CE - 010315000202305514001SENTENCIA20231026135907

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-202305514-00

Actora: Ana María Puerta Cuello

Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia1

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Igualdad, ii) acceso a la administración de justicia, iii) debido proceso y iv) seguridad social

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por la actora contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora, a través de apoderado 2, presentó acción de tutela contra la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 7 de junio de 2023, en el proceso adelantado en

1 Cfr. índice núm. 3 de SAMAI. Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 3”. Archivo aportado en forma digital.

1 Cfr. índice núm. 3 de SAMAI. Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 3”. Archivo aportado en forma digital. 2 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “2_DemandaWeb_Demanda -(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.2

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-05514-00

Actora: Ana María Puerta Cuello

ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimi ento del derecho identificado con el número único de radicación 050013333025202200353 -02, vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la seguridad social.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los c uales se fundamenta la acción de tutela,

en síntesis, son los siguientes:

3. Adujo que, presentó demanda contra la Nación - Ministerio de EducaciónFondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al “[…] Distrito de Medellín […]”, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo núm. 202230035507 del 2 de febrero de 2022 , por medio del cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías establecida en la Ley 50 de 28 de diciembre de 19903.

4. El Juzgado Veinticinco Administrativo Oral del Circuito de Medellín profirió

cesantías establecida en la Ley 50 de 28 de diciembre de 19903.

4. El Juzgado Veinticinco Administrativo Oral del Circuito de Medellín profirió sentencia de primera instancia, el 14 de diciembre de 2022, en la cual, negó las pretensiones de la demanda.

5. El Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia , en segunda instancia, el 7 de junio de 2023, mediante la cual resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Veinticinco (25) Administrativo del Circuito de Medellín, el día catorce (14) de diciembre de dos mil veintidós (2022).

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia. […]”.

5.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia consideró que:

“[…] De las normas transcrita previamente, se puede concluir entonces que conforme lo dispone la Ley 91 de 1989, es a partir de la misma donde se encuentra a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio la cancelación de las

3 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”.3

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-05514-00

Actora: Ana María Puerta Cuello

cesantías, régimen de cesantías que se encuentra consagrado en tal norma, y que conforme lo consagró la Ley 344 de 1996, la Ley 50 de 1990, se hizo extensible para los servidores públicos, sin perjuicio de lo consagrado o regulado en la Ley 91 de

conforme lo consagró la Ley 344 de 1996, la Ley 50 de 1990, se hizo extensible para los servidores públicos, sin perjuicio de lo consagrado o regulado en la Ley 91 de 1989; además, que la misma Ley 91 contempló un régimen anualizado de cesantías docentes, sin tratarse de un mismo régimen, pues es claro que la Ley 50 de 1990 parte de la existencia de empleador, fondo privado de cesantías y un trabajador afiliado al fondo, contemplando una consignación; mientras que en la Ley 91 de 1989, se parte únicamente de un Fondo, en este caso, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y un docente, sin contemplar dicho supuesto, esto es, la consignación del primero. […]”.

[…]

“[…] Como primera medida, encuentra la sala que se hace necesario de conformidad con el problema jurídico planteado en esta instancia, determinar si procede la aplicación de la sanción por consignación extemporánea de cesantías del artículo 99 de la Ley 50 de 1990; así como la indemnización del artículo 1° de la Ley 52 de 1195, pues sólo de determinarse que estas son procedentes, se deberá realizar el análisis a fin de establecer si en el caso que nos ocupa, dichas sanciones se causaron y en qué términos.

