CE - 010315000202304324001SENTENCIA20231031095200

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04324-00

Demandante: L.J. AREIZA Y CIA S. EN C.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-04324-00

Demandante: L.J. AREIZA Y CIA S. EN C.

Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial que confirmó caducidad del medio de control de reparación directa /defecto s fáctico y sustantivo o material/ autonomía judicial/

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por L.J AREIZA Y CIA S EN LIQUIDACIÓN en contra del Juzgado Segundo Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta , por la expedición de las providencias proferidas el 29 de julio de 2022, el 12 de agosto de 2022 y el 23 de junio de 2023 por la primera instancia y el 8 de marzo de 2023 y el 3 de mayo de 2023 por la segunda instancia en el proceso de reparación directa promovido en contra de la interviniente CENIT TRANSPORTE Y

8 de marzo de 2023 y el 3 de mayo de 2023 por la segunda instancia en el proceso de reparación directa promovido en contra de la interviniente CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.1 en aras de obtener la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1 Expediente radicado 05001 33 33 002 2019 00426 00[01]2

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En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política la sociedad L.J AREIZA Y CIA S EN LIQUIDACIÓN solicita que se dejen sin efectos los autos proferidos por el Juzgado Segundo Administrativo de Medellín el 29 de julio de 2022, el 12 de agosto de 2022 y el 23 de junio de 2023 y por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión y, en su lugar, se admita la demanda de reparación directa interpuesta por la demandante o, en defecto, se ordene al Juzgado Segundo Administrativo de Medellín que lo haga en un término improrrogable de 48 horas.

1.1.2. Los hechos

La accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:

Administrativo de Medellín que lo haga en un término improrrogable de 48 horas.

1.1.2. Los hechos

La accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:

1. El 29 de julio de 2022, el Juzgado Segundo Administrativo de Medellín rechazó la demanda promovida en el medio de control de reparación directa por la demandante contra la interviniente CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S. y se argumentó que de conformidad con los hechos narrados en la demanda y las pruebas aportadas las obras que generaron el daño cuya indemnización se pretende, se ejecutaron entre el 13 de mayo de 2016 y el 15 de febrero de 2017 y, por tanto, es dable inferir que, al momento de la finalización de éstas, la demandante tenía pleno conocimiento del hecho dañoso y a partir de allí comenzó a correr el término de caducidad. Es decir, la sociedad actora tenía como plazo para presentar la demanda el 16 de febrero de 2019 y como ello ocurrió el 27 de junio de 2019, se concluye que ocurrió de forma extemporánea.

1. Interpuestos los recursos de reposición y en subsidio apelación, el 12 de agosto de 2022, el Juzgado Segundo Administrativo de Medellín desestimó la reposición fundada en que revisada la prueba obrante en el expediente no hay lugar a aplicar la excepción a la regla general de tener como fecha de inicio para contabilizar el término de caducidad, cuando se trata de la realización de obras , la de terminación de éstas, pues salta a la vista que los propietarios del lote y posible s afectados, desde el 15 de

de caducidad, cuando se trata de la realización de obras , la de terminación de éstas, pues salta a la vista que los propietarios del lote y posible s afectados, desde el 15 de febrero de 2017, tenían pleno conocimiento del hecho dañoso.

1. El 8 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, confirmó el rechazo de la demanda, básicamente por cuanto se aduce que3

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la parte demandante no tuvo conocimiento del daño con posterioridad a la fecha de finalización o culminación de la ejecución de la obra puesto que con la petición elevada el 25 de agosto de 2016, se puso de presente que con la intervención en el terreno éste se estaba desestabilizando tanto en el derecho de vía como en sus alrededores.

Además, se argumentó que respecto de la pretensión del demandante tendiente a que se tenga en cuenta para el conteo de la caducidad que entre las partes se presentaron varias negociaciones a fin de establecer el valor de la indemnización, ello no resulta posible por cuanto éste no puede verse afectado por los acuerdos o negociaciones de las partes.

