CE - 010315000202304574001SENTENCIA20231005154101

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 110010315000202304574-00

Actor: Mandato del Programa de EPSS Liquidado de la Caja de Compensación

Familiar Comfenalco Antioquia1

Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia2

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

Derecho Fundamental Invocado: Acceso a la administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el actor contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La solicitud

1.El actor, a través de apoderada, presentó acción de tutela contra la Sala Primera del Tribunal Administrativo del Antioquia, porque, a su juicio, al proferir el auto de 24 de febrero de 2023, en el proceso ejecutivo identificado con el número único de radicación 058373333001202000149-01, vulneró su derecho fundamental invocado supra.

1 Cfr. índice núm. 3 de SAMAI. Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 3”. Archivo aportado en forma digital.

supra.

1 Cfr. índice núm. 3 de SAMAI. Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 3”. Archivo aportado en forma digital. 2 Ibidem.2

Núm. único de radicación: 110010315000202304574-00

Actor: Mandato del Programa de EPSS Liquidado de la Caja de

Compensación Familiar Comfenalco Antioquia

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los c uales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. La Superintendencia Nacional de Salud, mediante la Resolución núm. 000167 del 16 de marzo de 1995, autorizó el funcionamiento del Programa de l a Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado de la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia, con el fin de organizar y garantizar la prestación del Plan Obligatorio de Salud de sus afiliados.

4. Afirmó que, el Programa celebró diversos contratos con el Municipio de San Juan de Urabá para la administración de recursos del régimen subsidiado de seguridad social en salud y el aseguramiento de los beneficios del Sistema General de

Seguridad Social en Salud al Régimen Subsidiario.

5. Manifestó que, mediante escrito radicado del 21 de noviembre de 2011, NURC 1-2011-099878, el director del Programa de EPS -S de la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia, informó la decisión de retirar el programa de la administración del Régimen Subsidiado.

1-2011-099878, el director del Programa de EPS -S de la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia, informó la decisión de retirar el programa de la administración del Régimen Subsidiado.

6. Agregó que, la Superintendencia Nacional de Salud, mediante Resolución núm. 0808 del 2 de abril de 2012, tomó entre otras las siguientes decisiones:

“[…] Ordenó la revocatoria del certificado de habilitación y toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios, y la intervención forzosa administrativa para liquidar del PROGRAMA DE EPS -S DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA, entidad identificada con el NIT. 890.900.842-6.

Nombró al señor Mario Fernando Calle Uribe, como Agente Especial Liquidador del Programa de Entidad Promotora de Salud.

Estableció que el régimen aplicable a la liquidación sería el establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. […]”.3

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7. Afirmó que, mediante la Resolución núm. 095 de 16 de septiembre de 2014, el Agente L iquidador del Programa de EPS-S en Liquidación de la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia, en uso de sus facultades, liquidó una deuda por concepto de administración del régimen subsidiado, en contra del

Municipio de San Juan de Urabá.

Compensación Familiar Comfenalco Antioquia, en uso de sus facultades, liquidó una deuda por concepto de administración del régimen subsidiado, en contra del Municipio de San Juan de Urabá.

8. Manifestó que, el 10 de abri l de 2018 se suscribió un acuerdo de pago entre el actor y el Municipio de San Juan de Urabá, por el valor de ciento veintidós millones ciento treinta mil quinientos veintisiete pesos ( $122.130.527.00). En el cual, el Municipio reconoció las deudas derivadas de los contratos celebrados en el periodo ocurrido entre el 1° de junio de 2010 y el 31 de marzo de 2011, y se comprometió hacer el pagó en el mes de noviembre de 2018.

9. El mandato del Programa de EPS -S Liquidado de Comfenalco Antioquia , presentó demanda ejecutiva contra el Municipio de San Juan de Urabá Antioquia, para obtener el pago contenido en el acuerdo de pago.

10. El Juzgado Primero Oral Administrativo del Circuito de Turbo - Antioquia profirió el auto de 7 de abril de 2021, negando el mandamiento de pago.

11. El Tribunal Administrativo de Antioquia profirió el auto de 24 de febrero de 2023

resolviendo lo siguiente:

“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Turbo mediante la cual negó el mandamiento de pago, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. […]”.

12. Consideró que:

“[…] Revisados los documentos obrantes en el plenario se advierte que, la obligación que pretende ejecutar tiene su origen en un contrato celebrado en el año

por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. […]”.