Así las cosas, encuentra la Sala que la señora ANA MARÍA PUERTA CUELLO, de conformidad con el Archivo Digital 13, se encuentra afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio con un tipo de vinculación – Nacional desde el día 7 de febrero de 1994, con un régimen de cesantías anualizado; además, que por

conformidad con el Archivo Digital 13, se encuentra afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio con un tipo de vinculación – Nacional desde el día 7 de febrero de 1994, con un régimen de cesantías anualizado; además, que por su calidad de docente vinculada con posterioridad al día 1° de enero de 1990, tiene derecho de conformidad con el artículo 15° de la Ley 91 de 1989, que se le liquiden sus cesantías anualmente y que además, se le reconozca y pague un interés anual sobre el saldo de dichas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, “ equivalente a la suma que resulte de aplicar la tasa de interés, que de acuerd o con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período”. […]”.

[…]

“[…] Para esta Sala de Decisión es claro conforme las normas vigentes, que no existe fundamento legal que consagre obligación de consignación en una cuenta individual de cada docente, pues los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, provienen de diferentes fuentes, estando sometidos al principio de unidad de caja - artículo 16 del Decreto 111 de 1996, con subcuentas independientes, una de ellas destinada a cesantías, lo que quiere decir la no existencia de cuentas individuales o independientes, lo cual es totalmente contrario a los presupuestos establecidos para la aplicación de la sanción por no consignación oportuna de la Ley 50 de 1990, los cuales suponen en forma clara, la existencia de i) una afiliación a un fondo privado de cesantías, lo cual no sucede con el FOMAG y ii) la obligación de

50 de 1990, los cuales suponen en forma clara, la existencia de i) una afiliación a un fondo privado de cesantías, lo cual no sucede con el FOMAG y ii) la obligación de consignación.

Ahora bien, también está claro que a los docentes sí les es reconocida una sanción moratoria cuando se produce el pago en forma inoportuna de sus cesantías, pues a los mismos, les resultan aplicables las disposiciones contenidas en la Ley 1071 de 2006 tanto para cesantías parciales y definitivas, situación que además fue objeto de pronunciamiento mediante sentencia de unificación proferida por el H. Consejo de Estado; además, debe indicarse que si bien la parte actora solicita se de aplicación al principio de favorabilidad, lo cierto es que el mismo no es aplicable en tanto no existen dos disposiciones aplicables al caso a fin de tomarse la más beneficiosa, pues la4

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-05514-00

Actora: Ana María Puerta Cuello

sanción consagrada en la Ley 50 de 1990 – artículo 99 tal y como se ha venido indicando, consagra unos presupuestos completamente diferentes; y porque además, se estaría vulnerando el principio de inescindibilidad de regímenes.

Ahora como se ha indico a lo largo de esta sentencia, como el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio es el responsable del pago de las cesantías y los intereses a las mismas, tampoco es procedente la indemnización por no consignación en forma oportuna de los intereses a las cesantías que consagra el artículo 1° de la Ley 52 de 1975, puesto que los docentes oficiales, se e ncuentran

los intereses a las mismas, tampoco es procedente la indemnización por no consignación en forma oportuna de los intereses a las cesantías que consagra el artículo 1° de la Ley 52 de 1975, puesto que los docentes oficiales, se e ncuentran regidos en dicho punto, por lo dispuesto en el Acuerdo No. 39 de 1998, expedido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, encontrándose además claro, que los mismos, esto es, los educadores, cuentan con una afiliación obligatoria a dicho fondo, sin tener entonces la posibilidad de optar por elegir este, siendo administrados los recursos por el propio FOMAG […]”.

[…]

“[…] Se advierte que, de conformidad con lo dispuesto en las normas aplicables al caso concreto, y la Jurisprudencia en la materia, la sanción por no consignación regulada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, no resulta aplicable a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FONPREMAG; además, tampoco es aplicable la indemnización que consagra el artículo 1° de la Ley 52 de 1975, en tanto los educadores oficiales en este aspecto, tiene regulación propia, esto es, el Acuerdo No. 39 de 1998, mismo que no contempla el reconocimiento y pago de dicha indemnización; razón por la cual se deberá confirmar la sentencia proferida en primera instancia […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA en la sentencia proferida el día 08/06/2023, en el expediente rad. No.

6. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA en la sentencia proferida el día 08/06/2023, en el expediente rad. No. 05001333302520220035300, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN

DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD

SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,

PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO 3 JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en l a jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 0985

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-05514-00

Actora: Ana María Puerta Cuello

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-05514-00

Actora: Ana María Puerta Cuello

de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes:

CONSEJO DE

ESTADO

No. RADICADO

EXPEDIENTE FECHA DECISIÓN MAGISTRADO PONENTE

CONSEJEROS

FIRMANTES

1 08001-23-33000-201300666-01 (0833-16)

6 de agosto de 2020

Dra. SANDRA LISETH IBARRA SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN DEL

CONSEJO DE

ESTADO

2 76001-23-31000200900867-01, No.

Interno: 4854-2014

24 de enero de 2019

Dra. SANDRA LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER

3

11001-03-15000-201804617-01

17 de junio de 2019

Dr. NICOLÁS YEPES CORRALES

Dr. JAIME

ENRIQUE

RODRÍGUEZ

NAVAS – Dr.

GUILLERMO

SANCHEZ LUQUE

4

Dr. NICOLÁS YEPES CORRALES

Dr. JAIME

ENRIQUE

RODRÍGUEZ

NAVAS – Dr.

GUILLERMO

SANCHEZ LUQUE

4

11001-03-15000-201804679-01

28 de junio de 2019

Dr. ROBERTO AUGUSTO SERRATO

VALDÉS

Dra. NUBIA

MARGOTH PEÑA

GARZÓN – Dr.

HERNANDO

SANCHEZ SÁNCHEZ

5 11001-0315000-201803499-01

29 de julio de 2019

Dr. NICOLÁS YEPES CORRALES

Dr. JAIME

ENRIQUE

RODRÍGUEZ

NAVAS - Dr.

GUILLERMO

SÁNCHEZ LUQUE

6 08001 23 33 000 2014 00173-01 (1688-16)

2 de diciembre de 2019

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS

Dr.

WILLIAM

HERNÁN

DEZ

GÓMEZDr.

GABRIEL

3. CORTE CONSTITUCIONAL

No. RADICADO

EXPEDIENTE

FECHA

DECISION

MAGISTRADO PONENTE MAGISTRADOS

1

Exp. T6.736.200

17 de octubre de 2018

Dra. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN

098/2018 DE LA

CORTE

1

Exp. T6.736.200

17 de octubre de 2018

Dra. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN

098/2018 DE LA

CORTE

CONSTITUCIONAL

2

Exp. T5904426 y otros

25 de julio de 2019

Dr. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN

332/2019 DE LA

CORTE

CONSTITUCIONAL

3

Exp. T7.182.312 y otros 6 de febrero de 2020

Dr. LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN

041/2020 DE LA

CORTE

CONSTITUCIONAL6

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-05514-00

Actora: Ana María Puerta Cuello

VALBUENA

HERNÁNDEZ

7 08001-23-33000-201400208-01

10 de junio de 2020

Dra. SANDRA LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER

8 08001-23-31000-201400254-01 (4960-2017)

22 de octubre de 2020

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

8 08001-23-31000-201400254-01 (4960-2017)

22 de octubre de 2020

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ VARGASDr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

9

08001-23-33000-201400132-01

12 de noviembre de 2020

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ VARGASDr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

10

08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979–2017)

17 de junio de 2021

Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ - Dr.

RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS

11 08001-23-33000-201500331-01

17 de junio de 2021

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Dra. SANDRA

LISSET IBARRA

VÉLEZ - Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER

12 19001-23-33000-20150044502(048320)

4 de noviembre de

VÉLEZ - Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER

12 19001-23-33000-20150044502(048320)

4 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ VARGASDr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

13 08001-23-33000-201401127-01 (1002-2021)

25 de noviembre de 2021

Dra. SANDRA LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER

14 40001-23-40000-201700134-01 (2208-2020)

25 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ VARGASDr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

15 080001-23-40000-201590008-01 (2387-2020)

11 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ VARGASDr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

16

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ VARGASDr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

16 080001-23-40000-201490022-01 (5154-2016)

11 de noviembre de 2021

Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ - Dr.

RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS7

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-05514-00

Actora: Ana María Puerta Cuello

17 080001-23-33000-201700931-01 (1001-2021)

20 de enero de 2022

Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ - Dr.

RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS

18 080001-23-33000-201500075-01 (2660-2020)

3 de marzo de 2022

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ VARGASDr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

19 76001-23-33000-2013Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ VARGASDr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

19 76001-23-33000-201300756-01 (2224-2020)

28 de abril de 2022

Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS - Dra.

SANDRA LISETH

IBARRA

20 080001-23-40000-201700795-01 (2659-2020)

9 de mayo de 2022

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

21 47-001-23-33000-201900359-01 (4004-2021)

19 de mayo de 2022

Dra. SANDRA LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER

22 47-001-23-33000-201900376-01 (4462-2021)

1 de julio de 2022

Dra. SANDRA LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER

23

08001-23-33Dra. SANDRA LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER

23 08001-23-33000-201500509-01 (2140-2020)

22 de Agosto de 2022

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Dr. SANDRA

LISSET IBARRA

VELEZ – Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER

24 08001-23-33000-201590124-01 (2394-2020)

22 de Septiembre de 2022

Dr. CESAR PALOMINO CORTÉS

Dr. SANDRA

LISSET IBARRA

VELEZ – Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER

25 76001-23-31000-201200212-02 (4470-2021)

19 de enero de 2023

Dr. WILLIAM HERNANDEZ GOMEZ

DR. RAFAEL

FRANCISCO

SUAREZ

VARGAS – Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNANDEZ

26 47001-23-33000-2018023101 (08712020)

26 de enero 2023

DR. RAFAEL FRANCISCO GOMEZ

DR. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ –

DR. GABRIEL

VALBUENA

HERNANDEZ

26 de enero 2023

DR. RAFAEL FRANCISCO GOMEZ

DR. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ –

DR. GABRIEL

VALBUENA

HERNANDEZ

6.1. La actora en su escrito de tutela señal ó que la autoridad judicial accionada incurrió en un i) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial; y ii) en la causal de violación directa de la Constitución.8

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-05514-00

Actora: Ana María Puerta Cuello

Actuación

7. El Despacho sustanciador, mediante auto de 2 de octubre de 2023; i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioqui a; y iii) vinculó a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio , al Juzgado Veinticinco Administrativo Oral del Circuito de Medellín, al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y a la Fiduciaria La Previsora S.A4., en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

8. La Fiduprevisora S.A., solicitó que se le desvinculara del presente trámite de tutela, toda vez que se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva.

8. La Fiduprevisora S.A., solicitó que se le desvinculara del presente trámite de tutela, toda vez que se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva.

9. El Tribunal Administrativo de Antioquia consideró que:

“[…] En atención a las pretensiones direccionadas a atacar la sentencia proferida, lo primero que debe concluirse es que en principio la acción de tutela no procede contra providencias judiciales, en observancia de los principios de autonomía judicial y seguridad jurídica.

No obstante, en ciertos supuestos excepcionales, la misma resulta procedente, para lo cual deben cumplirse los siguientes requisitos: (i) que el asunto sea de relevancia constitucional, (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa, (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, (iv) que la irregularidad procesal que se avizore sea determinante en la sentencia, (v) que se identifiquen los hechos que generaron la vulneración de los derechos alegados, y (vi) que no se tra te de sentencias de tutela1. Cuando sea superado el test de procedibilidad, para que se conceda la tutela incoada debe configurarse una vía de hecho.

Adicional a ello, no se vislumbra que en la decisión emitida por esta Corporación se configure un defect o orgánico, procedimental, fáctico, material, un error inducido, una decisión que carezca de motivación, desconocimiento del precedente o violación directa de la Constitución, pues al contrario estima de forma respetuosa que la providencia fue proferida co n observancia del debido proceso, con competencia para decidir el asunto y aplicando la normativa vigente.

violación directa de la Constitución, pues al contrario estima de forma respetuosa que la providencia fue proferida co n observancia del debido proceso, con competencia para decidir el asunto y aplicando la normativa vigente.

Se tiene que, en el caso del radicado de la referencia y contrario a lo indicado, la sanción por no consignación regulada en el artículo 99 de la L ey 50 de 1990, no resulta aplicable a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FONPREMAG; del mismo modo, tampoco es aplicable la indemnización que consagra el artículo 1° de la Ley 52 de 1975, en tanto los

4 Como vocera y administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.9

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-05514-00

Actora: Ana María Puerta Cuello

educadores oficiales en este aspecto, tiene regulación propia, esto es, el Acuerdo No. 39 de 1998, mismo que no contempla el reconocimiento y pago de dicha indemnización, decisión que no ha sido objeto de unificación por parte del Consejo de Estado y corresponde a un estudio juicioso de la jurisprudencia y la ley, en virtud del principio de autonomía judicial; téngase en cuenta además que esta posición corresponde a la postura reiterada y mayoritaria de las Salas de Decisión de este Tribunal. […]”

10. El Juzgado Veinticinco Administrativo Oral del Circuito de Medellín señaló que:

“[…] En la sentencia de primera instancia se encuentran debidamente planteados todos los argumentos de hecho y de derecho que sustentan la posición del Juzgado

10. El Juzgado Veinticinco Administrativo Oral del Circuito de Medellín señaló que:

“[…] En la sentencia de primera instancia se encuentran debidamente planteados todos los argumentos de hecho y de derecho que sustentan la posición del Juzgado en cuanto a la ausencia de un precedente vinculante y/o sentencia de unificación del Consejo de Estado o la Corte Constitucional sobre la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, controversia que ahora la parte actora ventila en sede de tutela buscando una tercera instancia judicial, lo que claramente va en contravía de la finalidad constitucional del amparo en la medida que lo debatido carece de relevancia constitucional y al ser un aspecto d e orden legal que ya quedó debidamente definido al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado ante el Juez natural […]”.

[…] “[…] Con la presente acción de tutela ocurre lo mismo, la parte actora busca cuestionar el análisis realizado tanto por el Juzgado como por el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro de las sentencias de primera y segunda instancia respectivamente para desechar sus conclusiones. Finalmente se recuerda que justamente por no existir una providencia de unificación con efectos vinculantes que pueda aplicarse a las situaciones con similitud fáctica y jurídica, el Consejo de Estado4 mediante auto del 24 de agosto de 2023, decidió avocar conocimiento para proferir sentencia de unificación en torno a la aplicación de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990 en el régimen de docentes oficiales. En este orden, la acción de tutela deviene improcedente en la medida que el objeto de controversia ya fue

proferir sentencia de unificación en torno a la aplicación de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990 en el régimen de docentes oficiales. En este orden, la acción de tutela deviene improcedente en la medida que el objeto de controversia ya fue definido legalmente por el Juez Contencioso Administrativo ga rantizando el debido proceso, y como lo advirtiera el mismo Consejo de Estado el debate legal propuesto carece de relevancia constitucional […]”.

11. La Nación – Ministerio de Educación Nacional y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación d e Medellín guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

12. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19915, por el cual se

5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.10

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Actora: Ana María Puerta Cuello

reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20216 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20197, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

13. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,

a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

13. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro med io de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

Falta de legitimación en la causa por pasiva

14. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.

15. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa

por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud […]”.

pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud […]”.

6 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 7 Reglamento Interno del Consejo de Estado.11

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Actora: Ana María Puerta Cuello

16. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sen tencia T-1001 de 30 de noviembre de 20068, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en

los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el deman dado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le

mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Seg ún aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[9]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se