CE - 010315000202305180001SENTENCIASENTENCIA20231123165149

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05180-00

Demandante: Yamal Antar Zawady Ospino y otros

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia ACCIÓN DE TUTELA Radicación 11001-03-15-000-2023-05180-00 Demandante YAMAL ANTAR ZAWADY OSPINO Y OTROS Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos de procedibilidad. Medio de control de reparación directa. Privación injusta de la libertad. La Subsidiariedad. Defecto fáctico. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir, en primera instancia, la acción de tutela instaurada por Yamal Antar Zawady Ospino y otros de conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 20 de septiembre de 2023 1, Yamal Antar Zawady Ospino, Nancy Esther Macías Quiroga, Nohelia del Carmen Zawady Palacio, Rafael Abrahan Zawady Ospino y Alfredo Antonio Ospino Ariza interpusieron, por conducto de apoderado judicial,

Quiroga, Nohelia del Carmen Zawady Palacio, Rafael Abrahan Zawady Ospino y Alfredo Antonio Ospino Ariza interpusieron, por conducto de apoderado judicial, acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de La Guajira por estimar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Lo anterior, con ocasión a la emisión de la sentencia del 15 de marzo de 2023 en el proceso de reparación directa 44001-3340-001-201800117-01. En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones: «1.- Se amparen los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de YAMAL ANTAR ZAWADY OSPINO, NANCY ESTHER MACIAS QUIROGA, ALFREDO ANTONIO OSPINO ARIZA, RAFAEL ABRAHAN ZAWADY OSPINO Y NOHELIA DEL CARMEN ZAWADY PALACIO vulnerados por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRA TIVO DE LA GUAJIRA con ocasión a la expedición de la sentencia de segunda instancia fechada del 15 de marzo de 2023 y notificada el 24 de marzo de 2023 dictada al interior del proceso de reparación directa No. 44-001-3340-001-2018-00117-01. 2.- Se deje sin efecto la decisión contenida en la sentencia de segunda instancia (…) por medio de la cual el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA revocó la sentencia de primera instancia y en su lugar negó las pretensiones de la demanda. 3.- Se ordene al TRIBUNAL CON TENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA a proferir nueva decisión a través de la cual se estudie únicamente el recurso de apelación

de primera instancia y en su lugar negó las pretensiones de la demanda. 3.- Se ordene al TRIBUNAL CON TENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA a proferir nueva decisión a través de la cual se estudie únicamente el recurso de apelación de la parte actora y además se realice una valoración armónica de todos los medios de prueba obrantes dentro del proceso de re paración directa de la referencia las cuales

1 Samai, índice 3.Radicado: 11001-03-15-000-2023-05180-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co dan sin lugar a equívocos a la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad de la que fue víctima [el accionante].» 2

2. Hechos En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. Yamal Antar Zawady Ospino y otros interpusieron demanda de reparación directa contra la Nación, Fiscalía General de la Nación y contra la Rama judicial pretendiendo la declaración de su responsabilidad y la consecuente indemnización de perjuicios por la alegada privación injusta de la libertad de la que fue objeto el hoy accionante.

En la tutela se indicó que Yamal Antar Zawady Ospino fue capturado en el aeropuerto de Riohacha por la presunta comisión del delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes mientras desarrollaba su labor como mensajero. La mercancía estaba rotulada y embalada por la empresa a la que prestó sus servicios y tenía como destino la isla de Aruba.

tráfico o porte de estupefacientes mientras desarrollaba su labor como mensajero. La mercancía estaba rotulada y embalada por la empresa a la que prestó sus servicios y tenía como destino la isla de Aruba. Desde el momento de la captura (17 de julio de 2012), el señor Zawady Ospino informó que la mercancía que transportaba era de la empresa para la que trabajaba y solicitó corroborar su dicho con sus empleadores. A pesar de su solicitud, indicó que el fiscal a cargo no inició investigación en esa línea. Ante esa omisión, instauró denuncia contra el empleado de la empresa que le entregó la mercancía que contenía estupefacientes, pero este requerimiento, indicó, tampoco fue atendido. En audiencia del 5 de junio de 2013, le fue concedida libertad provisional po r vencimiento de términos con fundamento en el artículo 317.5 del Código de Procedimiento Penal. Posteriormente, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Riohacha, en sentencia del 25 de enero de 2016, absolvió al procesado en aplicación del principio in dubio pro reo. 2.2. Del asunto conoció, en primera instancia, el Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito de Riohacha que, en sentencia del 5 de septiembre de 2022, declaró la responsabilidad extracontractual de la Nación, Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad del señor Yamal Antar Zawady Ospino. Como consecuencia de ello, condenó a la entidad al pago de perjuicios de orden material e inmaterial a favor de algunos demandantes. La decisión obedeció a que el ente investigador solicitó la imposición de la medida preventiva con fundamento en meros indicios y no realizó gestiones a

