CE - 010315000202305496001SENTENCIA20231026161950

Demandante: Diócesis de Mocoa – Sibundoy

Demandado: Consejo de Estado,

Sección Tercera, Subsección C Radicación: 11001-03-15-000-2023-05496-00

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-05496-00

Demandante: DIÓCESIS DE MOCOA – SIBUNDOY

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,

SUBSECCIÓN C

Temas: Tutela contra providencia judicial – subsidiariedad

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la solicitud de amparo presentada por la parte accionante contra el auto del 11 de septiembre de 20231 proferido por la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación. En esta providencia se rechazó por extemporáneo el recurso de apelación formulado contra el auto de 18 de mayo de 2022 proferido por el Tribunal Administrativo de Nariño que rechazó de plano la demanda por haber operado la caducidad del mencionado medio de control.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

el Tribunal Administrativo de Nariño que rechazó de plano la demanda por haber operado la caducidad del mencionado medio de control.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. La Diócesis de Mocoa – Sibundoy2, actuando a través de apoderado judicial3, interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. La peticionaria consideró que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales a l debido proceso, defensa y contradicción (doble instancia) y de acceso efectivo a la administración de justicia.

2. Lo anterior, con ocasión de la expedición del auto proferido el 11 de septiembre de 2023, proferido al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 52001 -23-33-000-2022-000481 Por el cual se pronuncia sobre la procedencia del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra del auto proferido, el dieciocho (18) de mayo de dos mil veintidós (2022), por el Tribunal Administrativo de Nariño – Sala Primera de Decisión, que rechazó de plano la demanda. 2 Representada por el obispo Luis Albeiro Maldonado Monsalve

3 Abogado Marcel Tangarife Torres.Demandante: Diócesis de Mocoa – Sibundoy

Demandado: Consejo de Estado,

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2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

01(69785) 4, mediante el cual se rechazó por extemporáneo el recurso de apelación formulado contra el auto de 18 de mayo de 2022 proferido por el Tribunal Administrativo de Nariño que rechazó de plano la demanda por haber operado la caducidad del mencionado medio de control.

1.2. Pretensiones

3. La parte accionante solicitó que se tutelaran sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción (doble instancia) y de acceso efectivo a la administración de justicia , así como el principio de confianza legítima . En

consecuencia, que:

1. se ordene dejar sin efectos el auto de 11 de septiembre de 2023, por medio de los cuales el Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección C rechazó por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto contra el auto de 18 de mayo de 2022 proferido por el Tribunal Administrativo de Nariño dentro del proceso identificado con radicado 52001-23-33-000-2022-0004801(69785); ii) se proceda a dar trámite y a resolver el fondo del recurso de apelación interpuesto oportunamente por la Accionante y; iii) se adopten las demás medidas de protección que el Juez Constitucional estime necesarias para garantizar la tutela efectiva de los derechos fundamentales de la Diócesis de Mocoa-Sibundoy.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

1. se adopten las demás medidas de protección que el Juez Constitucional estime necesarias para garantizar la tutela efectiva de los derechos fundamentales de la Diócesis de Mocoa-Sibundoy.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

4. El 9 de febrero de 2022 la Diócesis de Mocoa , mediante apoderado , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, y en subsidio del medio de control de reparación directa, demandó a l municipio de Santiago – Putumayo, ante el Tribunal Administrativo de Nariño5. En auto de 18 de mayo de 2022 6 el despacho judicial decidió rechazar de plano la demanda por considerar que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho había caducado7.

