CE - 010315000202304778001SENTENCIA20231018103232

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04778-00

Accionante: Tito Aldemar Ruano Yandun Accionado: Presidencia de la República y otro Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO – Niega amparo

Surtido el trámite de ley 1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del recurso de amparo co nstitucional formulado por Tito Aldemar Ruano Yandun contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Justicia y del Derecho.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 1° de septiembre de 2023, Tito Aldemar Ruano Yandun2 instauró demanda de tutela contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Justicia y del Derecho, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad. Considera que tales prerrogativas fueron vulneradas con ocasión de la expedición de la Resolución 246 del 18 de agosto de 2023, mediante la cual se ordenó su entrega a las autoridades de los

acceso a la administración de justicia e igualdad. Considera que tales prerrogativas fueron vulneradas con ocasión de la expedición de la Resolución 246 del 18 de agosto de 2023, mediante la cual se ordenó su entrega a las autoridades de los Estados Unidos para que comparezca a juicio ante las mismas, por los hechos que motivaron su extradición.

2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen a lo siguiente3:

<< PRIMERO: Solicito me sean amparados los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y derecho a la igualdad, y cualquier otro del mismo rango que se determine como violado por la

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA y el MINISTERIO DE

JUSTICIA Y DEL DERECHO.

SEGUNDO: Se ordene a la accionada declarar de ofic io la nulidad de la Resolución Número 246 del 18 de agosto de 2023 por medio de la cual se ordena mi entrega a las autoridades de los Estados Unidos de América. pues me encuentro aun a órdenes de la JEP, sala Amnistía e indulto. Quienes aún no han decidido mi suerte final.

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 2 Quien en la actualidad se encuentra recluido en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá “La Picota”.

de la acción de tutela”. 2 Quien en la actualidad se encuentra recluido en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá “La Picota”. 3 Escrito de demanda, folio 5.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04778-00

Accionante: Tito Aldemar Ruano Yandun Accionado: Presidencia de la República y otro Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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TERCERO: Se ordene a la accionada, una vez producida la nulidad del acto administrativo, realizar el efectivo estudio de los antecedentes y condicionamientos proferidos y con ello proveer la garantía de mis derechos fundamentales antes de proceder a mi entrega efectiva ante las autoridades de

los Estados Unidos de América.

CUARTO: Se ordene al accionante que antes de realizar mi entrega efectiva ante las autoridades de los estados Unidos de Norte América; se surtan la totalidad de trámites que se encuentra en Colombia tal como lo conceptuó la Honorable Corte Suprema de Justicia en su acápite numero 5 Cuestión Final.>>.

3.- Como sustento fáctico de su solicitud, el accionante relató que mediante la Resolución No. 11 del 5 de junio de 2017, la cual le fue comunicada mediante oficio OFI17-00069223/JMSC 112000 del 12 de junio de 2017 y notificada personalmente en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (en adelante ETCR) de Tumaco (Nariño), la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (en adelante OACP) lo aceptó y acreditó como integrante de las FARC-EP.

Tumaco (Nariño), la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (en adelante OACP) lo aceptó y acreditó como integrante de las FARC-EP.

4.- A través del Decreto 1096 de 27 de junio de 2017 el Presidente de la República le otorgó la amnistía de iure consagrada en la Ley 1820 de 2016.

5.- De manera sobreviniente a dicha acreditación, mediante el Oficio DFGN - No. 20171000012981 del 10 de julio de 2017 emitido por la Fiscalía General de la Nación, la OACP con el apoyo de entidades que hacen parte del Comité Técnico Interinstitucional para la revisión de listados (Decreto 1174 de 2016), recibió información en la que se daba cuenta de que la Fiscalía 14 Delegada Contra el Narcotráfico y Lavado de Activos, se encontraba investigando al accionante por los delitos de narcotráfico, lavado de activos, tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos y delitos conexos. Así como por su pertenencia a una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas desde Colombia a los Estados Unidos4.

