CE - 010315000202304958001SENTENCIA20231211211710

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04958-00

Demandante: Luz Stella Cuenca Polanco y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., treinta (30) de noviembre dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-04958-00

Demandante: Luz Stella Cuenca Polanco y otros

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación directa. Responsabilidad del Estado por muerte de miembros de la fuerza pública en accidente aéreo. No se acreditó la falla del servicio. Riesgo excepcional. Hecho exclusivo y determinante de un tercero. Ausencia de los defectos sustantivo y fáctico invocados.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Se decide la acción de tutela interpuesta en contra de la sentencia del 5 de diciembre de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, los señores Luz Stella Cuenca Planco, Jean Carlo Gutiérrez Cuenca, Paula Camila Gutiérrez Cuenca, Andrés Mauricio Gutiérrez Zuluaga, Luis Eduardo Gutiérrez Zuluaga, Nicolás Alberto Bedoya Guerra, Ofelia Inés González Agudelo, María Raquelina Lesmes Olaya, Ingry Tatiana Zambrano Gutiérrez y Jacqueline del Socorro Zambrano Triana , por intermedio de apoderado, promovieron demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso y al libre acceso a la administración de justicia.

Como conse cuencia de lo anterior, solicitaron que se deje n sin efectos la s sentencias del 2 de septiembre de 2013 , proferida por el Tribunal Administrativo del2

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Tolima, y del 5 de diciembre de 2022, emitida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, dentro del proceso de reparación directa con radicación 73001-23-31-000-2010-00302-00 [01] y, en su lugar, que se ordene a las autoridades accionadas emitir una decisión en la que se tengan en cuenta los lineamientos establecidos por la ley y la jurisprudencia.

73001-23-31-000-2010-00302-00 [01] y, en su lugar, que se ordene a las autoridades accionadas emitir una decisión en la que se tengan en cuenta los lineamientos establecidos por la ley y la jurisprudencia.

1.1.2. Los hechos

El apoderado de los accionantes narró como hechos de tutela, los siguientes:

1. El 4 de agosto de 2008, siendo aproximadamente las 19:05 horas, y de acuerdo a las instrucciones de vuelo 6356, se realizó maniobra de instrucción en el cerro el paso de jurisdicción del municipio de Girardot (Cundinamarca), catalogada de alto riesgo, por presencia masiva de miembros insurgentes.

1. Estando aterrizada la aeronave se activó una mina expl osiva, trayendo como resultado la muerte de sus tres tripulantes, l os señores Carlos Alberto Gutiérr ez Zuluaga, Nicolás Andrés Bedoya González y William Alfonso Zambrano Triana, que pertenecían a la Fuerza Aérea Colombiana —hoy Fuerza Aeroespacial Colombiana—, en los grados de c oronel, teniente y técnico segundo, y que se encontraban adscritos a la Unidad de Melgar Tolima (CACOM 4) de la FAC.

1. Como consec uencia de estos hechos funestos se promovió demanda de reparación directa en contra de la Nación -Ministerio de Defensa, Fuerza Aérea Colombiana, para que se le declarara administrativamente responsables y se le condenara al pago de perjuicios.

1. Por sentencia del 2 de septiembre de 2013, el Tribunal Administrativo del Tolima

Colombiana, para que se le declarara administrativamente responsables y se le condenara al pago de perjuicios.

1. Por sentencia del 2 de septiembre de 2013, el Tribunal Administrativo del Tolima negó las pretensiones de la demanda; y a través de sentencia del 5 de diciembre de 2022, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, confirmó la decisión.

1.1.3. Los defectos invocados

En sentir de l apoderado de los accionantes, las decisiones de primera y segunda instancia incurrieron en los siguientes vicios o defectos:3

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1.1.3.1. Defecto sustantivo

1. Las dos instancias realizan un pequeño estudio de que los tripulantes de la aeronave debían asumir el riesgo propio o inherente que comporta su actividad militar y, a partir de ello, omitieron el estudio del caso bajo el título del riesgo excepcional, sin analizare muy a fondo los antecedentes jurisprudenciales y, mucho menos, el poco material probatorio que se pudo recolectar.

