CE - 010315000202305362001SENTENCIA20231031121604

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05362-00

Accionante: MAGDA LUCÍA UMBA ERAZO

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con el requisito general de procedencia de relevancia constitucional. Sanción moratoria

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Magda Lucía Umba Erazo contra la sentencia de 28 de junio de 2023, proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora Magda Lucía Umba Erazo, por intermedio de apoderado judicial, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales «AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE (sic) DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA

LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE (sic) DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA

IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO

CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE (sic) PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL», cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 28 de junio de 2023, proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 15001-33-33-004-2022-00121-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Relató que labora como docente desde el año 1990, en el Departamento de Boyacá, razón por la que tiene: «[…] derecho al reconocimiento y pago de cesantías anualizadas, con pago de intereses cada año […].2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05362-00

Accionante: Magda Lucía Umba Erazo

2.2. Indicó que, el 15 de febrero de 2021 , el Ministerio de Educación Nacional no consignó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio las cesantías

Accionante: Magda Lucía Umba Erazo

2.2. Indicó que, el 15 de febrero de 2021 , el Ministerio de Educación Nacional no consignó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio las cesantías causadas a su favor por los servicios prestados en el año 2020, por lo que el 3 de agosto de 2021, solicitó el reconocimiento y pago de la sanción por mora establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

2.3. Comentó que, mediante acto administrativo núm. 1.2.5.1.1 - 38 de 26 de agosto de 2021, expedido por la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá, se negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora reclamada.

2.4. Señaló que, debido a lo anterior, promovió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 15001-33-33-004-2022-00121-00/01 en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y del Departamento de Boyacá – Secretaría de Educación, para que se declarara la nulidad del Oficio núm. 1.2.5.1.1 - 38 de 26 de agosto de 20211.

2.5. Mencionó que el proceso fue conocido en primera instancia por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja, autoridad judicial que, mediante sentencia de 7 de diciembre de 2022, negó las pretensiones de la demanda.

2.6. Refirió que, inconforme con la decisión de primera instancia, su apoderado

Administrativo del Circuito de Tunja, autoridad judicial que, mediante sentencia de 7 de diciembre de 2022, negó las pretensiones de la demanda.

2.6. Refirió que, inconforme con la decisión de primera instancia, su apoderado judicial interpuso recurso de apelación, en el que insistió que si bien era cierto que los docentes tenían un régimen especial, dicha circunstancia no los exclu ía de la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, ya que la jurisprudencia constitucional reevaluó esa postura en sentencia SU-098 de 20182.

2.7. Esgrimió que el recurso fue desatado por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia de 28 de junio de 2023, en la que se concluyó que no había lugar a revocar la decisión de primera instancia porque la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías dispuesta en la Ley 50 de 1990 no era aplicable a la parte demandante, como tampoco el régimen de la Ley 52 de 1975.

2.8. Puso de presente que, el Tribunal censurado incurrió en un desconocimiento del precedente jurisprudencial , ya que existe una abierta discordancia entre lo expresado por la Corte Constitucional y por la Sección Segunda del Consejo de Estado en más de 26 sentencias dictadas durante los años 2021 y 2023 , y la decisión objeto de esta acción constitucional.

1 A título de restablecimiento del derecho solicitó que se reconociera y pagara la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la indemnización por pago tardío de los intereses a las cesantías dispuesta en el artículo 1 de la

1 A título de restablecimiento del derecho solicitó que se reconociera y pagara la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la indemnización por pago tardío de los intereses a las cesantías dispuesta en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975 y el Decreto 1176 de 1991. 2 Para tal efecto la accionante trajo a colación un cuadro comparativo de los factores para liquidar los intereses a las cesantías, con el fin de sustentar que no era cierto que el régimen especial es más favorable que el general, y sostuvo que el hecho de pertenecer al primero no sustrae a los nominadores de la obligación de consignar las cesantías a tiempo y en los términos del artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Agregó que, del extracto de cesantías individual era viab le establecer que el FOMAG administraba una cuenta individual para cada docente y que las fechas de consignación de las cesantías estaban por fuera del término previsto para ello, por lo que, tales circunstancias eran suficientes para considerar a cada docente como acreedor de la sanción por mora en las cesantías por consignación inoportuna, como lo han indicado el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.3

