CE - 010315000202304618001SENTENCIA20231003145030

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., dos (2) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04618-00

Demandante: FLOR ELENA ADAMES DELGADO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Debe reunir los requisitos generales establecidos por la jurisprudencia constitucional, para que proceda su estudio de fondo / REQUISITO GENERAL DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No se cumple en este caso, dado que la actora busca discutir aspectos netamente económicos.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Flor Elena Adames Delgado contra el Tribunal Administrativo del Huila.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 25 de agosto de la presente anualidad1, la señora Flor Elena Adames Delgado, mediante apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Huila, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia; así como los principios de favorabilidad y seguridad jurídica . Formuló las siguientes pretensiones:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO

de justicia; así como los principios de favorabilidad y seguridad jurídica . Formuló las siguientes pretensiones:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA en la sentencia proferida el día 3 /21/2023 de 2023, en el expediente rad. No. 41001333300220220015801, transgredió los derechos

fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD

SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE

DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES

FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA

IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO

CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUA TIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, del accionante, por considerar que las razones de la

1 Se advierte que, el 11 de septiembre de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicación :11001-03-15-000-2023-04618-00

Demandante: Flor Elena Adames Delgado Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

2

decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órga no de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales por parte del accionado .

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL

contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales por parte del accionado .

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes

expedientes:

3.CORTE CONSTITUCIONAL N o.

RADICADO

EXPEDIENTE

FECHA

DECISIÓN

MAGISTRADO

PONENTE

CONSEJEROS

FIRMANTES

1 Exp. T-6.736.200 17 de octubre de 2018

Dra. GLORIA

STELLA ORTIZ

DELGADO

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN

098/2018 DE LA

CORTE

CONSTITUCIONAL

2 Exp. T-5904426 y otros 25 de julio de 2019

Dra. GLORIA

STELLA ORTIZ

DELGADO

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN 332

/2019 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 3 Exp. T 7.182 -312 y otros 6 de febrero de 2020

Dr. LUIS

GUIILLERMO

GUERRERO

PÉREZ

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN 041

/2020 DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

y otros 6 de febrero de 2020

Dr. LUIS

GUIILLERMO

GUERRERO

PÉREZ

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN 041

/2020 DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

CONSEJO DE ESTADO

No. RADICADO

EXPEDIENTE

FECHA

DECISIÓN

MAGISTRADO

PONENTE

CONSEJEROS

FIRMANTES 1 08001-23-3300020130066601 (0833-16) 6 de agosto de 2020

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN DEL

CONSEJO DE

ESTADO

2 76001-23-3100020090086 7-01, No.

Interno: 4854-2014 24 de enero de

2019

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER 3 11001-0315000-201804617-01 17 de junio de 2019

Dr. NICOLÁS

YEPES

CORRALES

Dr. JAIME

ENRIQUE

RODRÍGUEZ

NAVAS - Dr.

GUILLERMO

SÁNCHEZ LUQUE 4 11001-03-15000-201804679-01) 28 de junio de 2019

Dr. ROBERTO

AUGUSTO

SERRATI

VALDÉS

DRA. NUBIA

MARGOTH PEÑA

GARZÓNDR.

HERNANDO

SÁNCHEZ

28 de junio de 2019

Dr. ROBERTO

AUGUSTO

SERRATI

VALDÉS

DRA. NUBIA

MARGOTH PEÑA

GARZÓNDR.

HERNANDO

SÁNCHEZ

SÁNCHEZ 5 11001-0315000-201803499-01 29 de julio de 2019

Dr. NICOLÁS

YEPES

CORRALES

Dr. JAIME

ENRIQUE

RODRÍGUEZ

NAVAS - Dr.

GUILLERMO

SÁNCHEZ LUQUERadicación : 11001-03-15-000-2023-04618-00

Demandante: Flor Elena Adames Delgado Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

3

6 08001 23 33 000 2014 00173-01 (1688-16) 2 de diciembre de 2019

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ - Dr.