1. Los juzgadores desconocieron que los hechos son constitutivos de una falla del servicio imputable de manera objetiva a la Fuerza Aérea Colombia —hoy fuerza Aeroespacial Colombiana —, toda vez que los uniformados fueron sometidos a un riesgo superior-riesgo excepcional que no estaban en la obligación de soportar como

servicio imputable de manera objetiva a la Fuerza Aérea Colombia —hoy fuerza Aeroespacial Colombiana —, toda vez que los uniformados fueron sometidos a un riesgo superior-riesgo excepcional que no estaban en la obligación de soportar como miembros activos de la Fuerza Aérea Colombiana, en tanto fueron comisionados para el cumplimiento de una misión oficial en una zona de alta peligrosidad, dada la presencia masiva de grupos al margen de la ley, sin las mínimas medidas de seguridad y en una aeronave de enseñanza y no artillada para repeler cualquier acción del enemigo.

1. La teo ría de la responsabilidad por riesgo excepcional permite afirmar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 constitucional, que el régimen aplicable en caso de daño causado mediante actividades o cosas que exponen a los administrados a un riesgo grave y anormal, es de carácter objetivo. En efecto, basta la realización del riesgo creado por la administración para que el daño resulte imputable a ella. Es ésta la razón por la cual la corporación ha seguido refiriéndose al régimen de responsabilidad del Estado fundado en el riesgo excepcional.

1.1.3.2. Defecto fáctico

1. Los juzgadores realizaron una valoración errada de las pruebas , tergiversando las circunstancias de tiempo modo y lugar , pues del acervo probatorio se logra demostrar la imputación del título que debía estudiar se, en tanto denotan: a) que e l helicóptero nunca fue derribado en vuelo; b) que este apenas realizó la maniobra de aterrizaje en el cerro el Paso, l e detonaron una bomba explosiva; c) que dada esa

helicóptero nunca fue derribado en vuelo; b) que este apenas realizó la maniobra de aterrizaje en el cerro el Paso, l e detonaron una bomba explosiva; c) que dada esa detonación el cerro «El Paso» quedó con un cráter, cuyas medidas y evidencias fotográficas reposan en el archivo de la FAC; d) que no se tuvo en cuenta la prueba4

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de la actuación del primer r esponsable con radicado de la Fiscalía General de la Nación 734496000454200880241, en la que hay una breve descripción de los hechos en su numeral 4 «Información o btenida sobre los hechos»; y e) que el mismo informativo de la FAC señala que el hecho fue consecuencia de una mina y, por ende, la aeronave no podía estar en vuelo.

1. No existe duda que el Helicóptero BELL206, con numero de cola FAC4474, era un helicóptero de entrenamiento y/o instrucción, y no un helicóptero artillado y/o de guerra para repeler cualquier combate; y, además, que en este vuelo se le estaban dando instrucciones o enseñanzas de vuelo al subteniente Nicolás Bedoya González y acompañamiento del técnico segundo William Alfonso Zambrano Triana (q.e.p.d).

1.2. Actuación procesal

1.2.1. El 12 de septiembre de 2023, el consejero de Estado Rafael Francisco Suárez

y acompañamiento del técnico segundo William Alfonso Zambrano Triana (q.e.p.d).

1.2. Actuación procesal

1.2.1. El 12 de septiembre de 2023, el consejero de Estado Rafael Francisco Suárez Vargas inadmitió la acción de tutela y, en consecuencia, requirió al abogado William Fernando Cuenca Polanco para que, dentro de los tres días siguientes a la notificación de la providencia, allegara memorial aclaratorio en el que suministrara el consecutivo de radicación completo, correspondiente al medio de control de reparación directa al interior del cual fueron emitidas las providencias cuestionadas a través del trámite constitucional.

1.2.2. El 21 de septiembre de 2023 , la Secretaría General del Consejo de Estado notificó del proveído a l apoderado de los accionantes; y la señora María Rocío Cárdenas Escalante, y día siguiente, el apoderado atendió el requerimiento.

1.2.3. El 11 de octubre de 2023 , se admitió la acción de tutela y, en consecuencia, se ordenó notificar del proveído a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, y del Tribunal Administrativo de l Tolima , en calidad de demandados, así como a la Nación -Ministerio de Defensa Naci onal, Fuerza Aérea Colombiana, en calidad de terceros interesados en las resultas del proceso; y se comisionó al Tribunal Administrativo de l Tolima para que notificara del trámite constitucional, como terceros interesados, a los señores Cecilia Zuluaga Collazos, Luis Eduardo, Gutiérrez Lasso, Juan Manuel Bedoya González, María Constanza

comisionó al Tribunal Administrativo de l Tolima para que notificara del trámite constitucional, como terceros interesados, a los señores Cecilia Zuluaga Collazos, Luis Eduardo, Gutiérrez Lasso, Juan Manuel Bedoya González, María Constanza González Parga, Julián Andrés Zambrano Hernández y Ana Judith Zambrano5

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Hernández, y a todas las personas que intervinieron en el medio de control de reparación directa con radicado 73001-23-00-000-2010-00302-00, debiendo enviar con destino al expediente las constancias de notificación derivadas de la comisión.

