CE - 010315000202305259001SENTENCIA20231027134024

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05259-00

Demandante: JORGE AUGUSTO BENITO VÁSQUEZ

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-05259-00

Demandante: JORGE AUGUSTO BENITO VÁSQUEZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ

Temas:

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL –

REQUISITOS GENERALES DE PROCEDIBILIDAD.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA Decide la Sala la acción de tutela presentada, mediante apoderado, por el señor Jorge Augusto Benito Vásquez contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, de conformidad con lo establecido en el Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones El señor Jorge Augusto Benito Vásquez interpuso acción de tutela contra la citada autoridad judicial, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones El señor Jorge Augusto Benito Vásquez interpuso acción de tutela contra la citada autoridad judicial, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia .

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones : «1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia proferida el día 6/12/2023, en el expediente rad. No. 15001333300 820220012901, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, del (la) accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante juris prudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte

DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes: (…).»Radicado: 11001-03-15-000-2023-05259-00

Demandante: JORGE AUGUSTO BENITO VÁSQUEZ

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2. Hechos:

De la demanda de tutela, se indican como hechos relevantes los siguientes:

El señor Jorge Benito Vásquez labora con la entidad territorial certificada en Educación del departamento de Boyacá desde 1990.

El demandante afirmó que el Ministerio de Educación Nacional no consignó en el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG (en adelante FOMAG) las cesantías del año 2020 en la fecha prevista legalmente, es decir, a más tardar el 15 de febrero del año 2021.

Que, el 3 de agosto de 2021, le solicitó al Ministerio de Educación el pago de las

del año 2020 en la fecha prevista legalmente, es decir, a más tardar el 15 de febrero del año 2021.

Que, el 3 de agosto de 2021, le solicitó al Ministerio de Educación el pago de las cesantías del año 2020 y el reconocimiento de la sanción moratoria por consignación tardía en el FOMAG con fundamento en el régimen establecido en el artículo 99 de la Ley 50 de 19 90, que fue resuelta de manera negativa, mediante acto administrativo 1.2.5.1.1-38 de 26 de agosto de 2021.

Por lo anterior, el demandante presentó el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y el departamento de Boyacá – Secretaría de Educación de Boya cá, con la finalidad de que se declare la nulidad del mencionado acto administrativo y en su lugar se ordene el reconocimiento y pago de la de la sanción moratoria por consignación tardía de las cesantías.

El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Tunja , en sentencia del 12 de diciembre de 2022, negó las pretensiones de la demanda al considerar que, en materia de cesantías e intereses a las cesantías docentes, el sistema jurídico consagró un régimen especial previsto en la Ley 91 de 1989 y que, por tanto, resulta incompatible aplicar las normas dispuestas en la Ley 50 de 1990 y Ley 52 de 1975, tampoco hay lugar al reconocimiento de la indemnización por pago tardío de los intereses a las cesantías.

El Tribunal Administrativo de Boyacá, en sentencia del 12 de junio del 2023, confirmó la

lugar al reconocimiento de la indemnización por pago tardío de los intereses a las cesantías.

El Tribunal Administrativo de Boyacá, en sentencia del 12 de junio del 2023, confirmó la decisión del juzgado , al considerar que el demandante se encuentra en un régimen especial de cesantías contenido en la Ley 91 de 1989, la cual no estipuló un plazo máximo para consignar las prestaciones ni para pagar sus intereses. Explicó que la Ley 50 de 1990 que contempla la sanción moratoria, no es aplicable al régimen docente, debido a que dicha ley se expidió con posterioridad, además que los supuestos fácticos exigidos en aquella norma no pueden evidenciarse en los docentes.