1. Interpuesto el recurso de súplica, el 3 de mayo de 2023 , el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, lo rechazó por improcedente y el 23 de junio de

las partes.

1. Interpuesto el recurso de súplica, el 3 de mayo de 2023 , el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, lo rechazó por improcedente y el 23 de junio de 2023 se expidió el auto de obedézcase y cúmplase lo resuelto por el superior.

1.1.3. Los defectos invocados

En sentir de la accionante, las decisiones objeto de la acción de tutela incurrieron en los defectos fáctico y sustantivo o material en atención a las siguientes circunstancias:

1. La demanda fue interpretada con desconocimiento de los principios del Estado Social de Derecho, pro homine, pro actione, pro damnato y confianza legítima porque no se examinaron las situaciones especiales y sui generis del caso concreto las que ocasionaron la violación del derecho al debido proceso y el acceso a la administración de justicia.

1. El defecto fáctico se presenta porque con las decisiones objeto de la acción de tutela, sin fundamento probatorio alguno y simplemente porque se deduce o infiere, se afirmó que los daños y el conocimiento de éstos por parte de la accionante se produjo simultáneamente el día de la terminación de las obras de ingeniería en la Finca «La Linda» de Fredonia (Antioquia), esto es, el 15 de febrero de 2017, cuando en realidad ello ocurrió posteriormente.4

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1. En la fecha citada, es decir, el 15 de febrero de 2017, no se visualizaban los daños porque CENIT satisfizo el cometido de estabilizar las condiciones del predio mediante obras que fueron recibidas a satisfacción a través de Acta de Entrega del 1º de marzo de 2017 que fue conocida por la demandante el 5 de julio de 2017.

1. El Tribunal Administrativo de Antioquia funda el conocimiento de la accionante de los daños en la comunicación que dirigió a CENIT del 25 de agosto de 2016 pero ignoran que la respuesta brindada por esta última del 5 de septiembre de 2016 solamente aduce que se cuenta con las obras para garantizar la estabilidad del terreno tanto en el derecho de vía como en sus alrededores.

1. Es con la respuesta del 30 de noviembre de 2017 , dirigida por la accionante a CENIT, donde se menciona que el terreno para esa fecha estaba socavado tal como se comprueba con fotografías y, en síntesis, lo que se advierte es que el momento del conocimiento del daño por parte de la accionante no fue la fecha de terminación de las obras, esto es, el 15 de febrero de 2017, como se sostuvo en las decisiones cuestionadas.

1. De otra parte, el defecto sustantivo o material se presenta porque no se interpretó de forma sistemática el ordenamiento jurídico dado que no se flexibilizó el término de caducidad con el papel que juega la negociación directa prevista en el

1. De otra parte, el defecto sustantivo o material se presenta porque no se interpretó de forma sistemática el ordenamiento jurídico dado que no se flexibilizó el término de caducidad con el papel que juega la negociación directa prevista en el artículo 2º de la Ley 1274 de 2009.

1. En ese sentido, debió tenerse en cuenta para la ampliación del plazo para presentar la demanda toda la etapa que se agotó desde la presentación de la oferta económica por parte de CENIT calendada el 22 de junio de 2022 que incluyó la incertidumbre de conocer con precisión cuál era el juez competente, qué medio de control correspondía instaurar y cuál era el título de imputación de responsabilidad atribuible, situaciones que llevaron a la demandante a creer de buena fe qu e el conocimiento del asunto lo tenía el juez civil municipal y solamente hasta el 9 de marzo de 2022 conforme a las pautas de la Corte Constitucional se determinó que en estos casos se trata de una responsabilidad extracontractual del Estado. 2

2 Visto en samai, escrito de tutela, foliatura digital 1 a 26.5

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1.2. Actuación procesal

1.2.1. Mediante auto del 15 de agosto de 2023 , se admitió la acción de tutela y se dispuso notificar como accionados al Juzgado Segundo Administrativo de Medellín y

1.2. Actuación procesal

1.2.1. Mediante auto del 15 de agosto de 2023 , se admitió la acción de tutela y se dispuso notificar como accionados al Juzgado Segundo Administrativo de Medellín y al Tribunal Administrativo de Antioquia, y como tercero interesado a CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S .A.S. quien actuó como demandado en el medio de control de reparación directa 05001-33-33-002-2019-00426-00 [01].