de orden material e inmaterial a favor de algunos demandantes. La decisión obedeció a que el ente investigador solicitó la imposición de la medida preventiva con fundamento en meros indicios y no realizó gestiones a disposición que hubieran ayudado a esclarecer quien era el propietario del paquete que contenía la droga. Agregó que los agentes de Policía testificaron que conocían al procesado porque viajaba con frecuencia a Aruba en calidad de mensajero y dijeron que se trataba d e «una persona de bien y seria que al momento de verificarlo no mostró nerviosismo alguno, lo que permitía inferir que únicamente se encontraba actuando bajo indicaciones laborales y desconocía la sustancia que contenía dicho paquete, motivo por el cual el juez consideró que no existía el elemento indispensable para declarar la responsabilidad en este delito del dolo, lo cual lleva consigo que no evidencie este

2 Página 5 de la acción de tutela. SAMAI (índice 2).Radicado: 11001-03-15-000-2023-05180-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co juzgador alguna actuación que configure la culpa exclusiva y determinante de la propia víctima para hacerse acreedor del juicio penal.» 2.3. La parte demandante y la Fiscalía General de la Nación interpusieron recurso de apelación. La primera porque estimaba que no debió liberarse la responsabilidad de la Rama judicial y para que se concedieran en integrid ad los perjuicios pedidos. La segunda, porque consideró que la solicitud de

de apelación. La primera porque estimaba que no debió liberarse la responsabilidad de la Rama judicial y para que se concedieran en integrid ad los perjuicios pedidos. La segunda, porque consideró que la solicitud de medida de aseguramiento atendió al código procesal penal aplicable. 2.4. El Tribunal Administrativo de La Guajira, en sentencia del 15 de marzo de 2023, revocó la decisión de primera in stancia, para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, por considerar que no se probó la falla en el servicio que se atribuye a las demandadas. Se extracta el aparte pertinente de la providencia judicial: «Bajo esas premisas, se reitera, no surge la falla del servicio, por cuanto no se probó que la fiscalía no realizó adecuadamente su labor investigativa al solicitar la medida de aseguramiento privativa de la libertad y del juez de control de garantía al imponerla, con fundamento en elementos materiales probatorios y evidencia física o no se ponderaron adecuadamente los elementos que constituían soporte de la imposición de la medida privativa, de tal manera que los mismos no podían ser descartados porque se mostraban en ese momento como razonables, pues era claro que, al momento de la imposición de la medida era plausible inferir en grado de probabilidad que el sindicado incurrió en el punible investigado, pues fue capturado en flagrancia. En ese marco, el daño antijurídico no resulta imputable a las demandadas a título de falla en el servicio.» 2.5. La providencia se notificó a través de mensaje de datos remitido al buzón de notificaciones de los sujetos procesales el 24 de marzo de 20233.

3. Fundamentos de la acción

las demandadas a título de falla en el servicio.» 2.5. La providencia se notificó a través de mensaje de datos remitido al buzón de notificaciones de los sujetos procesales el 24 de marzo de 20233.

3. Fundamentos de la acción La parte tutelante indicó que se satisface el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional, porque la acción de tutela no se usa como una instancia adicional, sino como el único mecanismo a su disposición para procurar la garantía de los derechos vulnerados con ocasión de la sentencia del 15 de marzo de 2023.

En lo que respecta al fondo del asunto, los accionantes consideran que el Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito de Riohacha y el Tribunal Administrativo de La Guajira i ncurrieron en vía de hecho por error inducido al conceder y, posteriormente, admitir el recurso de apelación que interpuso la Fiscalía General de la Nación contra la sentencia ordinaria de primera instancia. Como fundamento de esta afirmación, indicaron q ue la Fiscalía omitió acreditar la facultad de la coordinadora de la Unidad de Defensa Jurídica para ejercer la representación judicial de la entidad en esa etapa del procedimiento y, destacan, que ni siquiera se le reconoció personería jurídica en el auto que concedió la apelación. Por lo anterior, alegan que el Tribunal accionado incurrió en defecto procedimental al resolver los argumentos de apelación de la entidad demandada, cuando lo correcto era solo desatar los de la parte actora quien sí acreditó d ebidamente la representación judicial. Luego, era apelante única.