12. Consideró que:

“[…] Revisados los documentos obrantes en el plenario se advierte que, la obligación que pretende ejecutar tiene su origen en un contrato celebrado en el año 2010, que presuntamente fue liquidado de mutuo acuerdo y del cual la ejecutada adeuda la suma inmediatamente referida correspondiente a la Unidad de Pago por Capitación -UPCcon ocasión de los servicios prestados en el régimen subsidiado. Teniendo en cuenta lo anterior, no hay duda que la obligación que se pretende ejecutar deviene de una relación contractual, en el que aparentemente la entidad ejecutada adeuda un saldo por la ejecución del mismo.4

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Por lo anterior, no es de recibo el argumento del recurrente cuando afirma que el título base de recaudo es simple porque está constituido únicamente por el acuerdo de pago del 10 de abril de 2018, por cuanto ello sería desconocer la naturaleza y origen de la probable obligación que pretende ejecutar. […]”.

[…]

“[…] La anterior posición ha sido reiterada por el Consejo de Estado en el sentido de indic ar que tratándose de títulos ejecutivos contractuales complejos, la parte ejecutante debe cumplir con el requisito de autenticidad para efectos de que los documentos que aporte constituyan título ejecutivo en contra del deudor, precisando que es necesario que los mismos sean allegados al proceso en original o copia auténtica.

ejecutante debe cumplir con el requisito de autenticidad para efectos de que los documentos que aporte constituyan título ejecutivo en contra del deudor, precisando que es necesario que los mismos sean allegados al proceso en original o copia auténtica. Siendo ello así, no puede pretender la parte actora que s e libre mandamiento de pago de un documento allegado en copia simple en el que aparentemente se acuerda el pago de una deuda, comoquiera que la obligación que pretende cobrar se trata de un título complejo que no cumple lo señalado por la ley y la jurisprudencia. […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

13. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 1Se ampare el derecho fundamental al acceso efectivo a la administración de justicia del Mandato de EPSS Liquidado de Comfenalco Antioquia, por las razones expuestas a lo largo de este escrito.

2Que, como consecuencia de la anterior petición, deje sin efectos el auto proferido el 24 de febrero de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante el cual confirmó la decisión de primera instancia de negar el mandamiento de pago solicitado por el Mandato de EPSS Liquidado de Comfenalco Antioquia, dentro del proceso ejecutivo iniciado en contra del Municipio de San Juan de Urabá, con radicado 0583733330012020-00149-01.

3Que, como consecuencia de la petición anterior, se ordene al Tribunal Administrativo de Antioquia dictar una nueva decisión med iante la cual resuelva el recurso de apelación formulado por el Mandato de EPSS Liquidado de Comfenalco Antioquia contra el auto que negó el mandamiento de pago en el marco del proceso

Administrativo de Antioquia dictar una nueva decisión med iante la cual resuelva el recurso de apelación formulado por el Mandato de EPSS Liquidado de Comfenalco Antioquia contra el auto que negó el mandamiento de pago en el marco del proceso ejecutivo contra el Municipio de San Juan de Urabá con radicado No. 058373333001202000149-01, ajustada a derecho y atendiendo a los parámetros jurisprudenciales previstos por la Corte Constitucional en materia del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. […]”.5

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14. El actor en su escrito de tutela señal ó que el Tribunal Administrativo del Antioquia incurrió en un defecto sustantivo por interpretación irrazonable de normas jurídicas.

Actuación

15. El Despacho sustanciador, mediante auto de 30 de agosto de 2023; i) admitió la acción de tutela y ii) ordenó notificar a la Sala Primera del Tribunal Administrativo de Antioquia; y iii) vinculó al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Turbo y al Municipio de San Juan de Urabá - Antioquia, en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

16. El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Turbo manifestó que:

“[…] El Despacho considera que no ha vulnerado el derecho invocado por la parte

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

16. El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Turbo manifestó que:

“[…] El Despacho considera que no ha vulnerado el derecho invocado por la parte accionante, teniendo en cuanta que el auto Interlocutorio No 223 del 7 de abril de 2022, por medio del cual se negó librar mandamiento de pago en primera medida se advirtió que la Reso lución No 095 del 16 de septiembre de 2014, por la cual se liquida una deuda por concepto de administración del régimen subsidiado y ordena el pago a favor del Programa EPS -S en liquidación de la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia, no se al legó la constancia de notificación al Municipio de San Juan de Urabá y se aporta en copia simple ( fl. 6-11 y 148 -156 archivo PDF 4 expediente digital). Igualmente, el acuerdo de pago celebrado entre el Mandato del programa de Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado EPS -S en liquidación de la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia y el Municipio de San Juan de Urabá- Antioquia tiene su génesis en liquidaciones de contratos presuntamente liquidado por mutuo acuerdo entre las partes, de ad ministración de recursos del régimen subsidiado que registran saldos por conceptos de Unidad de Pago por CapitaciónUPC, documento aportado en copia simple (fl. 12 archivo PDF 4 expediente digital).

