CE - 010315000202305130001SENTENCIA20231019144948

Demandante: Pablo Andrés Díaz Córdoba Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-05130-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-05130-00

Demandante: PABLO ANDRÉS DÍAZ CÓRDOBA

Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUICATURA Y OTROS

Temas: Derecho al descanso laboral. Vacaciones de funcionarios y empleados de la Rama Judicial. Ampara.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Resuelve la Sala la acción de tutela formulada por el señor Pablo Andrés Díaz Córdoba contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administ ración Judicial de Valle del Cauca, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

1. ANTECEDENTES

1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El señor Pab lo Andrés Díaz Córdoba , en nombre propio, presentó acción de tutela1 contra el Consejo Superior de la Judicatura y otros , con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales al t rabajo, a la igualdad, a la seguridad social y al descanso.

Las mencionadas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de la negativa de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valle del Cauca en expedir el certificado de disponibilidad presupuestal que permita el nombra miento de la p ersona que l a reemplace durante el periodo de sus vacaciones, como asistente jurídico del Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali.

1 Con escrito presentado el 5 de mayo de 2023.Demandante: Pablo Andrés Díaz Córdoba Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-05130-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.2. Pretensiones

La parte actora elevó las siguientes peticiones:

PRIMERA: Se tutelen los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo en condiciones dignas y al descanso remunerado de Pablo Andrés Díaz Córdoba.

La parte actora elevó las siguientes peticiones:

PRIMERA: Se tutelen los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo en condiciones dignas y al descanso remunerado de Pablo Andrés Díaz Córdoba.

SEGUNDA: Como consecuencia con lo anterior, ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Valle d el Cauca, previa autorización del Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa – y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, que de acuerdo con sus competencias, de forma coordinada; en el término que usted señor Juez, estime convenie nte considerando los hechos de la tutela, para que adelanten las todas las gestiones administrativas y presupuestales que correspondan, para que el Juez 4 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali tenga la disponibilidad presupuestal para nombrar un reemplazo de PABLO ANDRÉS DÍAS CÓRDOVA, quien funge como Asistente Jurídico del referido Juzgado, para que se materialice su derecho al disfrute del descanso remunerado y se permite mantener un debido funcionamiento del

Juzgado.

TERCERO: Se ordene al JUEZ 04 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MENDIDAS DE

SEGURIDAD DE CALI CALLE DEL CAUCA, DANIEL ARTURO PEREZ MONROY, que una vez sea expedida la respectiva partida presupuestal por parte de la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CAL] VALLE DEL CAUCA, me conceda las vacaciones solicitadas a partir del 11 de diciembre de 2023 por 25 días calendario, por haber laborado durante un año comprendido entre el día 1° de agosto del año 2021 y el 12 de octubre del año

VALLE DEL CAUCA, me conceda las vacaciones solicitadas a partir del 11 de diciembre de 2023 por 25 días calendario, por haber laborado durante un año comprendido entre el día 1° de agosto del año 2021 y el 12 de octubre del año 2022.

CUARTO: PREVENIR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Valle del Cauca y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para que, en adelante, eviten realizar conductas como la expuesta en el presente Caso, y procedan a emitir los respectivos certificado s de disponibilidad presupuesta para poder realizar el nombramiento de un reemplazo de la persona que sale a disfrutar sus vacaciones.

QUINTO: Se conmine a las autoridades respectivas para que, en el futuro, esta situación no se vuelva a presentar y se ge stione a nivel nacional la autorización de recursos para designar empleados encargando otras personas, para que los funcionarios y empleados de vacaciones, individuales de la Rama Judicial puedan disfrutar las mismas sin interferir en la eficiencia de la a dministración de justicia, tal como lo prevé la Sentencia SU/23 del M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.2

1.3. Hechos

Los supuestos fácticos que se relacionan a continuación, son relevantes para el estudio del asunto de la referencia:

El accionante señal ó q ue actualmente ejerce un cargo en provisionalidad como asistente jurídico del Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, y que desde el 16 de agosto de 2016 está vinculado a la Rama Judicial en propiedad como oficial mayor en la categoría del circuito.

asistente jurídico del Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, y que desde el 16 de agosto de 2016 está vinculado a la Rama Judicial en propiedad como oficial mayor en la categoría del circuito.

