CE - 010315000202305174001SENTENCIA20231031123903

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05174-00

Demandante: JOSÉ ORLANDO CHILATRA SALAS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER Y

OTRO

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de fondo porque no se cumplió el req uisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – El accionante pretende usar la tutela como instancia adicional del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – No se configura porque la providencia invocada como precedente desconocido no es aplicable al caso concreto.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor José Orlando Chilatra Salas contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y el Juzgado Quinto Administrativo de Cúcuta.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 20 de septiembre de 20231, el señor José Orlando Chilatra Salas, mediante apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y el Juzgado Q uinto Administrativo de Cúcuta , por considerar

El 20 de septiembre de 20231, el señor José Orlando Chilatra Salas, mediante apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y el Juzgado Q uinto Administrativo de Cúcuta , por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad , de acceso a la administración de justicia , a la vida y a la seguridad social. Formuló las siguientes pretensiones:

1 Se advierte que, el 2 de octubre de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicación: 11001-03-15-000-2023-05174-00

Demandante: José Orlando Chilatra Salas Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

1.Con fundamento en l os hechos y los fundamentos jurídicos que más adelante se expondrán, comedidamente me permito solicitar al Juez Constitucional, Tutelar los Derechos fundamentales amparados en la Constitución Política como al Debido Proceso art 29; Acceso a La Justicia Art 229; Igualdad art 13; derecho a la vida en condiciones dignas Art, 11 en conexidad con la seguridad social art. 48, al mínimo vital, a la integridad física, los derechos adquiridos y la aplicación de los principios de favorabilidad y legalidad en materia laboral. Habiéndose configurado una vía de hecho.

2. Con fundamento en lo anterior, dejar sin efectos la Sentencia de segunda instancia de fecha 11 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, dentro del Proceso de Nul idad y

vía de hecho.

2. Con fundamento en lo anterior, dejar sin efectos la Sentencia de segunda instancia de fecha 11 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, dentro del Proceso de Nul idad y Restablecimiento del Derecho incoada por JOSÉ ORLANDO CHILATRA SALAS, contra la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARESCREMIL, mediante la cual se confirmó la sentencia de primera instancia de fecha 28 de febrero de 2019 proferido por el Juzgado 5o Administrativo Oral de Cúcuta, mediante al cual el Despacho negó las pretensiones de la demanda.

3. En consecuencia, a lo anterior. Ordenar al Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que emita un nuevo pronunciamiento dentro de la referida acción de nulidad y restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta el precedente jurisprudencial de los oficiales, suboficiales del Ejército Nacional y Policía Nacional, que fueron retirados en vigencia del Decreto 2070 de 2003.

1.2 . Hechos

De la solicitud de t utela y del expediente se extraen los siguientes hechos jurídicamente relevantes:

El señor José Orlando Chilatra Salas prestó su servicio al Ejército Nacional como suboficial, durante 20 años, 11 meses y 10 días ; fue retirado mediante Resolución 0302 del 1º de abril de 2004 , por solicitud propia, en la que se dispuso de tres meses de alta para la elaboración del expediente de prestaciones sociales, de conformidad con el artículo 164 del Decreto 1211 de 1990.

El 23 de abril de 2004, la dirección personal d el Ejército Nacional expidió la hoja

meses de alta para la elaboración del expediente de prestaciones sociales, de conformidad con el artículo 164 del Decreto 1211 de 1990.

El 23 de abril de 2004, la dirección personal d el Ejército Nacional expidió la hoja de servicios con radicado 3566660870995971, en la que describió los servicios prestados por el señor Chilatra Salas, durante su servicio activo.

Luego de los tres meses de alta, l a Caja de Retiro de las Fuerzas Militar es2, mediante Resolución 2225 del 16 de julio de 2004, reconoció al señor José Orlando Chilatra Salas la asignación de retiro, la cual se liquidó de conformidad con el Decreto 1211 de 1990 , incluyendo la prima de actividad en un 25% , con

2 En adelante CREMIL.Radicación: 11001-03-15-000-2023-05174-00

Demandante: José Orlando Chilatra Salas Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

efectos a partir del 2 de julio de 2004.

