CE - 010315000202305194001SENTENCIA20231127120549

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05194-00

Actor: Claudia Del Pilar Guachetá Herrera como agente oficiosa de Yaneth Rocío Castellanos Rayón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-05194-00

Demandante: CLAUDIA DEL PILAR GUACHETÁ HERRERA COMO

AGENTE OFICIOSA DE YANETH ROCÍO CASTELLANOS

RAYÓN

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN

“A”

Temas: Tutela contra providencia judicial . Medio de control de r eparación directa. Falla en el servicio médico. Defectos fáctico y procedimental por exceso ritual manifiesto. Requisito general de la relevancia constitucional cuando se acude como instancia adicional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del C onsejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por la señora Claudia del Pilar Guachetá Herrera , quien actúa como agente oficiosa de Yaneth Rocío Castellanos Rayón , contra la Sección Tercera,

La Sección Cuarta del C onsejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por la señora Claudia del Pilar Guachetá Herrera , quien actúa como agente oficiosa de Yaneth Rocío Castellanos Rayón , contra la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado , en la que pide el amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, supuestamente vulnerados con la decisión de 8 de mayo de 2023, mediante la cual se confirmó la decisión de primera instancia que ne gó las pretensiones del medio de control de reparación directa No. 68001 -23-33-0002013-00673-02.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la lectura de los expedientes de tutela y ordinario, se observan los siguientes hechos relevantes:

La señora Yaneth Castell anos Rayón, en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentó demanda contra del Hospital San Juan de Dios de Floridablanca E.S.E., Clínica Guana E.S.E. y Emdisalud EPS -En liquidación 1 -, con el fin de que se les declar ara solidaria y patri monialmente responsables por los perjuicios irrogados por la falla del servicio médico asistencial que le ocasionó la lesión en dos dedos de su mano derecha , las cuales se negaron atender y que conllevó a que se tuviera que realizar una reconstrucción de t endones y músculos flexores, que le genera una deformidad física.

1 En la actualidad ya se encuentra liquidada.Radicado: 11001-03-15-000-2023-05194-00

Actor: Claudia Del Pilar Guachetá Herrera como

flexores, que le genera una deformidad física.

1 En la actualidad ya se encuentra liquidada.Radicado: 11001-03-15-000-2023-05194-00

Actor: Claudia Del Pilar Guachetá Herrera como agente oficiosa de Yaneth Rocío Castellanos Rayón

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El Tribunal Administrativo de Santander, en fallo de 29 de septiembre de 2017, negó las pretensiones de la demanda , toda vez que no se probó que las lesiones sufridas en la mano derecha de la demandante se hubie sen derivado de una inadecuada prestación de los servicios médicos de los entes demandados, pues no hay registro de que cuando acudió por primera vez a la clínica Guane E.S.E. hubiera presentado alguna lesión en sus tendones y que por tal razón necesitara una atención distinta de la brindada. Adicionalmente, condenó en costas a la parte demandante.

La parte actora interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión. La Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, en fallo de 8 de mayo de 2023, la confirmó íntegramente.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela en defensa de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia , supuestamente vulnerados con la sentencia de 8 de mayo de 2023, proferida por la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado , mediante la cual se

fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia , supuestamente vulnerados con la sentencia de 8 de mayo de 2023, proferida por la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado , mediante la cual se confirmó la decisión del a quo que negó las pretensiones tendientes al pago de los perjuicios causados por las lesiones que se ge neraron en su mano , por una falla en el servicio médico.

Afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos fáctico y procedimental por exceso ritual manifiesto, con sustento en un supuesto “Yerro probatorio, toda vez que, se da por estab lecido que, los entes accionados actuaron con diligencia y cuidado el día 22 de febrero de 2010, día en que acudió al HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS …en la intervención a la paciente del SSS en Salud, lo anterior, puesto que, en momento alguno se le atendió a l a Señora CASTELLANOS RAYÓN por ORTOPEDIA, le dieron s í una orden para ello, cita que jamás fue posible frente al sistema de salud, como se manifestó en los hechos de la demanda. La accionante acudió a clínica Guane informándosele que debía ir al HOSPITAL G ONZÁLES VALENCIA a su cita por ortopedia, la accionante efectivamente acude al Hospital Gonzáles Valencia en donde se le informa que no la atienden que debe pedirla en la Clínica Guane de Floridablanca, y, así transcurrió el tiempo sin que fuera atendida, es ahí donde se evidencia la Falla Medica, toda vez que, solo hasta el 22 DE MAYO DE 2011 EL DR: Henry Trillos

