CE - 010315000202305196001SENTENCIA20231030071845

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”

Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05196-00

Accionante: MÓNICA ALEJANDRA DÍAZ CHACÓN

Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial / medio de control de nulidad electoral / auto que rechaza por extemporáneo los recurso s de reposición y en subsidio el de súplica / defecto s sustantivo y procedimental por exceso ritual manifiesto

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora Mónica Alejandra Díaz Chacón, en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con el Decreto 333 del 2021.

I. ANTECEDENTES

La señora Mónica Alejandra Díaz Chacón, por conducto de apoderado judicial, interpone acción de tutela en contra de la Sección Quinta de esta corporación por la presunta vulneración de su s derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva ; así como de los

judicial, interpone acción de tutela en contra de la Sección Quinta de esta corporación por la presunta vulneración de su s derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva ; así como de los principios constitucionales de confianza legítima y seguridad jurídica, con fundamento en los siguientes:ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -05196 -00

Accionante: Mónica Alejandra Díaz Chacón

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1. HECHOS

1.1. Sostiene que en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, el señor José Manuel Abuchaibe Escolar y otro demandaron el Decreto 271 del 23 de julio de 2021 por medio del cual fue nombrada en el cargo de alcalde de la localidad Antonio Nariño.

1.2. El proceso por reparto correspondió al Tri bunal Administrativo de Cundinamarca, dependencia judicial que mediante sentencia del 30 de marzo de 2023 resolvió acceder a las súplicas de la demanda.

1.3. El 8 de junio de 2023, en sede de apelación, la hoy demandante solicitó la práctica de pruebas, requerimiento que fue rechazado por la Sección Quinta del Consejo de Estado mediante auto del 29 de junio de la presente anualidad, proveído que fue notificado por estado el 30 de junio del cursante.

solicitó la práctica de pruebas, requerimiento que fue rechazado por la Sección Quinta del Consejo de Estado mediante auto del 29 de junio de la presente anualidad, proveído que fue notificado por estado el 30 de junio del cursante.

1.4. Inconforme, la hoy accionante el 7 de julio de 2023 presentó recurso de reposición y en subsidio de súplica, los cuales fueron rechazados por extemporáneos a través del auto del 26 de julio de 2023.

1.5. Por lo anterior, la señora Día z Chacón presentó incidente de nulidad, petición que fue rechazada mediante proveído del 14 de agosto de 2023.

1.6. El 11 de septiembre de 2023, la autoridad judicial accionada resolvió negativamente la solicitud de adición y aclaración presentada por la actora respecto de la anterior decisión.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -05196 -00

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2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

Sostiene que la autoridad judicial accionada en la decisión cuestionada incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, puesto que rechazó por extemporáneos los recursos de reposición y en subsidio el de súplica , pese a que los presentó en término.

cuestionada incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, puesto que rechazó por extemporáneos los recursos de reposición y en subsidio el de súplica , pese a que los presentó en término.

Asimismo, manifiesta que adolece de defecto sustantivo, toda vez que no dio aplicación a lo dispuesto por el artículo 205 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el numeral 2° del artículo 52 de la Ley 2080 de 2021.

Por otra parte, considera que no era dable aplicar lo dispuesto en el auto de unificación del 29 de noviembre de 202 2, puesto que las reglas allí previstas son aplicables para la notificación de la sentencia escrita.

3. PRETENSIONES

Con fundamento en lo anterior, solicita:

«(…) PRIMERO: Se tutelen los derechos fundamentales vulnerados por la Sección Quinta del Consejo de Estado a la seguridad jurídica, confianza legitima, debido proceso - irregularidad procesal, igualdad, debido acceso a la administración de justicia y tutela jud icial efectiva por incurrir en un defecto procedimental absoluto, fáctico y material o sustantivo al haber actuado la accionada completamente al margen del procedimiento establecido vulnerando directamente la constitución política y principios generales co n el auto de fecha 26 de julio de 2023 que rechaza por extemporáneos los recursos de reposición y suplica contra el auto de 29 de junio que negó la solicitud de pruebas en segunda instancia, realizando una interpretación errónea del artículo 205 del CPACA.

SEGUNDO: Como consecuencia y derivado de la protección de derechos fundamentales SE

solicitud de pruebas en segunda instancia, realizando una interpretación errónea del artículo 205 del CPACA.

