CE - 010315000202305310001SENTENCIA20231026161145

Demandante: Hugo Alberto Villanueva Guevara Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-05310-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-05310-00

Demandante: HUGO ALBERTO VILLANUEVA GUEVARA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial –– Sanción moratoria por pago tardío de cesantías - falta de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la acción de tutela presentada por el señor Hugo Alberto Villanueva Guevara contra la sentencia del 27 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que confirmó la nega tiva de las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. El señor Hugo Alberto Villanueva Guevara , actuando a través de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, con el

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. El señor Hugo Alberto Villanueva Guevara , actuando a través de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, con el fin de que sean amparados sus derechos fundamentales «al debido proceso, derecho a la seguridad social, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, garantía a la seguridad social, a la igualdad, acceso a la administración de justicia, principio constitucional de la perpetuatio jurisdictionis, seguridad jurídica, al desconocimiento de precedente judicial vertical.»

2. La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales , con ocasión de la sentencia del 27 de junio de 2023, mediante la cual se confirmó la providencia del 16 de diciembre de 2022, proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Tunja que, negó las pretensiones de la demanda.

Lo anterior, en el marco del proceso ordinario, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con radicado 15001-333-30-012022-0005401, instaurado por el señor Villanueva Guevara contra la Nación, Ministerio de Educación, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y el departamento de Boyacá.Demandante: Hugo Alberto Villanueva Guevara Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-05310-00

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05310-00

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3. Con base en lo anterior, la parte accionante solicitó la protección de los derechos fundamentales invocados, y como consecuencia pidió:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMI NISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia proferida el día 6/27/2023, en el expediente rad. No. 15001333300120220005401, trasgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA

SEGURIDAD SOCIAL,SITUACIÓN MAS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO

DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACION DE LAS FUENTES

FORMALES DEL DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA

IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO

CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, LA DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrati vo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes1: (…) (Mayúsculas sostenidas originales)

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La solicitud de ampa ro se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El señor Hugo Alberto Villanueva Guevara, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimie nto del derecho contra la Nación, Ministerio de Educación, el Fomag, y el departamento de Boyacá , con el objeto de que se declarara la nulidad del acto administrativo identificado como 1.2.5.1.1.-38 del 26 de agosto de 2021 , mediante el cual se negó el r econocimiento y pago de la sanción por mora por la no consignación oportuna de las cesantías correspondientes al año 2020, establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, y la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías del año 20 20, en los términos del artículo 1° de la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y el Decreto 1176 de 1991

por el pago tardío de los intereses a las cesantías del año 20 20, en los términos del artículo 1° de la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y el Decreto 1176 de 1991

5. El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Tunja , mediante sentencia proferida el 16 de diciembre de 2022 , negó las pretensiones de la dem anda al considerar que al no existir dentro del régimen especial docente dicha obligación de consignación anual de las cesantías, la parte actora no tenía derecho al reconocimiento y pago de la sanción por consignación extemporánea de las

1 Transcripción literal con posibles errores ortográficos o mecanográficos.Demandante: Hugo Alberto Villanueva Guevara Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-05310-00

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3 cesantías consagrada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 desde el 15 de febrero de 2021, como tampoco al reconocimiento de la indemnización por pago tardío de los intereses a las cesantías establecida en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975.

6. Inconforme con la decisión , la accionante interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante sentencia del 27 de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo Boyacá, en el sentido de confirmar la decisión de primer grado, que negó las pretensiones de la demand a al consi derar que las sanciones que

fue resuelto mediante sentencia del 27 de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo Boyacá, en el sentido de confirmar la decisión de primer grado, que negó las pretensiones de la demand a al consi derar que las sanciones que establecen los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 1º de la Ley 52 de 1975 no se extendían a favor de los docentes oficiales que gozan del régimen anualizado de cesantías y, particularmente, a la parte actora, por tres razones:

-En primer lugar, para cuando la parte demandante se vinculó al servicio de la educación, las normas que conformaban el régimen especial de los docentes oficiales no las contemplaban ni remitían a las disposiciones que las prevén.