6.- Mediante Oficio OFI17 - 00087005 / JMSC 112000 de 14 de julio de 2017, la OACP informó al accionante que quedaba sin efectos el Oficio OFI1700069223/JMSC - 112000 del 12 de junio de 2017, mediante el cual se comunicó su aceptación y acreditación como integrante de las FARC -EP, contenidas en la Resolución No. 11 del 5 de junio de 2017.

a) Trámite de extradición

aceptación y acreditación como integrante de las FARC -EP, contenidas en la Resolución No. 11 del 5 de junio de 2017.

a) Trámite de extradición

7.- A través de la Nota Verbal No. 1780 de 24 de octubre de 2017, el Gobierno de los Estados Unidos, por intermedio de su representación diplomática en Colombia, solicitó al Gobierno Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, la detención provisional con fines de extradición del señor Tito Aldemar Ruano Yandún , de nacionalidad colombiana, requerido para comparecer a juicio por la comisión de delitos ligado s al tráfico de estupefacientes. Lo anterior, de conformidad con la acusación No. CR 17-0027, dictada el 20 de enero de 2017 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, mediante la cual se le acusa de:

4 Dicha investigación se adelantó bajo el radicado 110016000098201400280.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04778-00

Accionante: Tito Aldemar Ruano Yandun Accionado: Presidencia de la República y otro Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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<<Concierto para distribuir cocaína con la intención, el conocimiento y causa razonable para creer que dicha cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos, en violación del Título 21, Secciones 963, 959(a), 959 (d), 960(a)(3) y 960(b)(1)(B)(ii) del Código de los Estados Unidos, y del Título 18, Secciones 3238 y

Unidos, en violación del Título 21, Secciones 963, 959(a), 959 (d), 960(a)(3) y 960(b)(1)(B)(ii) del Código de los Estados Unidos, y del Título 18, Secciones 3238 y 3551 del Código de los Estados Unidos. (...) La investigación de las fuerzas del orden reveló que entre 2015 y julio de 2016, Tito Aldemar Ruano Yandun fue el líder principal de una organización de tráfico de narcóticos (DTO) que se concertó para distribuir miles de kilogramos de cocaína desde Co lombia, a través de Centroamérica, a México para su transporte y distribución dentro de los Estados Unidos, incluyendo Nueva York. La DTO de Ruano Yandun transportó cargamentos de cocaína, en los cuales él invirtió, desde la costa pacífica de Colombia a Guatemala y México por vía marítima utilizando lanchas rápidas. Los narcóticos fueron posteriormente vendidos a organizaciones de tráfico de narcóticos a gran escala para su importación final a los Estados Unidos. La evidencia que sustenta las acusaciones en contra de Ruano Yandun incluye comunicaciones interceptadas legalmente entre Ruano Yandun y el co-acusado Onofre Junior Aguiño Arboleda y entre un testigo que coopera en el caso, quien es miembro de la DTO y Aguiño Arboleda. Adicionalmente las comunicacio nes interceptadas legalmente revelaron que Ruano Yandun, el testigo que coopera en el caso y otros asociados al tráfico de narcóticos hablaron sobre la logística para coordinar y transportar varios cargamentos de narcóticos. Desde octubre de 2015 hasta julio de 2016, autoridades de las fuerzas del orden de Colombia, Ecuador y los Estados Unidos incautaron legalmente cuatro cargamentos

sobre la logística para coordinar y transportar varios cargamentos de narcóticos. Desde octubre de 2015 hasta julio de 2016, autoridades de las fuerzas del orden de Colombia, Ecuador y los Estados Unidos incautaron legalmente cuatro cargamentos de Ruano Yandun por un total de más de 2.000 kilogramos de cocaína>>.

8.- Mediante Resolución del 25 de octubre de 2017, la Fiscalía General de la Nación (en adelante FGN) ordenó la captura del accionante con fines de extradición , quien había sido retenido el 19 de octubre de 2017, por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, con funda mento en la notificación de una circular roja emitida por la INTERPOL.

9.- A través de la Nota Verbal No. 2033 del 14 de diciembre de 2017, la Embajada de los Estados Unidos de América formalizó la solicitud de extradición.

10.- Mediante Oficio No. 0F117-0041629-DAI-1100 del 15 de diciembre de 2017, el Ministerio de Justicia y del Derecho remitió el expediente de extradición a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que dicha entidad emitiera el concepto correspondiente.

11.- El 17 de julio de 2019 la Corte Suprema de Justicia emitió concepto favorable dentro del trámite de extradición adelantado en contra del accionante.