GABRIEL

VALBUENA 7 08001-23-3300020140020801 10 de junio de 2020

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER 8 08001-23-31000-201400254-01 (4960-2017) 22 de octubre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

8 08001-23-31000-201400254-01 (4960-2017) 22 de octubre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 9 08001-23-3300020140013201 12 de noviembre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 10 08001 23 31

000 2014 00815 01 (4979 – 2017) 17 de junio de 2021

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS 11 08001-23-33000-201500331-01 17 de junio de 2021

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS

Dra. SANDRA

LISSET IBARRA

VÉLEZ - Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER 12 19001-23-33000-20150044502(048320) 4 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

0044502(048320) 4 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 13 08001-23-3300020140112701 (1002-2021) 25 de noviembre de 2021

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER 14 40001-23-4000020170013401 (2208-2020) 25 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 15 080001-234000020159000801 (2387-2020) 11 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 16 080001-234000020149002201 (5154-2016) 11 de noviembre de 2021

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZDr. RAFAEL

01 (5154-2016) 11 de noviembre de 2021

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ VARGASRadicación : 11001-03-15-000-2023-04618-00

Demandante: Flor Elena Adames Delgado Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

4

17 080001-233300020170093101 (1001-2021) 20 de enero de 2022

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS 18 080001-233300020150007501 (2660-2020) 3 de marzo de 2022

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 19 76001-23-3300020130075601 (2224-2020) 28 de abril de 2022

Dr. CARMELO

PERDOMO

CUÉTER

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS - Dra.

SANDRA LISETH

IBARRA 20 080001-234000020170079501

(2659-2020)

CUÉTER

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS - Dra.

SANDRA LISETH

IBARRA 20 080001-234000020170079501 (2659-2020) 9 de mayo de 2022

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 21 47-001-233300020190035901 (4004-2021) 19 de mayo de 2022

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER 22 47-001-2333000-20190037601 (44622021) 1 de julio de 2022

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER 23 08001-23-3300020150050901 (2140-2020) 22 de agosto de 2022

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS

Dr. SANDRA

LISSET IBARRA

VELEZ – Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER 24 08001-23-3300020159012401 (2394-2020) 22 de septiembre de 2022

Dr. CESAR

PALOMINO

CORTÉS

PERDOMO

CUÉTER 24 08001-23-3300020159012401 (2394-2020) 22 de septiembre de 2022

Dr. CESAR

PALOMINO

CORTÉS

Dr. SANDRA

LISSET IBARRA

VELEZ – Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER 25 76001-23-31000-201200212-02 (4470-2021) 19 de enero de 2023

Dr. WILLIAM

HERNANDEZ

GOMEZ

DR. RAFAEL

FRANCISCO

SUAREZ

VARGAS – Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNANDEZ 26 47001-23-33000-2018023101 (0871-2020) 26 de enero 2023

DR. RAFAEL

FRANCISCO

GOMEZ

DR. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ – DR.

GABRIEL

VALBUENA

1.2. Hechos

De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes hechos jurídicamente relevantes:Radicación :11001-03-15-000-2023-04618-00

Demandante: Flor Elena Adames Delgado Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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La señora Flor Elena Adames Delgado labora como docente al servicio del municipio de Neiva , se encuentra afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 2 desde 2004 y es beneficiaria del régimen de cesantías anualizadas.

La señora Flor Elena Adames Delgado labora como docente al servicio del municipio de Neiva , se encuentra afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 2 desde 2004 y es beneficiaria del régimen de cesantías anualizadas.

El 23 de julio de 2021, la hoy accionante le solicitó a la Secretaría de Educación Municipal de Neiva y al Fomag el reconocimiento y el pago de la sanción por la no consignación de cesan tías y la indemnización por el pago tardío de los intereses, con fundamento en el régimen establecido en las Leyes 52 de 1975 y 50 de 1990, petición que fue remitida a la Fiduprevisora S.A., sin que se le hubiera dado respuesta alguna.

