CE - 010315000202304560001SENTENCIAFALLO20231019091840

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., seis (6) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2023-04560-00

Demandante: Orfali Guaca González

Demandado: Tribunal Administrativo de l Huila

Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del derecho para reclamar el reconocimiento y pago de sanción moratoria por la consignación tardía de cesantías anualizadas en favor de docente / Desconocimiento del precedente

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala la solicitud formulada por Orfali Guaca González, en ejercicio de la solicitud de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, y 333 de 2021.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

Orfali Guaca González promovió solicitud de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social y de acceso a la administración de justicia , los cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 27 de junio de 2023 por el Tribunal

sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social y de acceso a la administración de justicia , los cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 27 de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo del Huila, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 41001-33-33-004-2022-00062-01.

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

1. Orfali Guaca González , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, impetró demanda en contra de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG y el municipio de Pitalito, con el fin de que se declarara la nulidad del acto ficto configurado respecto de la petición radicada el 5 de agosto de 2021, a través del cual se le negó el reconocimiento y pago (i) de la sanción moratoria por la no consignación de cesantías establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, y (ii) de la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías contemplada

1 Ver índice 2 de SAMAI. Archivo denominado «ED_DEMANDA_26_6_20238(.pdf) Nr oActua 2»2

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04560-00

Demandante: Orfali Guaca González

en la Ley 52 de 1975 y en el Decreto 1176 de 1991.

1. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Neiva, mediante sentencia proferida el 18 de noviembre de 2022 negó las súplicas de la demanda

en la Ley 52 de 1975 y en el Decreto 1176 de 1991.

1. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Neiva, mediante sentencia proferida el 18 de noviembre de 2022 negó las súplicas de la demanda con el argumento de que los docentes no son acreedores de la sanción moratoria ni de la indemnización solicitada, en tanto pertenecen a un régimen prestacional especial que no fijó una fecha límite para el pago anualizado de tal derecho, lo cual se diferencia de aquellos vinculados a fondos privados. En contra de esta decisión la parte demandante interpuso recurso de apelación.

1. El Tribunal Administrativo de l Huila, a través de la sentencia del 27 de junio de 2023 confirmó lo resuelto por el a quo, con similares argumentos al considerar que «no resulta adecuado exigir al empleador o al administrador de los dineros cumplir con una obligación que no se incluyó en el compendio normativo que orienta su funcionamiento

(consignar las cesantías y cancelar los intereses antes del 15 de febrero y del 31 de enero de cada año, respectivamente).

1. En relación con esa decisión, la parte actora considera que la corporación judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir en desconocimiento del precedente, en tanto se omitió la aplic ación del criterio fijado por el Consejo de Estado2 y la Corte Constitucional3 según el cual debían efectuarle el pago (i) de la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, y (ii) de la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías traída en la Ley 52

sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, y (ii) de la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías traída en la Ley 52 de 1975 y en el Decreto 1176 de 1991. Asimismo, citó algunos pronunciamientos emitidos por los tribunales y juzgados administrativos del país.

1.1.2. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:

«[…] Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE L DEPARTAMENTO DEL HUILA en la sentencia proferida el día 6/27/2023, en el expediente rad. No. 41001333300420220006201, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN

DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD

SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,

PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS,

2 Al respecto, citó: i) la Sentencia de Unificación del 6 de agosto de 2020 con radicado 08001-23-33000-201300666-01 (0833 -16); ii) 76001 -23-31000200900867-01, No. Interno: 4854 -2014; iii)

11001-0315000-201803499-01; iv) 08001 23 33 000 2014 001 73-01 (1688-16); v) 08001-23-33000-201400208-01; vi) 08001 -23-31000-201400254-01 (4960 -2017); vii) 08001 -23-33000201400132-01; viii) 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979 –2017); ix) 08001 -23-33000-201500331-01; x) 19001 -23-33000-201500445-02(048320); xi) 08001 -23-33000-201401127-01 (1002-2021); xii) 40001 -23-40000-201700134-01 (2208 -2020); xiii) 080001 -23-40000-201590008-01 (2387 -2020); xiv) 080001 -23-40000-201490022-01 (5154 -2016); xv) 080001 -23-33000-201700931-01 (1001-2021); xvi) 080001-23-33000-201500075-01 (2660-2020); xvii) 7600123-33000-201300756-01 (2224-2020); xviii) 080001-23-40000-201700795-01 (2659-2020); xix)

47-001-23-33000-201900359-01 (4004 -2021); xx) 47 -001-23-33000-2019-0037601 ( 44622021); xxi) 08001-23-33000-201500509-01 (2140-2020); y, xxii) 08001-23-33000-20159012401 (2394-2020). 3 Sentencia SU-098 de 2018, Sentencia SU-332 de 2019, Sentencia SU-041 de 2020.3

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04560-00

Demandante: Orfali Guaca González

SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDI CIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se e ncuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, […]».

