CE - 010315000202305272001SENTENCIA20231027150457

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05272-00

Demandante: DORY DIANEY JIMÉNEZ CASTELLANOS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-05272-00

Demandante: DORY DIANEY JIMÉNEZ CASTELLANOS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ

Temas: Tutela contra providencia judicia l. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de obtener el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 por pago tardío de las cesantías. Requisito de la relevancia constitucional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por la señora Dory Dianey Jiménez Castellanos, quien actúa por intermedio de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, con el objeto de que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como los

intermedio de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, con el objeto de que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como los principios de favorabilidad laboral, a la seguridad jurídica y la “ perpetuatio jurisdictionis”, los cuales consider a vulnerados con la sentencia de 16 de junio de 2023, proferida en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra el Minis terio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento de Boyacá, cuya pretensión se orientaba a acceder a reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías establecido en la Ley 50 de 1990.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La accionante relató que se vinculó “después de l año 1990” como docente del departamento de Boyacá , y que el 15 de febrero de 2021 el Ministerio de Educación Nacional no consignó las cesantías correspondientes al año 2020, por lo que el 26 de julio de 2021 presentó una petición ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG) y Fiduprevisora S.A., con el fin de que se m aterializara el pago de la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, sin obtener respuesta alguna.

Afirmó que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra la Nación, Mini sterio de Educación Nacional, el FOMAG, Fiduprevisora S.A. y el departamento de Boyacá, para que se anulara

Afirmó que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra la Nación, Mini sterio de Educación Nacional, el FOMAG, Fiduprevisora S.A. y el departamento de Boyacá, para que se anulara el acto ficto negativo y cancelara la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías regulada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Indicó que el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito de Tunja en sentencia de 3 de noviembre de 2022, negó las pretensiones de la demanda.Radicación: 11001-03-15-000-2023-05272-00

Demandante: DORY DIANEY JIMÉNEZ CASTELLANOS

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Finalmente, manifestó que contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación, en el que señaló un abunda nte número de sentencias del Consejo de Estado y la Corte C onstitucional. El Tribunal Administrativo de Boyacá en fallo de 16 de junio de 2023, la confirmó íntegramente.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora comenzó por referirse a algunos de los requ isitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial, sobre la relevancia constitucional, citó la sentencia de tutela del 23 de marzo de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, en el proceso No. 11001031500020230106300.

sobre la relevancia constitucional, citó la sentencia de tutela del 23 de marzo de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, en el proceso No. 11001031500020230106300.

Alegó la config uración del defecto sustantivo, violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente judicial de la Corte Constitucional, fijado en las sentencias de unificación SU -098 de 2018 1 , SU-332 de 2019 2 y SU-041 de 2020 3 , y del Consejo de Estado establecido en las siguientes sentencias: del 6 de agosto de 20204, 24 de enero de 20195, 17 de junio de 20196, 28 de junio de 20197, 29 de julio de 20198, 2 de diciembre de 20199, 10 de junio de 202010, 22 de octubre de 2020 11, 12 de noviembre de 2020 12, 17 d e junio de 202113, 414, 2515 y 11 de noviembre de 202116, 20 de enero de 202217, 3 de marzo de 202218,28 de abril de 2022 19, 920 y 19 de mayo de 2022 21, 1 de julio de 2022 22,

1 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 2 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 3 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 4 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de agosto de 2020, Exp. 08001-23-33000-201300666-01 (083316), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 5

4 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de agosto de 2020, Exp. 08001-23-33000-201300666-01 (083316), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 5 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 24 de enero de 2019, Exp. 76001-23-3100020090086701 (48542014), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 2019. Exp. 11001-03-15000-201804617-01, C.P. Nicolás Yepes Corrales 7 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de junio de 2019, Exp. 11001-03-15000-201804679-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés 8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de julio de 2019, Exp. 11001-0315000-201803499-01, C.P. Nicolás Yepes Corrales. 9 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de diciembre de 2019, Exp. 08001 23 33 000 2014 00173-01 (168816), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas 10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de junio de 2020 , Exp. 08001-23-33000-201400208-01(03242016), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de octubre de 2020 , Exp. 08001 -23-31000-2014002542016), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de octubre de 2020 , Exp. 08001 -23-31000-20140025401(4960-2017), C.P. William Hernández Gómez. 12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de noviembre de 2020 , Exp. 08001-23-33000-201400132-01, C.P. William Hernández Gómez. 13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 17 de junio de 2021, Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979– 2017), C.P. Gabriel Valbuena Hernández y Exp. 08001-23-33000-201500331-01), C.P. César Palomino Cortés. 14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de noviembre de 2021, Exp. 19001-23-33000-20150044502(0483-20), C.P. William Hernández Gómez. 15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 2021 , Exp. 08001-23-33000-201401127-01 (1002-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 20 21, Exp. 40001-23-40000-201700134-01 (2208-2020), C.P. William Hernández Gómez. 16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de 2021, Exp. 080001-2340-000-201590008-01

