CE - 010315000202305435001SENTENCIA20231206202125

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05435-00

Demandante: Álvaro Pineda Angarita

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-05435-00

Demandante: Álvaro Pineda Angarita

Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá

Temas: Tutela contra providencia judicial que negó la aplicación , por favorabilidad laboral, de las Leyes 50 de 1990 y 52 de 1972, respecto de la sanción moratoria por la consignación inoportuna de las cesantías anuales e indemnización por el pago tardío de los intereses de las cesantías a docentes afiliados al Fomag. Ausencia de los defectos desconocimiento de precedente y violación directa de la Constitución.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión n°. 6.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, el señor Álvaro Pinera Angarita, por intermedio de apoderado, promovió demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e2

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interpretación de las fuentes formales de derecho, a la seguridad social, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, al principio de la perpetuatio jurisdictionis y a la seguridad jurídica.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se deje sin efectos la sentencia del 30 de agosto de 2023 , proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión n°. 6 , dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 15238-33-33-001-2022-00046-01 y, en su lugar, que se ordene al Tribunal proferir una nueva decisión en la que se atienda la siguiente multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el reconocimiento de la sanción moratoria ha edificado tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado.

CORTE CONSTITUCIONAL

No. RADICADO

EXPEDIENTE FECHA DECISIÓN MAGISTRADO PONENTE MAGISTRADOS

1 Exp. T6.736.200

edificado tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado.

CORTE CONSTITUCIONAL

No. RADICADO

EXPEDIENTE FECHA DECISIÓN MAGISTRADO PONENTE MAGISTRADOS 1 Exp. T6.736.200 17 de octubre de

2018 Dra. GLORIA STELLA ORTÍZ DELGADO

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN

098/2018 DE LA

CORTE

CONSTITUCIONAL

2 Exp. T5904426 y otros 25 de julio de 2019 Dr. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN

332/2019 DE LA

CORTE

CONSTITUCIONAL

3 Exp. T7.182.312 y otros 6 de febrero de 2020

Dr. LUIS GUILLERMO GUERRERO

PÉREZ

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN

041/2020 DE LA

CORTE

CONSTITUCIONAL3

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1.1.2. Los hechos

El apoderado del accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:

1. El señor Álvaro Pineda Angarita se vinculó como docente en el departamento de Boyacá después del año 1990, por lo que, atendiendo a la fecha de vinculación, tiene derecho al reconocimiento y pago de sus cesantías bajo el régimen anualizado, con pago de interés cada año.

1. El 15 de febrero del año 2021, el Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), no le consignó las cesantías correspondientes a los servicios prestados en el año 2020.

1. El 23 de julio de 2021, el señor Álvaro Pined a Angarita solicitó al F omag el reconocimiento y pago de la sanción por mora, establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, modificado por el Decreto Nacional 1176 de 1991 , al haber transcurrido cinco meses sin que fuera realizada su con signación efectiva de cesantías, así como la indemnización por pago tardío de los intereses a las cesantías, establecida en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975.

1. El 25 de agosto de 2021, a través del Oficio BOY2021EE028803, la Secretaría de

la indemnización por pago tardío de los intereses a las cesantías, establecida en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975.

1. El 25 de agosto de 2021, a través del Oficio BOY2021EE028803, la Secretaría de Educación de Boyacá negó el pedimento, por lo que el señor Álvaro Pineda Angarita demandó la decisión ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.6

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1. El 24 de abril de 2022, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Duitama negó las súplicas de la demanda, al considerar que la sanción por mora solo opera para aquellos docentes que no son afiliados al Fomag.

1. Contra la anterior decisión, el señor Álvaro Pineda Angarita interpuso recurso de apelación, argumentando que no solo la ley sino la abundante jurisprudencia tanto en sede constitucional como en sede de lo contencioso administrativo han despejado la duda sobre la aplicación pacífica de la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales.

1. El 30 de agosto de 2023, el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión n°. 6, confirmó la sentencia de primera instancia , al señalar: a) que no existe norma jurídica que contemple la sanción moratoria a favor de los docentes; b) ni tampoco un

n°. 6, confirmó la sentencia de primera instancia , al señalar: a) que no existe norma jurídica que contemple la sanción moratoria a favor de los docentes; b) ni tampoco un precedente consolidado en la materia; y c) que acceder a lo pretendido implicaría introducir un cambio en la regulación sobre el funcionamiento interno del Fomag en lo que respecta a la administración de los recursos —principio presupuestal de unidad de caja—, por desconocer el propósito del legislador.