1.2. Informes rendidos en el proceso

diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, […]».

1.2. Informes rendidos en el proceso

1.2.1. El municipio de Pitalito ,4 pidió que se declare la improcedencia de la solicitud de tutela en tanto el asunto carece de relevancia constitucional, pero, de estudiarse de fondo, señaló que se opone al amparo pretendido en tanto «se logró demostrar que no se transgrede ni debe aplicarse el principio de favorabilidad para el presente caso, toda vez que no se está frente a disposiciones que ofrezcan un trato diferenciado, así como tampoco debe suponerse que de la periodicidad anualizada para la liquidación de las cesantías implique la aplicación per se de las disposiciones del marco prestacional de los demás servidores públicos o particulares, pues entre uno y otro régimen se distingue el origen de los recursos, la forma de administración, el fondo administrador y el trámite para reconocimiento y pago».

1.2.2. La Fiduprevisora S .A.5 informó que las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990 solo podrán hacerlo respecto de cuentas individuales, característica que no tiene el Fomag, el cual se creó mediante la Ley 91 de 1989 bajo el principio de unidad de caja, lo cual se traduce en que la totalidad de recursos que lo constituye conforman un patrimonio autónomo administrado a través del esquema fiduciario, por ello «los valores que corresponden a las cesantías no se consignan, sino que ya están presupuestados y trasladados al fondo, desde el primer mes de cada vigencia».

Recordó que de acuerdo con el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, «para el pago de

no se consignan, sino que ya están presupuestados y trasladados al fondo, desde el primer mes de cada vigencia».

Recordó que de acuerdo con el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, «para el pago de las prestaciones económicas y los servicios de salud, el Fondo deberá aplicar el principio de unidad de caja con el fin de lograr mayor eficiencia en la administración y pago de las obligaciones definidas en la ley, […]», principio que «permite que con el recaudo de todos los rubros se conforme una caja común destinada a atender el pago de las obligaciones asumidas, en este caso, lo correspondiente a las prestaciones económicas de los docentes (incluidas las cesantías y los intereses de las cesantías) y los servicios de salud».

4 Ver índice 20 de SAMAI . Archivo denominado « RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_RV_CONTESTACIONACC(.zip) NroActua 20» 5 Ver índice 1 0 de SAMAI. Archivo denominado « RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_ANEXO20230456000(.pdf) NroActua 10 »4

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04560-00

Demandante: Orfali Guaca González

Señaló que todo el esquema referido se rige por un conjunto normativo especifico: las leyes 91 de 1989 y 715 de 2001 y el Decreto 196 de 1995 6, el cual se surte en las siguientes fases:

«[…] • Elaboración del cálculo actuarial que determina el total del pasivo prestacional a cargo de la entidad territorial con el FOMAG. Este cálculo se elabora con cargo a los

las siguientes fases:

«[…] • Elaboración del cálculo actuarial que determina el total del pasivo prestacional a cargo de la entidad territorial con el FOMAG. Este cálculo se elabora con cargo a los recursos del fondo y se presenta de manera separada la deuda por concepto de cesantías y pensiones. • Una vez definido el monto de la deuda a pagar, y previa revisión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la sociedad fiduciaria (en este caso Fiduprevisora S.A.) comunica a la entidad territorial las cifras correspondientes a este concepto. • Esta deuda se cubre con el traslado de los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales -FONPETal Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG-. • En caso de que estos recursos no fueren sufic ientes para cubrir la deuda, la entidad territorial deberá disponer de sus propios recursos hasta cubrir la totalidad de las obligaciones corrientes que correspondan. […]»

De acuerdo con lo expuesto, concluyó que: i) el esquema normativo que rige para el Fomag no refiere la creación de cuentas individuales para cada uno de sus afiliados, por lo que se configura imposibilidad jurídica para su creación a través de órdenes judiciales; ii) no opera la consignación de cesantías, pero sí su retiro según la solicitud que eleve el docente con el lleno de los requisitos de ley y iii) no puede configurarse la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, ya que el origen de esta es la consignación tardía de las cesantías, cuya operación no procede para sus afiliados.

