CE - 010315000202305093001SENTENCIASENTENCIA20231102174046

Demandante: Gloria Marisol Montaño Quintero Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección B y otro.

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05093-00

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., dos (02) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-05093-00

Demandante: GLORIA MARISOL MONTAÑO QUINTERO

Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA –

SUBSECCIÓN B Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial – improcedente por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve en primera instancia la acción de tutela presentada por la parte actora contra la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado y la Sección Tercera, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca1.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. La señora Gloria Marisol Montaño Quintero, actuando por intermedio de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca 2. Con la

1. La señora Gloria Marisol Montaño Quintero, actuando por intermedio de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca 2. Con la solicitud de amparo pretende la protección de sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y a la igualdad.

2. Las anteriores trasgresiones constitucionales se la s adjudica a las providencias del 26 de enero de 2023 y del 19 de junio de 2014 , dictadas por las autoridades judiciales accionadas respectivamente, en el medio de control de reparación directa con radicado 25000-23-26-000-2010-00830-01 (53.578). En las citadas decisiones se declaró la caducidad de la demanda referida.

1.2. Pretensión constitucional

1 En adelante Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 2 La solicitud de amparo fue radicada a través de la ventanilla virtual del Consejo de Estado, el 15 de septiembre de 2023.Demandante: Gloria Marisol Montaño Quintero Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección B y otro.

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2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3. La parte actora solicitó la protección de los derechos fundamentales referidos

y, en consecuencia, se ordene lo siguiente:

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3. La parte actora solicitó la protección de los derechos fundamentales referidos

y, en consecuencia, se ordene lo siguiente:

PRIMERA: Solicito al Honorable CONSEJO DE ESTADO el amparo de los derechos fundamentales de GLORIA MARISOL MONTAÑO QUINTERO por violación al derecho fundamental DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE

JUSTICIA, AL DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL COMO CAUSAL AUTONOMA, IGUALDAD Y DEBIDO PROCESO, POR DEFECTO FACTICO NEGATIVO, como consecuencia de la caducidad de la acción declarada por las accionadas en las sentencias de Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –subsección B, Magistrado ponent e Dr. ALBERTO ESPINOSA BOLAÑOS , y segunda instancia del El CONSEJO DE

ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA

– SUBSECCIÓN BBogotá D.C, el veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023), Consejero Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 25000-23-26000-2010-000830-01 (53.578), notificada en marzo 17 del 2023, al omitir la jurisprudencia sobre el tema y las pruebas obrantes en el proceso.

SEGUNDA: Se revoque las sentencias del las sentencias de Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –subsección B, Magistrado ponente Dr. ALBERTO ESPINOSA BOLAÑOS , y segunda instancia

del El CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –subsección B, Magistrado ponente Dr. ALBERTO ESPINOSA BOLAÑOS , y segunda instancia

del El CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN BBogotá D.C, el veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023), Consejero Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 25000 -23-26-000-2010000830-01 (53.578), notificada en marzo 17 del 2023, al omitir la jurispr udencia sobre el tema y las pruebas obrantes en el ponencia del MAGISTRADO: Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS, que modifico el numeral segundo del fallo del tribunal administrativo de Cundinamarca, en sentencia de segunda instancia del 13 de octubre del 2022,

TERCERA: Como consecuencia de lo anterior, solicito se ordene la admisión de la ACCION DE REPARACION DIRECTA interpuesta por la señora GLORIA MARISOL

MONTAÑO Y SUS HIJOS, Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –subsección B, Magistrado ponente Dr. ALBERTO ESPINOSA BOLAÑOS. (Sic a toda la cita).

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará, los cuales se extraen del escrito de tutela y de las demás piezas procesales aportadas al proceso.

4. El 10 de noviembre de 2010 la accionante y su grupo familiar3 interpusieron el medio de control de reparación directa de la referencia en contra de la Empresa

piezas procesales aportadas al proceso.

4. El 10 de noviembre de 2010 la accionante y su grupo familiar3 interpusieron el medio de control de reparación directa de la referencia en contra de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. (en adelante ETB), la Secretaría Distrital de Movilidad y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB ESP. Con la demanda pretendía n el reconocimiento de perjuicios ocasionados a raíz del fallecimiento de su esposo y padre, el señor Luis Ernesto Cáceres Vega, el

3 Los menores Jhoan Pooll Montaño y Róger Santiago Vega.Demandante: Gloria Marisol Montaño Quintero Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección B y otro.