Indicó que, solicitó a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valle del Cauca , «asignación presupuestal para el nombramiento de una persona

2 Transcripción del texto original con posibles errores.Demandante: Pablo Andrés Díaz Córdoba Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-05130-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en reemplazo» y poder disfrutar de su descanso remunerado, luego de laborar por el término de un año per iodo comprendido entre «el 1 ° de agosto de 2021 y el 12 de octubre del año 2022».

Acotó que, con el oficio DESAJCLO23-3494 del 22 de agosto de 2023, la referida entidad le negó lo peticionado luego de manifestar lo siguiente:

En atención a la solicitud del asunto, comedidamente me permito manifestarle que la Circular PSAC11 -44 del 23 de noviembre de [2011], emitida por el Consejo Superior de la Judicatura, mediante la cual se deroga las circulares 44 y 89 de 2005, estableció el procedimiento para el nombramiento de reemplazos en provisionalidad de los funcionarios judiciales que se encuentran sujetos al régimen de vacaciones

Superior de la Judicatura, mediante la cual se deroga las circulares 44 y 89 de 2005, estableció el procedimiento para el nombramiento de reemplazos en provisionalidad de los funcionarios judiciales que se encuentran sujetos al régimen de vacaciones individuales, guardando silencio o excluyendo a los servidores judiciales que ostentan la calidad de “empleados”.

Es importante resaltar que, el artículo 98 de la Ley 270 de 1996 establece que la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial es el órgano técnico y administrativo que tiene a su cargo la ejecución de las actividades administrativas de la Rama Judicial, con sujeción a las políticas y decisiones de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, motivo por el cual a esta Dirección Ejecutiva Seccional, no le está dado, gestionar recursos presupuestales para reemplazos por vacaciones de empleados judiciales, sin que con ello se atente contra las políticas propias del órgano de gobierno de la Rama Judicial.

Por otra parte, es del caso manifestar, que la Circular PSAC11-44 de 2011 conserva su carácter vinculante y la misma n o puede ser desconocida por esta Dirección Ejecutiva Seccional, so pena de las consecuencias de carácter disciplinarias, fiscales y hasta penales.3

Agregó que, también elevó la referida solicitud al Juez Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, sin embargo, su nominador dio respuesta negativa con la Resolución 20 de 4 de septiembre de 2023 con fundamento en la estricta necesidad del servicio, de conformidad con los artículos 146 de la Ley 270

Penas y Medidas de Seguridad de Cali, sin embargo, su nominador dio respuesta negativa con la Resolución 20 de 4 de septiembre de 2023 con fundamento en la estricta necesidad del servicio, de conformidad con los artículos 146 de la Ley 270 de 1996 y 2.2.1.2.2.1. sección 2 del Decreto 1072 de 2015. Ello, debido a la alta carga laboral en el área penal, y porque el mencionado despacho solo cuenta con tres empleados que tienen funciones jurídicas.

1.4. Fundamentos de la vulneración

La parte actora planteó la vulneración de su derecho a l descanso remunerado estipulado en el artículo 53 4 de la Constit ución Política, en tanto que la pausa

3 Transcripción literal con posibles errores. 4 «Artículo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección es pecial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección es pecial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna.Demandante: Pablo Andrés Díaz Córdoba Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-05130-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co laboral es una consecuencia necesaria en favor del trabajador y un pilar fundamental de dicho deber.

Advirtió que, en el artículo 7 del Pacto Internacio nal de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se determina que todas las personas tienen derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre y que no se debe n desconocer la limitación razonable de las horas de trabajo, las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración en días festivos.

Agregó que, en la sentencia de la Corte Constitucional C-019 de 2004 se indicó:

El derecho al descanso conviene entenderlo como la oportunidad que se le otorga al empleado para reparar sus fuerzas intelectuales y materiales, para proteger su salud física y mental, para compartir con su familia mayores y mejores espacios de encuentro fraternal, para abordar actividades idóneas al solaz espiritual, para

empleado para reparar sus fuerzas intelectuales y materiales, para proteger su salud física y mental, para compartir con su familia mayores y mejores espacios de encuentro fraternal, para abordar actividades idóneas al solaz espiritual, para incursionar más en la lectura y el conocimiento, y, a manera d e posibilidad estética para acercarse paulatinamente al hacer artístico en sus múltiples manifestaciones.