Respecto del desconocimiento del precedente alegado, explicó que existe una

que el origen de esta es la consignación tardía de las cesantías, cuya operación no procede para sus afiliados.

Respecto del desconocimiento del precedente alegado, explicó que existe una indebida interpretación de la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional, caso en el cual solo se vinculó al municipio de Santiago de Cali, «quien no había realizado la afiliación del docente al FOMAG, y de contera, no había trasladado los periodos correspondientes a las cesantías en las que el docente no estuvo afiliado al fondo», y en la que se ordenó emitir una nueva decisión contencioso -administrativa con fundamento en el principio de favorabilidad, en el entendido del derecho de los docentes al reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990.

En cumplimiento de la anterior decisión, el Consejo de Estado, Secci ón Segunda, Subsección B, profirió la sentencia del 24 de enero de 2019, en la que, a título de restablecimiento, condenó al municipio de Santiago de Cali a reconocer y pagar al entonces demandante la sanción moratoria en los términos del artículo 99 de la Ley 50 de 1999, en tanto el ente territorial «no realizó la afiliación del docente al FOMAG y, por ende, tampoco realizó la consecuencia consignación de las cesantías».

Dicho ello, señaló que la situación fáctica allí descrita y la de Orfali Guaca González son diferentes, pues esta última se encuentra afiliada al Fomag y su reclamo obedece a la no consignación de las cesantías en los plazos establecidos por en la

son diferentes, pues esta última se encuentra afiliada al Fomag y su reclamo obedece a la no consignación de las cesantías en los plazos establecidos por en la

6 Por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el artículo 176 de la Ley 115 de 1994, relacionados con la incorporación o afiliación de docentes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras5

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04560-00

Demandante: Orfali Guaca González

Ley 50 de 1990, respecto de lo cual, insistió, es imposible el reconocimiento de la mora alegada de cara «a un hecho que la administración no puede ejecutar en el régimen especial de los docentes», ante la inexistencia de cuentas individuales para cada afiliado.

De acuerdo con todo lo expuesto, concluyó que la solicitud de tutela se torna improcedente ante la inexistencia de vulneración de derechos fundamentales, además, solicitó su desvinculación del asunto por carecer de legitimación por pasiva, pues su actuación es como vocera y administradora del patrimonio autónomo del Fomag.

1.2.3. El Tribunal Administrativo del Huila7 luego de recordar las consideraciones expuestas en la sentencia acusada, señaló que la solicitud de tutela se torna improcedente en tanto estuvo debidamente motivada en las pruebas aportadas al expediente y en la normati va aplicable al asunto, sin que se configurara ninguna irregularidad.

1.2.4. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Neiva ,8 luego de recordar las razones de hecho y de derecho para negar la pre tensiones de

irregularidad.

1.2.4. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Neiva ,8 luego de recordar las razones de hecho y de derecho para negar la pre tensiones de reconocimiento de la sanción moratoria por la no consignación de cesan tías pretendida por la demandante, refirió que la solicitud de tutela fue dirigida contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila.

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra providencia judicial; iii) problema jurídico y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021, 9 esta Sala es competente para conocer de la presente solicitud de amparo contra el Tribunal Administrativo de l Huila.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

7 Ver índice 1 2 de SAMAI. Archivo denominado «RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_ANEXO20230456000(.pdf) NroActua 12 » 8 Ver índice 9 de SAMAI. Archivo denominado RECIBEPRUEBAS_CONTESTATUTELA20234(.pdf) NroActua 9»

8 Ver índice 9 de SAMAI. Archivo denominado RECIBEPRUEBAS_CONTESTATUTELA20234(.pdf) NroActua 9» 9 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela.6

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04560-00

Demandante: Orfali Guaca González

En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del Consejo de Estado10 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema. 11 Al respecto señaló lo siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se

de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. [Resalta la Sala].

Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual corresponde verificar cu áles son esos «parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena, 12 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.

