CE - 010315000202304885001SENTENCIA20231006112205

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04885-00

Accionante: JAYSON JOSE RUSSY MILLAN

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., cinco (05) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-04885-00

Accionante: JAYSON JOSE RUSSY MILLAN

Accionado: GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela interpuesta por Jayson José Russy Millán contra Gustavo Francisco Petro Urrego , previo recuento de los siguientes antecedentes.

I. LA SOLICITUD DE AMPARO

El accionante señala que el 5 de septiembre de 2023 reaccionó a una publicación realizada por el Director de la Sociedad de Activos Especiales, al considerar que le pareció una “burla desagradable” , y publicó el siguiente mensaje: “Ojalá vuelvan los paracos. Hay quienes se los merecen muy de cerca. Usted me entiende”.

Con ocasión de esta publicación, el Presidente de la República reaccionó en la misma red social -X-, antes twitter, con la siguiente publicación: “Esta persona ha amenazado de muerte a nuestro funcionario Daniel Rojas, director de la SAE. Le solicit o a la fiscalía ubicar su verdadera personalidad e iniciar el proceso judicial”.

en la misma red social -X-, antes twitter, con la siguiente publicación: “Esta persona ha amenazado de muerte a nuestro funcionario Daniel Rojas, director de la SAE. Le solicit o a la fiscalía ubicar su verdadera personalidad e iniciar el proceso judicial”.

Estima el actor que con esta publicación el Presidente le vulneró los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre, y a la integridad personal, física y psicológica, consagrados en los artículos 21 y 15 de la Constitución Política de Colombia de 1991.

Señala que la publicación realizada por el Presidente lo perfiló bajo la falsa acusación (calumnia) del delito de amenaza de muerte , sin ningún fundamento jurídico y sin haber sido “condenado”. Considera que se ven amenazados sus derechos dado el poder mediático y político que ostenta el Presidente.

Como fundamentos jurídicos indicó que el Presidente , sin haberse proferido sentencia en su contra, lo acusó públicamente de la comisión de un delito, lo que se agrava por la condición desventajosa que ostenta.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04885-00

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2 Otro elemento agravante es el impacto mediático de las publicaciones del Presidente, pues tienen la capacidad para movilizar a los medios de comunicación, quienes también lo señalaron de la conducta delictiva.

Aduce que ha recibido ataques y amenazas , y que ello es consecuencia del alcance de la publicación, pues , para la fecha en que presentó la demanda, había sido vista por 970.000 personas, acumulado 6.817 likes y 3.688 “republicaciones”.

del alcance de la publicación, pues , para la fecha en que presentó la demanda, había sido vista por 970.000 personas, acumulado 6.817 likes y 3.688 “republicaciones”.

Estas situaciones son las que el actor considera vulneraron su derecho a la honra y buen nombre y a la integridad personal, física y psicológica, pues se ha afectado en su esfera privada , lo que ha derivado en consecuencias psicológicas que previamente a los hechos no existían, tales como temor a salir a la calle, miedo a ser interceptado ilegalmente y extrema preocupación por lo que le pueda suceder a su familia.

II. TRÁMITE DE LA TUTELA

Mediante auto del 12 de septiembre de 2023 fue admitida la acción de tutela y notificada al despacho del Presidente de la República el 19 del mismo mes, quien contestó por intermedio de apoderada en los siguientes términos.

Solicita se nieguen las pretensiones de la acción de tutela pues no se advierte una conducta por parte del Presidente que haya vulnerado los derechos fundamentales del actor.

Como fundamentos de la defensa, indica que las de claraciones emitidas por el Presidente, que incluye la publicación cuestionada por el actor, son una expresión del derecho fundamental a la libertad de expresión. Asimismo, que con el mensaje no se endilgó ningún tipo de responsabilidad penal y que sólo solicitó a las autoridades competentes investigar lo que podría ser una amenaza a otro funcionario público.

Señala que en el mensaje del Presidente no se evidencia una intención maliciosa de perjudicar la reputación de la persona mencionada, pues su

investigar lo que podría ser una amenaza a otro funcionario público.

Señala que en el mensaje del Presidente no se evidencia una intención maliciosa de perjudicar la reputación de la persona mencionada, pues su enfoque está en el marco de la búsqueda de la verdad y de garantizar la aplicación de los procedimientos legales adecuados por declaraciones que tengan la virtualidad de constituir un delito.