3 Página 627 del del expediente digitalizado del medio de control de reparación directa 44 -001-33-40-001correcto era solo desatar los de la parte actora quien sí acreditó d ebidamente la representación judicial. Luego, era apelante única.

3 Página 627 del del expediente digitalizado del medio de control de reparación directa 44 -001-33-40-0012018-00117-01. Samai, índice 13.Radicado: 11001-03-15-000-2023-05180-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adicionalmente, invocaron la configuración del defecto fáctico por omisión de valoración probatoria porque el Tribunal accionado no tomó en consideración los medios de convicción que acredit aban los errores en los que incurrió la Fiscalía General de la Nación al solicitar la medida de aseguramiento y el Juzgado de Control de Garantías al imponerla. Precisaron que el ente investigador omitió considerar que el procesado era un mensajero que se dedicaba al transporte de paquetería entregada por sus clientes, en este caso una persona jurídica, pero que no eran de su propiedad. Agregaron que fue tan ineficiente la labor del fiscal a cargo que no adelantó ninguna labor con miras a identificar a las personas que enviaron el paquete que contenía cocaína y el señor Zawady Ospino se vio en la necesidad de interponer una denuncia en contra del empleado de la empresa que le entregó los paquetes con destino a Aruba y que claramente lo instrumentalizó para ese fin criminal. Manifestaron que la denuncia obra en los folios 202 a 210 del expediente digital. Finalmente, reprochan que el Tribunal accionado no hubiera ejercido sus poderes

y que claramente lo instrumentalizó para ese fin criminal. Manifestaron que la denuncia obra en los folios 202 a 210 del expediente digital. Finalmente, reprochan que el Tribunal accionado no hubiera ejercido sus poderes probatorios de oficio para ingresar al acervo el medio de convicción que est imaba determinante para decidir sobre la privación injusta de la libertad que se discute, es decir, el expediente contentivo de las audiencias preliminares en el proceso penal; en lugar de trasladar indebidamente la carga a la parte actora. Agregaron que e s deber de las demandadas allegar al plenario los antecedentes administrativos y las pruebas que soportan la prosperidad de las excepciones.

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. En auto del 27 de septiembre de 2023, el despacho ponente admitió la acción de tutela presentada por Yamal Antar Zawady Ospino, Nancy Esther Macías Quiroga, Nohelia del Carmen Zawady Palacio, Rafael Abrahán Zawady Ospino y Alfredo Antonio Ospino Ariza, quienes actúan a través de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de La Guajira.

Además, vinculó en calidad de terceros, a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial; a la Fiscalía General de la Nación; a los señores Bertha Tulia Ospino Aroca, Paola Andrea Pineda Ospino, Kellys Johana López, Vanessa Nohemi Monroy Peña, Anuar Rafael Rodríguez Colón, Luis Enrique Ospino Aroca y Alfredo Ospino Contreras y al Juzgado Primero Administrativo de Riohacha, considerando su calidad de sujetos procesales dentro del proceso de reparación dir ecta 44001-33-40-001-201800117-01.

Primero Administrativo de Riohacha, considerando su calidad de sujetos procesales dentro del proceso de reparación dir ecta 44001-33-40-001-201800117-01. Finalmente, ofició al Juzgado Primero Administrativo de Riohacha para que surtiera la notificación de los terceros que conformaron la parte activa de la demanda de reparación directa y para que aportara la copia digital izada del expediente ordinario. 4.2. El Juzgado Primero Administrativo de Riohacha, por conducto de la titular del despacho, expuso que el alegado yerro por haber concedido el recurso de apelación en el auto del 29 de noviembre de 2022 es improcedente. Si la parte actora estaba en desacuerdo con el contenido del proveído debió recurrirlo oportunamente, su omisión hace improcedente la tutela frente al cargo por incumplir con el requisito de subsidiaridad.Radicado: 11001-03-15-000-2023-05180-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.3. El Tribunal Administrativo de La Guajira, por conducto d el ponente de la sentencia acusada, dijo que la acción de tutela carecía de relevancia constitucional porque se fundamenta en alegatos propios de la dinámica del litigio. Dijo que en el curso del proceso se garantizaron los derechos fundamentales de las pa rtes y la aplicación de los principios constitucionales pertinentes. Relativo a las causales especiales de procedibilidad dijo que el actor omitió indicar las modalidades en que presuntamente operó el defecto fáctico, pero