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de 2021, Exp. 080001-2340-000-201590008-01 (2387-2020), C.P. William Hernández Gómez; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de 2021, Exp. 080001-2340-000-201490022-01 (5154-2016), C.P. Gabriel Valbuena Hernández. 17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 20 de enero de 2022 , Exp. 080001-2333-000-201700931-01 (1001-2021), C.P. Gabriel Valbuena Hernández 18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 3 de marzo de 2022 , Exp. 080001-2333-000-201500075-01. Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No. 76001-23-33-000-2013-00756-01. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. (26602020), C.P. William Hernández Gómez. Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No. 080001-23-40-000-2017-0079501. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. 19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de abril de 2022 , Exp. 76001-23-33000-201300756-01 (22242020), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter. 20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de mayo de 2022, Exp. 080001-2340-000-201700795-01 (26592020), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. 21

20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de mayo de 2022, Exp. 080001-2340-000-201700795-01 (26592020), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. 21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022 , Exp. 47-001-2333-000-201900359-01 (4004-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 22 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022 , Exp. 47-001-2333-000-201900376-01 (4462-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra.Radicación: 11001-03-15-000-2023-05272-00

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22 de agosto de 2022 23, 22 de s eptiembre de 2022 24, 19 25 y 26 26 de enero de 2023.

Por último, se refirió a sentencias proferidas por Juzgados Administrativos del Circuito en donde se han aplicado estos precedentes judiciales. No obstante, la Sala se abstiene de citarlos porque se descarta desde ya la fuerza vinculante que tienen para el Tribunal Administrativo del Boyacá.

3. Pretensiones

La accionante formuló las siguientes:

“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia

tienen para el Tribunal Administrativo del Boyacá.

3. Pretensiones

La accionante formuló las siguientes:

“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia proferida el día 6/16/2023, en el expediente rad. No. 15001333301020220005701, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍ A A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA

IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINIS TRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO

CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razo nes de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales por parte del accionado.

2. Como consecuencia de la anterior declaració n, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por

judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes: (…)”.

4. Pruebas relevantes

Obra en el expediente copia de la sentencia de 16 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá.

5. Trámite procesal

Por auto de 26 de septiembre de 202 3, el despacho de la magistrada sustanciadora admitió la demanda y ordenó notificar a la parte demandante, a la autoridad judicial demandada, así como al Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito de Tunja, a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), a Fiduprevisora S.A. y al departamento de Boyacá, como terceros interesados en el resultado del proceso.

La Secretaría General de esta Corporac ión libró los oficios Nos. 104918 a 104926 todos de 28 de septiembre de 2023 27 , con el fin de notificar a las partes.

23 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de agosto de 2022, Exp. 08001 -23-33000-201500509-01 (2140-2020), C.P. César Palomino Cortés. 24 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de septiembre de 2022, Exp 08001 -23-33000-201590124-01

(2140-2020), C.P. César Palomino Cortés. 24 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de septiembre de 2022, Exp 08001 -23-33000-201590124-01 (2394-2020), C.P. César Palomino Cortés. 25 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de enero de 2023, Exp 76001-23-31000-201200212-02 (44702021) , C.P. William Hernández Gómez. 26 Consejo de Estado, Sección Segu nda, sentencia del 23 de enero de 2023, Exp 47001-23-33000-2018-023101 (08712020), C.P. Rafael Francisco Gómez. 27 La parte accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes direcciones de correo electrónico: yobanylopeznotijud@gmail.com, admin 10tnj@notificacionesrj.gov.co; sectriadmboy@cendoj.ramajudicial.gov.co; tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, notjudicial@fiduprevisora.com.co sgtadminboy@notificacionesrj.gov.co, tutelas_fomag@fiduprevisora.com.co, adm10tun@cendoj.ramajudicial.gov.co, notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co, notificaciones.judiciales@huila.gov.co.Radicación: 11001-03-15-000-2023-05272-00