SEGUNDO: Como consecuencia y derivado de la protección de derechos fundamentales SE ORDENE al Consejo de Estado – Sección Quinta - despacho del Magistrado Luis Alberto Álvarez Parra que admita y le de el respectivo tramite a los recursos de reposición y suplica contra el auto de 29 de junio que negó la solicitud de pruebas en segunda instancia, recursos presentados en

termino el pasado 07 de julio de 2023 ajustado a las disposiciones del artículo 205 No. 2º del CPACA dentro del proceso de nulidad electoral con radicado No. 2500023410002021-00774-00ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -05196 -00

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TERCER: Que en adelante se conmine al Consejo de Estado – Sección Quinta a darle aplicación

al No. 2 del articulo 205 del CPACA conforme a los principios de conservación del derecho e interpretación.» (Sic a la cita)

4. INFORMES

Mediante auto del 25 de septiembre de 2023 se admitió la acción de tutela de la referencia y se ordenó notificar al Consejo de Estado – Sección Quinta como accionado y a la Procuraduría Séptima Delgada ante el Consejo de Estado, al Distrito Capital – Alcaldía Mayor de

tutela de la referencia y se ordenó notificar al Consejo de Estado – Sección Quinta como accionado y a la Procuraduría Séptima Delgada ante el Consejo de Estado, al Distrito Capital – Alcaldía Mayor de Bogotá y a los señores Javier Armando Solórzano Peñas, José Manuel Abuchaibe Escolar, Magda Edith Gu errero Bonilla como terceros interesados en las resultas del proceso.

4.1. La Sección Quinta del Consejo de Estado, por conducto del magistrado ponente de la decisión cuestionada, señaló que lo pretende la parte actora c on la interposición del mecanismo constitucional era reabrir un debate , para así desconocer el análisis interpretativo que tienen los jueces, incluso los de unificación, sobre las normas adjetivas, las cuales permiten a los respectivos medios de control garantizar, no solo el derecho al acceso de la administración de justicia, sino también, que esa impartición sea pronta, adecuada y célere de acuerdo con el mandato del constituyente sobre la materia.

Así las cosas, insistió en que la acción de tutela no debe ser una tercera instancia de los procesos ordinarios, toda vez que la Corte Constitucional ha insistido y afincado estrictos requisitos y exigencias cuando se trata de cuestionar vía tutelar las providencias judiciales.

Por otra parte, informó el auto objeto de reposición y súplica fue proferido el 29 de junio de 2023, notificado por estado fijado electrónicamente el 30 de junio de 2023, ello, de conformidad con loACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -05196 -00

Accionante: Mónica Alejandra Díaz Chacón

electrónicamente el 30 de junio de 2023, ello, de conformidad con loACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -05196 -00

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5 establecido en el artículo 201 del CPACA y 198 del CGP, toda vez que no era un proveído que deba notificarse personalmente.

En ese sentido, para el recurso de reposición, la parte actora contaba con el término de los tres (3) días dispuestos por el artículo 242 del CPACA, los cuales corrieron el 4, 5 y 6 de julio de 2023. Respecto al de súplica, los dos (2) días consagrados en el artículo 246 literal c) ídem, transcurrieron entre el 4 y 5 del mismo mes y año. No obstante, lo interpuso solo hasta el 7 de julio de 202 3, lo que permitió que se rechazaran por extemporáneos los recursos.

Por lo anterior, precis ó que el auto de unificación de l 29 noviembre de 2022 en sus consideraciones distinguió plenamente la forma de notificación de aquellas providencias que no requieren de notificación personal y las que sí, con lo cual, dio luces para diferenciar y armonizar los supuestos en cada caso.

Por lo expuesto, solicitó se niegue el amparo de tut ela debido a que no se demostró la vulneración de los derechos fundamentales

personal y las que sí, con lo cual, dio luces para diferenciar y armonizar los supuestos en cada caso.

Por lo expuesto, solicitó se niegue el amparo de tut ela debido a que no se demostró la vulneración de los derechos fundamentales invocados en la demanda.

4.2. No se rindieron más informes.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el problema jurídico se circunscribe a determinar si la Sección Quinta de esta corporación, al proferir la decisión del 26 de julio de 2023 por medio del cual rechazó por extemporáneos los recursos de reposiciónACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -05196 -00

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6 y en subsidio el de súplica dentro del proceso de nulidad electoral, incurrió en los defectos procedimental y sustantivo.