3. Argumentos de la tutela

A juicio de la parte actora, el tribunal demandado con la decisión de segunda instancia, vulneró los derechos fundamentales invocados e incurrió en los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente judicial, con fundamento en las razones que se pasan a señalar.Radicado: 11001-03-15-000-2023-05259-00

Demandante: JORGE AUGUSTO BENITO VÁSQUEZ

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Manifestó que se incurrió en defecto sustantivo , pues, a su juicio, la autoridad

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Manifestó que se incurrió en defecto sustantivo , pues, a su juicio, la autoridad demandada no tuvo en cuenta que el Decreto 1582 de 1998 1 extendió el sistema de cesantías del sector privado, esto es, la Ley 50 de 1990, a los empleados del sector público del nivel territorial, vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996. Que, por lo tanto, los empleados públicos del nivel territorial quedaron cobijados por la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Expresó que, si bien los docentes gozan de un régimen prestacional especial en virtud de los principios de favorabilidad, igualdad y condición más beneficiosa, a los docen tes se les debe aplicar las normas del régimen general pues es en el que se establece la sanción moratoria, por consignación tardía de las cesantías en el fondo.

Respecto al desconocimiento del precedente judicial, manifestó que se desatendió lo estipulado por la Corte Constitucional en las sentencias de unificación SU-098 de 2018, SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020 y las sentencias del Consejo de Estado, en las que se definió que la Ley 50 de 1990 le resulta aplicable a los docentes vinculados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y, por ello, tienen derecho al reconocimiento de la sanción por mora derivada de consignación tardía de las cesantías anuales, entre ellas citó como desconocidas las siguientes sentencias de la Sección

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y, por ello, tienen derecho al reconocimiento de la sanción por mora derivada de consignación tardía de las cesantías anuales, entre ellas citó como desconocidas las siguientes sentencias de la Sección Segunda de esta Corporación del 6 de agosto de 2020 2, 24 de enero de 2019 3, 29 de julio de 20194, 2 de diciembre de 2019 5, 10 de junio de 2020 6, 22 de octubre de 2020 7, 12 de noviembre de 2020 8, 17 de junio de 2021 9, 4 de noviembre de 2021 10, 25 de noviembre de 2021 11, 11 de noviembre de 2021 12, 20 de enero de 2022 13, 3 de marzo

1 Que reglamentó el régimen de cesantía de la Ley 344 de 1996, ley que la actora estimó aplicable por virtud del Decreto 1252 d e 2000. 2 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de agosto de 2020, Exp. 08001-23-33000-201300666-01 (0833-16), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 3 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 24 de enero de 2019, Exp. 76001 -23-3100020090086701 (4854-2014), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 4 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de julio de 2019, Exp. 11001 -0315000-201803499-01, C.P. Nicolás Yepes Corrales.

C.P. Sandra Liseth Ibarra. 4 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de julio de 2019, Exp. 11001 -0315000-201803499-01, C.P. Nicolás Yepes Corrales. 5 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de diciembre de 2009 , Exp. 08001 23 33 000 2014 00173 -01 (1688-16), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas 6 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de junio de 2020 , Exp. 08001-23-33000-201400208-01(0324-2016), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 7 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de octubre de 2020, Exp. 08001-23-31000-201400254-01(4960-2017), C.P. William Hernández Gómez. 8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de noviembre de 2020 , Exp. 08001 -23-33000-201400132-01, C.P. William Hernández Gómez. 9 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 17 de junio de 2021, Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979 –2017), C.P. Gabriel Valbuena Hernández y Exp. 08001 -23-33000-201500331-01), C.P. César Palomino Cortés. 10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de noviembre de 2021, Exp. 19001-23-33000-20150044502(0483-20), C.P. William Hernández Gómez.

10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de noviembre de 2021, Exp. 19001-23-33000-20150044502(0483-20), C.P. William Hernández Gómez. 11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 2021 , Exp. 08001-23-33000-201401127-01 (10022021), C.P. Sandra Liseth Ibarra; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 2021 , Exp. 40001-2340000-201700134-01 (2208-2020), C.P. William Hernández Gómez. 12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de 2021 , Exp. 080001-2340-000-201590008-01 (23872020), C.P. William Hernández Gómez; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de 2021 , Exp. 080001-2340-000-201490022-01 (5154-2016), C.P. Gabriel Valbuena Hernández. 13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 20 de enero de 2022, Exp. 080001-2333-000-201700931-01 (1001-2021), C.P. Gabriel Valbuena HernándezRadicado: 11001-03-15-000-2023-05259-00

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4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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de 202214, 28 de abril de 202215, 9 de mayo de 202216, 19 de mayo de 202217, 1 de julio de 202218, 22 de agosto de 202219 y 22 de septiembre de 202220.