fundamentales de las pa rtes y la aplicación de los principios constitucionales pertinentes. Relativo a las causales especiales de procedibilidad dijo que el actor omitió indicar las modalidades en que presuntamente operó el defecto fáctico, pero que, en todo caso, aparece claro que su disenso se origina en una lectura parcial del de la sentencia objeto de censura. Advirtió que se equivoca la parte actora al declarar que no era su carga aportar al plenario el soporte de la audiencia de imposición de la medida de aseguramiento, pues el artículo 167 del Código General del Proceso (CGP) establece que corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, en esa medida si persiguen la declaración de responsabilidad del Estado debían probar la falla en el servicio y que la privación fue injusta. Aclaró que el parágrafo del artículo 175 del CPACA no es aplicable al caso particular en la medida de que el asunto no trata sobre antecedentes administrativos sino judiciales. Sin perjuicio de lo anterior, advierte que el a quo en ejercicio de su facultad probatoria de oficio requirió al Juzgado Segundo Penal de Riohacha para que allegara copia digital del expediente penal, pero no fue posible recaudar tal documental debido a la desidia de la parte actora y tal negligencia fue valorada en la sentencia. Dijo que la negligencia de la parte demandante se evidenciaba también en la omisión de usar las oportunidades probatorias de la segunda instancia para procurar la prueba necesaria para emitir fallo. Advirtió que la facultad probatoria de oficio del juez no tiene la finalidad de reemplazar las cargas probatorias de las partes y no es de recibo que a través

procurar la prueba necesaria para emitir fallo. Advirtió que la facultad probatoria de oficio del juez no tiene la finalidad de reemplazar las cargas probatorias de las partes y no es de recibo que a través de esa figura se promueva la negligencia de las partes. Es más, expuso que a pesar de la clara om isión probatoria de la demandante, el Tribunal hizo un esfuerzo por proceder con la valoración del caso particular y valoró todos los medios de prueba que hacían parte del expediente para determinar si estaban en armonía con los artículos 308 y 313 de la Ley 906 de 2004. En el análisis de la razonabilidad de la medida tomó en consideración la pena del delito por el que se le investigó, las circunstancias que rodearon la captura y la flagrancia, sin que se encontraran elementos que permitieran declarar la falla en el servicio de las demandadas. En tal virtud, recordó que para la imposición de la medida preventiva no era necesario que estuviera plenamente acreditada la responsabilidad penal (grado de probabilidad) dado que tal declaración corresponde a la eta pa del juicio oral y, en específico, de la sentencia (grado de certeza). Por lo anterior, concluyó que la sentencia acusada no es fruto de la arbitrariedad o capricho sino del análisis de las particularidades del caso, las pruebas que conforman el acervo y el marco normativo pertinente. Luego, elRadicado: 11001-03-15-000-2023-05180-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co hecho de que la parte actora no saliera favorecida con la sentencia no es óbice para habilitarle una nueva instancia procesal. De otra parte, resaltó que en el escrito de tutela se acusó la omisión de las pruebas del proceso, pero no se individualizaron los medios de convicción que se acusan como no apreciados y su incidencia en las resultas del proceso. 4.4. La Fiscalía General de la Nación no presentó informe, aunque fue debidamente notificada de la existencia de esta acción constitucional4.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 5, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herram ientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y así lo h a reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales6

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y así lo h a reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales6 y especiales7 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requisit os generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales de la acción. De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional 8 ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,

4 Samai, índice 8. La notificación se surtió en los siguientes buzones de correo: juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co ; jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co 5 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto». 6 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tu tela contra providencias judiciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos

que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada. 7 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución. 8 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.Radicado: 11001-03-15-000-2023-05180-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso. Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un

www.consejodeestado.gov.co cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso. Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la senten cia judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos y considerando que la acción de tutela se instaura contra una providencia judicial, corresponde a la Sala establecer si la solicitud supera los requisitos generales de procedibilidad desarrollados en la jurisprudencia constitucional.

De superar el anterior análisis, se determinará si al proferir la sentencia del 15 de marzo de 2023 en el proceso de reparación directa 44001-33-40-001-2018-00117-01, el Tribunal Administrativo de La Guajira incurrió en defecto fác tico, en defecto procedimental absoluto y en error inducido.