12.- Mediante la Resolución No. 120 del 6 de agosto de 2019, el Presidente de la República concedió la extradición del accionante y condicionó su entrega a la “firmeza de la decisión ya ado ptada por la Subsección Tercera de la Sección de

República concedió la extradición del accionante y condicionó su entrega a la “firmeza de la decisión ya ado ptada por la Subsección Tercera de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz, mediante auto SRT-AE-031/2019 del 17 de mayo de 2019, en el que se resolvió no avocar conocimiento de la solicitud de aplicación de la garantía de no extradición; o a la de cisión en firme en que se resuelva no dar aplicación a la mencionada garantía en el evento de que, por razón de la impugnación, dicha jurisdicción decidiera avocar conocimiento”.

13.- En la Resolución No. 186 de 24 de octubre de 2019, en respuesta al recurso de reposición interpuesto por el accionante, el Presidente de la República resolvió confirmar la decisión adoptada en la Resolución No. 120 del 6 de agosto de 2019.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04778-00

Accionante: Tito Aldemar Ruano Yandun Accionado: Presidencia de la República y otro Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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14.- A través de la Resolución No. 246 de 18 de agosto de 2023, el Presidente de la República ordenó proceder con la entrega del accionante para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el cargo imputado en la acusación No. CR17 -0027, una vez se allegara el compromiso por parte del Gobierno de los Estados Un idos sobre el cumplimiento de los condicionamientos impuestos por el Gobierno Nacional en la Resolución Ejecutiva N° 120 del 6 de agosto de 2019. Lo anterior, teniendo en cuenta que, mediante la Sentencia TP-SAGobierno de los Estados Un idos sobre el cumplimiento de los condicionamientos impuestos por el Gobierno Nacional en la Resolución Ejecutiva N° 120 del 6 de agosto de 2019. Lo anterior, teniendo en cuenta que, mediante la Sentencia TP-SAGNE 345 de 2023 del 19 de abril de 2023, la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz confirmó el auto SRT-AE-006/2022 del 8 de junio de 2022, por medio del cual la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz negó la aplicación de la Garantía de No Extradición solicitada por el accionante.

b) Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ante la Sección Primera del Consejo de Estado

15.- El 28 de febrero de 2018, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el accionante presentó demanda en contra de la Nación – Presidencia de la República - Oficina del Alto Comisionado para la Paz 5, con el fin de que se declare la nulidad del oficio OFI17 - 00087005 / JMSC 112000 del 14 de julio de 2017 proferido por la OACP y a título de restablecimiento se ordene a la entidad demandada “acreditar ante las diferentes entidades judiciales y organismos gubernamentales al [accionante] como miembro integrante de las FARCEP, de acuerdo con su inclusión en los listados emitidos por los representantes de las FARC-EP y la debida aceptación y acreditación en Resolución No. 011 del 5 de junio de 2017”.

16.- Además, solicitó como medidas cautelares: (i) suspender los efectos del acto administrativo de revocatoria de la Resolución No. 11 del 5 de junio de 2017; (ii)

junio de 2017”.

16.- Además, solicitó como medidas cautelares: (i) suspender los efectos del acto administrativo de revocatoria de la Resolución No. 11 del 5 de junio de 2017; (ii) suspender los efectos del oficio OFI17 -00087005/JMSC 112000 de 14 de julio de 2017 por medio del cual se le informó q ue quedaba sin efectos el Oficio No. 1700069223JMSC-12000 del 12 de junio de 2017; (iii) suspender la orden de captura con fines de extradición; (iv) suspender por prejudicialidad el proceso especial penal de extradición No. 110010204000-2017-02262-00 adelantado ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia; y (v) disponer la libertad inmediata del demandante.

17.- Mediante auto de 19 de diciembre de 2019, la Sección Primera de esta Corporación resolvió: (i) negar la suspensión provisional de los efectos jurídicos del oficio OFI17-00087005 / JMSC 112000 de 14 de julio de 2017 y (ii) abstenerse de emitir un pronunciamiento sobre las demás solicitudes de medidas cautelares . Esto último, al considerar que la susp ensión de la orden de captura con fines de extradición y del proceso que cursaba contra el accionante en la Corte Suprema de Justicia, así como la solicitud de libertad inmediata, eran asuntos que desbordaban la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

18.- El 5 de febrero de 2021, se celebró la audiencia inicial con asistencia de apoderado del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, oportunidad en la que se despacharon en forma desfavorable las excepciones

18.- El 5 de febrero de 2021, se celebró la audiencia inicial con asistencia de apoderado del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, oportunidad en la que se despacharon en forma desfavorable las excepciones previas formuladas por la entidad demandada y se concedió término para presentar

5 Identificada con número de radicado: 11001-03-24-000-2018-00060-00.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04778-00

Accionante: Tito Aldemar Ruano Yandun Accionado: Presidencia de la República y otro Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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alegatos de conclusión. El expediente se encuentra al despacho para fallo desde el 9 de marzo de 2021.

c) Trámite del beneficio de Garantía de No E xtradición ante la Jurisdicción Especial para la Paz

19.- El 15 de mayo de 2018, por intermedio de su apoderado, el accionante radicó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (en adelante JEP) una solicitud de Garantía de No Extradición (en adelante GNE), en atención a su acreditación como miembro de las FARC-EP por parte de la OACP, por lo que solicitó a la Sección de Revisión de la JEP decidir sobre: (i) su pertenencia a dicha guerrilla, (ii) emitir concepto sobre la procedibilidad de su extradición y (iii) ordenar la remisión de la solicitud de la autoridad extranjera que en ese momento se encontraba en trámite ante la Corte Suprema de Justicia.

20.- Mediante Auto SRT -AE-031 de 17 de mayo de 2019, la Sección de Revisión

autoridad extranjera que en ese momento se encontraba en trámite ante la Corte Suprema de Justicia.

20.- Mediante Auto SRT -AE-031 de 17 de mayo de 2019, la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz (en adelante SR), resolvió no avocar conocimiento de dicha solicitud, al no encontrar demostrado el factor personal del solicitante.

21.- A través del Auto TP -SA741 de 2021, la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz (en adelante SA), revocó el Auto SRT -AE-031 y en su lugar: (i) avocó conocimiento de la GNE y (ii) ordenó devolver el asunto a la Sección de Revisión para que se le diera el trámite judicial correspondiente.

22.- Mediante el Auto SRT-AE-006 de 8 de junio de 2022, la SR negó la concesión de la GNE respecto de los hechos contenidos en el indictment No. CR17-0027 de 19 de enero de 2017 , al considerar que en el caso del accionan te no se cumplían los factores personal y material de competencia bajo el estándar de probabilidad de verdad.

23.- Contra la anterior determinación el solicitante, mediante escrito de 15 de junio de 2022, formuló recurso de reposición y en subsidio apelación. A través del auto SRTAE-007 de 27 de julio de 2022, la SR negó las solicitudes de suspensión y nulidad del trámite y resolvió no reponer la providencia SRT-AE 006 de 8 de junio de 2022.

24.- Posteriormente, mediante Sentencia TP -SA-GNE 345 del 19 de abril de 2023

nulidad del trámite y resolvió no reponer la providencia SRT-AE 006 de 8 de junio de 2022.

24.- Posteriormente, mediante Sentencia TP -SA-GNE 345 del 19 de abril de 2023 la Sección de Apelaciones del Tribunal para la Paz confirmó la decisión de negar la GNE y las demás determinaciones adoptadas en el Auto SRT-AE-006 de 2022, salvo la orden cuarta de la parte resolutiva en el sentido de “ORDENAR que sea la Sal a de Amnistía o Indulto a quien debe remitirse las actuaciones ligadas al Régimen de Condicionalidad al que se encuentra comprometido el señor RUANO YANDÚN en virtud de la amnistía de iure que le fue concedida, sumado a que en dicho trámite evalúe la incid encia de los hallazgos relacionados [con las actividades ligadas al tráfico de estupefacientes que tuvieron lugar con posterioridad al 1° de diciembre de 2016, descritas en el Expediente 2014 -00280 a cargo de la Fiscalía 14 de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico]”.

d) TutelaRadicación: 11001-03-15-000-2023-04778-00

Accionante: Tito Aldemar Ruano Yandun Accionado: Presidencia de la República y otro Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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25.- La parte actora alega que las autoridades accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad, debido a que: (i) durante todo el trámite de extradición y el trámite de GNE ha insistido en que se efectúe la suspensión del proceso ante la ausencia del fallo proferido por

debido a que: (i) durante todo el trámite de extradición y el trámite de GNE ha insistido en que se efectúe la suspensión del proceso ante la ausencia del fallo proferido por el Consejo de Estado sobre la revocatoria de la certificación de la OACP que se adelanta bajo el radicado No. 110010324000-2018-00060-00 y (ii) la Presidencia de la República de Colombia ha desconocido las órdenes emitidas por la Jurisdicción Especial para la Paz, en las que, si bien no otorgó el acceso a la GNE, s í ordenó a la Sala de Amnistía o Indulto (en adelante SAI) hacer frente a las actuaciones ligadas al Régimen de Condicionalidad al que el accionante se encuentra comprometido en virtud de la amnistía de iure que le fue concedida mediante Decreto No. 1096 del 27 de junio de 2017, razón por la cual considera que el trámite ante la JEP aún no ha concluido, pues dicha jurisdicción no lo ha puesto a disposición de la Presidencia de la República para continuar con su traslado a los Estados Unidos de América, en el marco del proceso de extradición que se adelanta en su contra.