De igual forma, se requirió al Tribunal Administrativo de l Tolima para que enviara copia digital del expediente de reparación directa arriba mencionado; se reconoció personería jurídica para actuar dentro de l proceso al abogado William Fernando Cuenca Po lanco, de acuerdo con la documentación contenid a en el expediente digitalizado; y se ordenó remitir copia de la solicitud de tutela a los demandados y a los terceros interesados, para que dentro del término de los tres días siguientes a la notificación de la providencia, procedieran a ejercer su derecho de defensa, si a bien lo tenían, y a rendir el respectivo informe.

1.2.4. El 18 de octubre de 2023, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó del proveído al apoderado de los accionantes, al Consejo de Estado, Sección

lo tenían, y a rendir el respectivo informe.

1.2.4. El 18 de octubre de 2023, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó del proveído al apoderado de los accionantes, al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, al Tribunal Administrativo de l Tolima, a la Nación -Ministerio de Defensa Nacional y a la Fuerza Aérea Colombiana; y al día siguiente, el Tribunal dio cumplimiento a la comisión conferida.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. El 19 de octubre de 2023, el consejero de Estado Nicolás Yepes Corrales solicitó declarar improcedente la acción o, en su defecto, denegar el amparo. Señaló lo siguiente:

1. Los argumentos expuestos por los accionantes no satis facen el requisito de relevancia constitucional, puesto que lo que se pretende en el caso es utilizar la acción de amparo como una tercera instancia para reabrir una nueva discusión de los hechos y las pruebas valoradas en sede ordinaria, sin que se promueva la sustentación de una verdadera transgresión de índole ius fundamental que le permita intervenir al juez de amparo.

1. Aunque los accionantes plantean que en la providencia acusada se configuró un defecto material o sustantivo , l o cierto es que ello solo constituye un alegato de instancia que tiene como finalidad un nuevo examen de los medios de prueba, para adoptar una decisión favorable a sus intereses, lo que escapa por completo al6

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instancia que tiene como finalidad un nuevo examen de los medios de prueba, para adoptar una decisión favorable a sus intereses, lo que escapa por completo al6

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alcance de la acción de tutela, la cual, se itera, no constituye una instancia adicional al proceso ordinario.

1. De hecho, en el caso puntual se evidencia que la decisión estuvo acorde con las circunstancias fácticas y jurídicas debidamente probadas, pues precisamente de la valoración integral y en conjunto llevada a cabo en segunda instancia de las pruebas obrantes en el expediente permitieron constatar que la muerte de los señores Carlos Alberto Gutiérrez Zuluaga, Nicolás Andrés Bedoya González y William Alfonso Zambrano no era imputable a la Nación –Ministerio de Defensa, Fuerza Aérea Colombia, por haberse acreditado la causal exonerativa de responsabilidad del hecho determinante y exclusivo de un tercero.

1.3.2. El Ministerio de Defensa Nacional. El 23 de octubre de 2023, la coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional solicitó declarar improcedente la acción o denegar el amparo, en atención a los siguientes argumentos:

1. L a acción de tutela no tiene vocación de prosperidad, toda vez que no se estructuran irregularidades procesales ni sustanciales en la s entencia enjuiciada que ameriten la intervención del juez constitucional; además, los accionantes omitieron su

1. L a acción de tutela no tiene vocación de prosperidad, toda vez que no se estructuran irregularidades procesales ni sustanciales en la s entencia enjuiciada que ameriten la intervención del juez constitucional; además, los accionantes omitieron su deber de señalar con claridad los defectos en los que incurrieron los juzgadores , por lo que se desconoce n los motivos «con razonabilidad jurídica » de la indebida valoración probatoria en la sentencia acusada y/o de la indebida aplicación normativa o jurisprudencial.