4. Los cargos por error inducido y defecto procedimental no superan el requisito de subsidiariedad. La tutela se utiliza para revivir oportunidades procesales 4.1. Del carácter subsidiario de la acción de amparo se deriva que los mecanismos ordinarios de defensa para la protección de los derechos no pueden ser desplazados o suplantados por la acción de tutela, claro está, siempre que estos sean idóneos y eficaces.

En consecuencia, la tesis de la Sección, expuesta en diversas sentencias, consiste en que, por regla general, cuando existe otro medio de defensa judicial, idóneo y eficaz, no es procedente la acción de tutela. Por supuesto, la

En consecuencia, la tesis de la Sección, expuesta en diversas sentencias, consiste en que, por regla general, cuando existe otro medio de defensa judicial, idóneo y eficaz, no es procedente la acción de tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del medio de defensa se definen en función del caso concreto, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentra el solicitante y, además, dependen de la existencia o no de un perjuicio irremediable, en los términos del numeral 1º del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Este requisito de procedibilidad ha sido desarrollado por la jurisprudencia constitucional, quien ha establecido que se incumple, por lo menos, en tres eventos9: a) cuando el asunto está en trámite; b) cuando no se han agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios; y c) cuando se usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico. 4.2. La Sala evidencia que los cargos por defecto procedimental y por error inducido no superan el requisito de subsidiariedad en tanto la acción de tutela se utiliza para revivir etapas procesales ya fenecidas, en las cuales el aquí accionante omitió ejercer los mecanismos judiciales idóneos para controvertir las decisiones que presuntamente afectaban su derecho al debido proceso.

9 Al respecto, Corte Constitucional, sentencias SU041 de 2018, SU695 de 2015 y SU-081 de 2020.Radicado: 11001-03-15-000-2023-05180-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En consideración de la parte accionante, los jueces de instancia erraron al conceder y, posteriormente, admitir el recurso de apelación que interpuso la Fiscalía General de la Nación contra la sentenci a condenatoria de primera instancia, porque, en su criterio, la entidad no acreditó la facultad de la coordinadora de la Unidad de Defensa Jurídica de la Dirección de Asuntos Jurídicos, Sonia Milena Torres Castaño, para ejercer la representación judicial de la entidad. Por lo anterior, considera que correspondía al ad quem tener a la parte demandante como apelante único con las consecuencias procesales que ello implica. Al respecto, es suficiente indicar que, si la parte demandante estimaba que el Tribunal Administrativo de La Guajira erró al admitir, en el auto del 9 de febrero de 2023, el recurso de apelación presentado por la Fiscalía General de la Nación, debió recurrirlo oportunamente. De acuerdo con el artículo 242 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), el recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo norma que disponga lo contrario. Como no se halla prohibición legal al respecto, se tiene que contra el auto que admite la apelación procede el recurso de reposición10. Entonces, la inconformidad de la parte demandante frente a la decisión de admitir la apelación de la Fiscalía General de la Nación contra la sentencia de condena de primera instancia debió exponerse a través del recurso d e

Entonces, la inconformidad de la parte demandante frente a la decisión de admitir la apelación de la Fiscalía General de la Nación contra la sentencia de condena de primera instancia debió exponerse a través del recurso d e reposición y dentro de los tres días siguientes a su notificación. No obstante, en el expediente no registra oposición alguna al auto del 9 de febrero de 2023 por lo que no era dable que se tuviera a la parte demandante como apelante único. 4.3. Finalmente, conviene recordar que la acción de tutela no puede ser utilizada para revivir oportunidades procesales o discutir inconformidades que no fueron planteadas a través de los mecanismos idóneos para tal propósito, pues implicaría desconocer las ritualidades pr opias de cada juicio, el equilibrio procesal, el derecho al debido proceso de las partes y los principios de autonomía e independencia judicial. Luego, se reitera, los cargos relativos a que se deje sin efectos la sentencia acusada, porque la litis solo de bió fijarse frente al recurso de la parte demandante y no al de la Fiscalía General de la Nación no superan el requisito de subsidiariedad.

5. Defecto fáctico: su alcance y análisis en el caso particular 5.1. El cargo por defecto fáctico supera los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judiciales 11 y por ello la Sala procederá con su análisis de fondo.

10 En la