CE - 010315000202305285001SENTENCIA20231023143542

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05285-00

Accionante: ELBA BETTY GÓMEZ SIERRA

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACA Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con el requisito general de la relevancia constitucional. Sanción moratoria

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por la ciudadana Elba Betty Gómez Sierra, a través de apoderado judicial, contra la sentencia de 16 de junio de 2023, proferida por la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora Elba Betty Gómez Sierra, por intermedio de apoderado judicial, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales «AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITU ACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES

FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA

SEGURIDAD SOCIAL, SITU ACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES

FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA

IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO

CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISD ICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL », cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 16 de junio de 2023, proferida por la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 15001-33-33004-2022-00071-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Relató que labora como docente desde el año 1990, en el Departamento de Boyacá, razón por la que tiene: «[…] derecho al reconocimiento y pago de cesantías anualizadas, con pago de intereses cada año […]».

2.2. Indicó que, el 15 de febrero de 2021 , el Ministerio de Educación Nacional no consignó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio las cesantías2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05285-00

Accionante: Elba Betty Gómez Sierra

causadas a su favor por servicios prestados en el año 2020, por lo que el 27 de

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Accionante: Elba Betty Gómez Sierra

causadas a su favor por servicios prestados en el año 2020, por lo que el 27 de julio de 2021, solicitó el reconocimiento y pago de la sanción por mora establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

2.3. Comentó que, mediante acto administrativo núm. BOY2021EE029724 de 29 de agosto de 2021 , expedido por la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá, se negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora reclamada.

2.4. Indicó que, debido a lo anterior, promovió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 15001-33-33-004-2022-00071-00/01 en cont ra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y del Departamento de Boyacá - Secretaría de Educación, para que se declarara la nulidad del Oficio núm. BOY2021EE029724 de 29 de agosto de 20211.

2.5. Mencionó que el proceso fue conocido en primera instanci a por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja , autoridad judicial que, mediante sentencia de 6 de diciembre de 2022, negó las pretensiones de la demanda.

2.6. Refirió que, inconforme con la decisión de primera instancia, el apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación, en el que insistió que si bien era cierto que los docentes tenían un régimen especial, dicha circunstancia no los

2.6. Refirió que, inconforme con la decisión de primera instancia, el apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación, en el que insistió que si bien era cierto que los docentes tenían un régimen especial, dicha circunstancia no los excluía de la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, ya que la jurisprudencia constitucional reevaluó esa postura en sentencia SU-098 de 20182.

2.7. Esgrimió que el recurso fue desatado por la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá , en sentencia de 16 de junio de 2023 , en la que se concluyó que no había lugar a revocar la de cisión de primera instancia porque la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías dispuesta en la Ley 50 de 1990 no era aplicable a la parte demandante, como tampoco el régimen de la Ley 52 de 1975.

2.8. Puso de presente que, el Tribunal cens urado incurrió en un desconocimiento del precedente jurisprudencial , ya que existe una abierta discordancia entre lo expresado por la Corte Constitucional y por la Sección Segunda del Consejo de Estado en más de 26 sentencias dictadas durante los años 2021 y 2023 , y la decisión objeto de esta acción constitucional.

1 A título de restablecimiento del derecho solicitó que se reconociera y pagara la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la indemnización por pago tardío de los intereses a las cesantías dispuesta en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975 y el Decreto 1176 de 1991.

establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la indemnización por pago tardío de los intereses a las cesantías dispuesta en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975 y el Decreto 1176 de 1991. 2 Para tal efecto la accionante trajo a colación un cuadro comparativo de los factores para liquidar los intereses a las cesantías con el fin de sustentar que no era cierto que el régimen especial es más favorable que el general y sostuvo que el hecho de pertenecer al primero no sustrae a los nominadores de la obligación de consignar las cesantías a tiempo y en los términos del artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Agregó que, del extracto de cesantías individual era viable establecer que el FOMAG administr aba una cuenta individual para cada docente y que las fechas de consignación de las cesantías estaban por fuera del término previsto para ello, por lo que, tales circunstancias eran suficientes para considerar a cada docente como acreedor de la sanción por mora en las cesantías por consignación inoportuna, como lo han indicado el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.3