1. Lo pretendido en caso es revivir términos ya finiquitados, en orden a que se realice una nueva valoración del material probatorio, obviándose que dentro del trámite ordinario de primera como de segunda instancia, las partes contaron con una defensa técnica idónea y ejercieron sus derechos al debido proceso, contradicción y defensa, además de que hubo participación por parte del a gente del ministerio público y la agencia nacional.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con lo previsto en los artículos 86 Constitucional y 25 del Acuerdo 080 de 2019, según el cual «[l]as tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado7

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en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas

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en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela.

2.2. Cuestión previa

Se advierte ab initio que la Sala no realizará consideraciones con respecto de la sentencia del 2 de septiembre de 2013, emitida por el Tribunal Administrativo del Tolima, toda vez que la decisión se revisó por el superior jerárquico al resolver el recurso de apelación . En tal sentido, el estudio del sub judice solo se dirigirá a lo resuelto por el Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección C.

2.3. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los requisitos de procedibilidad para controvertir la sentencia del 5 de diciembre de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, dentro del proceso de reparación directa con radicado 73001-23-00-000-2010-00302-00. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la referida providencia se vulneraron los derechos fundamentales invocados por el accionante.

2.4. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales

La jurisprudencia constitucional 1 ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590

La jurisprudencia constitucional 1 ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590 de 2005,2 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales

1 Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T -567 de 1998, SU -047 de 1999, T -382 de 2001, T -1031 de 2001, T -441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004. 2Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.8

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específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que cuando se trat e de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara , que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de l solicitante del amparo; v) que la parte actora identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza «excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad , aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes: defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las anteriores causales o defectos.

violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las anteriores causales o defectos.

2.5. Hechos probados

Del expediente de reparación directa con radicado 73001-23-00-000-2010-00302-00, la Sala establece lo siguiente:

1. El 15 de junio de 2010, los señores Luz Stella Cuenca Polanco, en nombre propio y

en representación de Jean Carlos Gutiérrez Cuenca; Paula Camila Gutiérrez9

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Cuenca, Luis Eduardo Gutiérrez Lasso, Gloria Cecilia Zuluaga Collazos; así como Luis Eduardo y An drés Mauricio Gutiérrez Zuluaga; por intermedio de apoderado, promovieron demanda de reparación directa en contra de la Nación –Ministerio de Defensa, Fuerza Aérea Colombiana, en orden a que se le declarara administrativa y patrimonialmente responsable por la muerte de Carlos Alberto Gutiérrez Zuluaga y, como consecuencia, se le condenara a pagar a cada uno de los demandantes, la suma de $6.875.940.427, por concepto de perjuicios morales y materiales.

En el mismo escrito los señores Nicolás Alberto Bedoya Guerra y Ofelia Inés González Agudelo, actuando en nombre propio y en representación de Juan Manuel

suma de $6.875.940.427, por concepto de perjuicios morales y materiales.

En el mismo escrito los señores Nicolás Alberto Bedoya Guerra y Ofelia Inés González Agudelo, actuando en nombre propio y en representación de Juan Manuel Bedoya González, mediante apoderado, también promovieron demanda en contra de la Nación–Ministerio de Defensa, Fuerza Aérea Colombiana, para que se l e declare patrimonialmente responsable por la muerte de Nicolás Andrés Bedoya González , y se le condenara a pagar a cada uno de los demandantes referidos, la suma de $6.875.940.427, por perjuicios morales y materiales.

De igual forma, los señores María Constanza Hernández Parga, en nombre propio y en representación de Julián Andrés Zambrano Hernández, así como María Raquelina Lesmes Olaya; y Jacqueline del Socorro, Ingry Tatiana y Ana Judith Zambrano Hernández, a través de apoderado judicial , presentaron demanda de reparación directa en contra de la Nación –Ministerio de Defensa, Fuerza Aérea Colombiana, para que se la declare patrimonialmente responsable por la muerte de William Alfonso Zambrano Triana y se le condenara a pagar a cada uno de los demandantes, la suma de $6.875.940.427, por perjuicios morales y materiales.

1. El 2 de septiembre de 2013, el Tribunal Administrativo del Tolima negó las pretensiones de la demanda.

1. El 5 de diciembre de 2022, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, confirmó la sentencia de primera instancia.

2.6. Análisis de la Sala. Caso concreto

2.6.1. Verificación de los presupuestos de procedibilidad10

confirmó la sentencia de primera instancia.