Se requirió al Juzgado Segundo Administrativo de Medellín para que enviara con destino al proceso, copia digital del expediente contentivo del medio de control de reparación directa con radicado 05001-33-33-002-2019-00426-00 [01] en el que actuó como demandante la accionante y se remitió copia de la solicitud a los accionados y al tercero interesado para que procedieran a ejercer su derecho a la defensa, si a bien lo tienen, y rindan el correspondiente informe dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia.

1.2.2. El 7 de septiembre de 2023 , se aceptó el impedimento manifestado por el consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez por configurarse la causal prevista en el numeral 5º del artículo 56 de CPP. 3

1.3. Contestación

1.3.1. Del Tribunal Administrativo de Antioquia

La magistrada Martha Nury Velásquez Bedoya, en el escrito de contestación , indicó que en el sub-lite no se configuran los requisitos procesales y materiales para que se emita sentencia favorable a los intereses de la parte actora puesto que la acción de

La magistrada Martha Nury Velásquez Bedoya, en el escrito de contestación , indicó que en el sub-lite no se configuran los requisitos procesales y materiales para que se emita sentencia favorable a los intereses de la parte actora puesto que la acción de tutela no puede convertirse en una tercera instancia, afirmación que realiza con fundamento en las siguientes razones:

1. El material probatorio obrante en el expediente permitió determinar que las obras objeto del medio de control de reparación directa iniciaron el 13 de mayo de

3 Visto en samai, auto admisorio, manifestación y aceptación de impedimento6

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2016 y terminaron el 15 de febrero de 2017, motivo por el cual la parte actora contaba hasta el 16 de febrero de 2019 para presentar la demanda.

1. Respecto del conocimiento posterior que se acredita con la petición del 25 de agosto de 2016 en la cual se puso de presente que con la intervención de las obras se estaba desestabilizando el terreno, tanto en el derecho de vía como en sus alrededores, la decisión objeto de cuestionamiento estableció que la parte actora tenía conocimiento con antelación a la finalización de las obras sobre los daños que se venían causando.

1. Además, se arguyó que no era posible tener en consideración las fechas de las negociaciones de la indemnización comoquiera que los términos establecidos por la

venían causando.

1. Además, se arguyó que no era posible tener en consideración las fechas de las negociaciones de la indemnización comoquiera que los términos establecidos por la ley como máximos para la presentación de las demandas no se pueden ver afectados por acuerdos o negociaciones de las partes, pues ello implicaría la posibil idad de manipular el conteo de la caducidad lo cual atenta contra la seguridad jurídica. 4

1.3.2. Del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Medellín

La jueza Catalina Bedoya López en el escrito de contestación expresó que se oponía a la prosperidad de la acción de tutela por cuanto con las actuaciones desplegadas por ese órgano judicial no se vulneraban los derechos fundamentale s por las siguientes razones:

1. El Despacho judicial a su cargo analizó los argumentos expresados por la demandante y determinó que , en el presente asunto, se debía tener en cuenta lo expresado por el Consejo de Estado en decisión del 16 de agosto de 2018, radicado 25000-23-26-000-2010-00126-01 (43872), referida al término de caducidad respecto de la realización de obras y trabajos púb licos la que luego de un análisis acucioso, concluyó que éste debía contabilizarse desde el momento en que finalizó la realización de las obras, pues existía prueba suficiente para establecer que inclusive antes de esa fecha, los demandantes tenían conocim iento del hecho dañoso y, por ello, se les advirtió la improcedencia de equiparar la agravación del daño con su configuración.

4 Visto en samai, contestación Tribunal Administrativo de Antioquia7

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04324-00

advirtió la improcedencia de equiparar la agravación del daño con su configuración.

4 Visto en samai, contestación Tribunal Administrativo de Antioquia7

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1. La decisión adoptada por el D espacho accionado que fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Antioquia se fundamentó, además, en el material probatorio el cual se examinó dentro de parámetros que se alejan de la arbitrariedad, razón por la cual no se advierte la ocurrencia del defecto fáctico.5

1.4. Intervenciones

De CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.

A través de apoderada CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S .A.S. se opuso a la prosperidad de las pretensiones y, para el efecto, señaló que las normas atinentes a la caducidad de los medios de control son de orden público y no pueden ser modificadas en beneficio de una de las partes, quien tenía el deber de vigilancia y cuidado de atender los términos establecidos en el artículo 164 del CPACA.

Igualmente, expuso en sustento los siguientes argumentos:

1. Las providencias del 29 de julio de 2022, 12 de agosto de 2022 y 23 de junio de 2023 proferidas por el Juzgado Segundo Administrativo de Medellín y del 8 de marzo

1. Las providencias del 29 de julio de 2022, 12 de agosto de 2022 y 23 de junio de 2023 proferidas por el Juzgado Segundo Administrativo de Medellín y del 8 de marzo de 2023 y 3 de mayo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, tienen fundamento en el material probatorio del cual se pudo dilucidar que las obras que generaron el daño cuya indemnización se pretende se ejecutaron entre el 13 de mayo de 2016 y el 15 de febrero de 2017 por lo cual se concluye que la parte actora tuvo conocimiento del hecho dañoso durante todo ese momento.

1. Es importante reiterar que la presunta fuente del daño deviene de las obras realizadas en el lapso en mención, esto es, el comprendido entre el 13 de mayo de 2016 y el 15 de febrero de 2017, motivo por el cual los daños prolongados no pueden considerarse perpetuos ni confundirse con sucesos que sobrevinieron después de la ejecución de las obras, puesto que como lo manifestó el Tribunal, la parte actora tenía

5 Visto en samai, contestación Juzgado Segundo Administrativo de Medellín8

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conocimiento desde la petición del 25 de agosto de 2016 de que con la intervención al terreno por causa de las obras éste y sus alrededores se estaba desestabilizando.6

2. Consideraciones

2.1. Competencia

conocimiento desde la petición del 25 de agosto de 2016 de que con la intervención al terreno por causa de las obras éste y sus alrededores se estaba desestabilizando.6

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con el numeral 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021, según el cual « [l]Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada», esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela.

2.2. Cuestión previa

Si bien el presente asunto se dirige contra la s decisiones proferidas en primera instancia por el Juzgado Segundo Administrativo de Medellín del: a) 29 de julio de 2022 que rechazó la demanda por caducidad del medio de control de reparación directa; b) 12 de agosto de 2002 que al resolver el recurso de reposición decide no reponer la decisión anterior y c) 23 de junio de 2023 que cumple lo resuelto por el Tribunal Administrativo de Antioquia mediante providencia del 8 de marzo de 2023 , fue el Tribunal Administrativo de Antioquia el que en segunda instancia tomó la decisión que definió el asunto objeto de controversia a través de los autos del 8 de marzo de 20237 y del 3 de mayo de 2023, 8 por lo que el análisis de la posible vulneración de los derechos fundamentales alegados se hará respecto de las mentadas providencias, por haber cerrado en forma definitiva la controversia.

2.3. Problema jurídico

derechos fundamentales alegados se hará respecto de las mentadas providencias, por haber cerrado en forma definitiva la controversia.

2.3. Problema jurídico

6 Visto en samai, intervención tercera interesada 7 Que confirmó la decisión la decisión adoptada mediante auto del 29 de julio de 2022 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Medellín que declaró la caducidad del medio de control de reparación directa. 8 Que rechazó por improcedente el recurso de súplica interpuesto contra el auto de 8 de marzo de 2023.9

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Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los requisitos de procedencia para controvertir las providencias del 8 de marzo de 2023 y 3 de mayo de 2023, proferidas por el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del medio de control reparación directa radicado 05001-33-33-002-2019-00426-01. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la s referidas decisiones se incurrió en las causales de procedibilidad defecto fáctico y sustantivo o material y, por ende, si se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de la accionante.