1.1.3. Los fundamentos jurídicos

El apoderado del accionante refirió como argumentos de tutela, los siguientes:

1. El problema jurídico dentro del caso es de índole constitucional, por cuanto la sanción moratoria conlleva el pago o consignación oportuna del auxilio de cesantías, que necesariamente tiene un alcance en el derecho fundamental a la seguridad social, y la única forma de garantizar el auxilio de cesantías es con su consignación efectiva.

1. De acuerdo a lo señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia SU -098 de 2018, en virtud del principio de igualdad e in dubio pro operario, no se debe excluir al sector oficial docente de la aplicación de la Ley 50 de 1990, pues al tener también el carácter de servidores públicos, son beneficiarios de la sanción moratoria.

1. En consideración con lo anterior, la Sección S egunda del Consejo de Estado , a través de las 26 sentencias expedidas en sus Subsecciones, acogió una interpretación7

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05435-00

Demandante: Álvaro Pineda Angarita

través de las 26 sentencias expedidas en sus Subsecciones, acogió una interpretación7

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05435-00

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favorable en el sentido de indicar que sí le resulta aplicable la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales, por disposición expresa de las Leyes 91 de 1989 y 344 de 1996, y los Decretos Nacionales 1582 de 1998, 1252 de 2000 y 3752 de 2003.

1. Ahora, que la autoridad accionada manifieste que tanto la Sentencia SU -098 de 2018 como la jurisprudencia del Consejo de Estado no son aplicables al caso, por estudiar situaciones fácticas y jurídicas distinta s, esto es, porque los asuntos allí analizados trataban de docentes no afiliados al Fomag, mientras que, en el sub judice, el docente sí lo estaba, no resulta adecuado, toda vez que lo que castiga la Ley 50 de 1990 es la falta de consignación de las cesantías en el fondo donde esté afiliado el trabajador, no la falta de afiliación a un fondo.

1. Con todo, expresar tal situación es tanto como permitir que las entidades territoriales vincularan docentes sin autorización de la Nación-Ministerio de Educación Nacional y luego culpar a esta entidad de la no cancelación de las cesantías, cuando fue esto lo que expresamente se prohibió desde la expedición del artículo 6 de la Ley 60 de 1993.

vincularan docentes sin autorización de la Nación-Ministerio de Educación Nacional y luego culpar a esta entidad de la no cancelación de las cesantías, cuando fue esto lo que expresamente se prohibió desde la expedición del artículo 6 de la Ley 60 de 1993. No puede vincularse ningún docente al magisterio por fuera de las plantas de personal que fueron aprobadas desde 1993, momento en que se descentralizó la educación en el sector educativo, sin que previam ente estuviera autorizado por la Nación, pues precisamente existía una vinculación automática al Fomag para que fueran trasladadas las cesantías anualizadas, decretadas por la Ley 91 de 1989, a todos los docentes, como es el caso del accionante, vinculado después del 1 de enero de 1990.

1. Cuando en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 se estableció que: «... los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta ley», la intención directa era que se tratara igual a los maestros que ya eran nacionales afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, esto es, que se les consignara las cesantías y que estos recursos se separaran de los recursos de la Nación–MEN como patrono.

1. Causa extrañeza que el Tribunal profiera una decisión afectando derechos fundamentales, pues, con justificación objetiva, la Sección Segunda del Consejo de8

que estos recursos se separaran de los recursos de la Nación–MEN como patrono.

1. Causa extrañeza que el Tribunal profiera una decisión afectando derechos fundamentales, pues, con justificación objetiva, la Sección Segunda del Consejo de8

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Estado en los años 2021, 2022 y 2023 ha decidido unificar en sus dos Salas de Decisión la jurisprudencia en torno a la aplicación de la Ley 50 de 1990 para los docentes vinculados después del 1 de enero de 1990, lo que significa que el patrono, en este caso el MEN, solo debe trasladar antes del 15 de febrero de 2021, del trabajo del docente en el año 2020, sus cesantías al Fomag.