transcurrió el tiempo sin que fuera atendida, es ahí donde se evidencia la Falla Medica, toda vez que, solo hasta el 22 DE MAYO DE 2011 EL DR: Henry Trillos Ortiz CIRUJANO GENERAL RM NO 12221879 LA REMITE A ORTO PEDIA, sin que sea atendida por este tipo de especialista, no obstante haber transcurrido 1 5 meses de estar solicitando el servicio de SSS ser revisada. Sin sospechar siquiera que ya fuera demasiado tarde para recuperar el movimiento de sus dedos 4 y 5. La accionante confiaba en que aun lograría recuperar el movimiento de sus dedos en su integri dad, solo fue con ocasión de la demanda de tutela que se interpuso contra los entes accionados que, la revisan los especialistas, en cumplimiento del fallo del 22 de Junio de 2011 dado por parte del JUEZ VII PENAL MUNICIPAL

CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS”.

Sostuvo que el médico Gabriel Zambrano Zambrano, adscrito a la clínica Guana E.S.E., afirmó que en el caso de la demandante no se siguió el protocolo médico establecido para su herida de la mano derecha.

Indicó que “ se vio en ese mal llamado pase o de la muerte¨ en el que, colocan al paciente de un lugar a otro de Institución de salud a Institución de salud , sin que sea atendida, es lo que los Jueces no logran ver en el caso de marras, ni el de I, ni el de II Instancia, ambos dan por concluido que , se actuó con la diligencia y el cuidado de un buen padre de familia, no logran evidenciar la culpa de los entesRadicado: 11001-03-15-000-2023-05194-00

el de II Instancia, ambos dan por concluido que , se actuó con la diligencia y el cuidado de un buen padre de familia, no logran evidenciar la culpa de los entesRadicado: 11001-03-15-000-2023-05194-00

Actor: Claudia Del Pilar Guachetá Herrera como agente oficiosa de Yaneth Rocío Castellanos Rayón

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accionados, la verdad no logra entenderse la razón por la cual ambas instancias dejan de observar que, la accionante tuvo que interponer una acción de tutela a fin de que le prestaran la atención, la accionante es madre cabeza de hogar, para el momento de los hechos y aun hoy , vive de su trabajo en casas de familia, debía mantener a sus hijos menores de edad, le resultaba, frustrante que no le prestaran atención no obstante los dolores que venía sufriendo en su mano, y, lo imposible que le resultaba ir logrando movimiento en sus dedos 4 y 5, de habérsele suministrado la DEBIDA ATENCI ÓN de parte de los galenos especializados y el área administrativa que nunca le dio la cita por ortopedia, es más, solo hasta el día 20 de mayo de 2011 es que un médico HENRY TRILLOS ORTIZ viene a remitirla a ortopedia, y, es que no se entiende como todos unos Jueces de la República con los estudios de caso, con la vasta experiencia en lo que respecta a justicia y equidad, inobservan aplicar los principios de la sano critica, y ante la evidencia de

a ortopedia, y, es que no se entiende como todos unos Jueces de la República con los estudios de caso, con la vasta experiencia en lo que respecta a justicia y equidad, inobservan aplicar los principios de la sano critica, y ante la evidencia de la negligencia con que se trató a esta Mujer, ostentan que el procedimiento fue diligente y cuidadoso, que la Mujer CASTEL LANOS RAY ÓN no asistió a pedir asistencia médica”.

Señaló que se diagnosticó presuntivamente una lesión tendón flexor dedos 4 y 5 y se ordenó valoración por ortopedia, sin embargo, la paciente solo acudió a buscar atención médica un año después de dicho d iagnóstico, esto es el 11 de mayo de 2011; en aquella oportunidad el médico general adscrito al hospital San Juan de Dios de Floridablanca le ordenó una consulta de ortopedia de carácter prioritario , la cual fue realizada en ese mismo centro hospitalario el 11 de mayo de 2011.

Agregó que se estableció que la paciente presentaba más de un año de evolución de su enfermedad consistente en trauma en falange proximal de 4 y 5 dedo s de la mano derecha, que fue suturada, con posterior aparición de limitación sev era para la flexión y extensión de los mismo, por lo que se ordenó remisión a ortopedia nuevamente.

Resaltó que la accionante “ perdió la oportunidad de mantener intactos sus tendones y músculos flexores de sus dedos 4 y 5 por cuanto no recibió tratamiento adecuado y oportuno por parte de los entes accionados, dado el Defecto Fatico en el materia probatoria, son ustedes como jueces Constitucionales los llamados a

tendones y músculos flexores de sus dedos 4 y 5 por cuanto no recibió tratamiento adecuado y oportuno por parte de los entes accionados, dado el Defecto Fatico en el materia probatoria, son ustedes como jueces Constitucionales los llamados a verificar la eficacia y operancia de los principios en tratándose de fundamental de I generación de Acceso a la Administración de Justicia, Debido proceso y primacía del derecho sustancial”.

Por último, manifestó que la salud es de interés público, por lo que , de acuerdo con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, no resulta procedente la condena e n costas, más aún cuando no se actuó con temeridad, por lo que mal puede condenársele por pretender la indemnización de los daños sufridos por la negligencia en la prestación del servicio médico.

3. Pretensiones

La accionante formuló las siguientes:

“PRIMERO: CONCEDER EL AMPARO DEPRECADO en garantía de derechos fundamentales a la Vida, la Salud, primacía del derecho sustancial, Acceso a la Administración de Justicia, Debido proceso y los que su Señoría consideré vulnerados, conforme a los principios del derecho Constitucional.

SEGUNDO: REVOCAR EL NUMERAL I DE LA SENTENCIA objeto de esta demanda de Tutela.Radicado: 11001-03-15-000-2023-05194-00

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TERCERO: REVOCAR EL NUMERAL I y II QUE CONFIRM Ó LA CONDENA EN COSTAS, por la segunda instancia, en contra de la parte demandante, en favor de las entidades públicas demandadas”.

4. Pruebas relevantes

En correo electrónico de 29 de septiembre de 2023, la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado remitió el enlace de acceso a l expediente digital que contiene las actuaciones del proceso de rep aración directa que adelantó la señora Yaneth Rocío Castellanos Rayón contra el Hospital San Juan de Dios de Floridablanca E.S.E., clínica Guana E.S.E. y Emdisalud EPS -En liquidación - (radicado No. 68001-23-33-000-2013-00673-02).

5. Trámite procesal

Por auto de 26 de septiembre de 202 3, la magistrada sustanciadora admitió la demanda de tutela interpuesta por la señora Claudia del Pilar Guachetá Herrera, quien actúa como agente oficiosa de Yaneth Rocío Castellanos Rayón, toda vez que se encuentra “ en deli cado estado de salud, en estado de indefensión para procurar su defensa ” y ordenó notificar a la autoridad judicial demandada, así como al Tribunal Administrativo de Santander, a la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Floridablanca, a la E.S.E. Clínica Gua ne, a la EPS Emdisalud -En liquidacióny a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Dios de Floridablanca, a la E.S.E. Clínica Gua ne, a la EPS Emdisalud -En liquidacióny a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 104875 a 104882 de 28 de septiembre de 2023 2 , con el fin de notificar a las partes.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”

En escrito de 29 de septiembre de 2023, el magistrado ponente pidió que se declare la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional.

Afirmó que la acción de tutela no tiene vocación de prosperidad, toda vez que el fallo atacado se fundó en la valoración de las pruebas legalmente allegadas al proceso, y en el estricto apego a las garantías sustanciales y procesales que informan el debido proceso.