El 4 de noviembre de 2014, la parte accionante solicitó ante CREMIL la reliquidación y pago de la asignación de retiro con el Decreto 2070 de 2003, por considerar que esta es «la norma vigente en el momento en que se consolido sus derechos laborales» , petición denegada mediante Oficio 2014 -89235 del 21 de noviembre de 2014.

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor José Orlando Chilatra Salas demandó a CREMIL, con el objeto de que se

noviembre de 2014.

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor José Orlando Chilatra Salas demandó a CREMIL, con el objeto de que se declarara la nulidad del acto administrativo que negó la reliquidación de su asignación de retiro.

Mediante sentencia del 2 8 de febrero de 201 9, el Juzgado Quinto Administrativo de Cúcuta negó las suplicas de la demanda, por considerar que el señor Chilatra Salas no tiene derecho a acceder a la reliquidación de su asignación de retiro con la inclusión de la prima de actividad en un 49.5%, debido a que su estatus pensional se consolidó en vigencia del Decreto 1211 de 1990 y, además, le resulta aplicable el artículo 4 del Decreto 2863 de 2007.

Contra la anterior decisión, el accionante interpuso recurso de apelación en el cual expuso que el a quo analizó su situación a la luz del Decreto 2863 de 2007 y no del Decreto 2070 de 2003, siendo esta norma la que él considera aplicable a su caso.

Agregó que, mediante la sentencia del 7 de marzo de 2013, el Consejo de Estado advirtió que la fecha de retiro de la Fuerza Pública determina el régimen aplicable para el reconocimiento de sus prestaciones sociales y que el tiempo de tres meses de alta se cuentan como un periodo en el cual se elaboran los actos administrativos que otorgan al servidor el derecho al pago de la asignación de retiro.

Indicó que, tal como lo señaló la Sentencia del 13 de diciembre d e 2007, emitida

de alta se cuentan como un periodo en el cual se elaboran los actos administrativos que otorgan al servidor el derecho al pago de la asignación de retiro.

Indicó que, tal como lo señaló la Sentencia del 13 de diciembre d e 2007, emitida por la Corte Suprema de Justicia, los efectos jurídicos que causó el Decreto 2070 de 2003 se mantienen en el tiempo porque se incorporan al patrimonio del demandante.Radicación: 11001-03-15-000-2023-05174-00

Demandante: José Orlando Chilatra Salas Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Concluyó que , consolidó sus prestaciones sociales bajo la vigencia del Decreto 2070 de 200 3 y, por tanto, se le debe reconocer y pagar la prima de actividad en 33% y el reajuste en un 45%, de conformidad con el Decreto 2863 de 2007.

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante providencia del 11 de mayo de 2023, confirmó la anterior decisión con los siguientes argumentos:

• Si bien el a quo únicamente analizó el Decreto 1211 de 1990 y el Decreto 2853 de 2003 para sustentar su decisión, lo cierto es que dicha autoridad no actuó de manera arbitraria, sino conforme a los postulados le gales, pues para la fecha que el señor Chilatra Salas causó el derecho de la asignación de retiro no estaba vigente el Decreto 2070 de 2003 . • La sentencia del 7 de marzo de 2013, emitida por el Consejo de Estado, no guarda identidad fáctica con el sub lite , pues allá el demandante es «un agente miembro de la Policía Nacional retirado a solicitud propia al que se

• La sentencia del 7 de marzo de 2013, emitida por el Consejo de Estado, no guarda identidad fáctica con el sub lite , pues allá el demandante es «un agente miembro de la Policía Nacional retirado a solicitud propia al que se le reconoció la asignación de retiro a partir del 13 de mayo de 2004 con un cómputo en la prima de actividad del 20%, bajo el Decreto 1213 de 1990 ». • Reiteró que el señor Chilatra Salas consolidó su derecho al pago de la asignación de retiro el 1 de julio de 2004 y el Decreto 2070 de 2003 estuvo vigente desde el 25 de julio de 2003 hasta el 6 de mayo de 2004, por ende, dicha norma no es aplicable, como sí lo es el Decreto 1211 de 1990.

1.3. Fundamentos de la tutela

Sostuvo la parte accionante que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos sustantivo, fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución , pues, a su juicio, tiene derecho a obtener el reajuste de su asignación de retiro consolidada el 2 de abril de 2004, de conformidad con el Decreto 2070 de 2003.