Previamente a lo anterior, se deberá determinar la procedencia de la acción de tutela contra la providencia judicial cuestionada.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

En términos generales y de acuerd o con la doctrina constitucional vigente1 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta corporación2, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la

En términos generales y de acuerd o con la doctrina constitucional vigente1 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta corporación2, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de

1 Corte Constitucional. Sentencia C-590-05. 2 Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-2009-0132801(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -05196 -00

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Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -05196 -00

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7 años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de p rocedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la presentación de la ac ción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que

sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) q ue no se trate sentencias de tutela. En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales especiales, indicando que la acción constitucional resulta procedente únicamente en aquellos eventos en los cuales, con ocasión de la actividad jurisdiccional, se vean afectados derechos fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la Constitución y (vi) desconocimiento del precedente.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -05196 -00

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2.1. En el presente caso, la pretensión de ampa ro constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que habilitan su interposición.

En efecto, (i) esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados se encuentran

cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que habilitan su interposición.

En efecto, (i) esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados se encuentran plenamente individualizados; (ii) la accionante no cuenta con recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional ; (iii) se advierte, igualmente, que la interposición del mecanismo constitucional se dio en un lapso razonable y proporcionado, pues no transcurrieron más de 6 meses, incluso, desde que se profirió de la decisión cuestionada (26 de julio de 2023 ) hasta la radicación de la acción de tutela ( 19 de septiembre de 2023 ); y (iv) el asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental como consecuencia de los defectos procedimental y sustantivo en que, presuntamente, incurrió la autoridad judicial cuestionada.

2.2. Del defecto procedimental

En aspectos generales, el defecto procedimental se origina cuando el juez o la autoridad que ejerce funciones jurisdiccionales actúa completamente al margen del procedimiento judicial establecido3. La jurisprudencia constitucional ha precis ado que este defecto puede configurarse bajo dos modalidades: (i) defecto procedimental absoluto, y (ii) defecto procedimental por exceso ritual manifiesto4.

3 Corte Constitucional. Sentencias C-590 de 2005 y T-367 de 2018. 4 Corte Constitucional, Sentencia SU-770 de 2014.ACCI ÓN DE TUT E L A

3 Corte Constitucional. Sentencias C-590 de 2005 y T-367 de 2018. 4 Corte Constitucional, Sentencia SU-770 de 2014.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -05196 -00

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9 En lo que refiere al defecto procedimental absoluto, ha dicho la Corte Constitucional que este s e materializa cuando el o los administrador(es) de justicia: «[…] “se aparta[n] por completo del procedimiento establecido legalmente para el trámite de un asunto específico, ya sea porque: i) se ciñe[n] a un trámite completamente ajeno al pertinente –desvía[n] el cauce del asunto -, o ii) omite[n] etapas sustanciales del procedimiento establecido legalmente, afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso” 5 o porque iii) “ pasa[n] por alto realizar el debate probatorio, natural en todo proceso, vulnerando el derecho de defensa y contradicción de los sujetos procesales al no permitirles sustentar o comprobar los hechos de la demanda o su contestación, con la consecuente negación de sus pretensiones en la decisión de fondo y la violación a los derechos fundamentales”6 […]».

En cuanto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, este ocurre cuando la autoridad judicial utiliza o concibe los procedimientos

consecuente negación de sus pretensiones en la decisión de fondo y la violación a los derechos fundamentales”6 […]».

En cuanto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, este ocurre cuando la autoridad judicial utiliza o concibe los procedimientos como obstáculo para la eficiencia del derecho sustancial, de tal manera que sus actuaciones generan una denegación de la justicia 7. Este defecto procedimental puede llegar afectar la prevalencia del derecho sustancial y el derecho a acceder a la administración de justicia cuando: i) se inaplican normas procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales de cada caso en concreto, ii) se exige cumplir requisitos formales de manera irracional, a pesar de que pueda tratarse de cargas imposibles de cumplir, siempre y cuando dicha circunstancia sea comprobada, iii) se incurre en un exceso de

5 Corte Constitucional, Sentencias T-327 de 2011, T-352 de 2012, T-398 de 2017 y T-367 de 2018. 6 Corte Constitucional, Sentencia T-620 de 2013. 7 Corte Constitucional, Sentencia T-053 de 2012.,ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -05196 -00

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10 severidad procedimental en la apreciación de las pruebas, iv) o se

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10 severidad procedimental en la apreciación de las pruebas, iv) o se omite el decreto oficioso de pruebas cuando a ello hay lugar8.