4 Promovido por la Diócesis de Mocoa - Sibundoy (Putumayo) contra el municipio de Santiago (Putumayo). 5 En la demanda referida, la Diócesis de Mocoa solicitó la nulidad del Decreto 111 del 2019, expedido por la Alcaldía Municipal de Santiago, que declaró como bien baldío urbano el inmueble con anterior número predial 86 -760-01-00-0001-0001-000 (actualmente 86760-01-00-00-00-0001-0-00-000000), correspondiente a la I.E.D. Escuela San José. Como consecuencia de lo anterior, pidió que se condene al Municipio de Santiago a restituir a la Diócesis de Mocoa – Sibundoy el derecho de propiedad sobre el predio referi do y a pagar unas sumas de dinero. La parte demandante planteó como pretensiones subsidiarias que, en caso de no prosper ar el medio de control de nulidad y

propiedad sobre el predio referi do y a pagar unas sumas de dinero. La parte demandante planteó como pretensiones subsidiarias que, en caso de no prosper ar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, se declar ara responsable al Municipio de Santiago por no haber reconocido a la Diócesis de Mocoa – Sibundoy las mejoras realizadas en el predio y se conden ara al pago de unas sumas de dinero. 6 Notificado a la parte actora vía mensaje de datos el jueves 09 de junio de 2022. 7 El Tribunal explicó que el cómputo del término de caducidad para actos como el que se cuestionó en dicho trámite debe iniciar desde el momento en que se advierta el conocimiento de este por parte de su destinatario, ya sea porque la Administración le da publicidad (comunicación, notificación o publicación) o debido a la materialización de sus efectos, que hace notoria su expedición (ejecución). Para el Tribunal la notificación en este caso se realizó por conducta concluyente y, de esta manera, advirtió que el término de caducidad transcurrió del 10 de julio de 2021 hasta el 10 de noviembre de la misma anualidad. Por tanto, concluyó que tanto la solicitud de conciliación judicial como la demanda fueron presentadas extemporáneamente, el 12 de noviembre de 2021 y el 10 de febrero de 2022, respectivamente.Demandante: Diócesis de Mocoa – Sibundoy

Demandado: Consejo de Estado,

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5. El 14 de junio de 2022 , la accionate interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra la decisión del Tribunal Administrativo de Nariño alegando la no caducidad del medio de control, así como el hecho de que —aún en la hipótesis no aceptada de que haya caducado el medio de control principal — se habían formulado de forma subsidiaria la pretensión de reparación directa.

6. El 15 de noviembre de 2022, la Diócesis radicó memorial de impulso procesal para que el Tribunal resolviera el recurso de reposición, y se pronunciara sobre la apelación en caso de confirmar la providencia , el cual fue reiterado con la solicitud del 8 de febrero de 2023.

7. El 9 de febrero de 2023 el Tribunal Administrativo de Nariño surtió traslado a la parte acccionante del recurso de reposición y en subsidio apelación contra el auto que rechazó la demanda, interpuesto por dicha Diócesis. Ese mismo día el accionante presentó memorial descorriendo el traslado, reiterando los puntos del recurso y señalando que se renunciaba al término de los tres días al ser la Diócesis el único sujeto procesal en esa instancia del proceso

8. El 29 de marzo de 2023 el Tribunal resolvió de fondo el recurso de reposición, confirmando el auto que rechazó la demanda por caducidad del medio de control de

el único sujeto procesal en esa instancia del proceso

8. El 29 de marzo de 2023 el Tribunal resolvió de fondo el recurso de reposición, confirmando el auto que rechazó la demanda por caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, y concedió la apelación ante el Consejo de

Estado8.

9. La parte accionante señaló que pese a que el Tribunal Administrativo de Nariño resolvió de fondo el recurso de reposición y concedió el recurso de apelación al encontrarlo procedente . Sin embargo, el Consejo de Estado no se pronunció sobre el fondo de la controversia, sino que mediante auto de 11 de septiembre de 2023 rechazó por extemporáneo el recurso de apelación9.

