos presupuestos han sido a cogidos en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo 18 y de la Corte Constitucional19.

En definitiva, la acción de tutela co ntra providencias judiciales, como mecanismo excepcional, se justifica en el carácter pre valente que se deb e dar a la cosa juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independ encia del juez natural, atributos que debe tener e n consideración el juez consti tucional al momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia

La Sala encuentra que están cumplidos en el asunto bajo estudio, por cuanto (i )

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia

La Sala encuentra que están cumplidos en el asunto bajo estudio, por cuanto (i ) goza de relevancia consti tucional, en tanto se debe determinar si el fallo objetado que revocó la dec isión favorable de primera instancia en el marco de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y, en su lugar, negó las pretensio nes tendientes a la anulación del acto administrativo que lo sancionó con destitución e inhabilidad general de 10 años , compromete el alcance y goce de los derechos

10 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugna da carece, absolutamente, de competencia para ello. 11 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. 12 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. 13 Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. 14 Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víc tima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. 15 Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisione s en el enten dido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. 16 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez

jurídicos de sus decisione s en el enten dido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. 16 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dich o alcan ce. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constituci onalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. 17 Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las recie ntes sentencias SU-114 de 2023 y SU-061 de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera. 18 Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134 -01), Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio ( exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016 -02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras. 19 Cfr., Sentencias SU -556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU -542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado, SU -490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU -659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04281-00

Actor: Jorge Leonardo Lara Corredor

Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.Radicado: 11001-03-15-000-2023-04281-00

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fundamentales al debido proceso , igualdad, trabajo, defensa, de acceso a la administración de justicia, dignidad humana y buen nombre del accionante, por lo que no se observa que la solicitud de amparo se presente como una instancia adicional o se plantee un asunto de mera legalidad.

Igualmente, (ii) la providencia obj etada se dictó en el marco del recurso de apelación, p or l o que el accionante no cuenta con otro me canismo de defensa judicial; (iii) la solicit ud de amparo se insta