Indicó que el caso que se somete a consideración del juez constitucional carece de relevancia constitucional, en tanto que el objetivo de la petición de amparo revela la intención de que se analicen de nuevo los supuestos bajos los cuales l a actora sostuvo que se configuró una falla del servicio por parte de los entes médicos demandados, para lo cual invocó los mismos argumentos expuestos en el recurso de apelación.

Resaltó que la decisión objetada dio cuenta de que la parte actora no alleg ó elementos de prueba que permitieran acreditar o inferir las supuestas fallas médico asistenciales referidas en la demanda, ni mucho menos probó la existencia

2

Resaltó que la decisión objetada dio cuenta de que la parte actora no alleg ó elementos de prueba que permitieran acreditar o inferir las supuestas fallas médico asistenciales referidas en la demanda, ni mucho menos probó la existencia

2 La parte accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes direcciones de correo electrónico: ces3secr@consejodeestado.gov.co, yanetrociocastellanosrayon@gmail.com; claudiasabiduria@hotmail.com, notifmmarin@consejodeestado.gov.co; kdiazl@consejodeestado.gov.co; notifjsachica@consejodeestado.gov.co; marialc_94@hotmail.com; notifmv elasquez@consejodeestado.gov.co; spamplonat@consejodeestado.gov.co, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, notificacionesjudiciales@clinicaguane.gov.co, notificacionesjudiciales@hospiflorida.gov.co, notificaciones@mandatoemdisalud.com, sectribadm@cendoj.ramajudicial.gov.co; sgtadminstd@notificacionesrj.gov.co; sg02tadminstd@notificacionesrj.gov.co y ventanillatriadmsan@cendoj.ramajudicial.gov.co.Radicado: 11001-03-15-000-2023-05194-00

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de un protocolo distinto establecido para este tipo de eventos, pues su actividad probatoria se limitó a aportar copia simple de las notas de la historia clínica de la

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de un protocolo distinto establecido para este tipo de eventos, pues su actividad probatoria se limitó a aportar copia simple de las notas de la historia clínica de la paciente, documento que, como se explicó, resultaba insuficiente para acreditar la supuesta falla del servicio médico asistencial, e igualmente, se valoró el testimonio del médico Gabr iel Zambrano, adscrito a la clínica Guane y quien realizó la transcripción de la historia clínica de la paciente y la declaración de parte de la demandante, lo cual no permitió llegar a una conclusión distinta a la ya referida.

Por último, mencionó que “en lo que refiere a la condena en costas, esta se basó en una disposición legal y un criterio objetivo que define la Ley 1437 de 2011 y el CGP, en sus artículos 188 y 365, respectivamente, por manera que el operador judicial determinó las agencias en derecho a cargo del vencido en el proceso, bajo los lineamientos que prevé la misma ley en materia de lo contencioso administrativo y no se trataba de un proceso donde se ventile un interés público, pues evidentemente la parte actora perseguía la indemnización d e unos derechos subjetivos”.

6.2. Respuesta de la ESE Hospital San Juan de Dios de Floridablanca

En oficio de 2 de octubre de 2023, el gerente de la entidad pidió que “ las pretensiones no deben recaer ” frente a la ESE, toda vez que el establecimiento hospitalario cumplió con la atención medica integral de la accionante, además que en el proceso de reparación directa no se probó la falla en la prestación del servicio médico.

pretensiones no deben recaer ” frente a la ESE, toda vez que el establecimiento hospitalario cumplió con la atención medica integral de la accionante, además que en el proceso de reparación directa no se probó la falla en la prestación del servicio médico.

6.3. Respuesta de la Empresa Mutual Para el Desarrollo Integral de la Salud E.S.S. E.P.S.-S – EDISALUD Liquidada

En correo electrónico de 29 de septiembre de 2023, el mandatario in dicó que la Empresa Mutual para el Desarrollo Integral de la Salud E.S.S. En LiquidaciónEmdisalud E.S.S. Eps -S (Hoy Liquidada) , cumplió con el deber de realizar todos los trámites tendientes a lograr la atención médica requerida por la paciente, no existiendo un nexo de causalidad entre la atención brindada y el daño alegado, por lo que la sentencia objetada se encuentra ajustad a a derecho, dado que , de acuerdo con los elementos materiales probatorios , no se logró concluir acerca del error del diagnóstico o del tratamiento.