8 En la parte resolutiva de dicha providencia se indicó: “54. Bajo el anterior contexto, esta Corporación no repondrá la decisión contenida en el auto de fecha 18 de mayo de 2022, y al encontrar procedente el recurso de apelación interpuesto por el señor ap oderado judicial de la Diócesis de Mocoa - Sibundoy (P), frente a la decisión que conllevó al rechazo de la demanda, resulta procedente conceder el recurso en los términos establecidos en la Ley. DECISIÓN: En meritó (sic) de lo expuesto, el TRIBUNAL ADMINI STRATIVO DE NARI ÑO, Sala Unitaria de Decisión, RESUELVE PRIMERO: NO REPONER la decisión contenida en la providencia de fecha 18 de mayo de 2022, que resolvió RECHAZAR DE PLANO la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instauró por conducto de apoderado judicial de la DIÓCESIS

de 2022, que resolvió RECHAZAR DE PLANO la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instauró por conducto de apoderado judicial de la DIÓCESIS DE MOCOA – SIBUNDOY (P), contra el MUNICIPIO DE SANTIAGO – (P), por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: CONCEDER, en el efecto suspensivo y ante el Honorable Consejo de Estado, el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la providencia del 18 de mayo de 2022” 9 Para llegar a esta conclusión la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación expuso que «De conformidad con el artículo 244 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), si el auto es notificado por estad o -artículo 201 del CPACA, el recurso deberá interponerse y sustentarse por escrito ante quien lo profirió, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación o a la del auto que niega total o parcialmente la reposición. Es así que, en el caso de la notificación por estado, los términos empezarán a correr al día hábil siguiente a la desfijación de este, al tenor de los artículos 118 y 318 del Código General del Proceso y 244 del CPACA. Por lo tanto, en este asunto, el recurso de apelación, formulado de manera subsidiaria al de reposición, fue interpuesto extemporáneamente, comoquiera que el auto que rechazó la demanda fue notificado por estado el ocho (8) de junio de dos mil veintidós (2022) (…) el término

al de reposición, fue interpuesto extemporáneamente, comoquiera que el auto que rechazó la demanda fue notificado por estado el ocho (8) de junio de dos mil veintidós (2022) (…) el término de tres (3) días para formular el recurso de apelación corrió desde el nueve (9) de junio, día siguienteDemandante: Diócesis de Mocoa – Sibundoy

Demandado: Consejo de Estado,

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1.4. Fundamentos de la vulneración

10. La parte accionante alegó que la autoridad judicial vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, contradicción y de acceso efectivo a la administración de justicia, así como el principio de confianza legítima, por cuanto en la decisión reprochada incurrió en violación directa de la Constitución, defecto material o sustantivo y «decisión sin motivación », por los siguientes motivos.

Después de referir los requisitos de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial, para señalar que la solicitud de amparo cumplía con cada uno de ellos , procedió a explicar cada uno de los defectos relacionados.

11. Frente a la violación directa de la constitución , el tutelante indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en dicho defecto pues con la adoptación del auto de 11 de septiembre de 2023, violó directamente los artículos 29, 83 y 229 de

la Constitución Política, a saber:

autoridad judicial accionada incurrió en dicho defecto pues con la adoptación del auto de 11 de septiembre de 2023, violó directamente los artículos 29, 83 y 229 de la Constitución Política, a saber:

• Respecto al derecho al debido proceso indicó que «teniendo en cuenta una interpretación de la norma procesal que el Consejo de Estado adoptó después de que la Diócesis interpusiera el recurso contra el auto de 18 de mayo de 2022 emitido por el Tribunal Administrativo de Nariño, y notificado vía mensaje de datos el día 09 de junio de 2022; vulneración de sus derechos fundamentales que se torna aún más evidente teniendo en cuenta que dicho Tribunal, en su calidad de juez de primera instancia, sí se pronunció de fondo sobre el recurso de reposición radicado el 14 de junio de 2022 y, en consecuencia, concedió el recurso de apelación interpuesto en subsidio al encontrarlo procedente».

• Sobre la violación del derecho fundamental de defensa y contradicción explicó que: «pese a haber presentado oportunamente el recurso de apelación contra el auto de 18 de mayo de 2022 proferido por el Tribunal Administrativo de Nariño, de conformidad con el numeral 2° del artículo 205 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), la parte accionante no ha sido oída en el proceso. Lo anterior, por cuanto el Consejo de Estado rechazó erróneamente el recurso en comento por extemporáneo, eximiéndose de estudiar los argumentos de disconformidad con la decisión de primera instancia planteados por la Diócesis y, por lo tanto, privando a la accionante de la posibilidad de que el superior jerárquico de aquél que rechazó la demanda por

instancia planteados por la Diócesis y, por lo tanto, privando a la accionante de la posibilidad de que el superior jerárquico de aquél que rechazó la demanda por encontrar presuntamente configurada la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, verificara la corrección de dicha determinación».

• En relación con la violación del derecho fundamental al acceso efectivo a la administración de justicia expuso que la decisión adoptada en el auto de 11 de septiembre de 2023: «implicó que el Consejo de Estado no profiriera una decisión de fondo con respecto a la controversia planteada por la Diócesis de Mocoa – Sibundoy, como correspondía en su calidad de superior jerárquico del Tribunal Administrativo de Nariño, juez colegiado que profirió el auto de 18 de mayo de 2022 cuya oportuna impugnación se discute en el presente trámite. Como consecuencia de lo anterior, la existencia del recurso de apelación como mecanismo judicial previsto en la ley procesal (CPACA) para garantizar que no se cometan yerros en las

a la notificación, hasta el trece (13) de junio de dos mil veintidós (2022), y el escrito fue remitido al Tribunal Administrativo de Nariño el catorce (14) de junio de la misma anualidad. Así, el Tribunal Administrativo de Nariño erró al conceder la apelac ión, porque tomó como fecha de notificación el nueve (9) de junio de dos mil veintidós (2022), día en el que envió el mensaje de datos de que trata el artículo 201 del CPACA».Demandante: Diócesis de Mocoa – Sibundoy

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Sección Tercera, Subsección C

el artículo 201 del CPACA».Demandante: Diócesis de Mocoa – Sibundoy

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decisiones adoptadas por los jueces, propendiendo porque se resuelvan efectivamente las controversias ventiladas ante la administración de justicia, resulta cuando menos inocuo o inútil en el presente caso pues, en la práctica, termina siendo denegado un estudio de fondo de la decisión de primera instancia con fundamento en una interpretación de la norma procesal que, se insiste, es posterior a la interposición del recurso interpuesto por la Diócesis. Asimismo, la vulneración de esta garantía fundamental se torna más evidente si se tiene en cuenta que el auto recurrido, esto es, la providencia de 18 de mayo de 2022 proferida 12 por el Tribunal Administrativo de Nariño, rechazó la demanda interpuesta por la Diócesis en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, y en subsidio de reparación directa por una supuesta caducidad que nunca ocurrió porque fue mal contabilizada; quedando entonces la Accionante privada de su derecho de acción en aras de reclamar la nulidad del acto que dec laró como baldío urbano un inmueble que fue entregado a la Alcaldía de Santiago, de buena fe y en medio de una negociación para perfeccionamiento de un contrato de compraventa, que utilizó dicha declaratoria para expropiar sin indemnización alguna dicho in mueble, lo que reviste una gravedad

entregado a la Alcaldía de Santiago, de buena fe y en medio de una negociación para perfeccionamiento de un contrato de compraventa, que utilizó dicha declaratoria para expropiar sin indemnización alguna dicho in mueble, lo que reviste una gravedad inmensa respecto del derecho de propiedad consagrado en el artículo 58 de la Constitución Política».

12. Por otro lado, el accionante sostuvo que el Tribunal accionado incurrió «Defecto material o sustantivo» por cuanto, mediante el auto de 11 de septiembre de 2023 objeto de esta tutela, el Consejo de Estado consideró extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante con fundamento en una interpretación del artículo 205 del CPACA que no había sido sentada por dicha Corporación al momento de radicación del referido recurso . Así sostuvo que la Corporación adoptó la decisión de declarar extemporáneo el recurso de apelación interpuesto en subsidio el 14 de junio de 2022 por la Diócesis, y el cual le correspondía resolver en calidad de superior jerárquico del Tribunal Administrativo de Nariño, con base en una interpretación de la norma procesal vigente que era inexistente para el momento de la interposición del referido recurso contra el auto de 18 de mayo de 2022, proferido por el Tribunal Administrativo de Nariño.

13. Indicó que l a providencia impugnada adolece del defecto de decisión sin motivación, por cuanto no refiere sustento normativo o jurisprudencial alguno para entender el 08 de junio de 2022 —fecha de la simple fijación del estado que notificó la providencia de 18 de mayo de la misma anualidad proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, pero no del envío del mensaje de datos requerido por el

entender el 08 de junio de 2022 —fecha de la simple fijación del estado que notificó la providencia de 18 de mayo de la misma anualidad proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, pero no del envío del mensaje de datos requerido por el artículo 201 del CPACA para entender adecuadamente surtida dicha notificación, lo cual ocurrió solamente hasta el 09 de junio de 2022 —, como aquella que debe tenerse en cuenta para contabilizar el término de (3) días para interponer los recursos ordinarios procedentes contra aquella decisión. Es decir, al no estar plasmada en el auto de 11 de septiembre de 2023 una v aloración de los motivos que sustentan la posición de la Diócesis y del propio Tribunal Administrativo del Nariño, según la cual el recurso fue oportunamente interpuesto, se configura el cumplimiento del requisito específico de procedibilidad en comento

14. Finalmente, sostuvo que con la acción de tutela no pretende traer a colación aspectos meramente procedimentales discutidos dentro del proceso identificado con radicado 52001-23-33-000-2022-00048-01(69785), ni que guarden relación con la relación jurídica sustancial existente entre las partes del mismo, ni mucho menos sustituir al Consejo de Estado para que el juez de tutela conozca y decida elDemandante: Diócesis de Mocoa – Sibundoy

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proceso; sino, precisamente, que la Sección Tercera Subsección C se pronuncie de fondo sobre el recurso de apelación oportunamente interpuesto, de conformidad con la interpretación de la norma procesal vigente al momento de la radicación del mismo, tal como se explicará más adelante.

1.5. Trámite de la acción de tutela e intervenciones

15. En auto del 29 de septiembre de 2023, el magistrado ponente admitió la acción de tutela y dispuso la notificación de l Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, para que contestara la presente tutela y allegara los documentos que pretenda hacer valer como pruebas.

16. Además, ordenó la vinculación de l Tribunal Administrativo de Nariño como tercero con interés al ser la autoridad judicial que conoció en primera instancia el proceso ordinario y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso . Finalmente, requirió al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y al Tribunal Administrativo de Nariño para que allegaran el expediente ordinario.

1.6. Informes

17. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentó

la siguiente intervención:

18. La Subsección C, de la Sección Tercera del Consejo de Estado , señaló que la presente acción de tutela no satisface el requisito general de subsidiariedad,

la siguiente intervención:

18. La Subsección C, de la Sección Tercera del Consejo de Estado , señaló que la presente acción de tutela no satisface el requisito general de subsidiariedad, así como también que con la providencia proferida por esta autoridad no se lesionaron los derechos fundamentales invocados.

19. Sobre el incumplimiento del requisito de subsidiariedad explicó que la jurisprudencia constitucional ha sostenido que se deben agotar todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. Que constituye un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.

20. Así, expuso que la providencia objeto de censura en esta acción corresponde a aquella que rechazó, por extemporáneo, un recurso de apelación interpuesto contra el auto que rechazó la demanda y que, conforme a los artículos 242 y 246 – numeral 3 – del CPACA, contra esa decisión procedían los recursos de reposición y de súplica, respectivamente. No obstante, el tutelante optó no hacer uso de ellos, por lo que la decisión quedó en firme, al tenor del artículo 302 del Código General del Proceso.Demandante: Diócesis de Mocoa – Sibundoy

Demandado: Consejo de Estado,

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21. Por otro lado, indicó que l a decisión enjuiciada en este trámite tuvo como fundamento lo siguiente: (i) el artículo 244 del CPACA, que regula lo relativo al trámite del recurso de apelación contra autos, que en su numeral 3, establece que, si el auto se notifica por estado, el recurso deberá interponerse y sustentarse por escrito ante quien lo profirió, dentro de los 3 días siguient es a su notificación o a la del auto que niega total o parcialmente la reposición; (ii) en el caso de la notificación por estado, los términos empezarán a correr al día hábil siguiente a la desfijación de este, de acuerdo con los artículos 118 y 318 del Código General del Proceso y 244 del CPACA; (iii) el auto que rechazó la demanda fue notificado por estado el ocho (8) de junio de dos mil veintidós (2022), por lo tanto, el término de 3 días para formular el recurso de apelación corrió desde el nueve (9) de junio, día siguiente a la notificación, hasta el 13 de junio de 2022; y (iv) el escrito fue remitido, extemporáneamente, al a quo el 14 de junio de 2022.

22. Expuso que la Subsección sustentó su decisión en las normas aplicables al caso concreto y vigentes al momento de la interposición del recurso, a saber: los artículos 201 – notificación por estado – y 244 – trámite del recurso de apelación

22. Expuso que la Subsección sustentó su decisión en las normas aplicables al caso concreto y vigentes al momento de la interposición del recurso, a saber: los artículos 201 – notificación por estado – y 244 – trámite del recurso de apelación contra autos – del CPACA y 118 – cómputo de términos – del Código General del

Proceso.

23. En este punto, precisó que:

[E]l auto de unificación del veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintidós (2022) unificó lo relativo a la notificación de las sentencias por vía electrónica, únicamente. Resulta oportuno indicar que esta Corporación, con anterioridad al auto de unificación ya referido, se pronunció en diversas oportunidades sobre la notificación por estado, en el sentido de indicar que el hecho de que se envíe un mensaje de datos al canal digital de los sujetos procesales no significa que esta actuación corresponda a una notificación por medio electrónico o personal, luego, no le es aplicable el numeral 2 del artículo 205 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Ello, pues, de aceptarse una postura en sentido contrario, desnaturalizaría la esencia de la notificación por estado. (sic)

24. El Tribunal Administrativo de Nariño no rindió informe.

25. A su vez, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, pese a que fue notificada, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

26. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación del fallo de tutela del 11 de septiembre de 2023 dictado por la Subsección C de la Sección Tercera

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

26. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación del fallo de tutela del 11 de septiembre de 2023 dictado por la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto Ley 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la

Sala Plena de esta Corporación.Demandante: Diócesis de Mocoa – Sibundoy

Demandado: Consejo de Estado,

Sección Tercera, Subsección C Radicación: 11001-03-15-000-2023-05496-00

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2.2. Legitimación en la causa

27. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

28. Con fundamento en lo anterior, la Sala advierte que el accionante se encuentra legitimado en la causa por activa. Esto porque le asiste un interés directo en las resultas del proceso, pues presentó el recurso de apelación, el cual, a su vez, fue rechazado por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C en el auto del 11 de septiembre de 2023.

en las resultas del proceso, pues presentó el recurso de apelación, el cual, a su vez, fue rechazado por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C en el auto del 11 de septiembre de 2023.

29. Por su parte, esta Colegiatura encuentra que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C está legitimado en la causa por pasiva al ser la autoridad judicial que profirió la decisión reprochada en esta oportunidad.

2.3. Problema jurídico

30. Le corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión de primera instancia proferida por la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación, el 11 de septiembre de 2023.

31. Para ello, deberá analizar si concurren los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, en especial el de subsidiariedad. De encontrarse superados los mismos, la Sala analizará lo siguiente:

32. ¿El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y contradicción (doble instancia) y de acceso efectivo a la administración de justicia de la parte accionante? Esto, por incurrir en violación directa de la Constitución, defecto material o sustantivo y «decisión sin motivación», con el auto proferido el 11 de septiembre de 2023 que rechazó por «extemporáneo» el recurso de apelación presentado contra el auto proferida el 18 de mayo de 2023 por medio del cual el Tribu