Señaló que las providencias en cuestión no valoraron la prueba documental denominada «hoja de s ervicios militares» , la cual da cuenta de que el señor Chilatra Salas fue retirado del servicio el 2 de abril de 2004 y, por ende, se le debe aplicar el Decreto 2070 de 2003. Agregó que, tampoco justificaron alguna razón

Chilatra Salas fue retirado del servicio el 2 de abril de 2004 y, por ende, se le debe aplicar el Decreto 2070 de 2003. Agregó que, tampoco justificaron alguna razón del por qué «desecharon esta prueba documental».Radicación: 11001-03-15-000-2023-05174-00

Demandante: José Orlando Chilatra Salas Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Según el accionante, se desconoció el precedente jurisprudencial establecido por la Sección Segunda del Consejo de Estado , en las sentencias del 28 de septiembre de 2006 (radicado 25000-23-25-000-2002-05516-01), del 1º de marzo de 2012 ( rad icado 17001 -23-31-000-2005-02204-01) y del 7 de marzo de 2013 (radicado 11001-33-31-010-2007-00575-01), en las que se indicó que la fecha de retiro de la Fuerza Pública determina el régimen aplicable para el reconocimiento de sus prestaciones sociales y qu e, el tiempo de tres meses de alta se cuentan como un periodo en el cual se elaboran los actos administrativos que otorgan al servidor el derecho al pago de la asignación de retiro.

Afirmó que, si bien existe un conjunto de sentencias de tutela con posici ones «pacíficas» sobre el régimen aplicable para el reconocimiento y pago de la asignación de retiro de la Fuerza Pública, que fueron retirados en vigencia del Decreto 2070 de 2003, lo cierto es que , las providencias citadas guardan identidad fáctica y jurídica con el caso sub lite.

asignación de retiro de la Fuerza Pública, que fueron retirados en vigencia del Decreto 2070 de 2003, lo cierto es que , las providencias citadas guardan identidad fáctica y jurídica con el caso sub lite.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 22 de septiembre de 2023, se admitió la acción de tutela y ordenó que aquel se notificara a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Norte de Santa nder y a la Juez quinta administrativa de Cúcuta, como parte demandada, y, en calidad de tercero con interés, al director general de CREMIL. Así mismo, se ordenó la notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2.2. CREMIL, mediante apoderada judicial, solicitó que se declare improcedente la solicitud de amparo, bajo el argumento de que no se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, pues el señor Chilatra Salas se «benefició de todas las etapas procesales» . Agregó que, no es competencia del juez de tutela analizar actuaciones procesales surtidas en procesos ordinarios, con el objeto de indicar si la s decisiones adoptadas por las autoridades judiciales accionadas están sujetas a la ley.

De otra parte, alegó que, en virtud de la sentencia SU 627 de 2015, las providencias citadas por el señor Chilatra Salas no puede n ser catalogadas como desconocidas, debido a que (i) no guardan identidad fáctica y jurídica con el subRadicación: 11001-03-15-000-2023-05174-00

Demandante: José Orlando Chilatra Salas Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otro

Demandante: José Orlando Chilatra Salas Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

lite y (ii) no acreditó que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 54001-33-33-005-2016-00288-01 tenga alguna anomalía procesal.

2.3. Luego de describir el trámite surtido en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 54001-33-33-005-2016-00288-01, el Juzgado Quinto Administrativo de Cúcuta advirtió que no exist ió trasgresión alguna a los derechos invocados, pues se surtió con el lleno de las formalidades exigidas.

2.4. Los demás sujetos procesales guardaron silencio .

II. CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad o por un parti cular, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.

La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso, el otro m ecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, concederá el amparo impetrado, siempre que esté acredit ada la razón para conferir la tutela.

juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, concederá el amparo impetrado, siempre que esté acredit ada la razón para conferir la tutela.

En principio, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación consideraba que la acción de tutela era improcedente contra las providencias judiciales; sin embargo, a partir del año 2012 3, aceptó su procedencia, conforme con las reglas que ha fijado la Corte Constitucional, esto es, cuando la misma viole flagrantemente algún derecho fundamental.

Con todo, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos judiciales, pues los p rincipios de seguridad jurídica y de coherencia del ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las

3 Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente 2009 -01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth García González.Radicación: 11001-03-15-000-2023-05174-00

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decisiones judiciales y, por tanto, no puede admitirse la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, sin mayor es excepciones.