Según la jurisprudencia constitucional, la configuración tanto para el defecto procedimental absoluto como el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, en todos sus supuestos fácticos, también requieren: i) que trate de un error procedimental gra ve y trascendente que influya de manera cierta y directa con el fondo de la decisión; ii) que dicha deficiencia no pueda imputarse directa ni indirectamente a la persona que alega la vulneración al debido proceso; iii) que no se pueda corregir la irregularidad por ninguna otra vía; iv) que se haya alegado la irregularidad dentro del proceso, a no ser que ello hubiere sido imposible por la situación fáctica del caso; y v) que a consecuencia de todo lo anterior se vulneren derechos fundamentales9.

2.3. Del defecto sustantivo

De conformidad con la jurisprudencia constitucional 10, e l defecto material o sustantivo se origina en primer término, cuando la autoridad judicial, ya sea juez o tribunal que dicta sentencia, fundamenta su decisión en normas que son in existentes o inconstitucionales11, es decir, se da en los casos en que la autoridad judicial se basa en, “(i) una norma no aplicable al caso, ya sea, porque la norma,(a) no es pertinente de aplicación, (b) se empleó cuando fue derogada y como consecuencia perdió su vigencia, (c) es inexistente,

judicial se basa en, “(i) una norma no aplicable al caso, ya sea, porque la norma,(a) no es pertinente de aplicación, (b) se empleó cuando fue derogada y como consecuencia perdió su vigencia, (c) es inexistente, (d) ha sido declarada contraria a la Constitución, (e) está vigente y

8 Corte Constitucional, Sentencias, T-1306 de 2001, T-1323 de 2002, T-950 de 2003, T-973 de 2004, T-289 de 2005 y T-053 de 2012. 9 Corte Constitucional, Sentencias, C-590 de 2005, T-214 y T-053 de 2012, T-160 de 2013 y SU-770 de 2014. 10 Véase: Sentencias SU-647 de 2017, SU -072 de 2018, SU -168 de 2017, SU -210 de 2017, SU -567 de 2015, entre otras. 11 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -05196 -00

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11 es constitucional pero no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó, (ii) su interpretación no se encuentra dentro del mar gen de interpretación razonable o es errada, (iii) no se da aplicación a las

11 es constitucional pero no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó, (ii) su interpretación no se encuentra dentro del mar gen de interpretación razonable o es errada, (iii) no se da aplicación a las sentencias con efecto Erga Omnes, que son aquellas de aplicación general, (iv) la norma aplicada se torna injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución, y finalmente, (v) cuando un poder concedido al juez por el ordenamiento jurídico se utiliza para un fin no previsto en la disposición”12.

En segundo lugar, el defecto material o sustantivo se origina cuando en la estructura de la sentencia, se presenta una contradicci ón evidente y grosera entre la decisión y los fundamentos que la explican. En este orden de ideas, se produce cuando la decisión “(vi) se funda en una hermenéutica no sistémica de la norma, es decir, con omisión del análisis de otras disposiciones que regu lan el caso, (vii) cuando desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso en concreto,(viii) no se encuentra debidamente justificada y por ende afecta derechos fundamentales (ix) cuando sin un mínimo de argumentación se desconoce el precedente judicial, (x) y cuando el juez no aplica la excepción de inconstitucionalidad frente a una manifiesta violación de la Constitución” 13. Este defecto, se presenta ante situaciones excepcionales, por lo que se debe demostrar que la decisión judicial es irraz onable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa, pues de no ser así, la acción de tutela resultaría improcedente14.

ante situaciones excepcionales, por lo que se debe demostrar que la decisión judicial es irraz onable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa, pues de no ser así, la acción de tutela resultaría improcedente14.

12 Corte Constitucional. Sentencia SU-416 de 2015. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos. 13 Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos. 14 Corte Constitucional. Sentencia T-367 de 2018. Magistrada Ponente: Cristina Pardo Schlesinger.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -05196 -00

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3. Caso concreto

En el presente asunto, la parte actora reprocha el auto del 26 de julio de 2023 proferido por la Sección Quinta del Conse jo de Estado, por medio del cual rechazó por extemporáneo los recursos de reposición y en subsidio el de súplica dentro del proceso de nulidad electoral bajo radicado 25000-23-41-000-2021-00774-01.