-En segundo lugar, lo s supuestos de hecho de las penalidades que reclama ba la demanda eran incompatibles con el régimen de la parte accionante, porque (i) para cuando ingresó al servicio no existía una norma que fijara plazos máximos para consignar las cesantías o pagar sus in tereses, e independientemente de la fecha de vinculación; (ii) las cesantías de este grupo de trabajadores no se consigna, sino que los recursos se transfieren gradualmente; y (iii) el giro de los recursos no lo realiza la entidad territorial certificada y tampoco el Ministerio de Educación sino el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de manera directa.

-Y, en tercer lugar, la interpretación que expuso la sentencia SU -098 de 2018 no es aplicable a este caso, debido a que (i) sus supuestos fácticos no son los mismos, y (ii) de acuerdo con la sentencia SU -573 de 2019, el asunto no c ontaba con

aplicable a este caso, debido a que (i) sus supuestos fácticos no son los mismos, y (ii) de acuerdo con la sentencia SU -573 de 2019, el asunto no c ontaba con trascendencia constitucional y, por ese motivo, no resulta ba procedente abordarlo desde la perspectiva de los principios de favorabilidad o igualdad.

1.3. Fundamentos de la vulneración

7. Desconocimiento de precedente: El actor adujo que la decisión enjuiciada desatendió “la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional y la Sección Segunda del Consejo de Estado ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes:”

• Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU -098 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. • Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU -332 de 2019. M.P. Gloria

Stella Ortiz Delgado.Demandante: Hugo Alberto Villanueva Guevara Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-05310-00

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4 • Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU -041 de 2020. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Se gunda. Sentencia d el 06.08.20. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 08001 -2333000Guillermo Guerrero Pérez. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Se gunda. Sentencia d el 06.08.20. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 08001 -2333000201300666-01, • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia d el 24.01.19. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 76001 -2331-00020090086701. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 29.07.19. M.P. Nicolás Yepes Corrales. Exp. 11001 -0315000201803499-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 02.12.19. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Exp. 08001 23 33 000 2014 00173-01 • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia d el 10.06.20. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 08001 -2333000201400208-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 22.10.20. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 08001 -2333000-201400132-01 • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 17.06.21. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01.

• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda.

Sentencia del 17.06.21. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 27.06.21. M.P. César Palomino Cortés. Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01. • Consejo de Estado, S ala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 04.11.21. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 19001 -2333000-20150044502 • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 17.06.21. M.P. Gabr iel Valbuena Hernández. Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia d el 25.11.21. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 08001 -2333000201401127-01. • Consejo de Estado, Sala de lo C ontencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 25.11.21. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 40001 -2340000-201700134-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 11.11.21. M.P. William Hernánd ez Gómez. Exp. 0080001 -2333-000201500075-01.Demandante: Hugo Alberto Villanueva Guevara

Sentencia del 11.11.21. M.P. William Hernánd ez Gómez. Exp. 0080001 -2333-000201500075-01.Demandante: Hugo Alberto Villanueva Guevara Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-05310-00

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5 • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 17.06.21. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contenc ioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 28.04.22. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Exp. 76001 -2333000-201300756-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 09.05.22. M.P. Rafael Francisco Suáre z Vargas. Exp. 0800012340-000201700795-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 19.05.22. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Ad ministrativo, Sección Segunda. Sentencia d el 01.07.22. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 47 -001-2333-000201900376-01.

• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Ad ministrativo, Sección Segunda.

Sentencia d el 01.07.22. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 47 -001-2333-000201900376-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 22.08.22. M.P. César Palomino Cortés. Exp. 08 001-2333000201500509-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 22.09.22. M.P. César Palomino Cortés. Exp. 08001 -2333-0002015-9012401. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 19.01.23. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 76001 -23-31000-201200212-02 • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 26.01.23. M.P. Rafael Francisco Gomez. Exp. 47001 -23-33000-2018-023101

8. Explicó que la falta de aplicación de estas sentencias proferidas por el máximo órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativo, “es una abierta contradicción de la seguridad que el C onsejo de Estado generó, traduciéndose en una vulneración al principio de igualdad, confianza legítima, seguridad jurídica, unidad, coherencia del ordenamiento jurídico y falta de aplicación del principio de favorabilidad a un caso concreto.”