Para aceptar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, entonces, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C -590 de 2005.

Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las

Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) que el accionante hubiera utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se hubiera interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevanc ia constitucional y (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela.

En relación con este último requisito general, cabe anotar que la Corte Constitucional, en sentencia SU -627 de 2015, estableció que la acción de tutela contra decisiones proferidas en sede de tutela procede en dos eventos excepcionales.

El primero de ellos se presenta cuando la solicitud de amparo está dirigida contra actuaciones del proceso ocurridas antes de la sentencia, consistentes, por ejemplo, en la omisión del d eber del juez de informar, notificar o vincular a terceros que podrían verse afectados con la decisión. El segundo, por su parte, acaece cuando con la acción de tutela se busca proteger un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del inc idente de desacato.

Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales anteriores, llamadas genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la presencia de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto su stantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error

de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto su stantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii) violación directa de la Constitución. La Corte Constitucional descr ibió tales causales, así:

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.Radicación: 11001-03-15-000-2023-05174-00

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b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de su s

decisión que afecta derechos fundamentales.

f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de su s decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

h. Violación directa de la Constitución.

Conviene decir, además, que al demandante le corresponde identificar y sustentar la causal específica de procedibilidad y exponer las razones que sustentan la violación de los derechos fundamentales. Para el efecto, no basta con manifestar inconformidad o desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de instancia, sino que es necesario que el interesado demuestre que la providencia cuestionada ha incurrido en alguna de las causales específicas para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De lo contrario, la tutela carecería de relevancia constitucional.

Justamente, las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han venido aplicando la mayoría de las autoridad es judiciales) buscan que la tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones que son propias de los procesos judiciales ordinarios o expongan los argumentos que dejaron de proponer oportunamente.

tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones que son propias de los procesos judiciales ordinarios o expongan los argumentos que dejaron de proponer oportunamente.

Por último, cabe anotar que, en recientes pronunciamientos, la Corte Constitucional ha restringido aún más la posibilidad de cuestionar, por vía de tutela, las providencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. En ese sentido, la Corte señaló q ue, además del cumplimiento de losRadicación: 11001-03-15-000-2023-05174-00

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requisitos generales y la configuración de una de las causales específicas antes mencionados, la acción de tutela contra providencias proferidas por los denominados órganos de cierre, «solo tiene cabida cuando una decisió n riñe de manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional 4».

2. Problema jurídico

En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de la tutel a contra providencia judicial, particularmente, el de relevancia constitucional. De cumplirse, se abordará el estudio de fondo del asunto, con el fin de establecer si las providencias proferidas el 28 de febrero de

requisitos generales de la tutel a contra providencia judicial, particularmente, el de relevancia constitucional. De cumplirse, se abordará el estudio de fondo del asunto, con el fin de establecer si las providencias proferidas el 28 de febrero de 2019 y el 11 de mayo de 2023, por el Juzg ado Quinto Administrativo de Cúcuta y el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, respectivamente, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 54001-33-33-005-2016-0028801, incurri eron en los defectos endilgados y, de paso, vulneraron los derechos fundamentales del señor José Orlando Chilatra Salas.

3. Análisis de la Sala

Con el caso bajo estudio, la parte accionante pretende que se deje sin efectos la sentencia del 11 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, debido a que incurrió en los defectos sustantivo, fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa a la constitución .

Sería del caso analizar si se configuraron o no los defectos alegados por la parte actora, sin embargo, la Sala advierte que la solicitud de amparo carece de relevancia constitucional, pues se pretende convertir la acción de tutela en una instancia adicional del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Así, de la simple comparación entre las razones esgrimidas en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 28 de febrero de 2019, dictada por el Juzgado Quinto Administrativo de Cúcuta, y las propuestas en la solicitud de

Así, de la simple comparación entre las razones esgrimidas en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 28 de febrero de 2019, dictada por el Juzgado Quinto Administrativo de Cúcuta, y las propuestas en la solicitud de

4 Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.Radicación: 11001-03-15-000-2023-05174-00

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amparo, se evidencia que los defectos en que supuestamente incurrió la autoridad judicial demandada fueron invocados para continuar con el debate jurídico que ya fue decidido en el proceso ordinario.