1. Ahora bien, la obligación del traslado de los recursos a las cesantías que tenía tanto el Gobierno Nacional como las entidades territoriales, las Cajas Nacional y Departamentales y el Fondo Nacional del Ahorro a los docentes que se encontraban vinculados antes del 31 de diciembre de 1989 al Fomag —ya fuesen nacionalizados, territoriales o nacionales—, no está en discusión, toda vez que esta fue la intención y la orden impartida desde la creación de la Ley 91 de 1989, esto es, el Fomag debía recibir esos recursos; sin embargo, en el caso se señaló que existe unidad de caja entre los recursos del Ministerio de Educación y el Fomag, lo que no es cierto puesto

recibir esos recursos; sin embargo, en el caso se señaló que existe unidad de caja entre los recursos del Ministerio de Educación y el Fomag, lo que no es cierto puesto que los recursos ya fueron consignados a la entidad. Si bien es cierto en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 se estableció la unidad de caja de los recursos del Fomag para el pago de las prestaciones sociales por parte del Fondo, no significa que este principio se predique de los recursos de Ministerio de Educación Nacional y el Fomag.

1. Por tanto, a los docentes le son aplicables los Decretos Nacionales 3118 de 1968, 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1042 de 1978 y 1045 de 1978, y las demás que se expidieran en el futuro —pues así lo determinó la Ley 91 de 1989—, como es el caso de las Leyes 50 de 1990 y 344 de 1996, que son expresas en señalar la obligación del patrono con la consignación de las cesantías a los docentes oficiales en el Fomag a más tardar el 15 de febrero de cada anualidad.

1. En el presente asunto se configura una violación directa de la Constitución ante la no aplicación del principio de favorabilidad, pues a los maestros se le s debe tratar en igualdad de condiciones que al resto de los empleados públicos del país.

1.2. Actuación procesal

1.2.1. El 4 de octubre de 2023, el consejero de Estado Rafael Francisco Suárez Vargas admitió la solicitud de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar del proveído al señor9

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05435-00

admitió la solicitud de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar del proveído al señor9

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Álvaro Pineda Angarita , en calidad de accionante; a los magistrados del Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión n°. 6, en calidad de demandados; y a la Nación-Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Presta ciones Sociales del Magisterio, y al departamento de Boyacá, como terceros con interés; para que, dentro del término de tres días, rindieran informe y allegaran los documentos que pretendieran hacer valer como pruebas.

De igual forma, comisionó al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Duitama, para que notificara del trámite constitucional, como terceros interesados, a todas las personas que intervinieron dentro del medio de control nulidad y restablecimiento del derecho que se tramitó con el radicado 15 238-33-33-001-202200046-00 [01], exceptuando al señor Álvaro Pineda Angarita, a la Nación - Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al departamento de Boyacá, debiendo remitir con destino al expediente las constancias de notificación derivadas de la comisión.

También, requirió al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Duitama para que enviara copia digital del expediente del medio de control arriba referido;

de notificación derivadas de la comisión.

También, requirió al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Duitama para que enviara copia digital del expediente del medio de control arriba referido; reconoció personería jurídica para actuar dentro del proceso al abogado Yobany Alberto López Quintero, de acuerdo con poder especial, otorgado por la parte actora, según la documentación contenida en el expediente digitalizado; y ordenó remitir copia de la solicitud de tutela a la parte demandada y a los terceros interesados para que, dentro de los tres días siguientes a la notificación de la providencia, ejercieran su derecho de defensa, si a bien lo tenían, y rindieran el respectivo informe.

1.2.2. El 12 de octubre de 2023, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó del proveído al señor Álvaro Pineda Angarita, al Tribunal Administrativo de Boyacá, al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Duitama, al Ministerio de Educación Nacional, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y al departamento de Boyacá.

1.2.3. El 12 de octubre de 2023, la secretaria del Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Duitama remitió el enlace para consulta del expediente requerido y la constancia de notificación a la Fiduprevisora S. A.10

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1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. El Tribunal Administrativo de Boyacá. El 17 de octubre de 2023, el magistrado Félix Alberto Rodríguez Riveros solicitó declarar improcedente la acción de tutela o, en su defecto, desestimar las pretensiones deprecadas, en atención a lo siguiente:

1. Lo pretendido con la acción es reabrir un debate zanjado en sede ordinaria por el juez natural so pretexto de la aplicación de los criterios jurisprudenciales de la Corte constitucional y del Consejo de Estado en casos que, además, corresponden a situaciones fácticas y jurídicas diferentes y que, por tanto, no resultan aplicables al demandante. Asimismo, se intenta que el juez constitucional efectúe un análisis adicional e imponga una interpretación que resulte favorable a los intereses de la parte actora, en cuanto a la aplicación de las normas de la Ley 50 de 1990, lo cual es improcedente por la vía de amparo.

1. E n la sentencia objeto de censura se concluyó que la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías establecida en el régimen de la Ley 50 de 1990 no le es aplicable a l demandante, en atención a las particularidades administrativas con que funciona la consignación de la prestación al interior del régimen especial aplicable a los docentes en la Ley 91 de 1989. Se precisó que no resultaba procedente, en virtud del principio de favorabilidad , aplicar disposiciones normativas de otro

con que funciona la consignación de la prestación al interior del régimen especial aplicable a los docentes en la Ley 91 de 1989. Se precisó que no resultaba procedente, en virtud del principio de favorabilidad , aplicar disposiciones normativas de otro régimen, pues este principio está limitado por el de inescindibilidad de la norma, el cual impide el fraccionamiento de los diferentes regímenes ; y finalmente, se determinó detalladamente que no existía precedente vinculante al caso concreto pues los supuestos fácticos de las sentencias cuya aplicación se solicitó eran diferentes al caso del demandante.

1.3.2. El Ministerio de Educación Nacional. El 17 de octubre de 2023, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Walter Epifanio Asprilla Cáceres, solicitó declarar improcedente la acción de tutela, dados los siguientes argumentos:

1. La pretensión del accionante es revivir por la vía de la acción de tutela un debate jurídico que fue zanjado en la jurisdicción correspondiente, en aras de que el juez11

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constitucional actúe como una tercera instancia. Abrir tal posibilidad desconocería principios fundamentales del Estado social de d erecho en tanto ignoraría la independencia y autonomía de la que gozan los jueces de la República.

1. El argumento respecto de la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados

principios fundamentales del Estado social de d erecho en tanto ignoraría la independencia y autonomía de la que gozan los jueces de la República.

1. El argumento respecto de la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al Fomag no se encuentra resuelto de manera pacífica ni por la jurisdicción constitucional ni por la de lo contencioso administrativo, ya que en ambas se han expedido providencias que tienden a resolver el asunto en uno u otro sentido.

1. Así, con el fin de zanjar de fondo esa discusión ante la jurisdicción competente, la Procuraduría General de la Nación por medio de su delegado interpuso recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia en el proceso 66001 -33-33-001-202200016-01 (5746-2022), el cual fue admitido mediante auto de 24 de agosto de 2023, y en la actualidad se encuentra pendiente de ser emitida la sentencia respectiva.1

1.3.3. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. El 17 de octubre de 2023, la Fiduprevisora S. A., en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, solicitó declarar improcedente la acción y desvincular a la entidad del trámite de tutela al no estar legitimados en la causa por pasiva. Señaló, lo siguiente:

1. La acción de tutela resulta improcedente toda vez que las autoridades judiciales que conocieron del proceso actuaron conforme a la normativa y jurisprudencia aplicable al caso sin que pueda aducirse que desconocieron los precedentes judiciales mencionados con la demanda.

conocieron del proceso actuaron conforme a la normativa y jurisprudencia aplicable al caso sin que pueda aducirse que desconocieron los precedentes judiciales mencionados con la demanda.

1. Así, se tiene que las circunstancias fácticas relacionadas con el caso que desató la Corte Constitucional en la Sentencia SU -098 de 2018 no corresponden a las que se fundan las pretensiones de la demanda que resultó desfavorable para el accionante, ya que, en su caso, no se cuestiona una afiliación inoportuna al Fomag que haya devenido en el retardo de la consignación de las cesantías, sino en el reclam o de la

1 Así se indicó en la contestación de la demanda, pese a que para la fecha en que se radicó el memorial, ya había sido adoptada la sentencia de unificación en la materia.12

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consignación extemporánea de sus cesantías en los plazos establecidos en la Ley 50 de 1990 e indemnización por pago inoportuno de los intereses, frente a lo cual es imposible que se cause una demora respecto de un hecho que la administración no puede ejecu tar en el régimen especial de docentes, comoquiera que no es dable realizar una consignación ante la ausencia de cuentas individuales por cada afiliado.

1. Es de advertir que por disposición del artículo 2 del Decreto 1582 de 1998, las

realizar una consignación ante la ausencia de cuentas individuales por cada afiliado.

1. Es de advertir que por disposición del artículo 2 del Decreto 1582 de 1998, las entidades administradoras de cesantías —creadas por la Ley 50 de 1990 — podrán administrar, en cuentas individuales, los recursos para el pago de las cesantías, no así ocurre para el Fomag —creado mediante la Ley 91 de 1989 — que se rige bajo el principio de unidad de caja, por lo que es claro que las cesantías de los docentes no se administran en cuentas individuales. Así, la imposibilidad física y jurídica de apertura de cu entas individuales para cada docente afiliado al Fomag, se extiende también a la figura de la «consignación de cesantías», pues en lugar de una consignación, los docentes tienen la posibilidad de retirar sus cesantías siempre que su solicitud cumpla con el lleno de los requisitos.

1. Sumado a lo anterior, en de tener en cuenta que , recientemente, en la Sentencia de Unificación del 11 de octubre de 2023, proferida dentro del expediente 66001-3333-001-2022-00016-01 (5746-2022), el Consejo de Estado, Sección Segunda, unificó jurisprudencia en el sentido de precisar que los docentes estatales afiliados al Fomag no tienen derecho a la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989.

1.3.4. La Gobernación de Boyacá. El 17 de octubre de 2023, la apoderada Ana María

cesantías regulado por la Ley 91 de 1989.

1.3.4. La Gobernación de Boyacá. El 17 de octubre de 2023, la apoderada Ana María Sanabria Morales, solicitó desestimar las pretensiones de tutela, en atención a lo s siguientes argumentos:

1. En la Sentencia SU-098 de 2018, la Corte Constitucional resolvió una acción de tutela de un docente nombrado en provisionalidad que nunca fue afiliado al Fomag y que solicitó al ente territorial el reconocimiento y pago de sus cesantías conforme a la Ley 50 de 1990. En el caso, el accionante carece de fundamentos fácticos que puedan13

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asemejarse a lo expuesto en la s entencia, por lo que sus pretensiones están encaminadas a no prosperar.

1. Por otro lado, es de resaltar que el Consejo de Estado no ha proferido sentencia de unificación que dirima el fondo de lo solicitado en la acción de tutela, es decir, si los docentes oficiales tienen derecho al pago de la sanción moratoria por la presunta consignación extemporánea de las cesantías, de conformidad con el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, así como a la indemnización por el pago inoportuno de los intereses sobre las cesantías, de acuerdo con la Ley 52 de 1975.

1. En todo caso, es de advertir que la sanción moratoria establecida en el artículo 99

sobre las cesantías, de acuerdo con la Ley 52 de 1975.

1. En todo caso, es de advertir que la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 no es aplicable a los docentes oficiales afiliados al Fomag, en razón a que a estos servidores los ampara un régimen jurídico especial en materia de reconocimiento y pago de cesantías que no contempla tal sanción, máxime cuando el trámite tal como está establecido en la norma especial se cumplió en su integridad, ya que la liquidación para el año 2021 se realizó dentro de los 20 primeros días hábile s del mes de enero y se remitió al fondo en medio electrónico el 4 de febrero de 2021 y en medio físico el día 5 siguiente y así mismo, los recursos se empezaron a aprovisionar desde el mes de enero de 2021.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con el numeral 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021, según el cual «Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada», en concordancia con el artículo 25 del Acuerdo 080 de 2019, según el cual «[l]as tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y e n segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya14

instancia y e n segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya14

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05435-00

Demandante: Álvaro Pineda Angarita

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

correspondido el reparto», esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela.

2.2. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los requisitos de procedibilidad para controvertir la sentencia del 30 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión n°. 6, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derec ho con radicación 15238 -33-33-0012022-00046-01. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la referida providencia se vulneraron los derechos fundamentales invocados por la parte actora.

2.3. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales

La jurisprudencia constitucional2 ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590 de 2005,3 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen

procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590 de 2005,3 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que cuando se trate de u na irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta

2 Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 199