9. Indicó que su caso cumplía con el requisito de r elevancia constitucional, por

unidad, coherencia del ordenamiento jurídico y falta de aplicación del principio de favorabilidad a un caso concreto.”

9. Indicó que su caso cumplía con el requisito de r elevancia constitucional, por cuanto la sanción moratoria conlleva el pago o consignación oportuna del auxilio de cesantías, que necesariamente tiene un alcance al derecho fundamental a la seguridad social. Aunado a lo anterior, expuso que esta acción cons titucional en ningún momento fue interpuesta como una tercera instancia, sino que solo se circunscribe a buscar la protección de los derechos fundamentales de los docenes del sector oficial, tales como, la igualdad, la seguridad social y la favorabilidad.

10. Citó una amplia línea jurisprudencial de la Corte Constitucional en la cual , a su juicio, se ha establecido de manera pacífica que el auxilio de cesantías es unaDemandante: Hugo Alberto Villanueva Guevara Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-05310-00

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6 obligación a cargo del empleador y que en principio, fue creada con la finalidad de proteger al trabajador en dado caso de pérdida del empleo; “ahora, su función consiste una figura jurídica que responde a una clara orientación social en el desarrollo de las relaciones entre trabajador y empleador, es decir, que debe ser vista como un mecanism o que busca en primer lugar, contribuir a la mengua de las cargas económicas que deben afrontar los asalariados ante el cese de su actividad, y en segundo lugar, cubrir sus necesidades de capacitación y vivienda.”

vista como un mecanism o que busca en primer lugar, contribuir a la mengua de las cargas económicas que deben afrontar los asalariados ante el cese de su actividad, y en segundo lugar, cubrir sus necesidades de capacitación y vivienda.”

11. Manifestó que los docentes se encuent ran en la categoría de empleados públicos, razón por la cual, no era admisible la distinción con los demás servidores públicos a que sus prestaciones sociales sean canceladas en tiempo, como lo es, el auxilio de cesantías, “así, una interpretación contrari a, conllevaría una restricción en la posibilidad de gozar de la garantía del pago oportuno del auxilio de cesantías y, a su vez, de las protecciones ya mencionadas que se derivan de esa prestación, lo que conlleva una connotación de relevancia constitucion al, ya que se está vulnerando el derecho a la igualdad de los docentes, respecto de otros servidores públicos.”

12. Violación directa de la Constitución y defecto sustantivo : Adujo que, en virtud del valor normativo superior de los preceptos constituciona les, los jueces deben aplicar las disposiciones consagradas en la Constitución y su desarrollo jurisprudencial en todo momento.

13. Agregó que , la interpretación y aplicación de normas relacionadas con el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación tardía de cesantías a los docentes, y con base en la jurisprudencia constitucional, e ra dable concluir que i) el pago oportuno de las cesantías es una garantía de todos los trabajadores que es protegida por la Constitución, ii) los docente s oficiales son empleados públicos, teniendo en cuenta las funciones que desarrollan, el régimen de

concluir que i) el pago oportuno de las cesantías es una garantía de todos los trabajadores que es protegida por la Constitución, ii) los docente s oficiales son empleados públicos, teniendo en cuenta las funciones que desarrollan, el régimen de carrera al que se encuentran sometid os y la vinculación mediante nombramiento “y por lo tanto tienen derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratori a por consignación tardía de las cesantías.”

14. Hizo una amplia explicación, entre otros, de los siguientes acápites relativos a:

-ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA OBLIGACIÓN DEL MINISTERIO DE

EDUCACIÓN NACIONAL DE CONSIGNAR DE MANERA EFECTIVA LAS CESANTÍAS DE LOS DOCENTES VINCULADOS DESPUÉS DEL 1 DE ENERO DE 1990 EN EL FOMAG, ANTES DEL 15 DE FEBRERO DE CADA

ANUALIDAD

-CESANTÍAS CAUSADAS de los docentes que estaban vinculados COMO DOCENTES NACIONALES ANTES DEL 1 DE ENERO DE 1990, y quienes ya venían con un régimen de cesantías de liquidación anual y el reconocimiento de intereses a las cesantías desde la expedición del Decreto – Ley 3118 de 1968.