En el siguiente cuadro se cotejarán los argumentos expuestos en sede de nulidad y restablecimiento del derecho y las razones que se esgrimieron en la solicitud de amparo, a fin de ilustrar de mejor manera cómo la parte demandante está utilizando la tutela como instancia adicional:

APELACIÓN EN PROCESO ORDINARIO

(transcripción textual)

DEMANDA DE TUTELA

(transcripción textual)

1. Es claro que el Despacho, no realizó el estudio de la procedencia de la del reajuste de la asignación de retiro del Sargento Primero en uso del buen retiro JOSÉ ORLANDO CHILATRA SALAS, quien conforme al material probatorio documental existente en la demanda principal se demostró que fue retirado del servicio activo del Ejército nacional con fecha fiscal 2 de abril de 2004, para esta época la normatividad que se encontraba vigente para el reconcentro de las prestaciones sociales, entre ellas

principal se demostró que fue retirado del servicio activo del Ejército nacional con fecha fiscal 2 de abril de 2004, para esta época la normatividad que se encontraba vigente para el reconcentro de las prestaciones sociales, entre ellas la a signación de retiro era el Decreto 2070 de 2003.

Además, siendo la hoja de servicios el acto administrativo preparatorio para el reconocimiento de la asignación de retiro, esta fue elaborada con fecha 24 de abril de 2004, en este documento se indica como fecha de retiro el 2 de abril de 2004, y en el acápite de las partidas a tener en cuenta para su liquidación indica que la prima de actividad se le debe liquidar en un porcentaje del 33%, tal como la venida percibiendo en servicio activo.

2. Es de anotar que conforme al Decreto 2070 de 2003, el personal de la fuerza pública al ser notificado del retiro del servicio activo, sanen con tres meses de alta, a fin de que en este lapso se realicen los actos preparatorios para el reconocimiento de las prestaciones de Ley como también la asignación de retiro. Es claro que el señor JOSÉ ORLANDO CHILATRA SALAS, el 2 de abril de 2004, por ello la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL), mediante Resolución 2225 del 16 de julio de 2004 le reconoció asignación de retiro con efectos fiscales a partir del 2 de julio

1. En la demanda de nulidad y establecimiento del derecho, en donde se expidió la providencia judicial, que con esta Acción de Tutela se solic ita dejar sin

con efectos fiscales a partir del 2 de julio

1. En la demanda de nulidad y establecimiento del derecho, en donde se expidió la providencia judicial, que con esta Acción de Tutela se solic ita dejar sin efecto, se aportó la hoja de servicios Militares del Accionante, la cual indica claramente que su retiro del servicio activo del Ejercito Nacional, ocurrió 2 de abril de

2004. Es decir, en vigencia del Decreto 2070 de 2003, prueba documental que no fue tenida en cuenta por Tribunal

Administrativo del Norte de Santander.

[El] Sargento Primero (r) del Ejercito JOSÉ ORLANDO CHILATRA SALAS, se le consolidaron sus derechos laborales, entre ellos para el reconocimiento de la prestación económica, l a asignación retiro con la normatividad vigente para el dia 2 de abril de 2004; es decir bajo el Decreto 2070 de 2003, entre ellas la liquidación prima de actividad tal como la devengaba en servicio activo, es decir al 33%. Por tal motivó la providencia ju dicial que negó la reliquidación de la prima de actividad, vulnera del principio del derecho adquirido, consagrado en el artículo 58 de la Constitución Política, violenta el precedente jurisprudencial y la normatividad antes referenciada.

2. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en la sentencia de segunda instancia, referenciada en el introductorio, y base de esta acción Constitucional, presenta un error de derecho al aplicar una norma de forma incorrecta. Toda vez que mal interpretó el artículo 1 64 del

de Santander, en la sentencia de segunda instancia, referenciada en el introductorio, y base de esta acción Constitucional, presenta un error de derecho al aplicar una norma de forma incorrecta. Toda vez que mal interpretó el artículo 1 64 del decreto 1211 de 1990; el cual establece que los tres (3) de alta del personal de las Fuerza militares con más de quince (15) años se servicio, se contabilizaran únicamente para efectos de prestacionesRadicación: 11001-03-15-000-2023-05174-00

Demandante: José Orlando Chilatra Salas Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otro Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

de 2004.

3. La sentencia de fecha de 7 de marzo de 2013 de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado concluyó que la fecha de retiro del servicio activo de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional determina el régimen apl