2.4. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

material y, por ende, si se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de la accionante.

2.4. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un medio a través del cual t oda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y estableció en sus artículos 11, 12 y 40 la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales ejecutoriadas. Estos artículos, posteriormente fueron declarados inexequibles p or la Corte Constitucional, en Sentencia C -543 de 1992 , al considerarse que atentaban contra los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, además de trasgredir la autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas por la Constitución.

Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad , de manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la acción de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.10

pueda causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.10

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En este entendido, la jurisprudencia constitucional 9 ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, desarrollando diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590 de 200510, en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar su procedencia una vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedibilidad las siguientes: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale de manera clara que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte

del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale de manera clara que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la infracción como los derechos afectados y que hubiere alegado tal desconocimiento en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exig ente y cuidadoso, al ser precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza «excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad, aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes: (i) defecto orgánico, (ii) defecto procedimental absoluto, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente, (viii) violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las anteriores causales, vicios o defectos.

9 T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567

de 1998, SU-047 de 1999, T -382 de 2001, T -1031 de 2001, T -441 de 2003, T -462 de 2003, T -589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004. 10 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.11

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El Consejo de Estado , en sentencia del 31 de julio de 2012 11, unificó su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, observando para ello los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.

Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia de 5 de agosto de 201412 acogió un plazo de seis meses contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente, término de inmediatez que debe considerarse en cada caso concreto, de acuerdo con los parámetros señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente, término de inmediatez que debe considerarse en cada caso concreto, de acuerdo con los parámetros señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

2.5. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra los autos del 8 de marzo de 2023 y 3 de mayo de 2023, proferidos por el Tribunal Administra tivo de Antioquia dentro del medio de control reparación directa radicado 05001-33-33-002-2019-00426-01.

2.5.1. Se agotaron los medios de defensa judicial, comoquiera que contra la s providencias objeto de la acción de tutela no proceden otros medios ordinarios de defensa ni las causales especiales para la instauración del recurso extraordinario de revisión.

2.5.2. Los hechos y los argumentos en que se fundamenta la acción de tutela guardan coherencia lógica y temporal.

2.5.3. La presente demanda no se dirige a controvertir una sentencia de tutela , en tanto que las decisiones censuradas fueron proferidas en segunda instancia en un proceso en el medio de control reparación directa.

11 Consejo de Estado , Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ). 12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez. Expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).12

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04324-00

Expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).12

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04324-00

Demandante: L.J. AREIZA Y CIA S. EN C.

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2.5.4. El asunto tiene relevancia constitucional toda vez que la invocada protección del derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la administración de justicia fue justificada razonablemente por l a accionante , para evidenciar una posible restricción desproporcionada respecto de dicha s garantías por parte de la autoridad judicial, lo cual permite considerar que se cumple con este presupuesto.

2.5.5. Se presentó con inmediatez ; al respecto es preciso indicar que mediante el auto cuestionado del 3 de mayo de 2023 se rechaza por improcedente el recurso de súplica13 y la acción de tutela se instauró el 14 de agosto de 2023 14, con lo cual se satisfacen los parámetros fijados por la Sala Plena del Consejo de Estado, sobre el término para su ejercicio, que no debe sobrepasar los seis meses.

2.6. Causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

Además del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, el accionante debe demostrar que la vulneración que imputa a la providencia judicial se adecúa, al menos, a una de las causales específicas de procedibilidad del amparo 15 contra providencias judiciales , es decir, que la

tutela, el accionante debe demostrar que la vulneración que imputa a la providencia judicial se adecúa, al menos, a una de las causales específicas de procedibilidad del amparo 15 contra providencias judiciales , es decir, que la actuación judicial se encuentre inmersa en alguno de los siguientes vicios o defectos: a) el defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello; b) el defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; c) el defe