Por lo anterior, no queda duda para este Despacho que l a obligación que se pretende ejecutar deviene de una relación contractual y no es de recibo los argumentos de la accionante al afirmar que dicho título es simple por estar

Por lo anterior, no queda duda para este Despacho que l a obligación que se pretende ejecutar deviene de una relación contractual y no es de recibo los argumentos de la accionante al afirmar que dicho título es simple por estar constituido únicamente por el acuerdo de pago del 10 de abril de 2018, desconociendo la naturaleza y origen de la obligación que pretende ejecutar, por el contrario, está conformado por varios documentos convirtiéndose en un título complejo. En relación a los títulos complejos derivados de contrato el Consejo de Estado1 ha indicado que es tá conformado no solo por el contrato, en el cual consta el compromiso de pago, sino por otros documentos elaborados por la Administración6

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y el contratista, sin embargo, la parte ejecutante no aportó copia del contrato, prorrogas u Otrosí, facturas, acta d e liquidación o acta que declare su incumplimiento del contrato o del acuerdo de pago, por lo tanto no contiene una obligación clara, expresa y exigible.[…]”.

[…]

“[…] Como se puede observar, en el presente caso no se configura la violación al acceso efectivo a la administración de justicia como lo afirma la accionante, ya que se actuó de acuerdo al procedimiento estableciendo para el presente caso y de las pruebas aportadas con la demanda no se logró probar la existencia del título ejecutivo complejo derivado de actos contractuales relacionados con la administración de recursos del régimen subsidiado, como tampoco obra acta de

pruebas aportadas con la demanda no se logró probar la existencia del título ejecutivo complejo derivado de actos contractuales relacionados con la administración de recursos del régimen subsidiado, como tampoco obra acta de liquidación que pueda respaldar el cuerdo de pago de la obligación contraída por parte del Municipio de San Juan de Urabá -Antioquia, razón por la cual, sin lugar a dudas no se puede librar mandamiento de pago por la ausencia de los aludidos requisitos de conformidad con el artículo 430 del C.G.P. […]”.

17. La Sala Primera del Tribunal Administrativo de Antioquia y el Municipio de San Juan de Urabá – Antioquia guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

18. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; el artículo 1.º del Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela ; y, el Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de

2019.

Generalidades de la acción de tutela

19. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo

fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.7

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Problema jurídico

20. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito general de relevancia constitucional.

21. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judici ales, ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho al acceso a la administración de justicia , procediendo posteriormente a resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

22. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena3, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe

Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena3, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profieraque resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales

23. Esta Sección adoptó4 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328. 4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-013288

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C-590 de 8 de junio de 20055, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

24. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta a cción

los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

24. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta a cción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

25. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de un derecho fundamental con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”6 que encaje en dichos parámetros.

26. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evi tar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

27. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20147.

5 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 6 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, M.P.Mauricio González Cuervo. 7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.9

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Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

28. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento de l requisito general de relevancia constitucional.

Acerca del requisito general de la relevancia constitucional

por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento de l requisito general de relevancia constitucional.

Acerca del requisito general de la relevancia constitucional

29. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de 20148, al referirse al requisito de relevancia constitucional, sostuvo lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [ 9]; por otro, evita q ue la acción de tutela se torne en un instrumento para “ involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”[10].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [11].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar

de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [11].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

8 Ut supra página 6. [9] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.” [10] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [11] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”10

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A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su dec isión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional[12].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional . En consecuencia, en caso que de la acción de

declarar improcedente el amparo constitucional[12].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional . En consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T -061 de 2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que l a cuestión que se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede re emplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente rele vancia constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [13]. Si bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha

que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El pri mero que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina simplemente debido proceso [14].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [ 15]; el derecho a presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defens a –que incluye el derecho a la defensa técnica -; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de juicios secretos. […]

[12] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su imp ortancia para la interpretación de la

del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su imp ortancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.” [13] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.” [14] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.” [15] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”11

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Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los r