2.6. Análisis de la Sala. Caso concreto

2.6.1. Verificación de los presupuestos de procedibilidad10

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La Sala encuentra que en torno al defecto sustantivo invocado no se cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues como fundamento del defecto se alega que el juzgador no analizó muy a fondo los antecedentes jurisprudenciales relacionados con el título de imputación riesgo excepcional, sin traer a colación ningún pronunciamiento en particular, lo que impide al juez de tutela realizar una estudio de la c ausal; además, de acuerdo a los demás alegatos presentados bien puede extraerse que lo cuestionado no es en sí el desconocimiento de una regla jurisprudencial de decisión , sino la valoración probatoria realizada por el juzgador para efectos de determinar el título de imputación a utilizar ; de aquí que en lo relacionado con el defecto sustantivo la Sala deba rechazar la acción de tutela.

En ese entendido, la Sala solo advierte satisfechos los requisitos de procedibilidad con respecto del defecto fáctico invocado, puesto que: i) cumple con el requisito de «relevancia constitucional», ya que, según los alegatos de los accionantes, la litis fue resuelta sin un adecuado análisis probatorio, evento que de encontrarse acreditado

«relevancia constitucional», ya que, según los alegatos de los accionantes, la litis fue resuelta sin un adecuado análisis probatorio, evento que de encontrarse acreditado se advertirían lesivos sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, 3 previstos en los artículos 29 y 229 de la Constitución Política; ii) «cumple con el requisito de subsidiariedad» , dado que la decisión cuestionada hace referencia a una sentencia de segunda instancia que puso fin a la discusión planteada dentro de un proceso de reparación directa y de los hechos narrados, no se evidencia que el caso se adecúe a alguna de las causales de revisión y de unificación de jurisprudencia previstas en los artículos 250 y 258 del CPACA; iii) «cumple con el requisito de inmediatez» , pues la sentencia objeto de censura data del 5 de diciembre de 2022, notificada por correo electrónico el 14 de abril de 2023 , y la presente acción de tutela fue remitida al correo electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado el 12 de septiembre de 2023, esto es, en el término de los seis meses señalados por esta Corporación como prudencial para

3 El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 31 de julio de 2012, C.P. María Elizabeth García, expediente radicado 11001 -03-15-000-2009-01328-01 ( IJ),unificó su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el

judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, observando para ello los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.11

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el ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial;4 iv) «no se cuestiona una irregularidad procesal» sino el hecho de realizarse un estudio del caso sin un adecuado análisis probatorio; v) «se identificaron razonablemente los hechos y argumentos» frente a l os cuales se alega vulneración; y vi) «no se cuestiona una sentencia de tutela», sino la proferida dentro de un proceso de reparación directa.

De esta forma, se impone en el caso abordar el estudio de los argumentos expuestos por el apoderado de la parte actora, con fundamento en los cuales solicita el amparo de sus derechos fundamentales.

2.6.2. Análisis de procedibilidad del amparo invocado

Alega el apoderado de los accionantes que el juez de lo contencioso administrativo le restó mérito a las pruebas aportadas al proceso, puesto que de ser analizadas de manera responsable y acuciosa se habría establecido que, en el caso , el título de imputación a estudiar era el de riesgo excepcional.

restó mérito a las pruebas aportadas al proceso, puesto que de ser analizadas de manera responsable y acuciosa se habría establecido que, en el caso , el título de imputación a estudiar era el de riesgo excepcional.

Pues bien, se advierte que para resolver el asunto la Subsección accionada delimitó como problema jurídico a resolver, el siguiente: « determinar si la muerte de los uniformados Carlos Alberto Gutiérrez Zuluaga, Nicolás Andrés Bedoya González y William Alfonso Za mbrano es imputable a la Nación –Ministerio de Defensa , Fuerza Aérea Colombiana, por falla del servicio o bajo la óptica de un régimen objetivo de responsabilidad».

De esta forma, trajo a colación el artículo 90 constitucional sobre la responsabilidad extracontractual del Estado, así como la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado en torno al régimen de responsabilidad aplicable , esto es : i) en casos de accidentes aéreos, 5 en las que se ha señalado que cuando se trata de la actividad aeronáutica se deben distinguir dos tipos de responsabilidad, de una parte,

4El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 5 de agosto de 2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ), como garantía del principio de la seguridad jurídica, acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso , como tiempo razonable para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.

notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso , como tiempo razonable para determinar si la acción de tutela contra providenc