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3 de septiembre de 200 8, luego de que un camión lo arrollara al intentar esquivar una alcantarilla sin tapa en la ciudad de Bogotá.

5. El asunto correspondió en primera instancia a la Sección Tercera, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En sentencia del 19 de junio 2014, esta autoridad judicial declaró probada de oficio la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.

6. El a quo argumentó que el término de dos años que dispone el ordenamiento jurídico para presentar la demanda de reparación directa, debía contabilizarse

pretensiones de la demanda.

6. El a quo argumentó que el término de dos años que dispone el ordenamiento jurídico para presentar la demanda de reparación directa, debía contabilizarse desde el fallecimiento del señor Vega Cáceres, esto es, el 3 de septiembre de 2008.

Como la demandante presentó solicitud de conciliación prejudicial el 11 de agosto de 2010, el término se suspendió a partir de esa fecha hasta el 29 de septiembre de 2010, momento en el cual se declaró fallida la conciliación y reinició el conteo . De manera que el límite para radicar la demanda fenecía el 22 de octubre de 2010 y como se presentó hasta el 10 de noviembre de 2010, fue extemporánea.

7. Inconforme con la decisión anterior, la señora Gloria Marisol Montañ o Quintero y su grupo familiar presentaron un recurso de apelación 4. La alzada fue resuelta por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado . Esta autoridad, mediante sentencia dictada el 26 de enero de 2023, confirmó el numeral primero de la providencia del 19 de junio de 2014 emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró probada la excepción de caducidad y, revocó el numeral segundo que negó las pretensiones5.

8. La corporación llegó a esta conclusión al determinar que el término para presentar la demanda debía contabilizarse desde el momento del fallecimiento de la víctima directa pues, desde ese instante es que los demandantes conocieron el daño cuya reparación perseguían. Señaló que no era posible admitir que se enteraron de las posibles circunstancias en que ocurrió el accidente en fecha posterior.

la víctima directa pues, desde ese instante es que los demandantes conocieron el daño cuya reparación perseguían. Señaló que no era posible admitir que se enteraron de las posibles circunstancias en que ocurrió el accidente en fecha posterior.

9. De otro lado, revocó el numeral segundo que decidió negar las pretensiones, luego de considerar que la declaratoria de caducidad era suficiente para resolver el asunto.

1.1. Sustento de la vulneración

10. La parte actora sostuvo que la presente solicitud constitucional acredita los presupuestos de procedencia de la tutela contra providencia judicial. En seguida, precisó que las providencias reprochadas adolecen de un defecto fáctico,

4 Para fundamentar el recurso, expusieron que la caducidad debía ser computada a partir del instante en que los demandantes conocieron la omisión administrativa como causa del año. Situación que ocurrió el 10 de junio de 2010 cuando la Fiscalía General de la Nación entregó los documentos y pruebas existentes de la investigación penal al abogado. 5 La providencia fue notificada el 15 de marzo de 2023 a través de correo electrónico.Demandante: Gloria Marisol Montaño Quintero Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección B y otro.

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desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la constitución, con fundamento en lo siguiente:

11. Sostuvo que los falladores inobservaron las pruebas obrantes en el proceso,

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desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la constitución, con fundamento en lo siguiente:

11. Sostuvo que los falladores inobservaron las pruebas obrantes en el proceso, relacionadas con el estudio fotográfico, las respuestas y pruebas de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB ESP , «la experticia y visita de funcionarios de agosto de 2010, y finalmente que el informe policial N.º A000408080 no establece responsabilidad estatal al respecto».

12. En cuanto al desconocimiento del precedente, adujo que se pasó por alto la providencia del 11 de mayo de 2000, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado al interior del expediente 12200 con ponencia de la magistrada María Elena Giraldo Gómez y del 7 de julio de 2011 de la consejera Gladys Agudelo Ordoñez. También trajo a colación las sentencias SU-659 de 2015 y T-347 de 2020.

13. Mencionó que el conteo del término de caducidad debe tener en consideración los periodos de investigación propios en los accidentes de tránsito y los informes de policía judicial que arrojan la causa probable del daño. En ese sentido, señaló que hasta que se adelantaron las averiguaciones pertinentes , en junio del 2010 se logró establecer que la causa del accidente no fue un hueco o alcantarilla, sino una bóveda de ETB casi destruida y sin mantenimiento, motivo por el cual se debía iniciar el conteo a partir ahí.

14. Finalmente, refirió que se configuró una violación directa de la Constitución relacionada con el desconocimiento del derecho al acceso a la administración de

el cual se debía iniciar el conteo a partir ahí.