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05362-00

Accionante: Magda Lucía Umba Erazo

2.9. También sostuv o que el desconocimiento de las sentencias proferidas por el máximo órgano de cierre de la jurisdicción contencioso -administrativa develan una transgresión de los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y favorabilidad, así como una vulneración del derecho a la igualdad. En ese sentido,

máximo órgano de cierre de la jurisdicción contencioso -administrativa develan una transgresión de los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y favorabilidad, así como una vulneración del derecho a la igualdad. En ese sentido, enunció que se desconocieron las sentencias de 6 de agosto de 2020 3, de 24 de enero de 20194, de 17 de junio de 20195, de 28 de junio de 20196, de 29 de julio de 20197, de 2 de diciembre de 2019 8, de 1 0 de junio de 2020 9, de 2 de octubre de 202010, de 12 de noviembre de 202011, de 17 de junio de 202112, de 4 de noviembre de 202113, de 25 de noviembre de 202114, de 11 de noviembre de 202115, de 20 de enero de 202216, de 3 de marzo de 202217, de 28 de abril de 202218, de 9 de mayo de 202219, de 19 de mayo de 2022 20, de 1° de julio de 2022 21, de 22 de agosto de 202222, de 22 de septiembre de 202223, de 19 de enero de 202324 y de 26 de enero de 202325.

2.10. Agregó que la autoridad cuestionada, al sustentar que no existe una posi ción unificada respecto del asunto bajo estudio, debió explicar con claridad y suficiencia su decisión de apartarse de lo expuesto en las sentencias antes referidas.

2.11. En el mismo sentido, también enumeró y citó apartes textuales de varias providencias dictadas por la Corte Constitucional26, en relación con la aplicación del

su decisión de apartarse de lo expuesto en las sentencias antes referidas.

2.11. En el mismo sentido, también enumeró y citó apartes textuales de varias providencias dictadas por la Corte Constitucional26, en relación con la aplicación del

3 Sentencia del 6 de agosto de 2020, expediente 08001-23-33-000-2013-00666-01 (0833-16), M.P. Sandra Liseth Ibarra. 4 Sentencia del 24 de enero de 2019, expediente 76001-23-31-000-2009-00867-01 (4854-2014), M.P. Sandra Liseth Ibarra. 5 Sentencia del 17 de junio de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-04617-01, M.P. Nicolás Yepes Corrales. 6 Sentencia del 28 de junio de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-04679-01, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 7 Sentencia del 29 de julio de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-03499-01, M.P. Nicolás Yepes Corrales. 8 Sentencia del 2 de diciembre de 2019, expe diente 08001 -23-33-000-2014-00173-01 (1688 -16), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. 9 Sentencia del 10 de junio de 2020, expediente 08001-23-33-000-2014-00208-01, M.P. Sandra Liseth Ibarra. 10 Sentencia del 22 de octubre de 2020, expediente 08001-23-31-000-2014-00254-01 (4960-2017), M.P. William Hernández Gómez.

10 Sentencia del 22 de octubre de 2020, expediente 08001-23-31-000-2014-00254-01 (4960-2017), M.P. William Hernández Gómez. 11 Sentencia del 12 de noviembre de 2020, expediente 08001-23-33-000-2014-00132-01, M.P. William Hernández Gómez. 12 Sentencia del 17 de junio de 2021, expediente 08001 -23-31-000-2014-00815-01 (4979 -2017), M.P. Gabriel Valbuena Hernández. 13 Sentencia del 4 de noviembre de 2021, expediente 19001 -23-33-000-2015-00445-02 (0483-20), M.P. William Hernández Gómez. 14 Sentencia del 25 de noviembre de 2021, expediente 08001 -23-33-000-2014-01127-01 (1002-2021), M.P. Sandra Liseth Ibarra. 15 Sentencia del 11 de noviembre de 2021, expediente 08001 -23-40-000-2015-90008-01 (2387 -2020), M.P. William Hernández Gómez. 16 Sentencia del 20 d e enero de 2022, expediente 08001 -23-33-000-2017-00931-01 (1001-2021), M.P. Gabriel Valbuena Hernández. 17 Sentencia del 3 de marzo de 2022, expediente 08001 -23-33-000-2015-00075-01 (2660-2020), M.P. William Hernández Gómez. 18 Sentencia del 28 de abril de 2 022, expediente 76001 -23-33-000-2013-00756-01 (2224 -2020), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