Agregó que, el Consejo de Estado, en un reciente pronunciamiento del 23 de marzo de 2023 analiz ó un caso con una idéntica naturaleza, en el que dio por superados los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela y, de manera específica, consider ó que el juzgador de segunda instancia incurrió en d esconocimiento del precedente, con fundamento en lo cual, solicitó se profiera sentencia de tutela en igual sentido dentro del presente asunto.

Adujo que las sentencias citadas no fueron tenidas en cuenta en la providencia objeto de tutela, ni sobre ellas hubo algún tipo de pronunciamiento al interior del proceso ordinario.

Finalmente, destacó que el tribunal demandado también desatendió sentencias dictadas por diferentes juzgados y tribunales administrativos del país, que, según dice, junto con las provi dencias ya citadas, reconocieron la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes públicos.

4. Trámite previo

por diferentes juzgados y tribunales administrativos del país, que, según dice, junto con las provi dencias ya citadas, reconocieron la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes públicos.

4. Trámite previo Mediante auto del 26 de septiembre de 2023, se admitió la acción de tutela, se ordenó notificar a las partes, al Juzgado Octavo Administrativo de Tunja, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al Departamento de Boyacá y a la Fiduprevisora, como terceros interesados en el resultado del proceso a quienes se les remitió copia del proceso. Asimismo, ordenó publicar en la página web del Consejo de Estado la providencia para el conocimiento de todos los terceros interesados y ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa

Jurídica del Estado.

5. Oposiciones

El Tribunal Administrativo de Boyacá por intermedio del ponente de la decisión objeto de reproche, solicitó que se declare la improcedencia de l amparo o en su defecto, se nieguen sus pretensiones , en ausencia de la vulneración alegada, dado que conforme a lo señalado en el escrito inicial se evidencia que lo pretendido por el demandante es convertir la solicitud de amparo en una instancia adicional al proceso ordinario.

Explicó que no se configuró el defecto sustantivo, puesto que el Tribuna l de manera expresa analizó y desestimó en el fallo el argumento relacionado con el presunto

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 3 de marzo de 2022, Exp. 080001-2333-000-201500075-01 (2660-2020), C.P. William Hernández Gómez.

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 3 de marzo de 2022, Exp. 080001-2333-000-201500075-01 (2660-2020), C.P. William Hernández Gómez. 15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de abril de 2022 , Exp. 76001-23-33000-201300756-01 (2224-2020), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter. 16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de mayo de 2022, Exp. 080001-2340-000-201700795-01 (2659-2020), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. 17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022, Exp. 47-001-2333-000-201900359-01 (4004-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022, Exp. 47-001-2333-000-201900376-01 (4462-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de agosto de 2022, Exp. 08001-23-33000-201500509-01 (2140-2020), C.P. César Palomino Cortés. 20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de septiembre de 2022, Exp 08001 -23-33000-201590124-01 (23942020), C.P. César Palomino Cortés.Radicado: 11001-03-15-000-2023-05259-00

Demandante: JORGE AUGUSTO BENITO VÁSQUEZ

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desconocimiento de principio de favorabilidad en materia laboral, así como el derecho a la igualdad.

Indicó que el fallo ataco realizó un amplio análisis legal y jurisprudencial, tanto de la normatividad aplicable al docente respecto de sus cesantías anualizadas, como de los elementos necesarios para la configuración de la sanción moratoria y su incompatibilidad con el régimen docente oficial.

6. Intervenciones El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja consideró que existe una falta de legitimación por parte del juzgado, puesto que el accionante está alegando una presunta vulneración de derechos únicamente por parte del Tribunal Administrativo de Boyacá con ocasión de la sentencia de 12 de junio de 2023.Adicionalmente, estimó que la acción de tutela en cuestión debe negarse, por cuanto no se argumenta la vulneración de derechos fundamentales, sino que centra su inconformidad con l a segunda instancia del proceso ordinario, lo que resulta improcedente puesto que la acción de tutela no está concebida como una tercera instancia para reabrir debates ya concluidos.

inconformidad con l a segunda instancia del proceso ordinario, lo que resulta improcedente puesto que la acción de tutela no está concebida como una tercera instancia para reabrir debates ya concluidos. Por su parte la sociedad Fiduprevisora S.A. en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, manifestó que no se argumentó adecuadamente la configuración de las causales genéricas y específicas de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial, po r lo que la intención de la tutela es invalidar actuaciones procesales realizadas con anterioridad. Además, el precedente SU-098 de 2018 no es aplicable al caso porque en él se resuelven situaciones fácticas diferentes. En consecuencia, la tutela es improcedente porque los jueces que conocieron del proceso actuaron conforme a su deber constitucional y legal sin desconocer los precedentes relacionados con el tema objeto de la demanda. Adujo que la administración de los recursos para el pago de cesantías en cuentas individuales corresponde exclusivamente a las entidades administradoras creadas por la Ley 50 de 1990, y no para el FOMAG que fue creado por la Ley 91 de 1989 bajo el principio de unidad de caja. Por lo anterior, en el FOMAG no hay cuentas individu ales para los docentes y las cesantías se presupuestan desde el primer mes de cada vigencia. La Secretaría de Educació n del Departamento de Boyacá manifestó que no existe vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte actora, ni precedente unificado aplicable al caso sobre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la presunta consignación extemporánea de las cesantías del artículo 99 de la Ley 50 de

vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte actora, ni precedente unificado aplicable al caso sobre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la presunta consignación extemporánea de las cesantías del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, ni sobre la indemnización por el pago inoportuno de los intereses sobre las cesantías de la Ley 52 de 1975. Aclaró que el Departamento de Boyacá adelantó todas las acciones pertinentes para que se realizara el oportuno p ago. Adujo que las pretensiones de la tutela no deben prosperar porque la sanción moratoria no es aplicable a los docentes oficiales afiliados al FOMAG, pues tienen un régimen jurídico especial en materia de reconocimiento y pago de cesantías que no contem pla tal sanción. Y, no es posible aplicar la sentencia SU -098 de 2018 porque en ella se estudiaron supuestos fácticos diferentes a los aquí alegados por el demandante. La Nación – Ministerio de Educación Nacional solicitó declarar improcedente la acción de tutela formulada, por considerar que no se evidencia violación alguna a losRadicado: 11001-03-15-000-2023-05259-00

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derechos del accionante. Manifestó que, en el caso en concreto hay ausencia de

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derechos del accionante. Manifestó que, en el caso en concreto hay ausencia de relevancia constitucional y no se cumplen con la totalidad de los requisitos de procedibilidad de la acción constitucional.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vu lnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la p rocedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012, exp. 2009 -01328-01, aceptó la acción la tut ela contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 21, para lo cual

del 31 de julio de 2012, exp. 2009 -01328-01, aceptó la acción la tut ela contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 21, para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 del 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 22 y específicas23.

Problema jurídico

De acuerdo con los antecedentes expuestos , le corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela cumple con el requisito general de procedibilidad de releva ncia constitucional. De encontrarse acreditada esta condición y las demás señaladas para la procedencia de la tutela contra providencia judicial, la Sala pasará a estudiar el fondo del asunto en los términos planteados por el demandante.

21 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen han dado paso a la acción de tutela contra providencia judicial, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. 22 Los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional ; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal esta debe tener un efecto dete rminante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos

un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal esta debe tener un efecto dete rminante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración haya sid o alegada en el proceso judicial siempre que fuere posible y, (vi) que no se trate de sentencias de tutela. 23 La configuración de alguna causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno(s) de los siguiente s defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2023-05259-00

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De la relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

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De la relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucion al24 ha señalado que la relevancia constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discuti r asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con aquellos expuestos por la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 25, para que un asunto goce de relevancia constituciona l deben verificarse los siguientes elementos 26:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para disc utir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de esta acción constitucional. (ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia

para plantear situaciones inexistentes o para disc utir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de esta acción constitucional. (ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derecho s fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que no basta con aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, sino que resulta necesario que el interesad o exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales. (iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, es decir, deben tener relación con la ratio decidendi, de modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada. (iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural. (v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aun que sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con

ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aun que sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de