CE - 010315000202304688001SENTENCIA20231017120249

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-04688-00

Referencia: Acción de tutela

Actora: ELSA GLADYS PEÑA PLATA

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE EL AMPARO SOLICITADO POR

NO CUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA

CONSTITUCIONAL. LA ACTORA PRETENDE QUE EL JUEZ DE TUTELA HAGA UN NUEVO EXAMEN INTEGRAL DE LA SITUACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA DEL CASO, CON LA FINALIDAD DE QUE SE CORRIJA EL

ANÁLISIS QUE HIZO LA AUTORIDAD J UDICIAL ACCIONADA Y SE

ACOJA LA INTERPRETACIÓN QUE PROPONE.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA

IGUALDAD Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por la actora contra

el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ1.

1 En adelante el TRIBUNAL.2

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I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

La señora ELSA GLADYS PEÑA PLATA , actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a los principios de seguridad jurídica y prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el TRIBUNAL, al haber proferido en segunda instancia la sentencia de 11 de agosto de 202 3, dentro del medio de control de nulidad y restablecimi ento del derecho identificado con el número único de radicación 150013333014-201600024-01.

I.2.- Hechos

Indicó que como consecuencia de los servicios que prestó como docente al DEPARTAMENTO DE BOYACÁ desde el 17 de julio de 1978, a través de Resolución núm. 39346 de 10 de agosto de 2006,

la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL -CAJANAL le3

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reconoció una pensión gracia , a partir del 24 de mayo de esa

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reconoció una pensión gracia , a partir del 24 de mayo de esa anualidad, fecha en la que adquirió el estatus.

Comentó que el 24 de junio de 2015, solicitó a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP2 la reliquidación de la referida prestación con la inclusión del sobresueldo del 20%, petición que le fue denegada a través de las resoluciones núms. RDP 045079 de 30 de octubre de 2015 y RDP 003340 de 29 de enero de 2016.

Informó que en el año 2016 promovió un medio de control de nulidad y restablecimiento del de recho contra la UGPP con la finalidad de discutir la legalidad de los actos administrativos aludido s y obtener la reliquidación de su pensión con la inclusión del factor mencionado.

Precisó que el proceso referido fue identificado con el número único de radicación 150013333014 -2016-00024-00 y atribuido para su trámite al JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL

2 En adelante la UGPP.4

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CIRCUITO DE TUNJA 3 que, mediante sentencia de 8 de mayo de 2017, accedió de forma parcial a sus pretensiones.

Explicó que el JUZGADO encontró que devengó el sobresueldo del 20% como factor salarial, con base en una certificación expedida por el secretario del JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA, en la que constaba que adelantó un proceso ejecutivo contra el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ por concepto de dicho emolumento causado entre el 1o. de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2008.

Agregó que, además, el JUZGADO tuvo en cuenta la liquidación del crédito aludido, así como un certificado expedido por el tesorero general del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ en el que hizo constar que el ente territorial canceló las sumas de dinero y costas reclamadas en el proceso ejecutivo aludido.

Agregó que la UGPP interpuso el recurso de apelación respectivo ante el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 11 de agosto de 2023, revocó la decisión recurrida y, en su lugar, denegó las súplicas

3 En adelante el JUZGADO.5

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3 En adelante el JUZGADO.5

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de la demanda , al estimar que no fue acreditado que hubiese devengado el sobresueldo durante el año anterior al estatus, dado que no se aportó la certificación de factores expedida por el pagador o jefe de personal del ente territorial, en criterio de dicha autoridad, único documento idóneo para tal fin, por tratarse de un hecho sujeto a sistema probatorio de tarifa legal.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Afirmó que al proferir la sentencia cuestionada el TRIBUNAL incurrió en defecto fáctico, por cuanto desconoció las pruebas obrantes en el expediente, en particular, con base en las cuales el JUZGADO encontró probado que sí percibió el sobre sueldo del 20%.

Argumentó que los certificados expedidos por el JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA dan mayor seguridad que la constancia que podría expedir el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, máxime cuando este no pagó de forma voluntaria el emolumento.6

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I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende lo siguiente:

“[…]1.- TUTELAR los Derechos Fundamentales de la prevalencia del derecho sustancial, debido proceso, igualdad, justicia, seguridad jurídica, entre otros de la accionante de la referencia, los cuales están siendo vulnerados.

2.- DECLARAR que con la sentencia proferida el once de agosto de dos mil veintitrés (2023) por la SALA DE DECISIÓN NÚM. 3 DEL H TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ […] se incurrió en vía de hecho y/o decisión ilegítima por violación de los derechos fundamentales de la prevalencia del derecho sustancial, debid o proceso, igualdad, justicia y seguridad jurídica, entre otros.

3.- Como consecuencia de lo anterior, ordenar dejar sin efecto la sentencia de segunda instancia proferida el once de agosto de dos mil veintitrés (2023) por la SALA DE DECISIÓN NÚM. 3

DEL H TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ […].

4.- Que la SALA DE DECISIÓN NÚM. 3 DEL H TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ expida la sentencia de segunda instancia por medio de la cual confirma el fallo de primera instancia […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL explicó que , en efecto, revocó la sentencia proferida por el JUZGADO que había accedido a las pretensiones de

primera instancia […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL explicó que , en efecto, revocó la sentencia proferida por el JUZGADO que había accedido a las pretensiones de la demanda de la actora, en razón a que esta “[…] no aportó documento idóneo en virtud del cual acreditara que durante el año7

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anterior a la época en que alcanzó el estatus de pensionada devengó el sobresueldo del 20%, lo anterior, en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 50 de 1886 y bajo los parámetros de los artículos 4 de la Ley 4 de 1966 y 5 del Decreto 1746 de 1966 […]”.

Agregó que , en su sentir, la presente acción de tutela es improcedente por i ncumplimiento del requisito de relevancia constitucional, en la medida en que tiene por objeto debatir un asunto puramente legal, derivado de la posibilidad de que en la pensión gracia que la actora devenga, se incluya un factor de salario que no demostró haber percibido con el documento idóneo para tal efecto.

Indicó que, en todo caso, en la sentencia cuestionada explicó cuál era la prueba que resultaba plausible para demostrar que la actora percibió el factor salarial del sobresueldo del 20%, en razón a que el

efecto.

Indicó que, en todo caso, en la sentencia cuestionada explicó cuál era la prueba que resultaba plausible para demostrar que la actora percibió el factor salarial del sobresueldo del 20%, en razón a que el artículo 7 de la Ley 50 de 11 de noviembre 18864 establece cómo se debían acreditar los hechos relevantes para el reconocimiento de pensiones, entre otros, los salarios devengados.

4 “Que fija reglas generales sobre concesión de pensiones y jubilaciones”8

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Argumentó que no era posible tomar en consideración una p rueba diferente, porque la ley calificó la forma como se debían probar los hechos para el reconocimiento pensional, además porque las piezas procesales relacionadas con el proceso ejecutivo solo reflejaban la existencia de ese trámite y su devenir.

Destacó que su decisión no puede calificarse como irregular, dado que fue consecuente con las reglas que precisan cómo se prueba en estos casos y con los documentos que reposaban en el expediente , además porque la Ley 50 de 1886, no solo regula la prueba idónea, sino también la prueba supletoria cuando es imposible presentar la primera, “[…] pero en uno y otro evento, con el carácter de pruebas calificadas, previsiones que tienen como fundamento preservar la integridad del sistema […]”.

sino también la prueba supletoria cuando es imposible presentar la primera, “[…] pero en uno y otro evento, con el carácter de pruebas calificadas, previsiones que tienen como fundamento preservar la integridad del sistema […]”.

I.5.2.- El JUZGADO, vinculado en calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso, indicó que resultaba diáfano que la inconformidad de la actora dev enía de la sentencia proferida por el TRIBUNAL.

Agregó que, en todo caso, garantizó el principio de legalidad y el debido proceso a las partes involucradas en el trámite de primera9

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instancia surtido dentro del del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 150013333014 -2016-00024-01, origen de la presente controversia.

I.5.3.- La UGPP, vinculada en calidad de tercera con interés directo en las resultas del proceso, manifestó que, en su sentir, la presente acción de tutela es improcedente comoquiera que la accionante pretende utilizar este mecanismo como si se tratara de una tercera instancia.

Destacó que fue acertado que el TRIBUNAL hubiese concluido que a la actora no le asistía el derecho a que se reliquidara su pensión gracia, dado que no acredit ó mediante el documento idóneo que

instancia.

Destacó que fue acertado que el TRIBUNAL hubiese concluido que a la actora no le asistía el derecho a que se reliquidara su pensión gracia, dado que no acredit ó mediante el documento idóneo que devengó el sobresueldo del 20% durante el año anterior al estatus pensional.

Concluyó que la acción de tutela no cumple con los requisitos generales de procedibilidad y menos con los específicos, por cuanto la providencia cuestionada está “[…] ajustada a las normas reguladoras del caso bajo examen, de lo cual no puede existir duda y menos que sea objeto de algún tipo de defecto […]”.10

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II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto qu e interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto qu e interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que f ue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la11

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violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y12

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de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un

afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la de fensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitu cional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desd ibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derech os fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derech os fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los13

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hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la ac ción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometid as a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en14

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en14

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que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido const itucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido const itucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el caso bajo examen, la actora pretende que se deje sin efecto la sentencia de 11 de agosto de 2023 , proferida en segunda instancia por el TRIBUNAL que revocó la decisión del a quo y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 150013333014 2016 00024 01.15

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A través del proceso aludido la actora pretendía desvirtuar la legalidad de los actos administrativos a través de los cuales la UGPP denegó la reliquidación de su pensión gracia, con la inclusión del sobresueldo del 20%.

El TRIBUNAL denegó las pretensiones de la demanda en segunda instancia, porque al proceso no fue allegado un certificado expedido por el pagador o jefe de personal de la entidad en la que la actora prestó los servicios, sobre los factores salariales devengados por esta en el último año previo al estatus.

A la referida providencia la actora le atribuyó la configuración del defecto fáctico , porque el TRIBUNAL desconoció unas

prestó los servicios, sobre los factores salariales devengados por esta en el último año previo al estatus.

A la referida providencia la actora le atribuyó la configuración del defecto fáctico , porque el TRIBUNAL desconoció unas certificaciones y piezas procesales de un proceso ejecutivo con el que logró el pago de las sumas de dinero que el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ le adeudaba por concepto de l sobresueldo de l 20%, pruebas que, en su sentir, son suficientes para probar que devengó dicho factor.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, de ser así, establecer si el TRIBUNAL16

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vulneró los derechos deprecados e incurrió en el defecto fáctico, al haber proferido en segunda instancia la sentencia de 11 de agosto de 2023 aludida.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de « evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional5, de manera tal

5 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.17

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que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».6

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación7, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “ el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [8]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras

6 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez. [8] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”18

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jurisdicciones” [9].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [10].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional [11].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional . En consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No es tá concebida para cuestiones de mera legalidad o de

declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No es tá concebida para cuestiones de mera legalidad o de

[9] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sen