El derecho al trabajo es una de las bases fundantes de nuestro Estado Social de Derecho que en la Constitución goza de especial protección. Es el fun damento de todo el régimen de seguridad social, y la razón filosófica es muy simple: el trabajador que le ha ayudado al empleador a crear riqueza para, é l y su empresa, necesita su apoyo en todas las contingencias que puedan perjudicarle o cuando se han ag otado sus fuerzas por el trabajo que le ha dado al patrono (accidentes de trabajo, enfermedades, muerte, invalidez, jubilación, etc.). Con cada acto de trabajo el trabajador entrega a su patrono parte de su fuerza física y de su ser. Y debe reponerlos (par a seguir entregándoselos al patrono) haciendo pausas, pues de lo contrario se agota, envejece o muere prematuramente […].5

Precisó que el descanso para todos los trabajadores constituye un derecho fundamental que debe ser protegido vía tutela en el moment o de una amenaza o vulneración, sin que sea admisible oponer trabas administrativas que afectan el núcleo esencial de esta garantía.

Advirtió el quebrantamiento del derecho a la igualdad contenido en el artículo 13 superior, al señalar que la d irección seccional desconoció las sentencias de 12 de

núcleo esencial de esta garantía.

Advirtió el quebrantamiento del derecho a la igualdad contenido en el artículo 13 superior, al señalar que la d irección seccional desconoció las sentencias de 12 de diciembre de 2018 (exp. 2018-00756-01) y 14 de mayo de 2020 (exp. 2020-0014301) dictadas por la Sección Cuarta y Quinta del Consejo de Estado, respectivamente, a través de las cuales se ordenó a las demandadas re alizar las actuaciones necesarias para poder emitir los certificados de disponibilidad presupuestal, con el fin de nombrar el reemplazo de los empleados que gozarían de sus vacaciones.

Finalmente, m anifestó que la negativa de la Dirección Ejecutiva Seccio nal de Administración Judicial del Valle del Cauca pone en riesgo su salud física y mental, como también de los otros empleados del juzgado en donde labora por cuanto su ausencia sin reemplazo implicaría que una persona debe asumir la responsabilidad de do s cargos al mismo tiempo. En ese orden, resaltó que lo

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.» 5 Transcripción del texto original con posibles errores.Demandante: Pablo Andrés Díaz Córdoba Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-05130-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co anterior afecta su tranquilidad frente al disfrute de sus vacaciones, porque a la

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co anterior afecta su tranquilidad frente al disfrute de sus vacaciones, porque a la fecha no tiene certeza de que le será otorgado el respectivo periodo de descanso.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Mediante auto de 21 de septiembre de 2023 se admitió la tutela de la referencia y se ordenó la notificación de la parte accionante, del Consejo Superior de la Judicatura, de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de la Dirección Ejecutiva Se ccional de Administración Judicial de Valle del Cauca . Igualmente dispuso la vinculación en calidad de tercero con interés del Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali.

Finalmente, ordenó la publicación de este auto en la página web del Consejo de Estado.

1.6. Intervenciones

Librados los oficios correspondientes y efectuadas las notificaciones ordenadas, se presentaron los siguientes informes:

1.6.1. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial6

Mediante escrito de 26 de septiembre de 2023 , el abogado de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la dirección nacional, manifestó que la entidad que representa carece de legitimación en la causa por pasiva , comoquiera que no es la llamada ni obligada a responde r en la acción de la referencia al no tener la condición de nominador del accionante y no ser el ente pagador, para conceder o negarle las vacaciones al tutelante.

comoquiera que no es la llamada ni obligada a responde r en la acción de la referencia al no tener la condición de nominador del accionante y no ser el ente pagador, para conceder o negarle las vacaciones al tutelante.

Lo anterior, en atención a que, de conformidad con el artículo 99 de la Ley 270 de 1996, lo pretendido por el señor Díaz Córdoba no integra el listado de sus funciones, puesto que es facultad exclusiva del nominador resolver lo relativo a las vacaciones de los empleados del despacho.

Indicó que este mecanismo es improcedente por cuanto el accio nante debe acudir al medio de control ordinario a través del cual pueda demandar el acto que considera desconocedor de los derechos invocados como desatendidos.