Gómez. 18 Sentencia del 28 de abril de 2 022, expediente 76001 -23-33-000-2013-00756-01 (2224 -2020), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. 19 Sentencia del 9 de mayo de 2022, expediente 08001-23-40-000-2017-00795-01 (2659-2020), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. 20 Sentencia del 19 de mayo de 2022, expediente 47001-23-33-000-2019-00359-01 (4004-2021), M.P. Sandra Liseth Ibarra. 21 Sentencia del 1 de julio de 2022, expediente 47001-23-33-00-2019-00376-01 (4462-2021), M.P. Sandra Liseth Ibarra. 22 Sentencia del 22 de agosto de 2022, expediente 08001 -23-33-000-2015-00509-01 (2140-2020), M.P. César Palomino Cortés. 23 Sentencia del 22 de septiembre de 2022, expediente 08001-23-33-000-2015-90124-01 (2394-2020), M.P. César Palomino Cortés. 24 Sentencia del 19 de enero de 2023, expediente 76001 -23-31-000-2012-00212-02 (4470-2021), M.P. William Hernández Gómez. 25 Sentencia del 26 de enero de 2023, expediente 47001 -23-33-000-2018-0231-01 (0871 -2020), M.P. Rafael Francisco Gómez. 26 Las siguientes: i) Corte Constitucional, sentencia del 17 de octubre de 2018, expediente T -6.736.200, M.P. Gloria Stella

Gómez. 26 Las siguientes: i) Corte Constitucional, sentencia del 17 de octubre de 2018, expediente T -6.736.200, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; ii) Corte Constitucional, sentencia del 25 de julio de 2019, expediente T -5904426 y otros, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; y iii) Corte Constitucional, sentencia del 6 de febrero de 2020, expediente T -7.182.312 y otros, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Páginas 53 a 63 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela, ubicado en el índice 2 del expediente digital en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado: 69FAAB46C657217C 4FCB2D9A5F343F19

5E58DFE196E2A892 C04EE1A940AC806C.4

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05362-00

Accionante: Magda Lucía Umba Erazo

principio de favorabilidad respecto de las Leyes 91 de 1989, 50 de 1990 y 344 de 199627.

2.12. Insistió, por último, que si bien el artículo 8 de la Ley 91 de 1989 dispone que los recursos con los que se financia el FOMAG pueden ser administrados bajo el principio de unidad de caja para el pago de sus prestaciones, lo cierto era que el Ministerio de Educación Nacional no estaba exento de trasladar al FOMAG, el 15 de febrero de cada anualida d, los recursos de las cesantías de los docentes vinculados después del 1º de enero de 1990, dado que es una obligación como

Ministerio de Educación Nacional no estaba exento de trasladar al FOMAG, el 15 de febrero de cada anualida d, los recursos de las cesantías de los docentes vinculados después del 1º de enero de 1990, dado que es una obligación como “patrono de los docentes”. También adujo que el Tribunal confundió los regímenes de cesantías aplicables a los docentes con la obligación del Ministerio de Educación Nacional o el ente territorial correspondiente, de pagar o de consignar oportunamente las cesantías al Fondo que se encuentra afiliado la docente.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

«[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia proferida el día 6/28/2023, en el expediente rad. No. 15001333300420220012101, transgredió los derechos fundamentales: AL

DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN

MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA

APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE

DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD,

ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA , PRINCIPIO

CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE (sic) PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abund ante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso

VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abund ante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del

H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes […]». (Negrilla original del texto)

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 29 de septiembre de 2023, el Despacho Sustanciador admitió la presente acción de tutela . Asimismo, ordenó vincular como tercero s con interés directo en las resultas del proceso «a la Nación - Ministerio de Educación Nacional

27 Enunció las siguientes: Sentencia de Unificación 098 del 17 de octubre de 2018, expediente T-6.736-200, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; Sentencia de Unificación 332 del 25 de julio de 2019, expediente T -5904426 y otros, M.P. Gloria Stella Ortiz

Delgado; y Sentencia de Unificación 041 del 6 de febrero de 2020, expediente T -7.182.312 y otros, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.5

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05362-00

Accionante: Magda Lucía Umba Erazo

• Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG-, a la sociedad Fiduprevisora S.A., al Departamento de Boyacá - Secretaría de Educación y al

Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja».

V. INTERVENCIONES

5. Realizadas las notificaciones a la autoridad judicial accionada y a los vinculados,

se allegaron los siguientes informes:

5.1. El Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala Segunda de Decisión, a través del magistrad o ponente de la providencia objeto de tutela, solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo porque no cumplía con el requisito general de procedencia de relevancia constitucional, de conformidad con la sentencia SU-573 de 2019.