De conformidad con el material probatorio que reposa en el expediente,15 la Sala observa lo siguiente:

1. El 8 de junio de 2023 la parte actora en sede de apelación solicitó prac tica de pruebas dentro del proceso de nulidad

De conformidad con el material probatorio que reposa en el expediente,15 la Sala observa lo siguiente:

1. El 8 de junio de 2023 la parte actora en sede de apelación solicitó prac tica de pruebas dentro del proceso de nulidad electoral relacionado previamente.

1. El 29 de junio de 2023 la Sección Quinta del Consejo de Estado resolvió rechazar la solicitud probatoria formulada por la hoy accionante, proveído que fue notificado por estado el 30 de junio de 2023.

1. A partir de lo anterior, se tiene que la autoridad judicial accionada procedió, a través del correo electrónico, a informar de la notificación por estado, en los siguientes términos:

15 Información que se extrae del documento 001_DemandaWeb_Demanda-.pdfACCI ÓN DE TUT E L A

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1. El 26 de julio de 2023, el despacho judicial accionado resolvió rechazar los recursos por extemporáneos, al considerar:

« (…) Desde la modificación de los artículos 201 y 205 del CPACA, efectuada por la Ley 2080 de 2021, en aquellos casos en que se llevaba a cabo la inserción d el estado electrónico y, acto seguido, el envío del mensaje de datos al correspondiente canal digital, la regla que sostenía hasta hace poco la Sección Quinta para efectos de determinar la oportunidad del recurso, conllevaba el cómputo inicial de los dos ( 2) días siguientes al envío de ese mensaje que establece el artículo 205, numeral 2º del citado estatuto procesal y, trascurridos estos, ahí sí se procedía a verificar el término del respectivo recurso.

Sin embargo, teniendo como referente una aproximación que sobre este aspecto procesal efectuó la Sala Plena de esta Corporación en un pronunciamiento reciente16, la Sección varió su posición bajo el entendido que la lectura armónica de las reglas establecidas en los artículos 201 y 205 del CPACA, es aquella conforme a la cual se sostiene que, si bien con posterioridad a la publicación del estado electrónico debe efectuarse el envío de un mensaje de datos, ello no

de las reglas establecidas en los artículos 201 y 205 del CPACA, es aquella conforme a la cual se sostiene que, si bien con posterioridad a la publicación del estado electrónico debe efectuarse el envío de un mensaje de datos, ello no trasmuta tal tipología de notificación en aquellas que trata el artículo 205 del referido estatuto.

Lo anterior, por cuanto se considera que el mensaje de datos que se envía acto seguido de la inserción del estado en la página web respectiva no tiene otra finalidad que alertar a los interesados, justamente, de la publicación que se hace en ese apartado digital, para que estos verifiquen la correspondiente anotación. Pero lo anterior no puede conllevar a desnaturalizar esta clase de notificación, de manera que, independientemente de existir una misiva electrónica que avisa sobre la publica ción del estado, es este último el medio de notificación en sí mismo, razón por la cual, a partir del día siguiente a su desfijación comienza a contar el plazo pertinente para la interposición de los recursos.

Así las cosas, el envío del mensaje de datos posterior a la publicación del estado no deviene en la remisión automática a las reglas establecidas en el artículo 205 del CPACA, comoquiera que este precepto realmente se aplica a aquellas decisiones que se notifican de manera personal. Desde luego , no se desconoce que los dos tipos de notificaciones aludidas –por estado y personal– tienen en común el uso de mensajes electrónicos, pero no puede pasarse por alto que desde la expedición del Decreto Legislativo 806 de 2020 –artículo 8 de dos (2) días d el artículo 205 ibidem, se aparejó exclusivamente a la notificación personal.

Bajo este panorama, se tiene que el auto objeto de reposición y súplica fue

días d el artículo 205 ibidem, se aparejó exclusivamente a la notificación personal.

Bajo este panorama, se tiene que el auto objeto de reposición y súplica fue proferido el 29 de junio de 2023, notificado por estado fijado electrónicamente el 30 del mismo mes y año18, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 201 19 de la Ley 1437 de 2011, toda vez que no es un auto que deba

16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 29 de noviembre de 2022, MP Stella Jeannette Carvajal Basto, Rad. 68001-23-33-000-2013-00735-02 (68177).ACCI ÓN DE TUT E L A Radi