Por último, manifestó que “como quedó consignado en el fallo judicial por parte del Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Adminis trativo Sección Tercera Subsección A, frente a este tipo de procesos de responsabilidad médico asistencial le corresponde a la parte actora acreditar los supuestos de hecho que estructuran los fundamentos de la misma; es decir, debe demostrar el daño, la falla en la prestación del servicio médico hospitalario y la relación de causalidad entre estos dos elementos”.

6.4. El Tribunal Administrativo de Santander , la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Floridablanca y la E.S.E. Clínica Guane , a pesar de que se les notificó

entre estos dos elementos”.

6.4. El Tribunal Administrativo de Santander , la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Floridablanca y la E.S.E. Clínica Guane , a pesar de que se les notificó en debida forma el auto admisorio de la acción de tutela, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 de l reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), laRadicado: 11001-03-15-000-2023-05194-00

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Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Cuestiones previas. De la agencia oficiosa invocada por la señora Claudia

del Pilar Guachetá Herrera

La Consti tución Política en el artículo 86 consagra que toda persona tendrá derecho a acudir a la acción de tutela para solicitar ante los jueces, en todo momento y lugar, por sí o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. Asimismo, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, establece:

de los derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. Asimismo, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, establece:

“Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.

También, se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud (…)”.

Para intervenir como agente oficioso en la acción de tutela, es necesario que tal manifestación sea exp resa o se infiera claramente que se actúa como agente oficioso de otra persona y que el agenciado se encuentre en imposibilidad de promover directamente la acción de tutela.

En el asunto bajo estudio, de conformidad con el referido marco normativo constitucional y legal, así como el alcance precisado por la jurisprudencia constitucional, la agencia oficiosa está acreditada teniendo en cuenta lo expuesto en el escrito de tutela relacionad o con “la imposibilidad de la accionante de hacer presencia encontrándose en delicado estado de salud, en estado de Indefensión para procurar la defensa de sus derechos fundamentales”, y las pruebas allegadas en el curso del mecanismo constitucional y en el expediente ordinario, respecto de las cuales se constató que la señ ora Yaneth Rocío Castellanos Rayón ha presentado otras acciones de tutela relacionad as con servicios médicos que

en el curso del mecanismo constitucional y en el expediente ordinario, respecto de las cuales se constató que la señ ora Yaneth Rocío Castellanos Rayón ha presentado otras acciones de tutela relacionad as con servicios médicos que necesita por los problemas de salud que tiene y que le dificulta la movilidad en sus extremidades superiores.

3. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado con la decisión de 8 de mayo de 2023, mediante la cual se confirmó el fallo de primera instancia que negó las pretensiones encaminadas a la declaratoria de responsabilidad por falla médica en el servicio , vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, al incurrir en los defectos fáctico y procedimental por exceso ritual manifiesto, al valorar erradamente la declaración de la señora Yaneth Rocío Castellanos Rayón y el médico Gabriel Zambrano, además que fue condenada en costas a pesar de que la salud es un asunto de interés público.

De manera previa, en razón a que fue invocado por la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado , la Sala deberá establecer si la acción de tutela cumple con el presupuesto de la relevancia constitucional.Radicado: 11001-03-15-000-2023-05194-00

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4. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones3.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho que de la actuación objeto de reproche constitucional se ad vierta una posible vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la sentencia T-310 de 20054, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, si n que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C -590 de 2005 sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional5.

sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional5.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de procedencia de la ac ción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala 6, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

1. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales . En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

1. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales . Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» .

Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

1. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio

1. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

1. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un

3 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017 -01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 4 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T -136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa. 5 Sala Plena del C onsejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012 -0220101. 6 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.Radicado: 11001-03-15-000-2023-05194-00

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mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

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mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

1. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía judicial.

5. Estudio y solución del caso concreto

5.1. La accionante manifestó que la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado con la decisión de 8 de mayo de 2023, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia , al incurrir en los defectos fáctico y procedimental por exceso ritual manifiesto , al valorar erradamente la declaración de la señora Yaneth R