CE - 010315000202305255001SENTENCIASENTENCIA20231019145516

Demandante: Juan Carlos García Rozo Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-05255-00

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-05255-00

Demandante: JUAN CARLOS GARCÍA ROZO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ

Temas: Tutela contra providencia judicial. Sanción moratoria e indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías a docente. Improcedencia por no cumpl ir con el requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir la acción de tutela de la referencia consagrada en la Constitución Política, artículo 86, y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, en consonan cia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

Mediante escrito radicado el 2 2 de septiembre de 2023 en el Sistema de Recepción de Tutelas y Habeas Corpus en línea de la Rama Judicial, el señor Juan Carlos García Rozo por intermedio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, con el fin de que le sean protegidos sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, a la garantía, a la seguridad social, a la igualdad, al acceso a la administrac ión de justicia, al principio de constitucional de la perpetuatio jurisdictionis, a la seguridad jurídica y al desconocimiento de precedente judicial vertical.

Consideró vulneradas dichas garantías con la providencia del 29 de junio de 2023, mediante la c ual el Tribunal Administrativo de Boyacá, confirmó la sentencia del 7 de diciembre de 2022 proferida por el Juzgado 3 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja que negó las pretensiones de la demanda dentro del proceso de nulidad y restablecimient o del derechoDemandante: Juan Carlos García Rozo Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-05255-00

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instaurado por el actor contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento de Boyacá.

1.2 Pretensiones.

En consecuencia, formuló la siguiente pretensión:

“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia proferida el día 6/29/2023, en el expediente rad. No. 15001333300320220003601, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABL E AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA

APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES 3 FORMALES DE

DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD,

ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO

CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la juris dicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en

administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado me diante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes.

(…)”.1

1.3. Hechos

La solicitud se sustenta en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:

El señor Juan Carlos García Rozo sostuvo que labora con la entidad territorial certificada en Educación del Departamento de Boyacá, después del año de 1990 , razón por la cual tiene derecho al reconocimiento y pago de cesantías por el régimen anualizado con pago de intereses cada año.

Señaló que el 1 5 de febrero del año 2021, no le fueron consignadas sus cesantías por parte del Ministerio de Educación Nacional (como patrono) al

1 Transcripción del original con posibles errores ortográficosDemandante: Juan Carlos García Rozo Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-05255-00

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Fomag – fondo al que pertenece como trabajador del Estado y que le corresponden por sus servicios prestados en el año 2020.

Afirmó que el 26 de julio de 2021 solicitó al departamento de Boyacá además de su pago, el reconocimien to de la sanción por mora establecida en el artículo 99 de la ley 50 de 1990 por la no consignación oportuna de sus cesantías causadas en el año 2020. Sin embargo, mediante acto administrativo de 29 de agosto de 2021 la entidad demandada le negó lo pedido.

Inconforme con la respuesta brindada por la entidad el señor Juan Carlos García Rozo presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto administrativo con el cual la entidad demandada negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías.

En primera instancia el asunto lo dirimió el Juzgado 3 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja que en sentencia de 7 de octubre de 2022 negó las pretensiones. En resumen, manifestó que, la parte d emandante no tiene derecho a que se le reconozca lo pretendido, como quiera que, el artículo 98 de la Ley 50 de 1990 no resulta aplicable a los docentes vinculados al FOMAG, en tal medida, como los supuestos de hecho señalados en dicha norma no se aplican al demandante, tampoco lo es la consecuencia jurídica

de la Ley 50 de 1990 no resulta aplicable a los docentes vinculados al FOMAG, en tal medida, como los supuestos de hecho señalados en dicha norma no se aplican al demandante, tampoco lo es la consecuencia jurídica allí prevista, esto es la sanción por mora por la consignación tardía de las cesantías anualizadas.

Por lo anterior, interpuso recurso de apelación el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que mediante providencia del 29 de junio de 2023 confirmó la anterior decisión. Dicho tribunal concluyó que las pretensiones no estaban llamadas a prosperar en atención a la existencia de un régimen especial que regula en forma expresa el trámite de reconocimiento de cesantías e intereses a las cesantías de servidores públicos docentes que están afiliados al FOMAG sin que pueda ser objeto de aplicación en el mismo los tramites de la Ley 50 de 1990.