Ahora bien, la Corte Constitucional 13 ha señalado que la solicitud de amparo debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y iv) que se haya ac udido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos

haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y iv) que se haya ac udido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla con uno de esos presupuest os, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-200901328-01, M.P. María Elizabeth García González. 11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. 12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela -Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 13 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005.7

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04560-00

Demandante: Orfali Guaca González

A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos, 14 el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en q ue incurrió la autoridad judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad

juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en q ue incurrió la autoridad judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales.15

Es decir, el operador judicial debe verificar que la tra nsgresión sea de tal entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

La Sala deberá definir si: ¿El Tribunal Administrativo del Huila vulneró los derechos fundamentales de Orfali Guaca González con ocasión de la sentencia del 27 de junio de 2023 , a través de la cual confirmó la negativa frente a la pretensión de reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías anualizadas en favor de un a docente oficial, con lo cual incurrió, presuntamente, en desconocimiento del precedente?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

2.4.2. Desconocimiento del precedente judicial

y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

2.4.2. Desconocimiento del precedente judicial

En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se recuerda que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política permite afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes relevantes como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para promover la seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la predictibilidad de las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas. Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo adecuado de estos, como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones judiciales, presupuesto esencial del Estado Social de Derecho.

La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión previa adoptada principalmente por los órganos de cierre de las difer entes jurisdicciones que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o semejantes

14 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 15 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.8

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04560-00

Demandante: Orfali Guaca González

desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el juez, debe ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de iguald ad. El adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el curso

desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el juez, debe ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de iguald ad. El adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el curso de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas, salvo si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan modificarlo.

Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de cosas actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de mayor peso que justifican un trata miento diverso a la situación objeto de estudio. Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos, no existe un precedente claro que lo vincule.

En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, identificando los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones que en su concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué esa modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad que se derivara de la desobediencia al precedente.

2.4.3. Sobre el caso concreto

Orfali Guaca González acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus

que se derivara de la desobediencia al precedente.

2.4.3. Sobre el caso concreto

Orfali Guaca González acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efecto la sentencia proferida el 27 de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo de l Huila, en cuanto le negó el reconocimiento y pago d e la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías anualizadas del año 2020.

Lo anterior, al considerar que la referida decisión judicial incurrió en desconocimiento del precedente fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-098 de 2018 y el Consejo de Estado en múltiples decisiones según los cuales a los docentes oficiales debe efectuársele el pago (i) de la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y (ii) de la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías preceptuada en la Ley 52 de 1975 y en el Decreto 1176 de 1991.

Para mayor claridad del asunto, se recuerda que las pretensiones propuestas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho impetrado por Orfali Guaca González se dirigían a que se declarara la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales se le negó el «reconocimiento y pago de la SANCIÓN POR MORA por la no consignación oportuna de las cesantías establecida en la Ley 50 de 1990, artículo 99, equivalente a un (1) día de su salario por cada día de retardo,

SANCIÓN POR MORA por la no consignación oportuna de las cesantías establecida en la Ley 50 de 1990, artículo 99, equivalente a un (1) día de su salario por cada día de retardo, contados desde el 15 de febrero de 2021 fecha en que debió efectuarse el pago de las9

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04560-00

Demandante: Orfali Guaca González

cesantías del año 2020, en el respectivo Fondo Prestacional y hasta el momento en que se acredite el pago de los valores correspondientes en la cuenta individual del docente, así como también niegan el derecho a la INDEMNIZACIÓN, por el pago tardío de los intereses a las cesantías, que se encuentra establecida en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y el Decreto Nacional 1176 de 1991, […]».

El Tribunal Administrativo de l Huila mediante sentencia del 27 de junio de 2023 confirmó la decisión de negar las pretensiones propuestas, al considerar que a los docentes oficiales si bien son servidores públicos, no les aplica las leyes 52 de 1975 y 50 de 1990 al pertenecer a un régimen especial previsto en la Ley 91 de 1989.

En lo que interesa al caso, de cara al precedente de la Corte Constitucional alegado como desconocido, el Tribunal Administrativo de l Huila de manera muy precisa, señaló que la sentencia SU -098 de 2018 «no puede tenerse como precedente de unificación vinculante, pues en ese caso, la Corte Constitucional se refirió a un docente que no fue afiliado a ningún Fondo, y no al reconocimiento de la sanción moratoria establecida

unificación vinculante, pues en ese caso, la Corte Constitucional se refirió a un docente que no fue afiliado a ningún Fondo, y no al reconocimiento de la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 para los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.»

En este punto, la Sala encuentra pertinente recordar las consideraciones traídas por el Alto Tribunal de lo Constitucional en la SU-573 de 2019, en la que señaló que la decisión adoptada en la SU -098 de 2018 no resulta ser un precedente vinculante para cas