Además, aseguró que con la Circular PSAC11 -44 de 23 de noviembre de 2011 se estableció la proh ibición de adjudicar recursos de la Rama Judicial para la contratación de las personas que realizan los reemplazos de los empleados de los despachos judiciales con régimen de vacaciones individual en los que se cuente con tres o más servidores (incluido el titular). En ese orden, precisó que dicha circular:

[…] es claro en el sentido de regular situaciones relacionadas con el disfrute y expedición de recursos para el nombramiento de reempla zos, pero solo para

6 Transcripciones en el numeral 1.6.1. provenientes del texto original con posibles errores.Demandante: Pablo Andrés Díaz Córdoba Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-05130-00

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Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-05130-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co aquellas personas que ostentan la condición de funcionarios, no para los empleados. Esta última situación también es reglamentada por la Circular 89 de 2005 del Consejo de Superior de la Judicatura, que determina la imposibilidad de disponer recursos de la Rama Judicial para la concesión de vacaciones de sus empleados en el régimen de vacaciones colectivas o individuales, debiéndose, en cualquier caso, una redistribución temporal de funciones entre los empleados de los despachos judiciales durante el periodo que dure las vacaciones a quien se le haya concedido.

[…]

En el presente asunto, se observa que el nominador es quien niega la concesión de las vacaciones solicitadas por la parte demandante, sin que le sea nombrado un reemplazo para el desarrollo de sus funciones dada la imposibilidad de destinar recursos para el nombramiento de un reemplazo de la accionante, al no tener esta la condición de funcionaria […].

Adicionó que carece de legitimación en la causa por pasiva en atención a que la presunta vulneración de derechos fundamentales no es atribuib le a la acción u omisión de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, puesto que ante esta entidad no se radicó petición alguna, sobre el particular.

Manifestó que se debe integrar el contradictorio con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por ser el «ente del Poder Ejecutivo, que establece el presupuesto

entidad no se radicó petición alguna, sobre el particular.

Manifestó que se debe integrar el contradictorio con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por ser el «ente del Poder Ejecutivo, que establece el presupuesto y hace las asignaciones presupuestales para el cumplimiento de los fines, funciones y competencias administrativas del sector público, entre ellos claro esta el servicio de justicia»

Finalmente, indicó que no se configura la existencia de un perjuicio irremediable en el asunto de la referencia, habida cuenta de que «la parte actora radicó el derecho de petición mediante el cual solicita el disfrute de las vacaciones es de competencia de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial».

1.6.2. Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad

Con memorial de 28 de septiembre de 2023, el titular de ese despacho hizo un recuento de los hechos y, finalmente, solicitó la desvinculación por cuanto el escrito de tutela no contiene cargos contra esta judicatura.

1.6.3. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Valle del Cauca

La referida dirección pidió que se declarara la improcedencia de la tutela al contarse con otro medio de defensa judicial para resolver la situación planteada, sumado a que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable.

En ese orden, indicó que el referido mecanismo constitucional no era el idóneo para ordenarle a dicha dependencia que adelantara las acciones para garantizar la provisión de recursos y con ello la expedición de un certificado de disponibilidad presupuestal, previo al otorgamiento de unas vacaciones, comoquiera que tal

para ordenarle a dicha dependencia que adelantara las acciones para garantizar la provisión de recursos y con ello la expedición de un certificado de disponibilidad presupuestal, previo al otorgamiento de unas vacaciones, comoquiera que tal procedimiento no estaba regulado en ninguna norma.Demandante: Pablo Andrés Díaz Córdoba Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-05130-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Asimismo, señaló que como el acto administrativo no había sido suspendido o anulado por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, lo allí dispuesto era vinculante para la administración, luego, no había lugar a tomar decisiones en un sentido diferente, pues se estaría desacatando el ordenamiento legal vigente.

Sobre el particular, trajo a colación varios fallos de tutela del Consejo de Estado que en casos similares han declarado la improcedencia de ésta por existir otros medios de defensa judicial para reclamar la protección de los derechos fundamentales que se consideran conculcados , como el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en donde se puede solicitar la suspensión de los actos administrativos. De igual forma, señaló que:

No puede perderse de vista ciertos condicionamientos operativos y presupuestales de la administración pública. Valga la pena recordar que las Direcciones Seccionales de Administración Judicial, no cuentan con recursos propios, e stán supeditadas al envío que de los mismos realiza la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, quien a su vez realiza las diligencias pertinentes ante el

Seccionales de Administración Judicial, no cuentan con recursos propios, e stán supeditadas al envío que de los mismos realiza la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, quien a su vez realiza las diligencias pertinentes ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,

Ahora, como se informó en respuesta a la petición e nviada, el actuar de la administración se realiza en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral cuarto de la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011 emitida por el Consejo Superior de la Judicatura, donde se dispuso que no es dable disponer de presup uesto por reemplazo de vacaciones a los servidores judiciales que ostentan la calidad de empleados, ello teniendo en cuenta que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus Seccionales, son el “Órgano técnico y Administrativo que tiene a su cargo la ejecución de actividades administrativas dela Rama Judicial, con sujeción a las políticas y decisiones de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura”. (Art. 98 Ley 270 de 1996).7

Finalmente, indicó que este mecanismo constitucional es improcedente, toda vez que la seccional no ha transgredido derecho fundamental alguno de la parte accionante, puesto que se limita a acatar las disposiciones legales vigentes para el efecto, así como el principio de legalidad.