B. Trámite procesal y contestación de la demanda

26.- Mediante auto de 6 de septiembre de 2023 se admitió la acción de tutela , se ordenó notificar a las autoridades accionadas y se requirió: (i) a la Presidencia de la República, al Ministerio de Justicia y del Derecho y a la Corte Suprema de Justicia, para que allegaran toda la documentación que obre en su poder, relacionada con el trámite de extradición del ciudadano Tito Aldemar Ruano Yandu n; y (ii) al Tribunal

para que allegaran toda la documentación que obre en su poder, relacionada con el trámite de extradición del ciudadano Tito Aldemar Ruano Yandu n; y (ii) al Tribunal para la Paz y a las Salas de Revisión y Amnistía e Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, para que: (a) informaran la situación actual del señor Tito Aldemar Ruano Yandun en esa Jurisdicción, (b) remitieran copia de la s actuaciones que se han surtido con ocasión de la comparecencia del referido señor y su solicitud de Garantía de No Extradición, incluidas las decisiones adoptadas; e (c) informaran si existe algún asunto pendiente de decisión.

(i) Jurisdicción Especial para la Paz – Sección de Revisión6

27.- El 12 de septiembre de 2023, la Magistrada Claudia López Díaz realizó un recuento de las principales actuaciones que tuvieron lugar en el trámite de la solicitud del beneficio de GNE elevada por el accionante y señaló que a la fecha la SR no tiene activo trámite alguno del solicitante relacionado con la GNE, toda vez éste culminó con la expedición de la sentencia de segunda instancia por parte de la SA, que confirmó la decisión desfavorable a los intereses del señor Ruano Yandun, la cual se encuentra debidamente ejecutoriada. Por tanto, indicó que no existe asunto pendiente de resolución sobre esta materia.

(ii) Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal7

28.- El 12 de septiembre de 2023, el Magistrado Diego Eugenio Corredor Beltrán, realizó un recuento de las actuaciones realizadas en el trámite de extradición del

(ii) Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal7

28.- El 12 de septiembre de 2023, el Magistrado Diego Eugenio Corredor Beltrán, realizó un recuento de las actuaciones realizadas en el trámite de extradición del accionante y precisó que el implicado fue rechazado de los sistemas de justicia transicional (JEP y Justicia y Paz), motivo por el cual, ante la no configuración de las prohibiciones consagradas en la Constitución Política, la Corte Suprema de Justicia

6 Intervención digital contenida en 4 folios. 7 Intervención digital contenida en 5 folios.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04778-00

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procedió a emitir el concepto que en derecho correspondía, en el que se consignaron las razones de he cho y de derecho que llevaron a adoptar la decisión objeto de debate. Por lo anterior, solicitó negar el amparo deprecado.

(iii) Ministerio de Justicia y del Derecho8

29.- El 13 de septiembre de 2023, el Ministerio de Justicia y del Derecho solicitó que la acción de tutela se declare improcedente. Para ello indicó que el accionante cuenta con mecanismo ordinarios de defensa, como el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir la Resolución No. 246 de 18 de agosto de 2023, por medio de la cual el Presidente de la República ordenó proceder con su entrega para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de

restablecimiento del derecho para controvertir la Resolución No. 246 de 18 de agosto de 2023, por medio de la cual el Presidente de la República ordenó proceder con su entrega para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el cargo imputado en la acusación No. CR17-0027.

(iv) Presidencia de la República9

30.- El 13 de septiembre de 2023, la Presidencia de la República solicitó negar la acción de tutela, al considerar que: (i) el proceso de extradición que se adelanta en contra del accionante se encuentra cobijado por el principio de legalidad; (ii) las autoridades competentes han cumplido con todos los requisitos y procedimientos señalados en la Constitución, los tratados internacionales y la ley; y (iii) el accionante decidió no ejercer el medio del control de nulidad y restablecimiento del derecho, que le permitiría impugnar los actos administrativos relacionados con su extradición.

31.- Pese a haber sido notificada en debida forma la Sala de Amnistía e Indulto de la JEP guardó silencio.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Análisis del caso concreto

32.- Tratándose de la acción de tutela contra actos administrativos de carácter particular, la Corte Constitucional ha indicado que la excepcionalidad del recurso de amparo se torna especialmente estricta, en tanto no es el mecanismo idóneo para atacarlos ya que, por su propia naturaleza, se encuentran amparados por el principio de legalidad, pues se parte del presupuesto de que la administración, al momento de manifestarse a través de un acto, debe acatar las prerrogativas constituci onales y

atacarlos ya que, por su propia naturaleza, se encuentran amparados por el principio de legalidad, pues se parte del presupuesto de que la administración, al momento de manifestarse a través de un acto, debe acatar las prerrogativas constituci onales y legales a las que se encuentra subordinada. De allí que la legalidad de un acto administrativo se presuma, obligando a quien pretende controvertirlo a demostrar su ilegalidad, debate que se debe adelantar ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa10.

33.- En esa línea, la jurisprudencia constitucional 11 ha señalado que, por regla general, la improcedencia de la acción de tutela contra actos administrativos obedece a: (i) la existencia de mecanismos judiciales ordinarios previstos por el legislador para controvertir las actuaciones de la administración; (ii) la presunción de legalidad

8 Intervención digital contenida en 8 folios. 9 Intervención digital contenida en 16 folios. 10 Corte Constitucional, Sentencia T -332 de 2018. 11 Corte Constitucional, Sentencia T-253 de 2020, MP. Gloria Stella Ortiz Delgado.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04778-00

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que los cobija; y (iii) la posibilidad de adoptar medidas cautelares a fin de proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.

34.- Sin perjuicio de lo anterior, también cabe reco nocer que, aún en los casos en que concurran otros medios de defensa, la jurisprudencia constitucional ha

garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.

34.- Sin perjuicio de lo anterior, también cabe reco nocer que, aún en los casos en que concurran otros medios de defensa, la jurisprudencia constitucional ha establecido que existen dos excepciones que justifican la procedibilidad de la acción de tutela. Tales son: (i) la falta de idoneidad y eficacia del m ecanismo de defensa judicial ordinario; o (ii) en aquellas hipótesis en las que pese a existir un medio de defensa judicial que cumple con las mencionadas características, éste no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable 12, caso en el cual el ampa ro constitucional procede como mecanismo transitorio13.

35.- En el caso en cuestión, debe precisarse que en comienzo acción de tutela de la referencia no resultaría procedente para discutir la R esolución No. 246 de 18 de agosto de 2023 , mediante la cual el Gobierno Nacional concedió la extradición del accionante a los Estados Unidos de América, dado que, por regla general, este mecanismo no puede utilizarse para discutir actos administrativos, en el entendido de que para ello la parte ac tora cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011.

36.- Sin embargo, la Sala considera que en el asunto bajo estudio se está ante la probable configuración de un perjuicio irremed iable, dado que la decisión de la concesión de la extradición se encuentra en firme , por lo que su materialización sucederá en cualquier momento , previo cumplimiento de los condicionamientos necesarios para su entrega, motivo por el cual resulta procedente el estudio de fondo del asunto formulado por el accionante.

concesión de la extradición se encuentra en firme , por lo que su materialización sucederá en cualquier momento , previo cumplimiento de los condicionamientos necesarios para su entrega, motivo por el cual resulta procedente el estudio de fondo del asunto formulado por el accionante.

37.- En el caso objeto de examen se encuentran reunidos los presupuestos de inminencia, urgencia, gravedad e impostergabilidad de la acción de tutela, dado que en cualquier momento el accionante será entregado a las autoridades de los Estados Unidos de América, por lo que no resulta procedente ordenarle que agote el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , en la medida en que las particularidades del asunto y las condiciones actuales impiden concebirlo como un medio de defensa judicial idóneo y eficaz para la salvaguarda de los derechos alegados como vulnerados.

38.- Al respecto es importante precisar que al referirse a la procedencia de la acción de tutela en contra de actos administrativos que conceden la extradición de un ciudadano, la Corte Constitucional ha señalado las siguientes razones que resultan pertinentes y asimilables para un caso como el que nos ocupa, en el que se cuestiona el acto de entrega, posterior a la extradición:

12 La noción de perjuicio irremedi