Señala además que la publicación del Presidente no puede ser objeto de censura, en los términos del artículo 13 inciso segundo de la Convención Americana de Derechos Humanos. Aduce que el mensaje fue emitido en cumplimiento del deber que tienen todos los ciudadanos del País de solicitar a las autoridades competentes que realicen una investigación si tienen conocimientos de hechos que podrían ser constitutivos de un delito, lo cual no implica automáticamente u na calumnia, pues es una acción legal y legítima.

Finaliza manifestando que, a quien le corresponde investigar y establecer si se cometió un delito , es a la Fiscalía General de la Nación ; por lo queRadicación: 11001-03-15-000-2023-04885-00

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3 reitera que, con el mensaje, sólo se pidió la intervención de la autoridad competente.

Posteriormente al informe presentado, el actor radicó un escrito en el que reitera que la publicación del Presidente s í fue una acusación directa constitutiva de calumnia, pues afirmó que el actor en su mensaje había amenazado, es decir, que había cometido un delito . Señala, que el Presidente sólo debió solicitar la investigación.

III. CONSIDERACIONES

III.1. Competencia

amenazado, es decir, que había cometido un delito . Señala, que el Presidente sólo debió solicitar la investigación.

III. CONSIDERACIONES

III.1. Competencia

De conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 , en concordancia con lo dispuesto en el numeral doce del artículo 1º del Decreto 333 de 2021, el cual modificó el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, y el artículo 25 del Acuerdo nro. 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

III.2. Análisis de la Sala

Del derecho a la libertad de expresión, el buen nombre y honra.

Para el análisis del presente caso, resulta pertinente remitirnos a la sentencia T -203-22, de la Corte Constitucional , donde se analizó el derecho a la libertad de expresión y los eventuales conflictos que pueden surgir con su ejercicio con otros derechos ; y, en especial, se estudió la concepción de este derecho cuando quien lo ejerce es un funcionario público.

En particular, la Corte señala que el derecho a la libertad de expresión es un derecho humano reconocido en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU , el artículo 4° de la Declaración Americana de Derechos del Hombre y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos , y en el ámbito regional, en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos .

Declaración Americana de Derechos del Hombre y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos , y en el ámbito regional, en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos . Indica así mismo que no es un derecho absoluto y su ejercicio no puede conducir a la vulneración de otros derechos fundamentales ; por ello, cuando se genera un conflicto debe analizarse bajo ciertas premisas, que incluyen una serie de presunciones y límites admisibles1.

1 “Así, la libertad de expresión es un atributo de toda persona; su relación con derechos como la educación, la cultura y la participación política, entre otros, resulta evidente; y tiene un vínculo innegable con la dignidad, pues la expresión hace parte de la autonomía, del pensamiento y la comunicación; 1 al tiempo que se integra al concepto más amplio de libre desarrollo de la personalidad, al ejercicio de la creatividad y la construcción de la identidad de cada persona. La libertad de expresión es además un derecho fundamental polifacético, que incluye la libertad de expresar ideas y opiniones (libertad de opinión), la libertad de difundir yRadicación: 11001-03-15-000-2023-04885-00

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recibir información, la libertad de prensa, la rectificación en condiciones de equidad y la prohibición de censura.1 Este derecho cuenta con una dimensión individual y una colectiva. En su aspecto individual abarca no solo el derech o a expresarse sin interferencias arbitrarias, sino también el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir su pensamiento. Según jurisprudencia reiterada de la Corte IDH y esta Corporación, esta dimensión no

individual abarca no solo el derech o a expresarse sin interferencias arbitrarias, sino también el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir su pensamiento. Según jurisprudencia reiterada de la Corte IDH y esta Corporación, esta dimensión no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende el derecho a utilizar cualquier medio para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios, de manera que expresión y medio de difusión son indivisibles y las restricciones sobre las posibilidades de divulgación constituyen una limitación de este derecho. La vertiente individual del derecho abarca también la potestad de escoger la el medio en que se expresan las ideas. La dimensión colectiva comprende el derecho de todas las personas a recibir tales pensamientos, ideas, opiniones e informaciones de parte de quien las emite.1” “Límites admisibles a la libertad de expresión Más allá de lo expuesto, la libertad de expresión no es un derecho absoluto. Existen cinco discursos proh ibidos, debido a su potencial para lesionar intensamente los derechos humanos: la incitación a cometer genocidio, los discursos de odio (particularmente discriminatorios), la propaganda a favor de la guerra, la apología al delito y la pornografía infantil. 1 Los discursos prohibidos constituyen un campo excepcional, razón por la cual deben ser interpretados de manera restringida por el juez. Otros derechos pueden suscitar restricciones válidas a la expresión. Sin embargo, estas restricciones deben estudiarse mediante una ponderación que tome en cuenta todos los aspectos relevantes de la tensión, y en este ejercicio, opera la presunción de prevalencia prima facie de la expresión. Además, este Tribunal ha aclarado que (i) los límites

restricciones deben estudiarse mediante una ponderación que tome en cuenta todos los aspectos relevantes de la tensión, y en este ejercicio, opera la presunción de prevalencia prima facie de la expresión. Además, este Tribunal ha aclarado que (i) los límites imponibles a la libertad de expresión fuera de la red son los mismos que dentro de ella,1 por lo que esta última no puede convertirse en un espacio de vulneración de derechos fundamentales, no obstante lo cual (ii) en tanto realidades jurídicas distintas, admiten regulaciones diferentes.1 Por otra parte, existen discursos especialmente protegidos que deben ser analizados de manera amplia y cuyas restricciones siempre son especialmente sospechosas. Sin ánimo de taxatividad, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos human os y el derecho constitucional, gozan de una protección especial el discurso político y sobre asuntos de interés público;1 el discurso sobre funcionarios públicos o candidatos a ocupar cargos públicos; 1 el que constituye en sí mismo el ejercicio de otros d erechos fundamentales, como el que se vierte en la creación y expresión artísticas, el discurso religioso, la correspondencia, la manifestación pacífica, entre otros;1 las reivindicaciones de la identidad sexual diversa o la defensa de la equidad de género y la erradicación de la violencia basada en género, 1 así como aquellos que configuran elementos fundantes de la identidad de las personas.1 Todas las personas son titulares de la libertad de expresión, pero el margen de protección al discurso es menor para algunos. Esta limitación no se basa en condiciones que definen la identidad del individuo, ni pueden constituirse a partir de criterios sospechosos, pues ello afectaría la igualdad. En cambio, esta limitación tiene origen en

protección al discurso es menor para algunos. Esta limitación no se basa en condiciones que definen la identidad del individuo, ni pueden constituirse a partir de criterios sospechosos, pues ello afectaría la igualdad. En cambio, esta limitación tiene origen en dos aspectos; por una parte, la decisión voluntaria de una persona de asumir en sus actuaciones determinada notoriedad; y, por otra, la asunción de funciones públicas o de relevancia pública. Tanto la jurisprudencia constitucional como la del Sistema Interamericano de Derechos Humanos1 coinciden en señalar que, cuando el derecho a la libertad de expresión es ejercido por servidores públicos en desempeño de sus funciones, este tiene mayores restricciones (o un ámbito protegido menor) a las que enfrenta cuando lo ejerce un particular, aunque han precisado que esta restricción no obedece a sus condiciones personales, sino a la relevancia de las funciones que ejercen, para toda la sociedad. En esta línea, el tribunal internacional citado ha puntualizado que “el acento de este umbral diferente de protección no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el carácter de interés público que conllevan actividades o actuaciones de una persona determinada. Aquellas personas que influyen en cuestiones de interés público que conllevan las actividades o actuaciones de una persona determinada. Aquellas personas que influyen en cuestiones de interés público se han expuesto voluntariamente a un escrutinio público más exigente y, consecuentemente, se ven expuestos a un mayor riesgo de sufrirRadicación: 11001-03-15-000-2023-04885-00

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En relación con el ejercicio de este derecho por los funcionarios públicos,

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En relación con el ejercicio de este derecho por los funcionarios públicos, la referida providencia, a partir de pronunciamiento s de la misma Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos , plantea una serie de límites adicionales, pues entiende que la emisión de opiniones o información, así como la publicación en redes sociales, tienen un impacto mayor que si lo hace una persona que no está investida con esa condición2.