1.6.4. Consejo Superior de la Judicatura

Con escrito aportado el 4 de octubre de 2023, la magistrada auxiliar de la Oficina de la Presidencia de la entidad solicitó su desvinculación por carecer de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que las funciones que le fueron otorgadas por los artículos 257 de la Constitución Política y 85 de la Ley 270 de

de la Presidencia de la entidad solicitó su desvinculación por carecer de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que las funciones que le fueron otorgadas por los artículos 257 de la Constitución Política y 85 de la Ley 270 de 1996 como órgano de administración y gobierno de la Rama Judicial, «son las de trazar las políticas y direcciones estratégicas, sin embargo, el legislador previó atribuciones propias que han sido desconcentradas en diferentes órganos, como los Consejos Seccionales de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial junto con sus Seccionales».

En ese sentido, precisó que la petición de amparo está dirigida a deb atir funciones de una dirección seccional, en el marco de su jurisdicción. Por ello, aseguró que el

7 Transcripción del texto original con posibles errores.Demandante: Pablo Andrés Díaz Córdoba Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-05130-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Consejo Superior de la Judicatura no es el llamado a responder o cumplir las órdenes que se expidan en este trámite tutelar.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por el señor Pablo Andrés Díaz Córdoba contra el Consejo Superior de la Judicatura y otros, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por el señor Pablo Andrés Díaz Córdoba contra el Consejo Superior de la Judicatura y otros, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestiones previas

2.2.1. Las solicitudes de desvinculación e levadas por el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali se despacharán de manera desfavorable, en atención a que la s dos primeras son entidades demandadas en este asunto y, además, la referida dirección ejecutiva es la que ordena la provisión de los recursos con los que eventualmente se tendría que cubrir el pago del reemplazo del señor Díaz Córdoba.

En cuanto al juzgado, se llamó a este pr oceso en calidad de tercero por tener interés en la decisión que se adopte, por cuanto es la judicatura nominadora que finalmente le autorizaría al tutelante el disfrute de su descanso remunerado.

Por lo anterior , e s indispensable mantener su vinculación y lograr la debida integración del contradictorio.

2.2.2. En cuanto a la petición de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial consistente en que se llame a este trámite a l Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se anuncia que también se despachará desfavorablemente.

2.2.2. En cuanto a la petición de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial consistente en que se llame a este trámite a l Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se anuncia que también se despachará desfavorablemente.

Ello, en atención a que, de conformidad con los artículos 228 de la Constitución Política, 4 y 5 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, la Rama Judicial goza de autonomía presupuestal y administrativa. Por ende, nin guna de las dependencias que conforman el poder judicial requieren o necesitan de la autorización previa de la referida cartera para cumplir las órdenes judiciales que impliquen gasto.

Lo anterior, sin perjuicio de que, en virtud del principio armónico d e colaboración entre los poderes públicos establecido en el artículo 209 de la Carta Política, la Rama Judicial, en especial el Consejo Superior de la Judicatura, deba coordinar con el referid o ministerio el presupuesto para atender las necesidades del pod er judicial.Demandante: Pablo Andrés Díaz Córdoba Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-05130-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si , en el caso concreto, se presenta la vulneración de los derechos fundamentales de l señor Pablo Andrés Díaz Córdoba con ocasión de la imposibilidad de materializar su derecho a gozar de las vacaciones remuneradas.

vulneración de los derechos fundamentales de l señor Pablo Andrés Díaz Córdoba con ocasión de la imposibilidad de materializar su derecho a gozar de las vacaciones remuneradas.

Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) generalidades de la acción de tutela; y (ii) análisis del caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

Conforme lo preceptúa el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten vulnerados por acciones u omisiones de aut oridades públicas o, excepcionalmente, de particulares.

Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de defensa judicial ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos para evitar la consumación de un perjuicio irremediable; cas