14. Finalmente, refirió que se configuró una violación directa de la Constitución relacionada con el desconocimiento del derecho al acceso a la administración de justicia de igualdad a los demandantes al procederse «mecánicamente» con la contabilización de la caducidad.

1.2. Trámite de la acción de tutela

15. Mediante auto del 3 de octubre de 2023 6, el magistrado ponente de esta providencia admitió la acción de tutela de referencia. En consecuencia, ordenó notificar como autoridades judiciales accionadas a las Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

16. A su vez, dispuso la vinculación como terceros con interés de la Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría de Movilidad, a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ((ETB) SA ESP, a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

(EAAB) - ESP, a las aseguradoras La Previsora SA y Colseguros SA, así como a los señores Jhoan Pooll Montaño y Róger Santiago Vega y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso.

6 Cabe resaltar que, previo a la admisión de la tutela, mediante proveído del 20 de septiembre de 2023 el despacho ponente inadmitió la solicitud de amparo, tras encontrar que no se reunían los presupuestos necesarios. En memorial radicado el 28 de septiembre siguiente, la parte accionante

2023 el despacho ponente inadmitió la solicitud de amparo, tras encontrar que no se reunían los presupuestos necesarios. En memorial radicado el 28 de septiembre siguiente, la parte accionante subsanó los yerros advertidos. Finalmente, el 2 de octubre del corriente se hizo el paso al despacho.Demandante: Gloria Marisol Montaño Quintero Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección B y otro.

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1.3. Intervenciones

1.3.1. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) - ESP

17. Solicitó que se negaran las pretensiones de la tutela, comoquiera que las providencias enjuiciadas no vulneraron los derechos fundamentales invocados por la parte accionante. Sostuvo que lo que se pretende por intermedio del presente trámite es que se profiera nueva sentencia de reparación directa, cuando a ello no hay lugar habida cuenta que el término de caducidad no podía computarse de la manera referida por la accionante.

1.3.2. La previsora S.A. – Compañía de Seguros

18. Pidió que se negara la solicitud objeto del presente asunto. Esto, tras considerar que carece de respaldo legal y jurisprudencial la afirmación presentada por la accionante, relacionada con que en los eventos en los cuales medie un accidente de tránsito, el término de conteo de la caducidad inicie luego de surtidas las investigaciones respectivas.

por la accionante, relacionada con que en los eventos en los cuales medie un accidente de tránsito, el término de conteo de la caducidad inicie luego de surtidas las investigaciones respectivas.

1.3.3. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) SA ESP

19. Se opuso a las pretensiones deprecadas, tras considerar que las autoridades judiciales que conocieron el medio de control de reparación directa no conculcaron las garantías constitucionales de la accionante, ni incurrieron en los defectos endilgados.

20. Precisó que la decisión hizo tránsito a cosa juzgada y lo que se pretende es revivir la controversia por esta vía judicial como si se tratara de una tercera instancia, situación que hace improcedente la solicitud de amparo.

1.3.4. Allianz Seguros S.A. (antes Colseguros)

21. Señaló que no se acredita el presupuesto general de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, referente a la inmediatez. A su juicio, el plazo para radicar la solicitud de amparo feneció el 15 de septiembre de 2023 y, sin embargo, se presentó hasta el 18 de septiembre de 2023

22. Finalmente, puso de presente su desacuerdo respecto a la supuesta vulneración de garantías constitucionales. Consideró que los jueces de instancia respetaron las formas de cada juicio.

1.3.5. Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado

23. Por intermedio del magistrado ponente de la decisión, hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas al interior del proceso ordinario, la demanda y

1.3.5. Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado

23. Por intermedio del magistrado ponente de la decisión, hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas al interior del proceso ordinario, la demanda y la decisión reprochada. En seguida solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela o en su defecto, negar las pretensiones.Demandante: Gloria Marisol Montaño Quintero Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección B y otro.

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24. Ello porque, a su juicio, el asunto carece de relevancia constitucional toda vez que lo pretendido por la parte actora es surtir una tercera instancia. En todo caso, señaló que no se configuraron los defectos aludidos , pues la fecha del daño está claramente determinada y no se logró demostrar que los demandantes se enteraron del hecho en una fecha distinta.

25. Agregó que la parte actora pretende confundir con aspectos que son propios del análisis de la imputación del elemento del daño. Esto es así, porque busca debatir sobre la causa del accidente a efectos de precisar a cuál entidad debía enrostrarle la responsabilidad, aspecto que resulta irrelevante para de contabilizar la demanda.