En ejercicio del m edio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la señora Flor Elena Adames Delgado demandó al Ministerio de Educación Nacional – FOMAG y al Departamento del Huila, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo ficto derivado del silencio frente a la petición de reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías y la indemnización por el pago tardío de los intereses.

Mediante sentencia del 13 de diciembre de 2022, el Juzgado Segundo Administrativo de Neiva negó las súplicas de la demanda , por considerar que la señora Flor Elena Adames Delgado se encontraba afiliada al Fomag y, por tanto, tenía un régimen especial de cesantías en el cual no operaba la sanción por mora. Contra la anterior decisión, la accionante interpuso recurso de apelación en el cual

tenía un régimen especial de cesantías en el cual no operaba la sanción por mora. Contra la anterior decisión, la accionante interpuso recurso de apelación en el cual expuso que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en reiteradas ocasiones, habían establecido que era posible aplicar la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales, con fundamento en el principio de favorabilidad. Es decir, que como en la Ley 91 de 1989 —régimen especial de los docentes— no existe regulación sobre la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías, se debía aplicar la norma más favorable, esto es, la Ley 50 de 1990, que sí lo estableció.

El Tribunal Administrativo del Huila, mediante providencia del 21 de marzo de 2023, confirmó la decisión de primera instancia, bajo el argumento de que no era posible hacer extensiva la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 al caso de la demandante, quien había ocupado el cargo de docente oficial al servicio del Departamento del Huila y se encontraba cubierta por el sistema anualizado de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989.

De igual modo, determinó que en el Consejo de Estado no exist e una posición unificada en la jurisprudencia sobre el reconocimiento de la sanción moratoria

2 En adelante FOMAG.Radicación :11001-03-15-000-2023-04618-00

Demandante: Flor Elena Adames Delgado Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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consagrada en la Ley 50 de 1990 al sector docente, pues resaltó que las sentencias

Demandante: Flor Elena Adames Delgado Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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consagrada en la Ley 50 de 1990 al sector docente, pues resaltó que las sentencias citadas tanto en la demanda como en el recurso de apelación no constituyen precedente unificador de carácter vinculante, de acuerdo con los artículos 10, 102 y 270 del CPACA y 7º del CGP.

Que, de hecho, la Corte Constitucional en la SU-098 de 2018 manifestó al respecto que «no existe una posición unificada respecto a la aplicación d e la norma de reconocimiento y pago de la sanción moratoria que contempla el numeral 3 º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes. En consecuencia, no es posible afirmar que se desconoció el precedente de la jurisdicción contencioso administrativo».

Resaltó que, si bien la sentencia SU 098 de 2018 concluyó que era viable aplicar la Ley 50 de 1990 al sector docente, dado que era posible aplicar la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales, en virtud del principio de favorabilidad, lo cierto es que para la autoridad judicial accionada no resulta aplicable por las siguientes razones:

Primero, porque no es necesario recurrir al principio de favorabilidad, toda vez que no se está frente a dos disposiciones que ofrezcan un trato diferenciado o que se presenten antinomias legales. Por el contrario, lo que se aprecia es que la Ley 91 de 1989 no contempló la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías que introdujo la Ley 50 de 1990 y que por virtud de la Ley 344 de 1996 se

de 1989 no contempló la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías que introdujo la Ley 50 de 1990 y que por virtud de la Ley 344 de 1996 se extendió a los servidores públicos territoriales con excepción de los educadores.

En segundo lugar, luego de explicar la importancia del principio de inescindibilidad normativa, consideró que aplicar el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 al sector docente afectaría dicho principio, pues la Ley 91 de 1989 «reguló íntegramente lo concerniente a las prestaciones sociales de los docentes, incluyendo las cesantías, en tal virtud no hay lugar a acudir al régimen de los trabajadores de derecho privado».

Finalmente, agregó que a pesar de que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 19 de enero de 2023, expediente 76001-2331-000-2012-00212-02, concluyó que era viable aplicar la Ley 50 de 1990 a los docentes, en lo relacionado con el reconocimiento de la sanción moratoria en virtud del principio de favorabilidad, lo cierto es que el tema aún no está unificado, pues el Consejo de Estado ha proferido fallos de tutela disímiles en esos casos.Radicación :11001-03-15-000-2023-04618-00

Demandante: Flor Elena Adames Delgado Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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1.3. Argumentos de la tutela

A lo largo del escrito de tutela, de forma resumida, la parte actora sostuvo que el Tribunal Administrativo del Huila desconoció el precedente fijado por la Corte

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1.3. Argumentos de la tutela

A lo largo del escrito de tutela, de forma resumida, la parte actora sostuvo que el Tribunal Administrativo del Huila desconoció el precedente fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU 098 de 2018, así como en 2 6 sentencias del Consejo de Estado, entre las cuales se destacan la sentencia de tutela del 29 de julio de 2019 y la SU-2013-00666 del 6 de agosto de 2020, en las que se determinó que la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 sí resultaba aplicable a los docentes oficiales.

Luego de hacer un recorrido histórico sobre el FOMAG y su funcionamiento, adujo que, si bien los docentes gozan de un régimen especial, lo cierto es que, en virtud del principio de favorabilidad, se les debe aplicar la normativa del régimen g eneral que consagra la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías, esto es, la Ley 50 de 1990.

De otra parte, la accionante sostuvo que el ad quem no argumentó con claridad por qué se alejó del precedente consagrado en las 2 6 sentencias emi tidas por el Consejo de Estado, pues lo único que expresó es que «existía unidad de caja en el manejo de los recursos del FOMAG y que no existe sentencia unificada, despreciando la masividad de sentencias expedidas por las 2 secciones que conforman la sección 2da del H.C.E.».

Agregó que, contrario a lo decidido por el Tribunal, la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales no desconoce el principio de inescindibilidad, pues,

conforman la sección 2da del H.C.E.».

Agregó que, contrario a lo decidido por el Tribunal, la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales no desconoce el principio de inescindibilidad, pues, como se ha evidenciado, en esos casos debe aplicarse la norma de manera integral favoreciendo al docente oficial. Además, indicó q ue, al existir un vacío normativo, lo más lógico es llenarlo con la norma más favorable.

Sostuvo que existe una sucesión de « irregularidades sustantivas » dentro de la decisión de segunda instancia emitida por el Tribunal Administrativo del Huila.

Finalmente, citó 1 0 sentencias proferidas por diferentes juzgados administrativos del país, en las que, con fundamento en el principio de favorabilidad, se reconoció la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías anuales a los docentes demandantes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 31 de agosto de 2023, el Despacho sustanciador admitió la acción de tutela y ordenó que aquel se notificara a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo del Huila, como parte demandada, y, como terceros conRadicación :11001-03-15-000-2023-04618-00

Demandante: Flor Elena Adames Delgado Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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interés, a la ministra de Educación Nacional, a la Fiduprevisora, en calidad de administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –

Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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interés, a la ministra de Educación Nacional, a la Fiduprevisora, en calidad de administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, y al gobernador del Departamento del Huila. Así mismo, se ordenó la notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2.2. El Tribunal Administrativo del Huila solicitó la acumulación de las solicitudes de amparo dirigidas contra decisiones del Tribunal Administrativo del Huila, en las que se hayan negado las pretensiones de reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías de docentes conforme al artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Para tal efecto, advirtió que la primera acción de tutela que conoció esta Corporación, relacionada con el asunto en cuestión, se le asignó el radicado 1100103-15-000-2023-02154-00.

De otra parte, Indicó que la solicitud amparo incumplió el requisito de relevancia constitucional, toda vez que el asunto que aquí se discute, esto es, la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 al sector docente , versa sobre un aspecto meramente económico y no involucra la protección de los derechos humanos, tal y como lo advirtió la Corte Constitucional en la Sentencia SU-573 de 2019.

Agregó que la sentencia SU-098 de 2018 no guarda identidad fáctica con el sub lite, pues allí el docente no fue afiliado al Fomag, ni a otro fondo por un error interno. En cambio, aquí la señora Adames Delgado sí fue afiliada al Foma g, razón suficiente

pues allí el docente no fue afiliado al Fomag, ni a otro fondo por un error interno. En cambio, aquí la señora Adames Delgado sí fue afiliada al Foma g, razón suficiente para que el precedente en mención no resulte aplicable a este caso.

2.3. El Departamento del Huila solicitó que se desvinculara del pr esente proceso, debido a que no tiene competencia para efectuar la consignación de las cesantías a la cuenta individual de los docentes, lo cual dicha obligación es inexistente.

2.4. La Fiduprevisora, en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, manifestó que las cesantías de los docentes no se administran en cuentas individuales, por cuanto el FOMAG fue creado mediante la Ley 91 de 1989 bajo el principio de unidad de caja. En ese sentido, los valores que corresponden a las cesantías no se consignan, sino que « ya están presupuestados y trasladados al fondo, desde el primer mes de cada vigencia».

Sostuvo que la accionante realizó una indebida interpretación de la jurisprudencia relacionada con las cesantías del FOMAG, pues en el caso de la señora Flor Elena Adames Delgado, esta reclamó la consignación extemporánea de sus cesantías enRadicación :11001-03-15-000-2023-04618-00

Demandante: Flor Elena Adames Delgado Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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los plazos establecidos en la Ley 50 de 1990 e indemnización por el pago inoportuno de los intereses, frente a lo cual es « imposible que se cause una demora respecto

Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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los plazos establecidos en la Ley 50 de 1990 e indemnización por el pago inoportuno de los intereses, frente a lo cual es « imposible que se cause una demora respecto de un hecho que la administración no puede ejecutar en el régimen especial de los docentes, ya que resulta imposible re alizar una consignación ante la ausencia de cuentas individuales por cada afiliado».

Pidió que se declarara improcedente la tutela porque la autoridad judicial accionada actuó conforme a la normativa establecida y observó las garantías procesales.

2.5. Los demás vinculados guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. Cuestión previa: de la solicitud acumulación presentada por el Tribunal

Administrativo del Huila

En su intervención, el magistrado ponente del fallo atacado pidió la acumulación de todas las solicitudes de amparo dirigidas contra decisiones d el Tribunal Administrativo del Huila , en las que se hayan negado las pretensiones de reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías al sector docente prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Para el efecto, precisó que a la primera solicitud de amparo que conoció el Consejo de Estado sobre el tema en cuestión se le asignó el radicado 2023-02154-00. Y agregó que las demás acciones de tutela que tengan dichas características deben ser acumuladas al proceso en mención, de con formidad con el artículo 2.2.3.1.3.1 del Decreto 1834 de 2015.

agregó que las demás acciones de tutela que tengan dichas características deben ser acumuladas al proceso en mención, de con formidad con el artículo 2.2.3.1.3.1 del Decreto 1834 de 2015.

En orden a resolver la solicitud de acumulación, cabe anotar que el señor Ericson Jamid Morales Losada, quien fungió como accionante en el proceso de tutela con radicado 2023-02154-00, reclamó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, a su juicio, vulnerados por la sentencia del 21 de febrero de 202 3, emitida por el Tribunal Administrativo del Huila, según la cual no es posible hacer extensiva la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes.

El Decreto 1834 de 2015, que adicionó el Decreto 1069 del mismo año, se e xpidió con la finalidad de regular el fenómeno de interposición masiva de tutelas o «tutelatón», como coloquialmente se le conoce. En lo pertinente, el decreto mencionado estableció mecanismos de reparto y de reasignación de procesos paraRadicación :11001-03-15-000-2023-04618-00

Demandante: Flor Elena Adames Delgado Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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facilitar la resolución de las acciones de tutela idénticas y masivas por parte de una misma autoridad judicial, siempre que dichas acciones «persigan la protección de los mismos derechos fundamentales, presuntamente amenazados o vulnerados por una sola

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facilitar la resolución de las acciones de tutela idénticas y masivas por parte de una misma autoridad judicial, siempre que dichas acciones «persigan la protección de los mismos derechos fundamentales, presuntamente amenazados o vulnerados por una sola y misma acción u omisión de una autoridad pública o de un particular»3. (Se destaca).

Visto lo anterior, la Sala concluye que no se trata de un caso de tutelas masivas e idénticas y, por ende, no pueden ser acumuladas, dado que carecen de identidad fáctica.

En otras palabras, los hechos que dieron lugar a la interposición de las tutelas no provienen de una sola y misma acci ón u omisión de la autoridad judicial demandada (Tribunal Administrativo del Huila), pues en el caso del señor Morales Losada se cuestiona la sentencia del 21 de febrero de 2023, con la que culminó el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 2022-00024-01, mientras que la señora Adames Delgado dirigió la tutela contra la sentencia del 21 de marzo de 2023, proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 2202200158-01.

Nótese que, aunque fueron dictadas por el mismo Tribunal, las providencias objeto de tutela en uno y otro caso son diferentes, lo cual es suficiente para concluir que la acción que originó la supuesta vulneración de los derechos fundamentales del señor Morales Losada no guarda identidad con la de la señora Adames Delgado.

De aceptarse la tesis del Tribunal, según la cual basta con que exista identidad respecto de la autoridad demandada y los argumentos de derecho, para que proceda la acumulación, sin reparar en que la supuesta vulneración debe provenir

De aceptarse la tesis del Tribunal, según la cual basta con que exista identidad respecto de la autoridad demandada y los argumentos de derecho, para que proceda la acumulación, sin reparar en que la supuesta vulneración debe provenir de una sola y misma acción u omisión, tendrían que haberse acumulado, por ejemplo, todas las solicitudes de amparo dirigidas contra fallos de diferentes autoridades judiciales del país, en los que se hubieran nega do el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías a los docentes. Sin embargo, ello no ha ocurrido así, justamente porque en esos casos se cuestionan sentencias distintas, aun cuando el debate jurídico hubiera girado en torno a argumentos similares.

En suma, dado que no se cumplen los presupuestos del Decreto 1834 de 2015 , habrá de negarse la acumulación presentada por el Tribunal, por cuanto la supuesta vulneración alegada no proviene de una sola y misma acción de la autoridad judicial demandada.

3 Artículo 2.2.3.1.3.1. del Decreto 1834 de 2015.Radicación :11001-03-15-000-2023-04618-00

Demandante: Flor Elena Adames Delgado Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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2. Problema jurídico

En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de la tutela contra providencia judicial, particularmente, el de relevancia constitucional. De cumplirse, deberá abordarse el estudio de fondo del asunto, con el fin de establecer si la sentencia proferida el 21de marzo de 2023, por el Tribunal

generales de la tutela contra providencia judicial, particularmente, el de relevancia constitucional. De cumplirse, deberá abordarse el estudio de fondo del asunto, con el fin de establecer si la sentencia proferida el 21de marzo de 2023, por el Tribunal Administrativo del Huila, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 41001-33-33-002-2022-00158-01, incurrió en los defectos endilgados y, de paso , vulneró los derechos fundamentales de la señora Flor Elena Adames Delgado.

3. Análisis de la Sala

3.1. Del cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, en relación con la supuesta falta de aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990

En sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que el requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por la vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello « [n]o basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cump lir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».

El segundo hace referencia a que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, tod