En especial, respecto al ejercicio de este derecho por parte del Presidente de la República , se indica que quien ostenta la calidad debe asumir su ejercicio como un poder-deber3 que se puede expresar en dos

críticas, ya que sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público.”1 En el caso de los altos funcionarios públicos, esta restricción se asocia además, al hecho de que sus manifestaciones, según el contexto, puede reflejar no solamente el ejercicio de la libertad de expresión sino también el de un deber -poder de comunicar decisiones relevantes para la comunidad. Esta orientación encuentra su primer cimiento en el deber de proteger la vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades de todas las personas residentes en Colombia, y de asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares;1 el segundo, en la regla de clausura de la función pública, de acuerdo con la cual sus actu aciones son regladas, de manera que quien las ejerce tiene “un rango muy limitado de autonomía y deben orientarse a la defensa de (…) los derechos fundamentales de todas las personas habitantes del territorio.”1 El tercero, en la posición

la cual sus actu aciones son regladas, de manera que quien las ejerce tiene “un rango muy limitado de autonomía y deben orientarse a la defensa de (…) los derechos fundamentales de todas las personas habitantes del territorio.”1 El tercero, en la posición de garante que asumen en relación con los derechos de los asociados, razón por la cual deben guiarse “bajo el criterio de máxima prudencia al momento de emitir manifestaciones que pongan en riesgo o constituyan injerencias lesivas sobre tales derechos.”1 2 A lo expuesto, se suma el hecho de que la emisión de opiniones o información por parte de funcionarios públicos “ puede tener un impacto mucho mayor en el imaginario colectivo, en las creencias de las gentes e incluso en su conducta, dado el enorme grado de confianza que las personas suelen tener en las afirmaciones de quienes ocupan los cargos más representativos.”2 En este sentido, en la sentencia T-949 de 2011,2 la Corte Constitucional resaltó que el derecho a la libertad de expresión de los funcionarios públicos se restringe, debido a que tienen un compromiso social mayor, en contraste con los particulares.2 3 En este escenario de restricción progresiva del margen de expresión de los funcionarios públicos, es también paradigmático el caso del presidente de la República, quien, al simbolizar la unidad de la nación y gozar de especial credibilidad debido a su apoyo popular, y de poderes especiales en el ámbito de la función pública, debe asumir la comunicación como un poder -deber, de modo que su discurso debe eje rcerse bajo estrictos estándares de razonabilidad, en especial, cuando involucra a grupos y personas vulnerables.3 El poder-deber de comunicación constituye, además de la transmisión de información,

estrictos estándares de razonabilidad, en especial, cuando involucra a grupos y personas vulnerables.3 El poder-deber de comunicación constituye, además de la transmisión de información, un medio para ejercer las facultades gubernamentales pro pias de las democracias contemporáneas. Esta comunicación no sólo es una herramienta de gobierno, sino también un mecanismo para la conformación de una opinión libre e informada, como presupuesto para la participación de los ciudadanos en la toma de las decisiones que las afectan, y para el control del poder político. El ejercicio de este poder-deber tiene dos dimensiones distintas: (i) las manifestaciones que tienen por objeto transmitir información objetiva a los ciudadanos sobre asuntos de interés general; y (ii) aquellas en las que expresa cuál es la política gubernamental en aspectos de la vida nacional, defiende su gestión, responde a sus críticos, expresa su opinión sobre algún asunto, etc.; asuntos enmarcados dentro del desarrollo de la democracia, en los que caben apreciaciones subjetivas formuladas a partir de criterios personales.3Radicación: 11001-03-15-000-2023-04885-00

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6 dimensiones; (i) las manifestaciones que tienen por objeto transmitir información objetiva a los ciudadanos sobre asuntos de interés general, y (ii) aquellas en las que expresa cuál es la política gubernamental en aspectos de la vida nacional, defiende su gestión, responde a sus críticos, expresa su opinión sobre algún asunto, etc.; asuntos enmarcados dentro del desarrollo de la democracia, en los que caben apreciaciones subjetivas formuladas a partir de criterios personales.

expresa su opinión sobre algún asunto, etc.; asuntos enmarcados dentro del desarrollo de la democracia, en los que caben apreciaciones subjetivas formuladas a partir de criterios personales.