1.4. Sustento de la vulneración

El accionante manifestó que la acción de tutela contra providencias judiciales está concebida como un procedimiento cautelar que garantiza la efectividad del derecho fundamental al debido proceso de otro proceso judicial, en el que se ha vulnerado presuntamente este de recho, por lo que se trata de una pretensión de prevención y protección. Agregó que este recurso de amparo ostenta el carácter de excepcional y residual, procurando que cuando no exista otro medio de defensa, se pueda garantizar la aplicación de los derechos fundamentales en el proceso principal y se le prohíbe pronunciarse sobre el asunto de fondo lo cual es de competencia del juez de conocimiento.Demandante: Juan Carlos García Rozo

Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá

derechos fundamentales en el proceso principal y se le prohíbe pronunciarse sobre el asunto de fondo lo cual es de competencia del juez de conocimiento.Demandante: Juan Carlos García Rozo Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-05255-00

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Expresó que cumple con los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela y en especial se refirió a la relevancia constitucional. Para lo cual mencionó una sentencia del 29 de julio de 2019 emitida por la Sección Tercera, Subsección C de esta Corporación en la cual se superaba el análisis de este requisito por cuanto el asunto recaía sobre una vulneración de derechos fundamentales tales como igualdad, debido proceso, seguridad social y la obligatoriedad de seguir el precedente, de conformidad con el principio de favorabilidad.

Señaló que el eje central del recurso de amparo consiste en la vulne ración que existe en contra de los docentes, pues al no poder disponer del auxilio de cesantías, se está transgrediendo el derecho fundamental de la seguridad social, y es que esta prestación social es una modalidad de protección del trabajador cesante y s u familia, de conformidad con los artículos 42 y 48 de la Constitución Nacional.

Manifestó que los docentes se encuentran en la categoría de empleados públicos, razón por la cual, no es admisible la distinción con los demás servidores públicos a que sus prestaciones sociales sean canceladas en tiempo, como lo es, el auxilio de cesantías, y que una interpretación

públicos, razón por la cual, no es admisible la distinción con los demás servidores públicos a que sus prestaciones sociales sean canceladas en tiempo, como lo es, el auxilio de cesantías, y que una interpretación contraria, conllevaría una restricción en la posibilidad de gozar de la garantía del pago oportuno del auxilio de cesantías y, a su vez, de las p rotecciones ya mencionadas que se derivan de esa prestación, lo que conlleva una connotación de relevancia constitucional, ya que se está vulnerando el derecho a la igualdad de los docentes, respecto de otros servidores públicos.

1.5. Trámite

Por auto del 25 de septiembre de 2023, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela y ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Boyacá, para que, si lo consideraban del caso, intervinieran en el presente proceso en calidad de accionados.

Asimismo, se dispuso vincular como terceros interesados al Juzgado 3 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja y al Ministerio de Educación Nacional – Fondo de prestaciones sociales del Magisterio y a la gobernación de Boyacá para que efectú en las manifestaciones que consideren pertinentes.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Tribunal Administrativo de Boyacá. Solicitó declarar improcedente la acción de tutela negar el amparo deprecado en razón a que no cumple con el requisito de relevancia constitucional.

Expresó que la discusión propuesta en la acción de tutela se limitó a la aplicación de unas normas que prevén una sanción moratoria, la cual tiene

requisito de relevancia constitucional.

Expresó que la discusión propuesta en la acción de tutela se limitó a la aplicación de unas normas que prevén una sanción moratoria, la cual tiene un alcance estrictamente monetario y no afecta sus derechos al mínimo vitalDemandante: Juan Carlos García Rozo Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-05255-00

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ni a la seguridad social.

Señaló que la Corte constitucional advirtió que la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías no es un derecho fundamental ni está ligado a la satisfacción de una garantía constitucional.

1.6.2. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL . Mediante comunicación emitida por el jefe de la Oficina Jurídica de dicho ministerio solicito se declare improcedente la acción de tutela por cuanto el actor no logra edificar una fundamentación clara sobre la concreta relevancia constitucional aducida y a que no se demuestra que la presunta vulneración de sus garantías compromete gravemente la existencia o supervivencia del accionante.

Señala que en este caso en particular se presenta un debate procesal estrictamente económico que involucra intereses pri vados, situación que excede la competencia del juez de tutela.

1.6.3 FIDUPREVISORA S.A. (Como Administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio) a través de su Coordinadora de tutelas solicitó declarar improcedente la acción de y a su vez sea

1.6.3 FIDUPREVISORA S.A. (Como Administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio) a través de su Coordinadora de tutelas solicitó declarar improcedente la acción de y a su vez sea desvinculada por no estar legitimada por pasiva.

Adujo que la acción de tutela es improcedente ya que se está utilizando este mecanismo con el ánimo de invalidar actuaciones procesales realizadas con anterioridad mediante el ejercicio de esta acción.

Señaló que por disposición del Decreto 1582 de 1998, artículo 2, las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990 podrán administrar en cuentas individuales los recursos para el pago de las cesantías. Esta modalidad de adm inistración corresponde exclusivamente a las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990, no así para el FOMAG, que se creó mediante la Ley 91 de 1989 bajo el principio de unidad de caja y, por tanto, las cesantías de los docentes no se administran en cuentas individuales.

Expresó que “teniendo en cuenta que el procedimiento involucra los recursos de las cesantías y sus intereses, se puede concluir que anualmente se realiza la actividad operativa de la liquidación de las cesantías, ya que los recursos están inmersos en el FOMAG antes del 1 de febrero de cada vigencia, bajo el principio de unidad de caja. Esta actuación es probatoriamente demostrable en la medida en que Fiduprevisora S.A., en su calidad de vocera y administradora del FOMAG, emite comunicados a las diferentes Secretarías de Educación Certificadas y a los encargados de las

probatoriamente demostrable en la medida en que Fiduprevisora S.A., en su calidad de vocera y administradora del FOMAG, emite comunicados a las diferentes Secretarías de Educación Certificadas y a los encargados de las oficinas de prestaciones económicas de las entidades territoriales, sobre la fecha de entrega del reporte de cesantías para pago de intereses en la primera nómina de cada vigencia”

Concluyó manifestando que: Demandante: Juan Carlos García Rozo Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-05255-00

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“1.El compendio normativo en el cual se sustenta el FOMAG, cuyas normas fueron puntualmente citadas, no contempla la posibilidad de la apertura de cuentas individuales para cada uno de los afilia dos, configurándose así la imposibilidad jurídica de acudir a su creación por vía de una orden judicial, como lo pretende el demandante, pues el FOMAG se rige por el principio de unidad de caja expresamente dispuesto para su administración.

2.Ante la impo sibilidad física y jurídica de apertura de cuentas individuales para cada docente afiliado al FOMAG, la imposibilidad se extiende a la figura de la “consignación de cesantías”. En lugar de una consignación, los docentes tienen la posibilidad de retirar sus cesantías siempre que su solicitud cumpla con el lleno de los requisitos de ley.

3.Teniendo en cuenta las anteriores precisiones, no podría configurarse la

docentes tienen la posibilidad de retirar sus cesantías siempre que su solicitud cumpla con el lleno de los requisitos de ley.

3.Teniendo en cuenta las anteriores precisiones, no podría configurarse la sanción moratoria contemplada en la Ley 50 de 1990, artículo 99, para el escenario del FOMAG, ya q ue lo que pena la ley en mención es la consignación inoportuna de las cesantías y, al estar vedada la posibilidad de la consignación de las cesantías de los docentes del FOMAG, de contera se descarta algún tipo de sanción”2

1.6.4. Juzgado 3 Administrativo del Circuito Judicial de Tunja. Se limitó al envío del expediente digital sin efectuar pronunciamiento alguno.

1.6.5 El departamento de Boyacá pese a ser notificado en debida forma guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, 2.2.3.1.2.1 numeral 5° del Decreto 1069 de 2015, modificado por el numeral 1° del Decreto 333 de 2021 y 25 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación. 2.2. Cuestión Previa

La FIDUPREVISORA S.A. (Como Administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio) a través de su Coordinadora de tutelas solicitó ser d esvinculada del proceso por no estar legitimada por pasiva, se anuncia que esta petición será denegada con fundamento a que

Prestaciones Sociales del Magisterio) a través de su Coordinadora de tutelas solicitó ser d esvinculada del proceso por no estar legitimada por pasiva, se anuncia que esta petición será denegada con fundamento a que su llamado a este trámite se hizo en calidad de tercero con interes.

2 Transcripción del original con posibles erroresDemandante: Juan Carlos García Rozo Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-05255-00

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2.3. Problema jurídico Corresponde a la Sala analizar si la so licitud de tutela cumple con los requisitos de procedibilidad adjetiva y, de superarse lo anterior, deberá verificar si el Tribunal Administrativo de Boyacá, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, garantía a la seguridad social, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, al principio constitucional de la perpetuatio jurisdictio nis, al principio de seguridad jurídica y al desconocimiento de precedente judicial vertical , al presuntamente incurrir en defecto sustantivo. Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de la Sección sobre la proced encia de la acción de tutela contra decisiones judiciales ; ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y finalmente, de encontrarse superados se estudiará, iii) el fondo del reclamo.

criterio de la Sección sobre la proced encia de la acción de tutela contra decisiones judiciales ; ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y finalmente, de encontrarse superados se estudiará, iii) el fondo del reclamo. 2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 20123, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella concluyó:

“…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, ante s y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique t al criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.”4 (Negrilla fuera de texto)

Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las a cciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún

su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las a cciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental , observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

3 Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001 -03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela

• Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.

4 Ibídem.Demandante: Juan Carlos García Rozo Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-05255-00

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Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y e xcepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente ad entrarnos en el

generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente ad entrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea relevante constitucionalmente, ii) que no se tra te de tutela contra tutela; iii) inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cu mpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.5. Estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad

una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.5. Estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad

En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que la Corte Cons titucional en la sentencia SU -215 de 2022 reiteró que este presupuesto “protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso a dicional para reabrir debates meramente legales” y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:

“(...) (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o deDemandante: Juan Carlos García Rozo Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-05255-00

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contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique r azonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.” (Destacado por la Sala)

desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.” (Destacado por la Sala)

En concordancia con lo anterior, dicha Corte indicó en la sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019 que “la controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no meramente legal y/o económico” y que según la jurisprudencia constitucional, las discusiones de orden legal, es decir, las relativas a un derecho de índole económico5 deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite6, comoquiera que “le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma imprudente en asuntos de carácter netamente legal o reglamentario”7, so pena de involucrarse en cuestiones que le corresponden definir a otras jurisdicciones.

Señaló que el carácter irrenunciable de las cesantías está relacionado con su naturaleza de prestación social, cuya finalidad es el auxilio de la persona que se queda temporalmente en situación de desempleo. Por tanto, “solo en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva a la vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador”.

Por tanto, el reconocimiento y pago de las cesantías representan un derecho inalienable para el trabajador, y su falta de pago implica una violación de garantías constitucionales de carácter fundamental como el derecho al mínimo vital y la seguridad social. No obstante, es importante aclarar que no

inalienable para el trabajador, y su falta de pago implica una violación de garantías constitucionales de carácter fundamental como el derecho al mínimo vital y la seguridad social. No obstante, es importante aclarar que no se aplica el mismo principio a la cuantía relacionada con la penalidad por la sanción moratoria cuando el empleador no realiza el depósito de las cesantías en el plazo estipulado. Esto se debe a que dicho monto tiene un carácter eminentemente sancionatorio y legal, lo que excluye la intervención del juez constitucional.

En tales condiciones, se advierte que la controversia planteada por el señor Juan Carlos García Rozo versa sobre una cuestión de interpretación meramente legal, que no impacta la garantía de derechos fundamentales sino patrimoniales, por cuanto considera que el Tribunal Administra tivo de Boyacá, en la providencia de 29 de ju nio de 2023, vulneró los derechos fundamentales invocados tras confirmar la decisión de primera instancia.

Esto, debido a que se negaron las pretensiones de la demanda dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió en

5 “No en todos los eventos en que se denuncie el desconocimiento de los derechos al acceso a la administración de justicia y debido proceso se está ante un asunto relevante constitucionalmente, pues si el reclamo se vincula de manera irrestricta a la satisfacción de una pretensión de contenido económico, la discusión carecerá de tal relevancia.” 6 “Sentencia T-606 de 2000.” 7 “Ibid.2”Demandante: Juan Carlos García Rozo Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-05255-00

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7 “Ibid.2”Demandante: Juan Carlos García Rozo Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-05255-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

su condición de docente, con el propósito de obtener el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 19908, así como la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías, según el artículo 1º de la Ley 52 de 19759.

De modo que el objeto del debate se centra en que, a juicio de l tutelante, la normativa que regula la liquidación anual de las cesantías de los servidores públicos también aplica a los educa dores oficiales y, p