-CESANTÍAS QUE SE CAUSARON DE LOS DOCENTES VINCULADOS DESPUES DEL 1 DE ENERO DE 1990 (independientemente si su vinculaciónDemandante: Hugo Alberto Villanueva Guevara Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-05310-00

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05310-00

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7 se realizaba por las entidades territoriales o por la Nación), y quienes se les comenzó a liquidar las cesantías con un régimen anualizado y el reconocimiento de intereses a las cesantías.

-CUÁL HA SIDO LA POSICIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA Y DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN LAS ÚLTIMAS SENTENCIAS EN TORNO AL ESTUDIO DE LA LEY 91 DE 1989, LA LEY 50

DE 1990 Y LA LEY 344 DE 1996?

1.4. Actuaciones procesales relevantes

1.4.1. Auto admisorio

15. La magistrada ponente mediante auto del 5 de octubre de 2023 admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la parte demandante y, como demandada, a los magistrados del Tribunal Administrativo de Boyacá.

16. Así mismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el resultado del proceso a la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -Fomag, administrado por la Fiduprevisora S.A. y el Departamento de Boyacá (demandados en el medio de control de nulidad y restablecimiento del dere cho, así como al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, (a quo del ordinario).

1.5. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica , se presentaron las

restablecimiento del dere cho, así como al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, (a quo del ordinario).

1.5. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica , se presentaron las siguientes contestaciones:

1.5.1. Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Tunja

17. La Juez manifestó su oposición a la prosperidad de la acción de tutela por carencia de sustento fáctico y jurídico, razón por la que solicitó su rechazo por improcedente.

18. Señaló que, en el trámite del medio d e control de nulidad y restablecimiento del derecho incoado por el accionante, contra la Nación - Ministerio de EducaciónFondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Departamento de Boyacá, profirió sentencia de primera instancia en la que dispuso negar las suplicas de la demanda.

20. Pretensiones que se orientaban al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la indemnización por pago ext emporáneo de los intereses a las cesantías consagrada en la Ley 52 de 1975, por considerar que las demandadas no procedieron de manera efectiva a consignar tales emolumentos.Demandante: Hugo Alberto Villanueva Guevara Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-05310-00

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21. Refirió que, por auto del 2 de febrero de 2023, concedió el recurso de apela ción interpuesto por el apoderado de la parte actora, que la decisión de primera instancia fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá en providencia del 27 de junio del mismo año, corporación que efectuó la devolución del expediente.

22. Ind icó que en el presente asunto, frente al despacho a su cargo se presenta la falta de legitimación en la causa por pasiva, como quiera que el accionante alega que el quebrantamiento de sus derechos fue causado por el Tribunal Administrativo de Boyacá, con la sentencia de segunda instancia ya mencionada.

23. Advirtió que, en todo caso la acción de tutela no era el mecanismo idóneo para abordar nuevamente un debate jurídico ya zanjado.

1.5.2. Gobernación de Boyacá

24. A juicio del departamento, no existió vulneración de los derechos fundamentales alegados por el accionante, por cuanto el fallo que pretende atacar por este medio está «estudiado, analizado y perfectamente argumentado» por el tribunal.

25. Señaló que la acción de tutela no es el instrumento idóneo para acceder a las pretensiones del actor, ya que si bien, el Tribunal Administrativo de Boyacá se apartó de las decisiones dictadas por el Consejo de Estado, en todo caso el órgano de cierre no ha proferido una sentencia de unificación que zanje el debate, para que sea por este mecanismo que se pretenda el reconocimiento de derechos que tienen

de las decisiones dictadas por el Consejo de Estado, en todo caso el órgano de cierre no ha proferido una sentencia de unificación que zanje el debate, para que sea por este mecanismo que se pretenda el reconocimiento de derechos que tienen vacíos legales e interpretativos que vulneran la seguridad jurídica y causan impacto en los recursos del nivel nacional.