A su vez, se observa por otro lado, y para el pronunciamiento que aquí corresponde, que el actor aduce como vulnerados sus derechos al buen nombre y honra recogidos en los artículos 15 y 21 de la Constitución Política, respectivamente.

Sobre estos derechos fundamentales la Corte Constitucional ha señalado que implican el derecho a la reputación, buena fama u opinión que de una persona tiene la sociedad 4 y la estimación o deferencia con la que, en razón de su dignidad humana, cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y tratan5.

Estima el actor que la publicación del Presidente de la República , y la reacción a esta, le vulneró los derechos fundamentales indicados, así como su integridad personal, física y psicológica, pues , en su concepto fue perfilado y calumniado.

Por su parte, el Presidente señala que el mensaje publicado constituye el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y el cumplimiento del deber que tienen los ciudadanos de poner en conocimiento de la autoridad competente cualquier conducta que pueda ser constitutiva de un delito.

El mensaje publicado por el Presidente fue el siguiente:

“Esta persona ha amenazado de muert e a nuestro funcionario Daniel Rojas, director de la SAE. Le solicito a la fiscalía ubicar su verdadera personalidad e iniciar el proceso judicial”.

En el primer caso, cuando hace alusión a información que presenta como auténtica, ésta debe someterse a las cargas de veracidad y objetividad que rigen el suministro de

personalidad e iniciar el proceso judicial”.

En el primer caso, cuando hace alusión a información que presenta como auténtica, ésta debe someterse a las cargas de veracidad y objetividad que rigen el suministro de información, de conformidad con el artículo 20 de la Carta,3 cargas que pretenden evitar cualquier tipo de manipulación sobre la formación de la opinión pública, 3 en especial, teniendo en cuenta el alto grado de credibilidad con el que cuenta el primer mandatario. La segunda dimensión cobija la opinión del presidente, es decir, su apreciación personal y subjetiva sobre un determinado asunto, ámbito en el que no es exigible la objetividad. Sin embargo, dijo la corte, para garantizar la formación de una op inión pública verdaderamente libre, estas opiniones no pueden ser formuladas sino a partir de un mínimo de justificación fáctica real y de criterios de razonabilidad.3 Así pues, como todas las autoridades, el presidente tiene una posición de garante respecto de los derechos fundamentales de todos los habitantes del territorio nacional, que hace que cuando se dirija a los ciudadanos deba abstenerse de emitir cualquier declaración o afirmación que lesione o ponga en riesgo tal categoría de derechos.3 4 Sentencia T-949 de 2011. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. Sobre el derecho al buen nombre también pueden consultarse, entre otras sentencias: T -412 de 1992. MP. Alejandro Martínez Caballero; C-489 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil. AV. Manuel José Cepeda Espinosa; T -482 de 2004. MP. Álvaro Tafur Galvis; C -442 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. SV. Juan Carlos Henao Pérez y María Victoria Calle Correa; T -015

Espinosa; T -482 de 2004. MP. Álvaro Tafur Galvis; C -442 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. SV. Juan Carlos Henao Pérez y María Victoria Calle Correa; T -015 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. AV. María Victoria Calle Correa. 5 Sentencia T-411 de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero.Radicación: 11001-03-15-000-2023-04885-00

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Este mensaje, se reitera, se hizo en respuesta al publicado por el actor, que manifiesta lo siguiente: “Ojalá vuelvan los paracos. Hay quienes se los merecen muy de cerca. Usted me entiende”.

Para la Sala, al analizar el contenido de la publicación del Presidente de la República, no puede afirmarse que se trate del ejercicio del derecho a la libre expresión, pues no constituye una manifestación que t enga por objeto transmitir información objetiva a los ciudadanos sobre asuntos de interés general, ni expresa la política gubernamental en aspectos de la vida nacional, defiende su gestión, responde a sus críticos, o expresa su opinión sobre algún asunto; y tampoco corresponde a asuntos enmarcados dentro del desarrollo de la democracia, en los que caben apreciaciones subjetivas formuladas a partir de criterios personales6.

Ahora, corresponde entonces a la Sala determinar si tal comunicación puede connotarse en el cumplimiento del deber que tienen todos los ciudadanos de poner en conocimiento de la autoridad competente cualquier hecho que pueda ser constitutivo de un delito.