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6. Oposición

6.1. El magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Boyacá, solicitó que se declare la improcedencia de de la demanda , por cuanto, señaló, lo que pretende la actora es que se de clare sin efectos el fallo proferido en segunda instancia por la Sala de Decisión No.6 el día 16 de junio de 2023, lo que no resulta procedente, en tanto que en ese asunto la decisión ya fue objeto de debate jurídico en el c ontexto legal y jurisprudencial aplicable, evidenciándose que lo pretendido con esta acción es reabrir un debate zanjado en sede ordinaria por el juez natural so pretexto de la aplicación de los criterios jurisprudenciales de la Corte constitucional y del Consejo de Estado en casos que, además, corresponden a situaciones fácticas y jurídicas diferentes y que por tanto, no resultan aplicables a la demandante.

Agregó que en e l caso no se acredita el cumplimiento del requisito gene ral de relevancia constitucional, toda vez que la parte actora solo se refiere la aplicación de las normas de la Ley 50 de 1990 en su caso, sin señalar de manera precisa en que consiste la afectación de sus derechos fundamentales, pues invoca la protección del debido proceso, la seguridad social, a la igualdad y d e acceso a la administración de justicia pero no explica de manera alguna la supuesta afectación o amenaza de los derechos fundamentales invocados.

6.2. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Tunja rindió informe

administración de justicia pero no explica de manera alguna la supuesta afectación o amenaza de los derechos fundamentales invocados.

6.2. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Tunja rindió informe en el que solicitó denegar la s pretensiones de la acción de tutela, por cuanto, sostuvo, no se encuentra probada la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, situació n más favorable al trabajador en la aplicación e interpreta ción de las fuentes formales de derecho, garantía a la seguridad social, a la igualdad, seguridad jurídica, pues no se indica en la demanda en qué consiste dicha violación, en tanto se limita a sustentar la interpretación de las normas aplicables que en su particular criterio debía prevalecer en la solución del litigio.

Añadió que el defecto sustantivo alegado no se configura en el presente asunto, pues en el fallo proferido el 3 de noviembre de 20 22, confirmado por el Tribunal Administrativo de Boyacá, se fundamentó en la normatividad vigente, en los supuestos de hecho pertinentes y ante todo en las pruebas recaudadas en el curso del proceso judicial, de los que se evidenció que en el caso no se cu mplían los supuestos de hec ho previstos en el artículo 99, numeral 3 de la Ley 50 de 1990; debido a que por el modelo presupuestal regulado en la Ley 715 de 2001 (Art. 18, par. 1 y 2), en lo relacionado con la transferencia de los recursos del SGP con dest ino al pago de las prestaciones sociales de los docentes af iliados al FOMAG, pues, “en rigor no existe una consignación del empleador por concepto

(Art. 18, par. 1 y 2), en lo relacionado con la transferencia de los recursos del SGP con dest ino al pago de las prestaciones sociales de los docentes af iliados al FOMAG, pues, “en rigor no existe una consignación del empleador por concepto de las cesantías en una cuenta individual del docente, como tampoco en el fondo que el mismo elija, debido a que el rubro destinado al pago de dicha prestación se descuenta directamente del Sistema General de Participaciones en educación, y posteriormente se traslada al FOMAG, al cual está efectivamente afiliada la docente Dory Dianey Jiménez Castellanos”.

Concluyó indicando que es claro que ese despacho y el Tribunal Administrativo de Boyacá no adoptaron una decisión caprichosa y, por el contrario, en la parte considerativa de las sentencias se evidencia el cumplimiento de la carga argumentativa suficiente, con base en las normas legalmen te aplicables “y en los particulares supuestos de hecho que se debatieron en las respectivas instancias, no se avizora tampoco una interpretación alejada de la razonabilidad, de tal suerte que, en garantía de la independencia e imparcialidad que orienta la administración de justicia y qu e sirve de faro para adoptar las decisiones judiciales, la acción de tutela no puede abrirse paso en esta oportunidad”.Radicación: 11001-03-15-000-2023-05272-00

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6.3. La coordinadora de tutelas de la Fiduprevisora S.A. como vocera y

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6.3. La coordinadora de tutelas de la Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del FOMAG pidió q ue se declarara improcedente la solicitud de amparo por no cumplir con las causales generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial y solicitó ser desvinculada por carecer de competencia frente a las pretensiones de la demandante.

6.4. El jefe de la oficina asesora jurídica del departamento de Boyacá pidió que se de negaran las pretensiones de la acción de tutela , en tanto “ el proceso en donde se debatió en debida oportunidad no fue viola torio de derechos fundamentales que afecten al accionante; de la misma forma, no se puede pretender utilizar el mecanismo de protección de derechos fundamentales como lo es la tutela para modificar o dejar sin efectos un fallo acorde a derecho. De la misma forma no es concebible que se pretenda utilizar al Consejo de Estado a través de la acción de tutela, para la modificación de sentencias cuando la parte vencida no pudo demostrar su derecho a través de juicio debidamente constituido y que del cual no se evidencio nulidades para el debido tramite del mismo”.

Añadió que respecto del problema jurídico que se plantea en la presente tutela, la Sección Segunda del Consejo de Estado no ha proferido sentencia de unificación que dirima el fondo de lo solicitado, “ es decir si los docentes oficiales tienen derecho al pago d e la sanción moratoria por la presunta consignación extemporánea de las cesantías de conformidad con el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, así como al pago de indemnización por el pago inoportuno de los intereses

derecho al pago d e la sanción moratoria por la presunta consignación extemporánea de las cesantías de conformidad con el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, así como al pago de indemnización por el pago inoportuno de los intereses sobre las cesantías de conformidad con la Ley 52 de 1975”.

6.5. El Ministerio de Educación Nacional no se pronunció pese a que fue debidamente notificado.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en l os artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sa la determinar si el Tribunal Administrativo de Boyacá vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como los principios de favorabilidad lab oral, a la seguridad jurídica y la “ perpetuatio jurisdictio nis”, al supuestamente incurrir en defecto sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución.

La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisi to general de relevancia constitucional, por cuanto se limita a reiterar que la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 resulta aplicable a los docentes, por lo que declarará improcedente la solicitud de amparo.

prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 resulta aplicable a los docentes, por lo que declarará improcedente la solicitud de amparo.

3. El presupuesto de la relevancia constitucionalRadicación: 11001-03-15-000-2023-05272-00

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Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independenc ia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones”28.

Al respecto, esa corporación judicial ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a definir cuándo un asunto p resenta relevancia constitucional, partiendo del hecho que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la sentencia T-310 de 200529, la Corte indicó que cuando se acu da al mecanismo de amparo con stitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente a un asunto que carece de relevancia constitucional q ue conlleva la improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los

frente a un asunto que carece de relevancia constitucional q ue conlleva la improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C -590 de 2005 sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciale s, fijó las condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional30.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, c omo criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de amparo se convierta en una instancia adicional. Esta Sala 31, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

1. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales . En principio, la acción de tutela no pued e utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

1. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneraci ón de derechos fundamentales . Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las

cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

1. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la deci sión objeto de tutela . La dis cusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

1. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

1. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada . Por más infor mal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con

28 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 29 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa. 30

29 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa. 30 Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01. 31 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.Radicación: 11001-03-15-000-2023-05272-00

Demandante: DORY DIANEY JIMÉNEZ CASTELLANOS

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serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agota miento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los arg umentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condic iones que, en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. La parte actora considera que el Tribunal Administrativo del Boyacá con la sentencia de 16 de junio de 2023, vulneró sus derechos fundamentales al debido

autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. La parte actora considera que el Tribunal Administrativo del Boyacá con la sentencia de 16 de junio de 2023, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como los principios de favorabilidad laboral, a la seguridad jurídica y la “perpetuatio jurisdictionis ”, al su puestamente incurrir en defecto sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución, conforme a los argumentos expuestos en los fundamentos de la acción de tutela.

4.2. De la revisión de los cargos de la solicitud de amparo, la Sala advierte que coinciden con los argumentos propuestos en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. En efecto, en el proceso ordinario y en la acción de tutela, la señora Dory Dianey Jiménez Castellanos insiste en que la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 es aplicable a los docentes oficiales. Además, cita sentencias tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado que, a su juicio, respaldan esa tesis.

Así, se observa que en el recurso de apelación interpuesto por la actora contra la sentencia de 3 de noviembre de 2022 , dictada por el Juzgado Décimo Administrativo de l Circuito de Tunja (resumido en la providencia de segunda instancia), la actora argumentó lo siguiente:

“Indicó que la tesis del juzgado est á relacionada con que los docentes al ser trabajadores de régimen especial no son sujetos de aplicación del contenido del

instancia), la actora argumentó lo siguiente:

“Indicó que la tesis del juzgado est á relacionada con que los docentes al ser trabajadores de régimen especial no son sujetos de aplicación del contenido del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, postura esta que considera revaluada por la Sentencia SU-098 de 2018 profe rida por la Corte Constitucional