5.2. El Juez Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja rindió informe de las actuaciones que se surtieron en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 15001-33-33-004-2022-00121-00/01. Seguidamente indicó que la presente controversia carecía de relevancia constitucional.

5.3. El Ministerio de Educación Nacional , a través de apoderado judicial, señaló que la presente acción de tutela no cumplía con el requisito general de procedencia de relevancia constitucional.

constitucional.

5.3. El Ministerio de Educación Nacional , a través de apoderado judicial, señaló que la presente acción de tutela no cumplía con el requisito general de procedencia de relevancia constitucional.

5.4. Frente a la falta de relevancia constitucional de este asunto, adujo que el objeto de esta acción constitucional era meramente económico , de conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019.

5.5. La sociedad Fiduprevisora S.A. , en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, rindió informe en el que manifestó que la argumentación de la parte accionante era «[…] exigua […]» en relación con la configuración de las causales genéricas y específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y que: «[…] el mecanismo tutelar se está utilizando con el ánimo de invalidar actuaciones procesales realizadas con anterioridad […]».

5.6. Sostuvo que «[…] las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990 podrán administrar en cuentas individuales los recursos para el pago de las cesantías. Esta modalidad de administración corresponde exclusivamente a las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990, no así para el FOMAG, que se creó mediante la Ley 91 de 1989 bajo el principio de unidad de caja […]».

5.7. Señaló que la sentencia SU-098 de 2018 era inaplicable al caso concreto «[…] por dos razones fundamentales: (i) porque se trata de una sentencia de unificación

de caja […]».

5.7. Señaló que la sentencia SU-098 de 2018 era inaplicable al caso concreto «[…] por dos razones fundamentales: (i) porque se trata de una sentencia de unificación de jurisprudencia perteneciente a la tipología “interpretativas”, y (ii) porque los6

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05362-00

Accionante: Magda Lucía Umba Erazo

pronunciamientos del Consejo de Estado citados por la parte demandante deciden casos particulares y concretos en donde las prete nsiones no han prosperado por estar prescritas […]».

5.8. Por último, solicitó su desvinculación del presente trámite.

5.9. El Departamento de Boyacá, a través de apoderado judicial, rindió informe en el que explicó el marco normativo que regula ba la transferencia de recursos del sistema general de participaciones al FOMAG, para cubrir las prestaciones laborales de los docentes oficiales. Seguidamente, señaló que de conformidad con la sentencia SU -573 de 2019 el presente asunto carecía de relevancia constitucional.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia de la Sala

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre de 199128, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26 de mayo de 201529, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333 de 6 de abril

de 199128, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26 de mayo de 201529, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 202130, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 201931.

VI.2. Cuestión previa

7. La Sala advierte que, previamente a la definición de los problemas jurídicos que se habrán de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de desvinculación procesal presentada por la sociedad Fiduprevisora S.A., en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG.

8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte Constitucional en la sentencia T - 1001 de 200632, señaló lo siguiente:

«[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

28 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".

causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

28 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política". 29 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho". 30 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 31 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 32 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.7

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05362-00

Accionante: Magda Lucía Umba Erazo

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción […]». (Negrilla fuera del texto)

9. Así las cosas, y teniendo en cuenta que la sociedad Fiduprevisora S.A. fue parte dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la

legalidad y contradicción […]». (Negrilla fuera del texto)

9. Así las cosas, y teniendo en cuenta que la sociedad Fiduprevisora S.A. fue parte dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la sentencia que es objeto del presente mecanismo de amparo, la Sala considera que a esta entidad sí le asiste el interés jurídico para ser vinculada a esta acció n constitucional, razón por la cual se denegará la solicitud de desvinculación elevada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

VI.3 Problemas jurídicos

10. De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sala debe establecer: a) Si el presente caso cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se deberá

determinar:

b) Si la sentencia de 28 de junio de 2023, proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 15001-33-33-0042022-00121-00/01, vulneró los derechos fundamentales de la parte accionante, al haber incurrido presuntamente en un defecto sustantivo, en un desconocimiento del precedente judicial y en una violación directa de la Constitución.

11. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando

manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

12. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 201233, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

33 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.8

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05362-00

Accionante: Magda Lucía Umba Erazo

13. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

14. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de

14. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

15. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial34, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución35.

16. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]»36 que encaje en dichos parámetros.

17. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de

esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]»36 que encaje en dichos parámetros.

17. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

34 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 35 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamen tan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.

llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisió