CE - 010315000202305402001SENTENCIA20231026140159

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-05402-00

Actora: Sandra Elena Ávila Gutiérrez

Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá1

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso , ii) acceso a la administración de justicia, iii) seguridad social e iv) igualdad

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la actora contra el Tribunal Administrativo de Boyacá.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La solicitud

1. La actora, a través de apoderado 2, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 26 de julio de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación

1 Cfr. índice núm. 3 de SAMAI. Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 3”. Archivo aportado

restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación

1 Cfr. índice núm. 3 de SAMAI. Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 3”. Archivo aportado en forma digital. 2 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “2_DemandaWeb_Demanda -(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.2

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-05402-00

Actora: Sandra Elena Ávila Gutiérrez

150013333012202200026-01, vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la seguridad social.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, presentó demanda contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Departamento de Boyacá, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que: se declarara la nulidad del acto administrativo identificado como BOY2021EE028488 de 29 de agosto de 2021, por medio del cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora, por la no consignación oportuna de las cesantías en los términos de la Ley 50 de 28 de diciembre de 19903.

4. El Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Tunja profirió sentencia de

consignación oportuna de las cesantías en los términos de la Ley 50 de 28 de diciembre de 19903.

4. El Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Tunja profirió sentencia de primera instancia el 27 de marzo de 2023, negando las pretensiones de la demanda.

5. El Tribunal Administrativo de Boyacá profirió sentencia de se gunda instancia el

26 de julio de 2023, resolviendo lo siguiente:

“[…] Primero: Confirmar la sentencia proferida el 27 de marzo de 2023 por el Juzgado Doce Administrativo de Tunja.

Segundo: Sin condena en costas en esta instancia […]”.

6. El Tribunal Administrativo de Boyacá consideró que:

“[…] En ese orden de ideas, la Corte Constitucional indicó que no era procedente aplicar el criterio indicado en la SU-098, a los demás docentes, esto es a los afiliados al FOMAG, porque en dicho fallo se analizó el caso de una docente que nunca fue afiliada a este fondo, mientras que en los casos analizados para el año 2019 la docente sí estaba afiliada a ese fondo.

3 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”.3

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-05402-00

Actora: Sandra Elena Ávila Gutiérrez

91. Además, agregó la Corte que, en efecto, existe sentencia de unificación de esa Corporación frente a la aplicación a los docentes de sanción moratoria por el pago

Actora: Sandra Elena Ávila Gutiérrez

91. Además, agregó la Corte que, en efecto, existe sentencia de unificación de esa Corporación frente a la aplicación a los docentes de sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías prevista en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, m ás no respecto de la sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías, prevista por la Ley 50 de 1990.

92. De igual modo, la Corte precisó que el estudio de la aplicación de la Ley 50 de 1990 al personal docente vinculado al FOMAG “pretend ía reabrir la controversia legal resuelta por el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo”; la cual determinó que los docentes oficiales no tenían derecho a que se les aplicara la norma general en la medida que pertenecen a un régimen especial.

93. Así mismo, señaló que “el debate planteado [aplicación de la Ley 50 de 1990 para liquidar sanción moratoria] no involucra la garantía de los derechos a la igualdad, seguridad jurídica y debido proceso. Según la jurisprudencia constitucional, la solicitud de una sanción moratoria vinculada a las cesantías es una cuestión que solo adquiere relevancia constitucional en el evento en que (i) logre acreditarse “un trato diferenciado por parte de los jueces a los ciudadanos cuyos casos se fundamentan en iguales supuestos fácticos…(ii)…desvíos absolutamente caprichosos y arbitrarios – inobservancia de precedentes o decisiones carentes de justificación o motivación jurídica… Para la Sala, el presente asunto carece de

casos se fundamentan en iguales supuestos fácticos…(ii)…desvíos absolutamente caprichosos y arbitrarios – inobservancia de precedentes o decisiones carentes de justificación o motivación jurídica… Para la Sala, el presente asunto carece de relevancia constitucional, por esta segunda razón, ya que no se advierte un escenario de afectación a la igualdad, seguridad jurídica y debido proceso de los accionantes”. – Resaltado por la Sala –

94. Y concluyó que “en el presente caso no se está en presencia de “decisiones contradictorias en casos idénticos”, dado que el sub iudice no comparte identidad fáctica y jurídica con las decisiones judiciales que sustentan el supuesto desconocimiento del precedente y, por tanto, no es posible evidenciar prima facie un precedente que el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo hubiese podido desconocer”, con lo cual la Corte analizó el caso de docentes que solicitaban a aplicación de la Ley 50 de 1990 y determinó que no había vulneración al derecho a la igualdad al negar tal pretensión […]”.

[…]

“[…] 106. En ese orden de ideas, la Sala considera que aplicar un fragmento de una norma general (numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990) y aplicarla a un régimen especial de docentes oficiales (artículo 15 de la Ley 91 de 1989), sería crear un tercer régimen no previsto por el legislador y violentar el principio de inescindibilidad de la Ley.

107. Lo anterior en razón que, si se acoge un principio de favorabilidad, al aplicar una norma más beneficiosa, lo ci erto es que la misma debe ser acatada en su

inescindibilidad de la Ley.

107. Lo anterior en razón que, si se acoge un principio de favorabilidad, al aplicar una norma más beneficiosa, lo ci erto es que la misma debe ser acatada en su integridad y no de manera fraccionada21, por lo que, al observar la totalidad de régimen prestacional y salarial de los docentes, consagrado en la Ley 91 de 1989, resulta más provechoso en conjunto, que el régime n general o privado, ante los beneficios en materia salarial con los que cuentan los docentes oficiales. Por lo tanto, no es de recibo que para un tema particular como las cesantías se regulé conforme la Ley 50 de 1990 y el resto de las prerrogativas confo rme la Ley 91 de

1989.

108. De otro lado, el principio de favorabilidad aplica en el evento que dos normas regulen una misma situación fáctica, requisito que no se configura en el presente asunto, pues la Ley 50 de 1990 regula las situaciones en que un e mpleado público se encuentra afiliado a un fondo privado de pensiones, en cambio la Ley 91 de 1989 regula las situaciones de los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional de4

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-05402-00

Actora: Sandra Elena Ávila Gutiérrez

Prestaciones Sociales del Magisterio, en ese sentido, como existe norma para cada caso concreto, no hay lugar a realizar algún análisis de favorabilidad.

109. Tampoco se observa una vulneración al principio de igualdad al negar la aplicación de la Ley 50 de 1990, en razón que tal regla se predica en el evento que

caso concreto, no hay lugar a realizar algún análisis de favorabilidad.

109. Tampoco se observa una vulneración al principio de igualdad al negar la aplicación de la Ley 50 de 1990, en razón que tal regla se predica en el evento que se observe una d iscriminación respecto de trabajadores que ejerzan las mismas funciones y se hallen en las mismas condiciones, es decir que tal principio “ordena dar un trato igual a quienes se encuentran en la misma situación fáctica, y un trato diverso a quienes se hallan en distintas condiciones de hecho”22 .

110. Por tal razón, no es discriminatorio que para un grupo de trabajadores como lo son los docentes oficiales, que cuentan con una jornada laboral diferente, un régimen de vacaciones y unas funciones distintas a los demás servidores públicos, se les aplique una norma especial como lo es la Ley 91 de 1989 y no la general descrita en la Ley 50 de 1990.

111. Ahora, la Sala no acoge la tesis de la recurrente, relativa en que la SU-098 de 2018 reconoció la sanción moratoria descrita en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 para el personal docente; en razón que dicha sentencia no es aplicable al presente caso, por no guardar identidad fáctica, especialmente porque en el caso aquí estudiado la demandante sí está afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, tal como lo consideró la misma Corte en sentencia SU-573 de 2019 […]”.

[…]

“[…] De la no aplicación de la indemnización prevista en la Ley 52 de 1975 por la consignación tardía de los intereses a las cesantías a los docentes

120. Indicó el fallador de primera instancia, frente a la pretensión de pago de la

“[…] De la no aplicación de la indemnización prevista en la Ley 52 de 1975 por la consignación tardía de los intereses a las cesantías a los docentes

120. Indicó el fallador de primera instancia, frente a la pretensión de pago de la indemnización por no pagarse directamente los intereses a las cesantías dentro del mes siguiente a su liquidación, que la misma no es aplicable al caso de la demandante teniendo en cuenta que los docentes oficiales ostentan un régimen especial en materia de liquidación de los intereses anuales causados por concepto de cesantías contemplado en el numeral 3º del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 y que resulta más favorable en la liquidación de intereses a las cesantías, negando así las pretensiones de la demanda.

121. Sin embargo, con sidera la recurrente que le asiste el derecho a la indemnización por el no pago de los intereses de la cesantía en el mes de enero, en los términos de la Ley 52 de 1975, en razón que la Ley 91 de 1989 guardó silencio frente a ese derecho.

122. Sin ahondar en un mayor análisis al realizado en primera instancia, considera la Sala que le asiste razón el juez, en la medida que la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías prevista en el artículo 1º de la Ley 52 de 1975 cuyo reconocimiento pretende la parte actora, no está llamada a prosperar, toda vez que la citada norma es aplicable a los trabajadores particulares, calidad que no goza la demandante, la cual es docente del orden territorial.

123. Además, el Acuerdo 39 de 1998, establec ió en su artículo 4° que el pago de

que la citada norma es aplicable a los trabajadores particulares, calidad que no goza la demandante, la cual es docente del orden territorial.

123. Además, el Acuerdo 39 de 1998, establec ió en su artículo 4° que el pago de los mencionados intereses se realizará de la siguiente manera: “(…) El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio realizará el pago de los intereses en el mes de marzo, a los docentes cuya información haya sido remitida a la Entidad Fiduciaria que administra los recursos del Fondo a más tardar el cinco (5) de febrero de cada año, y en el mes de mayo a los docentes cuya información haya sido remitida a la Entidad Fiduciaria en el período comprendido entre el seis (6) de febrero5

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-05402-00

Actora: Sandra Elena Ávila Gutiérrez

y hasta el quince (15) de marzo de cada año. En los casos en que la entidad territorial reporte la información con posterioridad a esta fecha, la entidad fiduciaria, programará pagos posteriores, de lo cual informará al Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (…)” (Destacado fuera de texto)

124. Ahora bien, del extracto de cesantías aportado en la demanda se observa que a la demandante le fueron consignados el 27 de marzo de 2021, mientras que el pago fue efectuado el 31 de marzo de la misma anualidad lo cual evidencia que se realizaron dentro de las fechas dispuestas para tal fin en el Acuerdo 39 de 1998, y así mismo, la fecha de pago demuestra que la información la docente fue remitida

pago fue efectuado el 31 de marzo de la misma anualidad lo cual evidencia que se realizaron dentro de las fechas dispuestas para tal fin en el Acuerdo 39 de 1998, y así mismo, la fecha de pago demuestra que la información la docente fue remitida el 5 de febrero de 2021, por lo que el reconocimiento de los intereses se efectuó en el mes siguiente como lo señala el respectivo Acuerdo.

125. De otra parte, debe resaltarse que en la sentencia SU -098 de 2018 no se observa que la aplicabilidad de la Ley 52 de 1975, en el caso de los docentes, hubiera sido analizada, no obstante, en dicha providencia la Corte Constitucional estimó que ante la falta de regulación en la norma especial procedía aplicar el régimen general, cuestión que no tiene lugar, comoquiera que en el caso del FONPREMAG existe normativa especial respecto del reconocimiento y pago de los intereses a las cesantías.

126. En esa medida, la indemnización solicitada no es compatible con la normatividad aplicable a los docentes, en razón que el régimen especial docente dispuesto por la Ley 91 de 1989 y Acuerdo No. 39 de 1998, se itera, prevén la forma como debe liquidarse el interés de las cesantías y la fecha en que se debe realizar el desembolso, sin que prevea indemnización alguna en los términos solicitados por la demandante […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

7. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia proferida el día 7/26/2023, en el expediente rad. No.

7. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia proferida el día 7/26/2023, en el expediente rad. No. 15001333301220220002601, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre e n la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 0986

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-05402-00

Actora: Sandra Elena Ávila Gutiérrez

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-05402-00

Actora: Sandra Elena Ávila Gutiérrez

de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes:

3. CORTE

CONSTITUCIONAL

No. RADICADO

EXPEDIENTE FECHA DECISIÓN MAGISTRADO PONENTE MAGISTRADOS

1 Exp. T6.736.200 17 de octubre de 2018 Dra. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN 098/2018

DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

2 Exp. T5904426 y otros 25 de julio de 2019 Dr. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN 332/2019

DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

3 Exp. T7.182.312 y otros 6 de febrero de 2020 Dr. LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN 041/2020

DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

CONSEJO DE ESTADO

No.

RADICADO

EXPEDIENTE

FECHA DECISIÓN

MAGISTRADO PONENTE CONSEJEROS

FIRMANTES

1 08001-23-33000-201300666-01 (0833-16)

6 de agosto de 2020

MAGISTRADO PONENTE CONSEJEROS

FIRMANTES

1 08001-23-33000-201300666-01 (0833-16)

6 de agosto de 2020

Dra. SANDRA LISETH IBARRA SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN DEL

CONSEJO DE ESTADO

2 76001-23-31000200900867-01, No.

Interno: 4854-2014

24 de enero de 2019

Dra. SANDRA LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER

3 11001-03-15000-201804617-01

17 de junio de 2019

Dr. NICOLAS YEPES CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE

RODRÍGUEZ NAVAS –

Dr. GUILLERMO

SANCHEZ LUQUE

4 11001-03-15000-201804679-01

28 de junio de 2019

Dr. ROBERTO AUGUSTO SERRATO

VALDÉS

Dra. NUBIA MARGOTH

PEÑA GARZÓN – Dr.

HERNANDO SANCHEZ

SÁNCHEZ

5 11001-0315000-201803499-01

29 de julio de 2019

Dr. NICOLÁS YEPES CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE

RODRÍGUEZ NAVAS - Dr.

GUILLERMO

SÁNCHEZ LUQUE

6

29 de julio de 2019

Dr. NICOLÁS YEPES CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE

RODRÍGUEZ NAVAS - Dr.

GUILLERMO

SÁNCHEZ LUQUE

6 08001 23 33 000 2014 00173-01 (1688-16)

2 de diciembre de 2019

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

7 08001-23-33000-201400208-01

10 de junio de 2020

Dra. SANDRA LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER

8 08001-23-31000-201400254-01 (4960-2017)

22 de octubre de 2020

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA HERNÁNDEZ7

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-05402-00

Actora: Sandra Elena Ávila Gutiérrez

9

08001-23-33000-201400132-01

12 de noviembre de 2020

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO

9

08001-23-33000-201400132-01

12 de noviembre de 2020

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS - Dr.

GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

10

08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979–2017)

17 de junio de 2021

Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZDr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS

11 08001-23-33000-201500331-01

17 de junio de 2021

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Dra. SANDRA LISSET

IBARRA VÉLEZ - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER

12 19001-23-33000-20150044502(048320)

4 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS - Dr.

GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

13 08001-23-33000-201401127-01 (1002-2021)

25 de noviembre de 2021

Dra. SANDRA LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER

01127-01 (1002-2021)

25 de noviembre de 2021

Dra. SANDRA LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER

14 40001-23-40000-201700134-01 (2208-2020)

25 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

15 080001-23-40000-201590008-01 (2387-2020)

11 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS - Dr.

GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

16 080001-23-40000-201490022-01 (5154-2016)

11 de noviembre de 2021

Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZDr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS

17 080001-23-33000-201700931-01 (1001-2021)

20 de enero de 2022

Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS

20 de enero de 2022

Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS

18 080001-23-33000-201500075-01 (2660-2020)

3 de marzo de 2022

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS - Dr.

GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

19 76001-23-33000-201300756-01 (2224-2020)

28 de abril de 2022

Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

20 080001-23-40000-201700795-01 (2659-2020)

9 de mayo de 2022

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZDr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

21 47-001-23-33000-201900359-01 (4004-2021)

19 de mayo de 2022

Dra. SANDRA LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO CUÉTER 22 47-001-23-33000-201900376-01

Dra. SANDRA LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO CUÉTER 22 47-001-23-33000-201900376-01 (4462-2021) 1 de julio de 2022 Dra. SANDRA LISETH IBARRA Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr. CARMELO

PERDOMO CUÉTER8

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-05402-00

Actora: Sandra Elena Ávila Gutiérrez

23 08001-23-33000-201500509-01 (2140-2020)

22 de Agosto de 2022

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET

IBARRA VELEZ – Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER

24 08001-23-33000-201590124-01 (2394-2020)

22 de Septiembre de 2022

Dr. CESAR PALOMINO CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET

IBARRA VELEZ – Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER

25 76001-23-31000-201200212-02 (4470-2021)

19 de enero de 2023

Dr. WILLIAM HERNANDEZ GOMEZ

DR. RAFAEL

FRANCISCO SUAREZ

VARGAS – Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNANDEZ

26

47001-23-33Dr. WILLIAM HERNANDEZ GOMEZ

DR. RAFAEL

FRANCISCO SUAREZ

VARGAS – Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNANDEZ

26 47001-23-33000-2018-023101 (0871-2020)

26 de enero 2023

DR. RAFAEL FRANCISCO GOMEZ

DR. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ –

DR. GABRIEL

VALBUENA

HERNANDEZ

8. La actora en su escrito de tutela señaló que el Tribunal Administrativo de Boyacá incurrió en un i) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial ; y en la causal de ii) violación directa de la Constitución.

Actuación

9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 2 de octubre de 2023; i) admitió la acción de tutela, ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Boyacá; y iii) vinculó al Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Tunja, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al Departa mento de Boyacá y a la Fiduciaria La Previsora S.A4., en calidad de tercero con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

10. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio señaló que:

“[…] Las circunstancias fácticas relacionadas con el caso que desató la Corte

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

10. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio señaló que:

“[…] Las circunstancias fácticas relacionadas con el caso que desató la Corte Constitucional en la sentencia SU -098 de 2018 no corresponden a las mismas en las que se fundan las pretensiones de la demandada, ya que, en este caso concreto, no se cuestiona una afiliación inoportuna al FOMAG que haya devenido en el retardo de la consignación de las cesantías. En este caso puntual, la demandante reclama la consignación extemporánea de sus cesantías en los plazos establecidos en la Ley 50 de 1990 e indemnización por pago inoportuno de los intereses, frente a lo cual, como se ha venido señalando, es imposible que se cause una demora respecto de un hecho que la administración no puede ejecutar en el régimen especial de los

4 Como vocera y administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.9

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-05402-00

Actora: Sandra Elena Ávila Gutiérrez

docentes, ya que resulta imposible realiza r una consignación ante la ausencia de cuentas individuales por cada afiliado […]”.

[…]

“[…] Bajo los argumentos expuestos, se concluye que al demandante no le es aplicable la penalidad pretendida, en razón a que, debido a la fecha de su vinculación se r egula en materia prestacional por las normas de los empleados públicos del orden nacional, por lo que no es destinatario de la penalidad extendida

aplicable la penalidad pretendida, en razón a que, debido a la fecha de su vinculación se r egula en materia prestacional por las normas de los empleados públicos del orden nacional, por lo que no es destinatario de la penalidad extendida por disposición expresa del artículo 1º del Decreto 1582 de 1998, a los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, requisitos que no cumple el docente, pues no reúne la condición de territorial y tampoco se encuentra afiliado a un fondo privado administrador de ces antías de aquellos creados por la Ley 50 de 1990; máxime cuando la finalidad del legislador fue precisamente la creación del FOMAG para atender las prestaciones sociales de los docentes del sector oficial, cuyos recursos provienen por disposición legal, de la Nación […]”.

11. El Departamento de Boyacá afirmó que:

“[…] La labor del Juez constitucional, se limita a determinar si la actuación de la autoridad es producto de una actitud arbitraria y contraria al ordenamiento jurídico, mas no hace parte de sus funciones el invadir en el trámite de un proceso judicial, tomando decisiones paralelas a las que cumple quien en ejercicio de su función constitucional lo conduce, pues no pueden desconocerse los conceptos y principios de autonomía, independencia de los jueces, acceso a la administración de justicia, seguridad jurídica y vigencia del Estado social de derecho. El Juez, dentro del ámbito de su competencia, goza de plena libertad para interpretar las disposiciones legales aplicables a un caso concreto, au n cuando dicha interpretación sea contraria a los intereses de las partes”.

de su competencia, goza de plena libertad para interpretar las disposiciones legales aplicables a un caso concreto, au n cuando dicha interpretación sea contraria a los intereses de las partes”.

2 Se advierte entonces que el Tribunal Administrativo de Boyacá fundamentó su decisión de manera razonable y razonada y que, en esa medida, no constituye una vía de hecho. Asunto diferente es que el actor no comparta el criterio expuesto por el juez de segunda instancia; sin embargo, no es la acción de tutela un mecanismo que permita interferir en la autonomía judicial […]”.

12. La Fiduprevisora S.A., solicitó que se le desvinculara del presente trámite de tutela, por haberse configurado la falta de legitimación en la causa por pasiva.

13. El Ministerio de Educación Nacional indicó que:

“[…] El defecto cuya remoción se persigue por vía de la acció n de tutela debe conllevar, en forma inmediata, la violación de uno o múltiples derechos fundamentales, lo cual determina que sólo las decisiones judiciales cuyos efectos trasciendan el campo de los anotados derechos, en detrimento de éstos, pueden ser atacadas mediante la acción de tutela, no obstante, los jueces ante quienes se solicita están obligados a examinar de manera rigurosa el caso para no desvirtuar los principios de autonomía funcional de la jurisdicción y de la cosa juzgada.10

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Actora: Sandra Elena Ávila Gutiérrez

En ese orden de ideas, será el extremo activo quien tendrá que probar, en el proceso

Actora: Sandra Elena Ávila Gutiérrez

En ese orden de ideas, será el extremo activo quien tendrá que probar, en el proceso que nos ocupa, si existe una eventual transgresión de derechos que pudiera generar que la decisión judicial expedida por el Juez de Conocimiento se aparte del ámbito de legalidad, para des plegar actuaciones de hecho que resulten contrarias al Ordenamiento Jurídico. Siendo así este evento sujeto del amparo constitucional por medio de la acción de tutela.

Tomando en cuenta que en el caso en concreto no se evidencia violación alguna a los de rechos del accionante, nos encontramos ante una eminente causal de improcedencia de la acción constitucional.

En suma, los operadores judiciales deben ser autónomos e independientes, pues sólo así los casos puestos a su conocimiento podrán ser resueltos de manera imparcial, aplicando a ellos los mandatos abstractamente definidos por el legislador, de tal modo que verdaderamente se cumpla la esencia de la misión constitucional de administrar justicia […]”.

14. El Tribunal Administrativo de Boyacá y el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Tunja guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

15. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19915, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de

reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20216 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20197, que asigna a esta sección el conoc