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05285-00

Accionante: Elba Betty Gómez Sierra

2.9. También sostuvo que el desconocimiento de las sentencias proferidas por el máximo órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa develan una transgresión de los principios de seg uridad jurídica, confianza legítima y favorabilidad, así como una vulneración del derecho a la igualdad. En ese sentido, enunció que se desconocieron las sentencias de 6 de agosto de 2020 3, de 24 de

transgresión de los principios de seg uridad jurídica, confianza legítima y favorabilidad, así como una vulneración del derecho a la igualdad. En ese sentido, enunció que se desconocieron las sentencias de 6 de agosto de 2020 3, de 24 de enero de 2019 4, de 17 de junio de 2019 5, de 28 de junio d e 20196, de 29 de julio de 20197, de 2 de diciembre de 20198, de 10 de junio de 20209, de 2 de octubre de 202010, de 12 de noviembre de 2020 11, de 17 de junio de 2021 12, de 4 de noviembre de 2021 13, de 25 de noviembre de 2021 14, de 11 de noviembre de 202115, de 20 de enero de 2022 16, de 3 de marzo de 2022 17, de 28 de abril de 202218, de 9 de mayo de 2022 19, de 19 de mayo de 2022 20, de 1° de julio de 202221, de 22 de agosto de 2022 22, de 22 de septiembre de 2022 23, de 19 de enero de 202324 y de 26 de enero de 202325.

3 Sentencia del 6 de agosto de 2020, expediente 08001 -23-33-000-2013-00666-01 (0833-16), M.P. Sandra Liseth Ibarra. 4 Sentencia del 24 de enero de 2019, expediente 76001 -23-31-000-2009-00867-01 (4854-2014), M.P. Sandra Liseth Ibarra.

Liseth Ibarra. 4 Sentencia del 24 de enero de 2019, expediente 76001 -23-31-000-2009-00867-01 (4854-2014), M.P. Sandra Liseth Ibarra. 5 Sentencia del 17 de junio de 2019, expediente 11001 -03-15-000-2018-04617-01, M.P. Nicolás Yepes Corrales. 6 Sentencia del 28 de junio de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-04679-01, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 7 Sentencia del 29 de julio de 2019, expediente 11001 -03-15-000-2018-03499-01, M.P. Nicolás Yepes Corrales. 8 Sentencia del 2 de diciembre de 2019, expediente 08001 -23-33-000-2014-00173-01 (1688-16), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. 9 Sentencia del 10 de junio de 2020, expediente 08001-23-33-000-2014-00208-01, M.P. Sandra Liseth Ibarra. 10 Sentencia del 22 de octubre de 2020, expediente 08001 -23-31-000-2014-00254-01 (4960 -2017), M.P. William Hernández Gómez. 11 Sentencia del 12 de noviembre de 2020, expediente 08001 -23-33-000-2014-00132-01, M.P. William Hernández Gómez. 12 Sentencia del 17 de junio de 2021, expediente 08001 -23-31-000-2014-00815-01 (4979-2017), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.

Hernández Gómez. 12 Sentencia del 17 de junio de 2021, expediente 08001 -23-31-000-2014-00815-01 (4979-2017), M.P. Gabriel Valbuena Hernández. 13 Sentencia del 4 de noviembre de 2021, expediente 19001 -23-33-000-2015-00445-02 (0483 -20), M.P. William Hernández Gómez. 14 Sentencia del 25 de noviembre de 2021, expediente 08001 -23-33-000-2014-01127-01 (1002 -2021), M.P. Sandra Liseth Ibarra. 15 Sentencia del 11 de noviembre de 2021, expediente 08001 -23-40-000-2015-90008-01 (2387 -2020), M.P. William Hernández Gómez. 16 Sentencia del 20 de enero de 2022, expediente 08001-23-33-000-2017-00931-01 (1001-2021), M.P. Gabriel Valbuena Hernández. 17 Sentencia del 3 de marzo de 2022, expediente 08001 -23-33-000-2015-00075-01 (2660-2020), M.P. William Hernández Gómez. 18 Sentencia del 28 de abril de 2022, expediente 76001 -23-33-000-2013-00756-01 (2224-2020), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. 19 Sentencia del 9 de mayo de 20 22, expediente 08001 -23-40-000-2017-00795-01 (2659-2020), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. 20 Sentencia del 19 de mayo de 2022, expediente 47001 -23-33-000-2019-00359-01 (4004-2021), M.P. Sandra Liseth Ibarra.

Francisco Suárez Vargas. 20 Sentencia del 19 de mayo de 2022, expediente 47001 -23-33-000-2019-00359-01 (4004-2021), M.P. Sandra Liseth Ibarra. 21 Sentencia del 1 de julio de 2022, expedien te 47001 -23-33-00-2019-00376-01 (4462 -2021), M.P. Sandra Liseth Ibarra. 22 Sentencia del 22 de agosto de 2022, expediente 08001 -23-33-000-2015-00509-01 (2140-2020), M.P. César Palomino Cortés. 23 Sentencia del 22 de septiembre de 2022, expediente 08001 -23-33-000-2015-90124-01 (2394-2020), M.P. César Palomino Cortés. 24 Sentencia del 19 de enero de 2023, expediente 76001-23-31-000-2012-00212-02 (4470-2021), M.P. William Hernández Gómez. 25 Sentencia del 26 de enero de 2023, expediente 47001 -23-33-000-2018-0231-01 (0871-2020), M.P. Rafael Francisco Gómez.4

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05285-00

Accionante: Elba Betty Gómez Sierra

2.10. Agregó que la autoridad cuestionada, al sustentar que no existe una posición unificada respecto del asunto bajo estudio, debió explicar con claridad y suficiencia su decisión de apartarse de lo expuesto en las sentencias antes referidas.

2.11. En el mismo sentido, también enumeró y citó apartes textuales de varias providencias dictadas por la Corte Constitucional 26, en relación con la aplicación

su decisión de apartarse de lo expuesto en las sentencias antes referidas.

2.11. En el mismo sentido, también enumeró y citó apartes textuales de varias providencias dictadas por la Corte Constitucional 26, en relación con la aplicación del principio de favorabilidad respecto de las Leyes 91 de 1989, 50 de 1990 y 344 de 199627.

2.12. Insistió, por último, que si bien el artículo 8 de la Ley 91 de 1989 dispone que los recursos con los que se financia el FOMAG pueden ser administrados bajo el principio de unidad de caja para el pago de sus prestaciones, lo cierto era que el Ministerio de Educación Nacional no est aba exento de trasladar los recursos de las cesantías de los docentes vinculados después del 1 ° de enero de 1990 el 15 de febrero de cada anualidad al FOMAG dado que es una obligación como “patrono de los docentes ”. También adujo que el Tribunal confund ió los regímenes de cesantías aplicables a los docentes con la obligación del Ministerio de Educación Nacional o el ente territorial correspondiente, de pagar o de consignar oportunamente las cesantías al Fondo que se encuentra afiliado la docente.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia proferida el día 6/16/2023, en el expediente rad. No. 15001333300420220007101, transgredió los derechos fundam entales: AL

DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN

MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA

15001333300420220007101, transgredió los derechos fundam entales: AL

DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN

MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA

APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE

DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD,

ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO

CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en

26 Las siguientes: i) Corte Constitucional, sentencia del 17 de octubre de 2018, expediente T -6.736.200, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; ii) Corte Constitucional, sentencia del 25 de julio de 2019, expediente T -5904426 y otros, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; y iii) Corte Constitucional, sentencia del 6 de febrero de 2020, expediente T-7.182.312 y otros, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Páginas 53 a 63 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutel a, ubicado en el índice 2 del expediente digital en el aplicativo SAMAI,

expediente T-7.182.312 y otros, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Páginas 53 a 63 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutel a, ubicado en el índice 2 del expediente digital en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado: 69FAAB46C657217C 4FCB2D9A5F343F19 5E58DFE196E2A892 C04EE1A940AC806C. 27 Enunció las siguientes: Sentencia de Unificación 098 del 17 de octubre de 2018, ex pediente T-6.736-200, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; Sentencia de Unificación 332 del 25 de julio de 2019, expediente T -5904426 y otros, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; y Sentencia de Unificación 041 del 6 de febrero de 2020, expediente T-7.182.312 y otros, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.5

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05285-00

Accionante: Elba Betty Gómez Sierra

el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del

H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguient es expedientes […]”. (Negrilla original del texto).

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 27 de septiembre de 2023, el Despacho Sustanciador admitió

expedientes […]”. (Negrilla original del texto).

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 27 de septiembre de 2023, el Despacho Sustanciador admitió la acción de tutela de la referencia. Asimismo, se vincularon en calidad de terceros con interés en las resultas del proceso «a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG-, al Departamento de Boyacá – Secretaría de Educación y al Juzgado Cuarto

Administrativo del Circuito de Tunja».

V. INTERVENCIONES

5. Realizadas las notificaciones a la autoridad judicial accionada y a los vinculados,

se allegaron los siguientes informes:

5.1. El Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala Sexta de Decisión , a través del magistrad o ponente de la providencia objeto de tutela, solicitó declarar improcedente la presente acción constitucional por carecer de relevancia constitucional, en tanto que lo pretendido por la parte accionante era convertir en una tercera instancia el presente mecanismo de amparo.

5.2. El Ministerio de Educación Nacional , a través de apoderado judicial, señaló que la presente acción de tutela no cumplía con los requisitos generales de procedencia de subsidiariedad y relevancia constitucional.

5.3. Frente a la falta de relevancia constitucional de este a sunto, adujo que el objeto de esta acción constitucional era meramente económico, y sobre el incumplimiento del requisito general de subsidiariedad sostuvo que la parte actora tuvo a su disposición el « incidente de nulidad, como mecanismo de protección » de sus derechos fundamentales.

objeto de esta acción constitucional era meramente económico, y sobre el incumplimiento del requisito general de subsidiariedad sostuvo que la parte actora tuvo a su disposición el « incidente de nulidad, como mecanismo de protección » de sus derechos fundamentales.

5.4. Por último, expuso el marco funcional de la cartera ministerial y solicitó su desvinculación.

5.5. La sociedad Fiduprevisora S.A. , en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones So ciales del Magisterio, rindió informe en el que manifestó que : «[…] no tiene competencia de cumplimiento de los fallos de tutela […]», por cuanto la persona responsable de dar cumplimiento a providencias judiciales derivadas de procesos de tutela es la directora de Prestaciones Económicas del FOMAG.6

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05285-00

Accionante: Elba Betty Gómez Sierra

5.6. Asimismo, señaló que la argumentación de la accionante era «[…] exigua […]» en relación con la configuración de las causales g enéricas y específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judiciales, y agregó que: «[…] el mecanismo tutelar se está utilizando con el ánimo de invalidar actuaciones procesales realizadas con anterioridad, mediante el ejercicio de la presente acción […]».

5.7. También precisó que: «[…] no podría configurarse la san ción moratoria contemplada en la Ley 50 de 1990, artículo 99, para el escenario del FOMAG, ya que lo que pena la ley en mención es la consignación inoportuna de las cesantías

contemplada en la Ley 50 de 1990, artículo 99, para el escenario del FOMAG, ya que lo que pena la ley en mención es la consignación inoportuna de las cesantías y, al estar vedada la posibilidad de la consignación de las cesantías de los docentes del FOMAG, de contera se descarta algún tipo de sanción […]».

5.8. Por último, solicitó la desvinculación de la entidad al presente proceso.

5.9. La Juez Cuarta Administrativ a del Circuito de Tunja rindió informe en el que, luego de hacer un recuento de las a ctuaciones surtidas dentro del proceso núm. 15001-33-33-004-2022-00071-00/01, solicitó que se negaran las pretensiones de la acción de tutela porque conforme al régimen de cesantías de los docentes oficiales «no realiza una consignación por concepto de las cesantías en una cuenta individual a favor de la docente ante el fondo que esta misma elija, sino que el rubro de cesantías se descuenta de los recursos del SGP en educación y se traslada de manera global al Fomag».

5.10. Explicó que en el año 2020 los recurso s por concepto de cesantías fueron girados, mes a mes, del sistema general de participaciones al FOMAG.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia de la Sala

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 del 19 de noviembre de 199128, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.

tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 del 19 de noviembre de 199128, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26 de mayo de 201529, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 202130, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 201931.

VI.2. Cuestión previa

7. La Sala advierte que, previamente a la definición de los problemas jurídicos que se habrán de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la s solicitudes de desvinculación procesal presentadas por el Ministerio de Educación Nacional y

28 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política". 29 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho". 30 “Por la cual se modifican l os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 31 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.7

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05285-00

Accionante: Elba Betty Gómez Sierra

la sociedad Fiduprevisora S.A., en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

- FOMAG.

Accionante: Elba Betty Gómez Sierra

la sociedad Fiduprevisora S.A., en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

- FOMAG.

8. Respecto de la legitimac ión en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte Constitucional en la sentencia T - 1001 de 200632, señaló lo siguiente:

«[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

Si bien la tutela se establece por la Constitución com o un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera qu e en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción […]». (Negrilla fuera del texto)

9. Así las cosas, y teniendo en cuenta que el Ministerio de Educación Nacional y la sociedad Fiduprevisora S.A. fueron parte dentro del proceso de nulidad y

los principios de legalidad y contradicción […]». (Negrilla fuera del texto)

9. Así las cosas, y teniendo en cuenta que el Ministerio de Educación Nacional y la sociedad Fiduprevisora S.A. fueron parte dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la sentencia que es objeto de l presente mecanismo de amparo , la Sala considera que a estas entidades sí les asiste el interés jurídico para ser vinculadas a esta acción constitucional, razón por la cual se denegarán las solicitudes de desvinculación elevada s, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

VI.3. Problemas jurídicos

10. De acuerdo a la situación fáctica planteada, la Sala debe establecer: a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales y excepcionales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se deberá determinar:

b) Si la sentencia de 16 de junio de 2023, dictada por la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 15001-33-33004-2022-00071-00/01, vulneró los derechos fundamentales de la parte accionante, al haber incurrido presuntamente en un defecto sustantivo, en un desconocimiento del precedente jurisprudencial y en una violación directa de la Constitución.

32 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.8

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05285-00

32 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.8

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05285-00

Accionante: Elba Betty Gómez Sierra

11. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

12. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 201233, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

13. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

14. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del

14. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

15. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial34, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la

Constitución35.

33 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009 -01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González. 34 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T -619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 35 Defecto orgánico, que t iene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.

absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fund amentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.9

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05285-00

Accionante: Elba Betty Gómez Sierra

16. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]»36 que encaje en dichos parámetros.

análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]»36 que encaje en dichos parámetros