1.5.3. Ministerio de Educación

26. En síntesis solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa o se declare la improcedencia de la acción, por considerar que no hay vulneración de los derechos fundamentales reclamados, ni tratarse de un asunto de relevancia constitucional.

1.5.4. Tribunal Administrativo de Boyacá

27. Advirtió que la Corte Constitucional con la sentencia SU -579 de 2019, varió la posición expuesta en la SU -098 de 2018, que es el sustento del accionante en su reclamación, en el sentido de indicar que carecen de relevanci a constitucional las acciones de tutela interpuestas contra las sentencias ordinarias que niegan el reconocimiento de la sanción moratoria para los docentes oficiales, criterio que ha sido acogido por las diferentes secciones del Consejo de Estado.Demandante: Hugo Alberto Villanueva Guevara Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-05310-00

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28. Frente a la decisión atacada por vía de tutela señaló que, el caso encaja en los

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28. Frente a la decisión atacada por vía de tutela señaló que, el caso encaja en los parámetros de la nueva postura del Tribunal Constitucional, que el fallo resolvió todos los cargos de manera amplia y desarrolló con amplitud los motivos que impedían aplicar l a posición de la sentencia de unificación 098 de 2018, así mismo expuso los fundamentos de carácter legal y jurisprudencial de los docentes respecto de las cesantías anualizadas de acuerdo a su fecha de vinculación.

29. Por considerar que el fallo se ajus ta a derecho, pidió se declarara la improcedencia de la acción o en su defecto se nieguen las pretensiones por no existir vulneración de derechos fundamentales.

1.5.5. Fiduprevisora S.A. quien actúa en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Aut ónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

30. Requirió declarar la improcedencia de la acción y su desvinculación del presente trámite constitucional por carecer de legitimación en la causa por pasiva,

por las siguientes razones:

-La tutela resulta improcedente toda vez que las autoridades judiciales que conocieron el proceso actuaron conforme a la normativa establecida sin que se pueda aducir que los funcionarios judiciales accionados hayan desconocido entre otros, los precedentes judiciales relacionados con el tema objeto de la demanda.

-De otra parte, no e ra dable afirmar que se haya presentado trasgresión alguna en contra de las garantías fundamentales de la accionante, pues se observaron las normas en garantía al principio de l debido proceso, es decir, que las actuaciones

-De otra parte, no e ra dable afirmar que se haya presentado trasgresión alguna en contra de las garantías fundamentales de la accionante, pues se observaron las normas en garantía al principio de l debido proceso, es decir, que las actuaciones judiciales fueron adelantadas en debida forma y atendiendo los procedimientos legales.

-En consecuencia y teniendo en cuenta que las partes tienen derecho a la protección de las formas propias de cada juicio , tal y como lo establece el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, «se reitera que la acción de tutela interpuesta por la accionante resulta improcedente2.»

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

31. El Consejo de Estado es competen te para conocer de la demanda presentada por Hugo Alberto Villanueva Guevara , de conformidad con lo dispuesto por los

2 Transcripción textualDemandante: Hugo Alberto Villanueva Guevara Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-05310-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

10 artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 , el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 del Consejo de Estado . Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige contra el Tribunal Administrativ o de Boyacá, debe aplicarse el numeral 5° de la referida norma.

Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 del Consejo de Estado . Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige contra el Tribunal Administrativ o de Boyacá, debe aplicarse el numeral 5° de la referida norma.

2.2. Solicitud de desvinculación

32. Se tiene que la Fiduprevisora S.A. y el Ministerio de Educación solicitaron su desvinculación del presente trámite constitucional, pues, a su juicio, carece n de legitimación en la causa por pasiva, p eticiónes que serán denegadas en atención a que sus vinculaciónes se hicieron en calidad de terceros con interés debido al interés que les asiste en las resultas del presente trámite , dado que fungieron como parte pasiva en el proceso ordinario que se discute en sede constitucional.

2.3. Problema jurídico

33. Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:

¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?

34. De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:

¿ El Tribunal Administrativo de Boyacá vulneró los derechos fundamentales «al debido proceso, derecho a la seguridad social, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicació