CE - 010315000202304817001SENTENCIA20231005153946

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 110010315000202304817-00

Actora: Claudia Patricia Vargas Gonzáles Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro1

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Acceso a la administración de justicia , ii) debido proceso; y iii) seguridad social

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por la actora contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

1 Cfr. índice núm. 3 de SAMAI. Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 3”. Archivo aportado en forma digital.2

Núm. único de radicación: 110010315000202304817-00

Actora: Claudia Patricia Vargas Gonzáles

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora, a través de apoderado2 , presentó acción de tutela contra el Tribunal

Actora: Claudia Patricia Vargas Gonzáles

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora, a través de apoderado2 , presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga, porque, a su juicio, i) el Tribunal, al proferir el auto de 10 de agosto de 2023; y ii) el Juzgado, al proferir el auto de 21 de julio de 2022, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 76111333300220190029501: vulneraron sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la seguridad social.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio del Trabajo, la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca , Junta Nacional de

Calificación de Invalidez y Positiva Compañía de Seguros S.A.

4. Solicitó que, se declarara la nulidad del: i) Dictamen 1386557 expedido por Positiva compañía de Seguros de Vida; del ii) Dictamen 944790495289 expedido por la Junta Regional de Invalidez del Valle del Cauca; del iii) Dictamen 94479049893 expedido por la Junta Nacional de Invalidez; y el iv) Oficio núm.1400 expedido

por la Junta Regional de Invalidez del Valle del Cauca; del iii) Dictamen 94479049893 expedido por la Junta Nacional de Invalidez; y el iv) Oficio núm.1400 expedido por Positiva compañía de Seguros de Vida, por medio del cual se le negó el pago de las sumas establecidas en la póliza de seguro y el reconocimiento de lo s derechos prestacionales en el Decreto núm. 1295 de 22 de junio de 19943 y la Ley 776 del 17 de diciembre de 20024.

2 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Folio 22 del documento denominado “1_DemandaWeb_Demanda -(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital. 3 "Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales". 4 “Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales”.3

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Actora: Claudia Patricia Vargas Gonzáles

5. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga , mediante auto de 21 de julio de 2022, resolvió rechazar la demanda.

6. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante auto de 10 de agosto

de 2023, resolvió:

“[…] PRIMERO: CONFIRMAR el auto del 21 de julio de 2022, proferido por el Juzgado Segundo Administrativo de Guadalajara de Buga, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta decisión […]”.

6.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

Juzgado Segundo Administrativo de Guadalajara de Buga, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta decisión […]”.

6.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] 13. En el presente asunto, la parte demandante pretende la nulidad de diversos dictámenes emitidos por Positiva y por la Junta Regional y Nacional de Invalidez, así como el reconocimiento de una pensión de sobreviviente y una póliza de seguro.

14. Dentro del recurso de apelación, la demandante hace alusión al Auto 1176 de 2021 de la Corte Constitucional, que resolvió el conflicto de competencia en el presente caso entre la Jurisdicción Laboral y la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Dentro de este auto, la Corte Constitucional dijo que la competencia para conocer del caso radicaba en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativos por el concepto de fuero de atracción.

15. La Corte Constitucional tomó la decisión en el entendido de que, al haber una solicitud de reconocimiento de pensión de sobreviviente, el juez competente para conocer de la totalidad del asusto y sus pretensiones en virtud del fuero de atracción es el juez administrativo. Esa decisión se tomó bajo el presupuesto de que había un acto administrativo demandable que definía la situación referente a la pensión solicitada, el cual no existe, pues aún no se ha iniciado el ningún proceso frente a la entidad competente para su reconocimiento. […]”.

[…]

“[…] 17. Ahora bien, frente a los dictámenes demandados, como ya dijo el juzgado en primera instancia, no son actos administrativos susceptibles de ser demandados

entidad competente para su reconocimiento. […]”.

[…]

“[…] 17. Ahora bien, frente a los dictámenes demandados, como ya dijo el juzgado en primera instancia, no son actos administrativos susceptibles de ser demandados ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo como lo dicta el parágrafo del artículo 2.2.5.1.3.8. del Decreto 1072 de 2015 que dice que «Los dictámenes emitidos por las Juntas de Calificación de Invalidez, no son actos administrativos». Las controversias sobre dichos dictámenes se deben dirimir por la justicia laboral ordinaria, como lo dicta el artículo 44 del Decreto 1352 de 2013 que dice que “«las controversias que se susciten en relación con los dictámenes emitidos en firme por las Juntas de Calificación de Invalidez serán dirimidas por la Ju sticia Laboral Ordinaria de conformidad con lo previsto en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, mediante demanda promovida contra el dictamen de la junta correspondiente (…)».[…]”.

18. Entendido lo anterior se tiene entonces que el actuar correcto de la demandante, si su pretensión principal es la obtención de la pensión de sobreviviente, debe ser el de iniciar ante la entidad competente la solicitud de reconocimiento de la pensión de4

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Actora: Claudia Patricia Vargas Gonzáles

sobreviviente. Si dicho proceso resulta en una negativa de la pensión solicitada, es el acto administrativo por el cual se emite esta decisión el que se debe demandar ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

sobreviviente. Si dicho proceso resulta en una negativa de la pensión solicitada, es el acto administrativo por el cual se emite esta decisión el que se debe demandar ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

19. Si, por el contrario, la pretensión principal es la de controvertir los dictáme nes médicos emitidos por la Junta Regional y la Junta Nacional de Invalidez, debe hacerlo ante la Justicia Laboral Ordinaria. […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

7. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 1. Conforme a la motivación anterior, solicito muy comedidamente al(a) honorable juez constitucional TUTELAR los derechos fundamentales derechos Fundamentales Al Debido Proceso, Seguridad Social Y De Acceso A La Administración De Justicia a favor del accio nante y en contra de las entidades accionadas.

2. Como consecuencia de la anterior declaración solicito al honorable juez constitucional, DEJAR SIN EFECTOS el auto de fecha diez (10) de agosto de dos mil veintitrés (2023), dentro del radicado 76111 -33-33-002-2019-00295-01 proferido por el tribunal administrativo del valle, confirmatorio del auto 647 del 21 de julio de 2022, que expidió el Juzgado Segundo Administrativo de Guadalajara de Buga, mediante el cual rechazo (sic) la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la accionante.

3. Ordenar a las accionadas que conforme a lo ordenado por la corte constitucional en el auto de fecha nueve (9) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Auto 1176/21.

promovida por la accionante.

3. Ordenar a las accionadas que conforme a lo ordenado por la corte constitucional en el auto de fecha nueve (9) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Auto 1176/21.

Referencia: Expediente CJU -598 que resolvió el Conflicto de jurisdicciones, y conforme a la parte motiva de esta acción constitucional, proceda a ADMITIR la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la accionante dentro del dentro del radicado 76111 -33-33-0022019-00295-01, acatando el fuero de atracción en el presente asunto y el derecho sustancial al debido proceso y acceso a la administración de justicia, con las indicaciones ordenadas por la corte constitucional y Sentencia SU061/18 […]”.

8. Como fundamento de su solicitud, la actora señaló lo siguiente:

“[…] 8. El Decreto 1234 de 20122, en su artículo 1, establece que “Positiva Compañía de Seguros S.A. es una entidad aseguradora organizada como Sociedad Anónima, tiene el carácter de entidad descentralizada indirecta del nivel nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente, sometida al régimen de empresas industriales y comerciales del Estado de conformidad con el artículo 97 de la Ley 489 de 1998”. De conformidad con la información disponible se trata de una sociedad con participación mayoritaria del Estado, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de la siguiente manera

9. Conforme a lo anterior, Positiva debe calificarse como entidad pública, en los términos del parágrafo del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, según el cual para5

9. Conforme a lo anterior, Positiva debe calificarse como entidad pública, en los términos del parágrafo del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, según el cual para5

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Actora: Claudia Patricia Vargas Gonzáles

tales efectos se entiende por tal “(…) todo órgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominación; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participación igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o participación estatal igual o superior al 50%” […]”.

[…]

“[…] 11. La Sala Plena concluye q ue es la jurisdicción de lo contencioso administrativo representada por el Juzgado 2 Administrativo del Circuito de Buga, Valle del Cauca, la competente para resolver la demanda interpuesta por la señora Claudia Patricia Vargas González, contra el Ministerio del Trabajo, Positiva, la Junta Regional de Invalidez del Valle del Cauca y la Junta Nacional de Invalidez. Esto, con fundamento en las razones que se sintetizan a continuación. […]”.

[…]

“[…] 15. Es importante precisar que la definición de la controv ersia corresponde exclusivamente al juez administrativo quien será el encargado de determinar la responsabilidad de las entidades demandadas, valorar los elementos probatorios y tomar la decisión que corresponda.

16. Es necesario realizar una precisión f inal. En la demanda que ha dado lugar al inicio del proceso se plantean pretensiones de diferente naturaleza. Incluso, una de ellas -la relativa al pago del valor asegurado por Positiva frente al riesgo de muerte

16. Es necesario realizar una precisión f inal. En la demanda que ha dado lugar al inicio del proceso se plantean pretensiones de diferente naturaleza. Incluso, una de ellas -la relativa al pago del valor asegurado por Positiva frente al riesgo de muerte del accionantepodría estar cobijada por la excepción prevista en el numeral 1º del artículo 105 de la Ley 1437 de 2011. No obstante, la Corte encuentra que la relativa al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes - alrededor de la cual gira la controversia planteadaestá comprendida por las competencias de la jurisdicción de lo contencioso administrativa y, en esa medida, debe ser tramitada ante los jueces que la integran.

17. En concordancia con lo anterior, la Corte dirimirá el conflicto de jurisdicciones de la referencia declarando que el conocimiento del presente asunto corresponde al Juzgado 2 Administrativo del Circuito de Buga, Valle del Cauca, autoridad a la que le remitirá el expediente CJU -598, para que, de trámite a la demanda y profiera la decisión de fondo que considere pertinente. […]”.

Actuación

9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 7 de septiembre de 2023: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de l Valle del Cauca y al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga , concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervención de la demandada

10. El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca negó la solicitud de amparo.6

que rindieran informe sobre el particular.

Intervención de la demandada

10. El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca negó la solicitud de amparo.6

Núm. único de radicación: 110010315000202304817-00

Actora: Claudia Patricia Vargas Gonzáles

10.1. Al respecto, consideró lo siguiente:

“[…] En el caso bajo estudio, el escrito de tutela no explicó el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.

Puntualmente, en lo que atañe al requisito de la relevancia constitucional, es necesario explicar por qué la discusión es trascendental para determinar el contenido y alcance de derechos fundamentales o para definir la interpretación y aplicación de normas de la Constitución.

La relevancia constitucional, como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, no puede minimizarse al punto de que la mera invocación de derechos fundamentales sea suficiente para darlo por acredi tado. Es necesario exigir a la parte actora un mínimo de argumentación, carga que no cumplió el apoderado de la demandante […]”.

[…]

“[…] Según la parte actora, se incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto «porque las autoridades accionadas privilegiaron la aplicación del artículo 104 y 105 del CPACA por encima de un principio constitucional de acceso a la administración de justicia». La anterior afirmación la sustenta en el hecho de que, a su juicio, el Oficio 14100 del 26 de enero del 2018 (la parte actora lo relaciona como Oficio 1400 del 20 de enero de 2018)1, emitido por Positiva Compañía de Seguros

su juicio, el Oficio 14100 del 26 de enero del 2018 (la parte actora lo relaciona como Oficio 1400 del 20 de enero de 2018)1, emitido por Positiva Compañía de Seguros Vida, que comunica a la señora Claudia Patricia Vargas González el resultado del dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez (que arrojó como resultado muerte de origen común) sea tenido como un acto administrativo definitivo enjuiciable por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

En ese sentido, conviene precisar que no era posible asumir que esa comunicación constituía un acto administrativo definitivo, porque allí no estaba contenida alguna decisión de fondo. La decisión de fondo había sido adoptada previamente mediante los dictámenes emitidos por Positiva Compañía de Seguros Vida (dictamen 1386557 del 29 de agosto de 2016), la Junta Regional de Calificación del Valle del Cauca (dictamen 94479049 -5289 del 18 de noviembre de 2016) y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez (dictamen 94479049-893 del 17 de enero de 2018) […]”.

[…]

“[…] Ahora, a pesar de que Positiva Compañía de Seguros Vida tenga la condición de entidad pública, el dictamen 1386557 del 29 de agosto de 2016 (emitido por esa compañía), no podía enjuiciarse de manera aislada por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por cuanto la decisión definitiva sobre la materia quedó plasmada en el dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez (dictamen 94479049-893 del 17 de enero de 2018) […]”.

Contencioso Administrativo, por cuanto la decisión definitiva sobre la materia quedó plasmada en el dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez (dictamen 94479049-893 del 17 de enero de 2018) […]”.

11. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga allegó copia del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 76-111-33-33-002-2019-00295-00.7

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

12. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 5, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20216 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20187 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 8, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

13. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades

Generalidades de la acción de tutela

13. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se uti lice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas jurídicos

14. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la ac ción de tutela contra providencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito general de relevancia constitucional.

15. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra

5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política'' 6 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 7 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”. 8 Reglamento Interno del Consejo de Estado.8

7 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”. 8 Reglamento Interno del Consejo de Estado.8

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providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la seguridad social; v) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia; procediendo posteriormente a vi) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

16. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena9, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profieraque resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momen to jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales

17. Esta Sección adoptó 10 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005 11, proferida por la Corte Constitucional, sin

decisiones judiciales

17. Esta Sección adoptó 10 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005 11, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

18. Por lo anterior, y con el fin de hacer ope rante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328. 10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328 11 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.9

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inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

19. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en l a que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto d e análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”12 que encaje en dichos parámetros.

20. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independe ncia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

21. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201413.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

22. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida

22. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional.

12 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo. 13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.10

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Acerca del requisito general de la relevancia constitucional

23. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de 201414, al referirse al requisito de relevancia constitucional, sostuvo

lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa

providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [ 15]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones” [16]. Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [17].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fu ndamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisi ón, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional [18].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en

que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional [18].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional . En consecuencia, en caso que de la acción de

14 Ut supra página 6. [15] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.” [16] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [17] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [18] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendien do a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”11

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procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”11

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tutela se derive que esa es la pretensión del a ctor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia