CE - 010315000202304736001SENTENCIA20231002152601

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Consejera Ponente (E): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04736-00

Accionante: COMPRA VENTA DE SOLVENTES COLOMBIANOS LTDA.

Accionados: SECCIÓN TERCERA -SUBSECIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO

Y SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”, SALA DE

DESCONGESTIÓNDEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

CUNDINAMARCA Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Se declara improcedente. No cumple con el requisito general de relevancia constitucional. La acción de tutela carece de carga argumentativa.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por la sociedad Compra Venta de Solventes Colombianos Ltda.1 —COSOLCO Ltda.—, a través de apoderado judicial, contra las sentencias de 24 de julio de 2014 y de 17 de febrero de 2023, proferidas, respectivamente, por la Sección Tercera -Subsección “C”, Sala de Descongestión - del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sección Tercera -Subsección “A”- del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La sociedad COSOLCO Ltda., por intermedio de apoderado judicial, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La sociedad COSOLCO Ltda., por intermedio de apoderado judicial, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a las sentencias de 24 de julio de 2014 y de 17 de febrero de 2023, proferidas, respetivamente, por la Sección Tercera -Subsección “C”, Sala de Descongestióndel Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sección Tercera -Subsección “A”- del Consejo de Estado2, dentro de proceso de reparación directa identificado con el radicado número 25000-23-26-000-2011-00681-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Relató que el 3 de agosto de 2007 se constituyó la empresa Compra Venta de Solventes Colombianos Ltda., cuya actividad económica es la compra de insumos

1 De ahora en adelante Cosolco Ltda. 2 De ahora en adelante la Sección.2

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Accionante: Compra Venta de Solventes Colombianos Ltda.

a la sociedad ECOPETROL S.A.3, la importación y exportación de sustancias disolventes4, al igual que el desarrollo de actividades relacionadas con la compra y venta de insumos para estas sustancias.

2.2. Expuso que el señor Alberto William Yepes Quintero, quien ostentaba la calidad

disolventes4, al igual que el desarrollo de actividades relacionadas con la compra y venta de insumos para estas sustancias.

2.2. Expuso que el señor Alberto William Yepes Quintero, quien ostentaba la calidad de subgerente y representante legal suplente de la sociedad, fue procesado por el delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos.

2.3. Mencionó que el 10 de marzo de 2010 el señor Alberto William Yepes Quintero aceptó la responsabilidad por la comisión del delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, por lo cual el 24 de marzo de 2010 la asamblea general lo destituyó de manera irrevocable del cargo de subgerente, y nombró en su lugar a la señora Ana María Garzón.

2.4. Manifestó que, mediante Resolución núm. 0683 de 8 de abril de 2010, la Dirección Nacional de Estupefacientes ordenó anular el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes núm. 48028 de 13 de mayo de 2009, en razón de los delitos cometidos por el señor Alberto William Yepes Quintero.

2.5. Precisó que el acto administrativo citado fue recurrido y que, mediante Resolución núm. 1122 de 21 de julio de 2010, se dejó sin efectos la orden de anular el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, en razón a que no existía evidencia que la vinculara con las actividades delictivas cometidas por el señor Alberto William Yepes Quintero.

2.6. Relató que la anterior decisión fue puesta en conocimiento de la sociedad

no existía evidencia que la vinculara con las actividades delictivas cometidas por el señor Alberto William Yepes Quintero.

2.6. Relató que la anterior decisión fue puesta en conocimiento de la sociedad ECOPETROL S.A., y que pese a ello se emitió la circular de 11 de mayo de 2010, en la que informó el retiro de la sociedad COSOLCO Ltda. de su lista de distribuidores de disolventes aromáticos y alifáticos.

2.7. Señaló que, mediante el Oficio núm. 2-2010-005-22861 de 21 de junio de 2010, la sociedad ECOPETROL S.A., reportó a COSOLCO Ltda. y a sus socios por operación sospechosa, como mecanismo de prevención y control de lavados de activos, a raíz de la detención del señor Alberto William Yepes Quintero.

2.8. Advirtió que por lo anterior interpuso demanda de reparación directa, en contra de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de la Unidad Administrativa de Información y Análisis Financiero -UIAF y de la sociedad ECOPETROL S.A., por los graves perjuicios que le fueron causadas a raíz de las acciones y omisiones frente al manejo de la situación.

2.9. Expuso que el conocimiento del medio de control le correspondió a la Sección Tercera -Subsección “C”, Sala de Descongestióndel Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el número de radicado 25000-23-26-000-2011-00681-00, autoridad que mediante sentencia de 24 de julio de 2014 resolvió declarar de oficio la indebida escogencia de la acción, por que correspondía interponer el medio de

autoridad que mediante sentencia de 24 de julio de 2014 resolvió declarar de oficio la indebida escogencia de la acción, por que correspondía interponer el medio de

3 De ahora en adelante ECOPETROL S.A. 4 Entre los que se encuentran productos contralados como: tolueno, disolvente uno/apiasol, disolvente dos, metano, etc.3

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Accionante: Compra Venta de Solventes Colombianos Ltda.

control de nulidad y establecimiento, para controvertir la legalidad de los actos administrativos de carácter particular y concreto, que presuntamente afectaron a la parte actora.

2.10. Destacó que contra la anterior decisión presentó recurso de apelación, cuyo análisis le correspondió a la Sección Tercera -Subsección “A”- del Consejo de Estado, autoridad judicial que en sentencia de 17 de febrero de dispuso revocar el fallo de primera instancia y, en su lugar, declarar la falta de legitimación en la causa por activa de la sociedad actora.

2.11. Expuso que las providencias de primera y segunda instancia incurrieron en un defecto sustantivo, en razón a que le impidieron el disfrute de su derecho al debido proceso.

2.12. Finalmente, refirió que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto fáctico, ya que no evidenciaron que ECOPETROL S.A. efectuó el reporte de operaciones sospechosas a la Unidad Administrativa de Información y Análisis Financiero – UIAF, sin tener el fundamento objetivo para hacerlo, al igual que no se

de operaciones sospechosas a la Unidad Administrativa de Información y Análisis Financiero – UIAF, sin tener el fundamento objetivo para hacerlo, al igual que no se percató que ECOPETROL S.A. tomó la decisión de sacar a la parte actora del canal de distribución, únicamente por la revocatoria del certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, realizada por la Subdirectora de Estupefacientes de la Dirección Nacional de Estupefacientes, es decir, sin que hubiera un sustento legal para hacerlo.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló la siguiente pretensión:

«[…] respetuosamente solicito se declare la prosperidad de la presente acción de tutela y, en consecuencia, se deje sin efectos las siguientes decisiones judiciales: a) sentencia del 24 de julio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión; y b) sentencia del 17 de febrero de 2023, proferida por la Sección Tercera, Subsección A, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, esta última notificada el 9 de marzo de 2023. Tales providencias fueron emitidas dentro del Proceso de reparación directa radicado bajo el No. 25000232600020110068100, en donde la demandante es la sociedad COMPRA VENTA DE SOLVENTES COLOMBIANOS LTDACOSOLCO LTDA y los demandados la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito PúblicoUnidad Administrativa de Información y Análisis FinancieroUIAF y

ECOPETROL S.A.

En consecuencia, se acceda a las pretensiones de la demanda que dio origen

PúblicoUnidad Administrativa de Información y Análisis FinancieroUIAF y

ECOPETROL S.A.

En consecuencia, se acceda a las pretensiones de la demanda que dio origen al antes mencionado proceso del medio de control de reparación directa. […]». (Sic en toda la cita).

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 1o de septiembre de 2023, la magistrada a cargo de la sustanciación del proceso de la Sección Primera de esta Corporación admitió la acción de tutela de la referencia. Asimismo, se vincularon en calidad de terceros con interés en resultas del proceso a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito4

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Accionante: Compra Venta de Solventes Colombianos Ltda.

Público, a la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF y a la sociedad Ecopetrol S.A.

V. INTERVENCIONES

5. Efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y vinculadas, se advierte

que se allegaron los siguientes informes:

5.1. La Sección Tercera -Subsección “A”- del Consejo de Estado, a través de la magistrada ponente de la decisión de 17 de febrero de 2023, señaló que el presente asunto carecía de relevancia constitucional porque la parte actora no cumplió con la carga argumentativa de explicar las razones por las que consideraba que la providencia cuestionada incurrió en errores, que, a su parecer, violaban sus derechos fundamentales y que, por el contrario, lo pretendido con esta acción de tutela era reabrir el debate jurídico.

providencia cuestionada incurrió en errores, que, a su parecer, violaban sus derechos fundamentales y que, por el contrario, lo pretendido con esta acción de tutela era reabrir el debate jurídico.

5.2. También señaló que en el fallo objeto de la presente tutela se analizó la procedencia y oportunidad del medio de control de reparación directa y al analizar el presupuesto de legitimación en la causa por activa se constató que la decisión de retirar a la parte actora del canal de distribución de Ecopetrol S.A., fue consecuencia de la solicitud efectuada por la accionante, con ocasión de las nuevas condiciones de negociación presentadas.

5.3. Por último, resaltó que la simple inconformidad de la sociedad COSOLCO Ltda. con la decisión objeto de tutela, no habilita al juez constitucional a reabrir el debate zanjado por la Sección Tercera -Subsección “A”- del Consejo de Estado.

5.4. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de apoderado judicial, presentó informe en el que advirtió, luego del recuento de los hechos y las razones de la tutela, que las sentencias tuteladas no incurrieron en los defectos sustantivo y fáctico denunciados, ya que no se profirieron desconociendo la Constitución Política, ni realizando una indebida valoración probatoria.

5.5. Así mismo, señaló que la presente acción de tutela no cumplía con el requisito general de procedibilidad atinente a la subsidiariedad, toda vez que COSOLCO Ltda., tenía a su disposición el recurso extraordinario de revisión.

5.6. Seguidamente agregó que el ministerio, al no tener ninguna injerencia en las

general de procedibilidad atinente a la subsidiariedad, toda vez que COSOLCO Ltda., tenía a su disposición el recurso extraordinario de revisión.

5.6. Seguidamente agregó que el ministerio, al no tener ninguna injerencia en las decisiones reprochadas, carecía de legitimación en la causa por pasiva.

5.7. La sociedad ECOPETROL S.A., a través de apoderado judicial, rindió informe en el que señaló que las diferencias en los criterios de valoración probatoria no constituyen una irregularidad, por lo que para afirmar que se incurrió en un defecto fáctico era necesario que la irregularidad en el juicio valorativo haya sido ostensible, flagrante y manifiesto.5

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Accionante: Compra Venta de Solventes Colombianos Ltda.

5.8. En virtud de lo anterior, explicó que no era cierto que la Subsección accionada hubiese valorado indebidamente las pruebas practicadas dentro del proceso de reparación directa.

5.9. Finalmente, puntualizó que la sentencia objeto de reproche se encuentra debida y razonablemente sustentada, y que en ningún momento se realizó una valoración caprichosa y arbitraría que amerite la intervención del juez constitucional.

5.10. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de uno de sus magistrados, se limitó a señalar que esa Corporación profirió en primera instancia la sentencia de 24 de julio de 2014, dentro del proceso de reparación directa número 25000-23-26-000-2011-00681-00, en la cual se declaró de oficio la indebida escogencia de la acción.

sentencia de 24 de julio de 2014, dentro del proceso de reparación directa número 25000-23-26-000-2011-00681-00, en la cual se declaró de oficio la indebida escogencia de la acción.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 19915, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20216 y en armonía con el Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019.

VI.2. Cuestiones previas

7. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de las siguientes cuestiones previas: i) la manifestación de impedimento presentada por uno de los magistrados de esta Sala de Decisión, y ii) la solicitud de desvinculación radicada por uno de los terceros.

VI.2.1 Del impedimento propuesto

8. El doctor Oswaldo Giraldo López, en su calidad de Consejero de Estado de la Sección Primera de esta Corporación judicial, manifestó encontrarse impedido para efectos de conocer y decidir sobre la presente acción constitucional por las

siguientes razones:

«[…] Por su conducto me permito manifestarle a la Honorable Sala de la Sección Primera, que el suscrito Magistrado podría estar incurso en la causal de impedimento prevista en el numeral 1º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, cuyo texto es del siguiente tenor:

“ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de

de impedimento prevista en el numeral 1º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, cuyo texto es del siguiente tenor:

“ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de

impedimento:

5 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política". 6 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.6

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1. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera permanente, o algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, tenga interés en la actuación procesal.

(…).”.

Lo anterior en consideración a que mi esposa, Jeannette Forigua Rojas, es Asesora Externa de la Junta Directiva de Ecopetrol S.A., empresa que actúa dentro de la presente acción de tutela como tercero con interés en la decisión.

Por consiguiente, manifiesto mi impedimento para participar en el trámite del proceso y en la decisión que en éste se adopte […]». (Negrillas del texto y subrayas por fuera del texto)

9. En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión concluye que, en efecto, se encuentra

proceso y en la decisión que en éste se adopte […]». (Negrillas del texto y subrayas por fuera del texto)

9. En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión concluye que, en efecto, se encuentra configurada la causal de impedimento prevista en el artículo 56, numeral 1°, del Código de Procedimiento Penal7 (aplicable por remisión del artículo 39 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 19918), en tanto que se puede apreciar que las sentencias de 24 de julio de 2014 y de 17 de febrero de 2023, objeto de tutela en el presente proceso constitucional, fueron proferidas dentro del proceso de reparación directa núm. 25000-23-26-000-2011-00681-00/01 adelantado en c ontra de la

sociedad ECOPETROL S.A.

10. Lo anterior, pone de manifiesto que el hecho indicado por el citado Consejero está erigido como causal de impedimento en la disposición antes mencionada, razón por la que la Sala debe aceptárselo y separarlo del conocimiento del presente proceso, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

VI.2.2. De la solicitud de desvinculación

11. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitó, en calidad de tercero con interés en las resultas del proceso, que se le desvinculara del trámite de la presente acción de tutela.

12. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20069, señaló lo siguiente:

[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la

12. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20069, señaló lo siguiente:

[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento

7 «[…]ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento: 1°. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera permanente, o algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, tenga interés en la actuación procesal. […]» 8 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. 9 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.7

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04736-00

Accionante: Compra Venta de Solventes Colombianos Ltda.

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04736-00

Accionante: Compra Venta de Solventes Colombianos Ltda.

judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción […] (Negrilla fuera de texto)

13. Así las cosas, se negará la solicitud de desvinculación procesal presentada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en atención a que esta entidad fungió como sujeto procesal en el proceso de reparación directa en el que se expidieron las sentencias que son objeto de la presente acción de tutela.

VI.3. Problemas jurídicos

14. La Sala de Decisión considera necesario precisar que, aunque el extremo accionante le atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales tanto a la sentencia proferida en primera instancia como aquella dictada en segunda instancia, dentro del proceso de reparación directa con radicado número 25000-2326-000-2011-00681-00/01, el presente análisis se centrará en determinar si en esta última providencia se incurrió en las causales de procedibilidad invocadas, dado que es la decisión que tiene los efectos de cosa juzgada y finiquitó la litis10.

15. De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sala debe establecer: a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales y excepcionales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello

es así, se deberá determinar:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales y excepcionales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se deberá determinar:

b) Si la sentencia de 17 de febrero de 2023, proferida por la Sección TerceraSubsección “A”- del Consejo de Estado, dentro del medio de control de reparación directa con radicado número 25000-23-26-000-2011-00681-00/01, vulneró los derechos fundamentales de la accionante, al haber incurrido supuestamente en defecto sustantivo y en defecto fáctico.

16. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

17. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

10 Al respecto ver la sentencia del Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Primera, sentencia

judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

10 Al respecto ver la sentencia del Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Primera, sentencia de 3 de junio de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01119-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.8

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04736-00

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18. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

19. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

20. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial11, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental

20. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial11, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución12.

21. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]»13 que se encaje en dichos parámetros.

22. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

11 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 12 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello.

Palacio. 12 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inc onstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política. 13 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.9

normas establecidas en la Constitución Política. 13 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.9

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04736-00

Accionante: Compra Venta de Solventes Colombianos Ltda.

23. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 1100103-15-000-2012-02201-01.

VI.5. El caso concreto

24. La sociedad COSOLCO Ltda., por intermedio de apoderado judicial, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a las sentencias de 24 de julio de 2014 y de 17 de febrero de 2023, proferidas, respetivamente, por la Sección Tercera -Subsección “C”, Sala de Descongestióndel Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sección Tercera -Subsección “A”- del Consejo de Estado14, dentro de proceso de reparación directa con radicado número 25000-2326-000-2011-00681-00/01.

25. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial, el requisito de relevancia constitucional.

VI.4.1. Del requisito general de procedibilidad atinente a la relevancia constitucional

generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial, el requisito de relevancia constitucional.

VI.4.1. Del requisito general de procedibilidad atinente a la relevancia constitucional

26. En cuanto atañe al requisito de procedencia adjetiva concerniente a la relevancia constitucional, cabe recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental15 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que deberán ser definidos por otras jurisdicciones16.

27. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales17, el referido requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces18.

28. Así, en punto a la relevancia constitucional de la controversia, como uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de amparo, sostuvo la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación19, que:

[…] La “relevancia constit