1.3.6. Sección Tercera, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca

26. La autoridad judicial se limitó a remitir copia de la demanda de reparación

la demanda.

1.3.6. Sección Tercera, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca

26. La autoridad judicial se limitó a remitir copia de la demanda de reparación identificada con el radicado 25000-23-26-000-2010-00830-00.

1.3.7. La Secretaría Distrital de Movilidad de la Alcaldía Mayor de Bogotá, pese a ser debidamente notificada, guardó silencio7.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

27. El Consejo de Estado es competente para conocer de la acción de tutela presentada por la parte actora contra la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca . Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Cuestión previa

28. Como viene de verse, la parte actora cuestiona las decisiones del 19 de junio de 2014 proferida por la Sección Tercera, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en primera instancia y la del 26 de enero de 2023 de la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado en segundo grado.

29. Al respecto, resulta oportuno aclarar que la Sala limitará el estudio del caso a la providencia de segunda instancia. Esto, por ser la decisión que puso fin a la

Tercera, Subsección B del Consejo de Estado en segundo grado.

29. Al respecto, resulta oportuno aclarar que la Sala limitará el estudio del caso a la providencia de segunda instancia. Esto, por ser la decisión que puso fin a la controversia suscitada en el proceso de reparación directa.

7 Cfr. Índice 14 Samai.Demandante: Gloria Marisol Montaño Quintero Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección B y otro.

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2.3. Legitimación en la causa

30. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

31. Con fundamento en lo expuesto, la Sala advierte que la señora Gloria Marisol Montaño Quintero conformó el extremo accionante del proceso de reparación directa en el que se profirieron las providencias reprochadas. Por tanto, es titular de los derechos fundamentales que reclama por esta vía y goza de legitimación en la causa por activa.

32. Por otro lado, la Sala evidencia que la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se encuentran legitimadas en la causa por pasiva. Lo anterior, por ser las autoridades que dictaron

32. Por otro lado, la Sala evidencia que la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se encuentran legitimadas en la causa por pasiva. Lo anterior, por ser las autoridades que dictaron las decisiones judiciales objetadas mediante esta acción constitucional.

2.4. Problema jurídico

33. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material probatorio recaudado y los informes presentados; los problemas jurídicos a resolver en el caso concreto son los siguientes:

● ¿Se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales?

34. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo

siguiente:

● ¿La Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y a la igualdad de la señora Gloria Marisol Montaño Quintero, al dictar la providencia judicial del 26 de enero de 2023, que confirmó la decisión del 19 de junio de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la cual se declaró probada de oficio la excepción de caducidad de la acción?

35. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) los requisitos generales de procedibilidad , y de superarse los anteriores supuestos, (iii) el caso concreto.

2.5. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judiciales

36. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de

anteriores supuestos, (iii) el caso concreto.

2.5. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judiciales

36. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providenciasDemandante: Gloria Marisol Montaño Quintero Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección B y otro.

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judiciales, en fallo de 31 de julio de 20128. Lo anterior, porque hasta ese momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este tema9. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y excepcionales10.

37. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 11. En esta sentencia se establecieron seis requisitos generales de procedencia 12 y ocho defectos especiales en los que puede incurrir una providencia judicial13.

38. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos

generales de procedencia:

1. Que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela, ii) Inmediatez, iii) Subsidiariedad,

los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos generales de procedencia:

1. Que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela, ii) Inmediatez, iii) Subsidiariedad, iv) Relevancia constitucional,

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 10 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”. 11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01. 12 Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que origin ó la vulneración. iv); Cuando se trate de una

1. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que origin ó la vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 13 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profiri ó́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide c on base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afec ta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos

condujo a la toma de una decisión que afec ta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimi dad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alca nce. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado y viii) Violación directa de la Constitución.Demandante: Gloria Marisol Montaño Quintero Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección B y otro.

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1. Identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho, vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.

39. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se

se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que con la acción no se intente reabrir el debate de instancia.

40. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

41. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar sí en el caso concreto concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados, se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

2.6. Estudio del requisito general de procedibilidad de la relevancia constitucional

42. En primer lugar, se advierte que el Alto Tribunal Constitucional adoptó el término «relevancia constitucional» en la sentencia C -590 de 2005 14. En esta providencia se señaló que la acción de tutela contra providencia judicial sólo es procedente cuando se cumplan ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, dentro de los que se encuentra la relevancia constitucional. Sobre esta exigencia,

en aquella oportunidad se advirtió:

Que la cuestión