Dicho esto, advierte la Sala que, al revisar el mensaje publicado por el

puede connotarse en el cumplimiento del deber que tienen todos los ciudadanos de poner en conocimiento de la autoridad competente cualquier hecho que pueda ser constitutivo de un delito.

Dicho esto, advierte la Sala que, al revisar el mensaje publicado por el actor, existían méritos para que el Presidente, o cualquier otra persona , pusiese en conocimiento de las autoridades la situación expuesta, pues el solo hecho de la referencia a los “paracos”, con la connotación que ello implica en Colombia con ocasión del conflicto interno, da lugar a que, a lo sumo, se pusiese en movimiento el aparato institucional para establecer si se configuró alguna conducta delictiva imputable al actor.

En efecto, no resulta procedente pretender que se proteja un bien jurídico a partir de una conducta reprochable, como sucede en el caso concreto7;

6 Sentencia T-1194 de 2001. Marco Gerardo Monroy Cabra. 7 Cfr. Sentencia T-122-17. “Para la Corte, nadie puede presentarse a la justicia para pedir la protección de los derechos bajo la conciencia de que su comp ortamiento no está conforme al derecho y los fines que persigue la misma norma. 7.3. A partir de dicho criterio es que esta Corporación ha considerado que la regla general del derecho de que no se escucha a quien alega su propia culpa guarda compatibilidad con los postulados previstos en la Constitución de 1991, en particular, con el “deber de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios” consagrado en el artículo 95 de la Carta Política. Por una parte, porque la Norma Superior define con clarid ad que la actuación de un individuo no puede servir para dañar, de forma injusta e ilegítima, los

de la Carta Política. Por una parte, porque la Norma Superior define con clarid ad que la actuación de un individuo no puede servir para dañar, de forma injusta e ilegítima, los derechos que el Estado ha otorgado a favor de todos los habitantes del territorio nacional. Es decir, en sí mismo los derechos tienen un límite sustancial, se gún el cual, para la primacía de un orden justo se requiere el ejercicio simultáneo de los derechos propios y ajenos. Y, por otra parte, en razón a que la Carta Política establece la obligación de ejercer los derechos constitucionales y legales en consonan cia con el espíritu, fin y sentido que le son propios. Así, las personas tienen el deber de actuar de forma justa, lo que significa que no pueden desvirtuar el objetivo que persigue la norma, llevándola a resultados incompatibles con el ordenamiento jurídico vigente. En la misma perspectiva, esta regla se ciñe al principio de buena fe, luego de que el artículo 83 de la Constitución de 1991 presupone que en todas las gestiones que adelanten los particulares y las autoridades públicas, debe incorporarse, com o presupuesto ético de las relaciones sociales con trascendencia jurídica, la confianza deRadicación: 11001-03-15-000-2023-04885-00

Accionante: JAYSON JOSE RUSSY MILLAN

8 pues, si bien la libertad de expresión es un derecho, el orden jurídico no ampara su abuso; y es claro que el actor, al abusar del derecho a la libertad de expresión, no podía ignorar que fue su conducta inicial la que ocasiona reacción, del Presidente de la República o de cualquier otro ciudadano; y más cuando utiliza expresiones claramente provocadoras y

libertad de expresión, no podía ignorar que fue su conducta inicial la que ocasiona reacción, del Presidente de la República o de cualquier otro ciudadano; y más cuando utiliza expresiones claramente provocadoras y ofensivas, que evocan momentos de la historia de nuestro país que solo han causado dolor y tristeza , y que claramente le exponen a los riesgos que ahora quiere atribuirle al Presidente.

En consecuencia, procede negar las pretensiones de la demanda, pues la conducta del Presidente de la Repúb lica no vulneró los derechos fundamentales del actor, por las razones que aquí se han explicado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley núm. 2591 del 19 de noviembre de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada la presente sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 del 19 de noviembre de 1991.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 del 19 de noviembre de 1991.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

que el comportamiento de todos los sujetos del derecho se cimienta sobre la honestidad, rectitud y credibilidad de su conducta. 7.4. Por consiguiente, para este Tribunal, la regla general del derecho, según la cual no se escucha a quien alega su propia culpa (bajo el aforismo nemo auditur suam turpitudniem allegans) h