CE - 010315000202305532001SENTENCIA20231114164443

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05532-00

Accionante: MUNICIPIO DE VILLAMARÍA Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS – SALA SEGUNDA DE DECISIÓN Y OTRO Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – se declara improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con el requisito general de procedibilidad de la relevancia constitucional

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por el Municipio de Villamaría, a través de apoderado judicial, contra la sentencia de 30 de junio de 2020, proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Manizales, y las providencias de 10 de febrero y 9 de junio de 2023, proferidas por el Tribunal Administrativo de Caldas – Sala Segunda de Decisión.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El Municipio de Villamaría, por intermedio de apoderado judicial, solicitó el amparo de su derecho fundamental al debido proceso , cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 30 de junio de 2020, proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del

de su derecho fundamental al debido proceso , cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 30 de junio de 2020, proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Manizales, y a las decisiones de 10 de febrero y 9 de junio de 2023, proferidas por el Tribunal Administrativo de Caldas – Sala Segunda de Decisión , dentro del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos identificado con el número único de radicación 17001 -33-39-006-2016-0007200/02.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05532-00

Accionante: Municipio de Villamaría

2.1. Relató que en el año 2016 la empresa de transporte Socobuses S.A. presentó demanda de acción popular en contra de los municipios de Manizales y Villamaría por la presunta vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa.

2.2. Indicó que el argumento principal del actor popular consistió en que el 30 de mayo de 2015 se efectuó en los municipios de Villamaría y Manizales una reestructuración oficiosa del servicio de transporte, conforme al artículo 34 del Decreto núm. 170 de 5 de febrero de 20011, hoy compilado por el Decreto núm. 1079 de 26 de mayo de 20152, sin realizar el proceso de licitación pública.

Decreto núm. 170 de 5 de febrero de 20011, hoy compilado por el Decreto núm. 1079 de 26 de mayo de 20152, sin realizar el proceso de licitación pública.

2.3. Señaló que el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Manizales, mediante sentencia de 30 de junio de 2020, amparó los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la libre competencia, por lo que dispuso en el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la providencia: (i) mantener con la capacidad transportadora congelada, de conformidad con el Decreto núm. 128 de 15 de junio de 20063; (ii) reestructurar el servicio público colectivo de pasajeros; y (iii) licitar todas las rutas que presten el servicio público de transporte de pasajero.

2.4. Señaló que la providencia de primera instancia fue objeto de apelación y que, a través de sentencia de 10 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo de Caldas – Sala Segunda de Decisión modificó el numeral cuarto de la decisión recurrida y en su lugar dispuso lo siguiente:

«[…] CUARTO: En consecuencia, ORDÉNASE a los MUNICIPIOS DE MANIZALES y VILLAMARÍA a que procedan, en el siguiente orden a: (i) permanecer con la capacidad transportadora congelada, de conformidad con los preceptos legales vigentes, vale decir, el Decreto 0128 de 2006 y el Decreto 154 de 2016 ; Lo anterior, hasta tanto la Secretaría de Tránsito y Transporte de Manizales, o quien haga sus veces, adelante los estudios que determinen la demanda de movilización, es decir, las tomas de información

el Decreto 154 de 2016 ; Lo anterior, hasta tanto la Secretaría de Tránsito y Transporte de Manizales, o quien haga sus veces, adelante los estudios que determinen la demanda de movilización, es decir, las tomas de información por encuestas origen –destino, establecidas dentro del “Manual para determinar las necesidades de movilización de pasajeros para el transpo rte terrestre colectivo Metropolitano, Distrital y/o Municipal” expedido por el Ministerio de Transporte con la Resolución 000225269 del 8 de noviembre de 1999; ii) proceder a licitar las rutas que presten el Servicio Público de Transporte Colectivo y Terr estre de Pasajeros, que fueron asignadas de manera directa en vigencia de la Ley 336 de 1996 y sus decretos reglamentarios, así como en vigencia del Decreto 170 de 2001, conservando las modificaciones de que fueron objeto con la reestructuración llevada a cabo en el año 2015.

PARÁGRAFO: Las administraciones locales accionadas deberán proceder, en el término de seis (6) meses, a realizar las licitaciones públicas de las rutas de servicio de transporte conforme a lo precisado en el anterior ordinal […]».

(Negrilla fuera del texto)

1 «Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Colectivo Metropolitano, Distrital y Municipal de Pasajeros». 2 «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte». 3 «Por medio del cual se suspende el ingreso de vehículos por incremento para el servicio público de transporte colectivo e individual de pasajeros en el municipio de Manizales».3

3 «Por medio del cual se suspende el ingreso de vehículos por incremento para el servicio público de transporte colectivo e individual de pasajeros en el municipio de Manizales».3

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05532-00

Accionante: Municipio de Villamaría

2.5. Precisó que contra el fallo de segunda instancia presentó las solicitudes de corrección y aclaración, las cuales fueron resueltas mediante la providencia de 9 de junio de 2023.

2.6. Indicó que las providencias tuteladas vulneraron su derecho fundamental al debido proceso al incurrir, presuntamente, en los defectos fáctico, de desconocimiento del precedente y de violación directa de la Constitución.

2.7. Respecto al desconocimiento del precedente, señaló que la sentencia tutelada no tuvo en cuenta la ratio decidendi de las sentencias de 26 de noviembre de 20084, de 25 de marzo de 20105, de 29 de julio de 20106 y de 12 de agosto de 20107, proferidas por la Sección Primera del Consejo de Estado, y según las cuales las entidades territoriales están facultadas para reestructurar, con base en el interés general, las rutas del servicio público de transporte, sin necesidad de llevar a cabo el procedimiento de licitación pública.

2.8. En cuanto a la violación directa de la Constitución, adujo que se desconoció el artículo 287 superior, que regula sobre la autonomía territorial, porque en el fallo objeto de tutela se le impuso al Municipio de Villamaría la obligación de aplicar los Decretos núms. 128 de 2006 y 154 de 2016, expedidos por el Municipio de Manizales.

objeto de tutela se le impuso al Municipio de Villamaría la obligación de aplicar los Decretos núms. 128 de 2006 y 154 de 2016, expedidos por el Municipio de Manizales.

2.9. Sobre el defecto fáctico, indicó que la autoridad judicial accionada realizó una deficiente valoración de los actos administrativos que «otorgaron la facultad para operar la ruta de servicio a las empresas transportadoras», por cuanto el análisis de estas pruebas debió realizarse respetando el precedente judicial establecido por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que permite la reestructuración oficiosa de rutas.

2.10. Finalmente, agregó que el fallo de segunda instancia ordenó realizar el procedimiento de licitación de las rutas adjudicadas después de la Ley 336 de 20 de diciembre 19968, pero incurrió en una contradicción porque señaló «que se deb[ían] conservar las modificaciones efectuadas en la reestructuración llevada a cabo en el 2015».

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 26 de noviembre de 2008. C.P. Martha Sofía Sanz Tobón. Rad. núm.: 2002-00480-01. 5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 25 de marzo de 2010, C.P. Antonio Velilla Moreno. Rad. núm.: 25000-2324-000-2002-00538-01. 6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 29 de julio de

2010, C.P. Antonio Velilla Moreno. Rad. núm.: 25000-2324-000-2002-00538-01. 6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 29 de julio de 2010 C.P. María Claudia Rojas Lasso. Rad. núm.: 25000-23-24-000-2001-90499-01. 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 12 de agosto de 2010 C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Planeta. Rad. núm.: 25000-23-24-000-2002-00629-01. 8 «Por la cual se adopta el estatuto nacional de transporte».4

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05532-00

Accionante: Municipio de Villamaría

«[…] PRIMERO: Se tutele el derecho fundamental al debido proceso, el cual fue conculcado por los despachos judiciales accionados, por cuanto se actuó bajo vías de hecho.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior se dejen sin efectos las decisiones tomadas por parte de dichos despachos […]». [Negrilla original del texto]

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 2 de octubre de 2023, el Despacho a cargo de la sustanciación del proceso admitió la presente acción de tutela . Asimismo, vinculó como terceros con interés en las resultas del proceso al Municipio de Manizales y a las

sociedades Socobuses S.A., Cooperativa Unitrans S.A., Auto Legal S.A., Expreso Sideral S.A., Transportes Gran Caldas S.A. y Flota Metropolitana S.A.

con interés en las resultas del proceso al Municipio de Manizales y a las sociedades Socobuses S.A., Cooperativa Unitrans S.A., Auto Legal S.A., Expreso Sideral S.A., Transportes Gran Caldas S.A. y Flota Metropolitana S.A.

V. INTERVENCIONES

5. Realizadas las notificaciones a la s autoridades judiciales accionadas y a l os

vinculados, se allegaron los siguientes informes:

5.1. El Municipio de Manizales, por intermedio de apoderada judicial , ri ndió informe en el que expuso, en primer lugar, que existió un desconocimiento del precedente judicial porque el Consejo de Estado ha definido en forma pacífica que la reestructuración oficiosa del servicio público de transporte puede realizarse «a las rutas que se encuentren en ese momento prestándose, independientemente de si su otorgamiento devino de permisos, de contratos de concesión o de permisos de operación derivados de una licitación pública».

5.2. En segundo lugar, señaló que la orden contenida en el ordinal cuarto de la sentencia de acción popular, consistente en que los Municipios de Manizales y Villamaría deben « permanecer con la capacidad transportadora congelada, de conformidad con los preceptos legales vigentes, vale decir, el Decreto 0128 de 2006 y el Decreto 154 de 2016»; desconocía que los citados actos administrativos [Decretos 0128 de 2006 y 154 de 2016] «fueron expedidos por parte del Municipio de Manizales [y] dentro de las motivaciones de los mismos no se indicó que se proferían en virtud de convenio alguno y por lo tanto, sus efectos, como todo acto de autoridad, solo pueden aplicarse dentro del territorio de jurisdicción del

de Manizales [y] dentro de las motivaciones de los mismos no se indicó que se proferían en virtud de convenio alguno y por lo tanto, sus efectos, como todo acto de autoridad, solo pueden aplicarse dentro del territorio de jurisdicción del respectivo ente territorial, es decir, al Municipio de Manizales».

5.3. La sociedad Socobuses S.A. , a través de apoder ado judicial, se opuso las pretensiones de la acción de tutela porque no cumplía con los requisitos generales de procedencia de relevancia constitucional, subsidiariedad e inmediatez.5

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05532-00

Accionante: Municipio de Villamaría

5.4. Respecto al requisito de inmediatez, sostuvo que la acción de tutela f ue radicada después de transcurridos seis (6) meses desde la notificación del fallo de acción popular.

5.5. En cuanto a la relevancia constitucional , indicó que « lo que busca el tutelante es debatir nuevamente el fondo del asunto, tratando de generar un a “tercera instancia”».

5.6. Frente a la subsidiariedad, manifestó que no se «agotó la solicitud de eventual revisión conforme a lo establecido en el artículo 272 de la ley (sic) 1437 de 2011, que tenía a su alcance para discutir la vulneración del precedente».

5.7. Finalmente, agregó que no es cierto que se esté cercenando la autonomía del Municipio de Villamaría porque la orden de licitar las rutas otorgas de manera provisional, dada por el Tribunal Administrativo de Caldas, « se dio en virtud del

5.7. Finalmente, agregó que no es cierto que se esté cercenando la autonomía del Municipio de Villamaría porque la orden de licitar las rutas otorgas de manera provisional, dada por el Tribunal Administrativo de Caldas, « se dio en virtud del Convenio Interadminis trativo número 070313 de fecha 13 de marzo de 2007, mediante el cual el Municipio de Villamaría otorgó al Municipio de Manizales todas las facultades alusivas a la regulación del servicio de transporte público urbano entre» ambos municipios.

5.8. La sociedad Autolegal S.A., a través de apoderada judicial, manifestó que las decisiones judiciales objeto de tutela trasgredieron «el ordenamiento jurídico y el amplio precedente decantado por el Consejo de Estado », ya que no distinguieron entre las rutas otorgad as mediante permisos, licitaciones p úblicas y contratos de concesión.

5.9. En cuanto a la trasgresión del precedente judicial , señaló que las autoridades judiciales no aplicaron las sentencias de 11 de agosto de 20119 y 10 de agosto de 202310 del Consejo de Estado , según las cuáles «la reestructuración de rutas oficiosa, como la que se efectuó en Manizales en el año 2009, toma las rutas que se prestaban en el momento sin que fuera requisito que estuvieren licitadas».

5.10. Asimismo, indicó que los fallos objeto de este mecanismo constitucional vulneraron el principio de autonomía territorial porque el Municipio de Villamaría quedó sometido a unos actos administrativos expedidos por el Municipio de Manizales, « sin mediar la voluntad de acogerse a ellos bajo el principio d e colaboración administrativa».

vulneraron el principio de autonomía territorial porque el Municipio de Villamaría quedó sometido a unos actos administrativos expedidos por el Municipio de Manizales, « sin mediar la voluntad de acogerse a ellos bajo el principio d e colaboración administrativa».

5.11. La sociedad Transporte Gran Caldas S.A. , a través de apoderado judicial, sostuvo que el acto de reestructuración « se emitió bajo las bases legales del

9 Consejo de Estado. Sección Primera. Exp. 17001-23-31-000-2010-00227-01, M.P. María Elizabeth García González; 11 de agosto de 2011. 10 Consejo de Estado. Sección Primera. Exp. 17001-23-31-000-2010-00216-01, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón; 10 de agosto de 2023.6

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05532-00

Accionante: Municipio de Villamaría

artículo 34 del Decreto 170 de 2001, es decir, incorporando un estudio t écnico en condiciones normales de demanda».

5.12. La sociedad Flota Metropolitana S.A. , actuando a través de apoderada judicial, indicó que el fallo objet o de tutela desconoció el derecho al debido proceso de la accionante porque el acto administrativo acusad o gozaba de legalidad y se logró comprobar que estuvo «fundamentado en un estudio previo que sirvió de soporte para reestructurar el servicio oficiosamente».

5.13. La sociedad Cooperativa Unitrans S.A. , actuando a través de apoderado judicial, sostuvo que coadyuvó las pretensiones de la acción de tutela.

que sirvió de soporte para reestructurar el servicio oficiosamente».

5.13. La sociedad Cooperativa Unitrans S.A. , actuando a través de apoderado judicial, sostuvo que coadyuvó las pretensiones de la acción de tutela.

5.14. Sin embargo, precisó que no hubo una afectación a la autonomía territorial del Municipio de Villamaría toda vez que el ente territorial « autorizó expresamente que todo lo que tuviese que ver con la materia de transporte se podía adelantar por el municipio de Manizales », de conformidad con el Convenio interadministrativo núm. 070313 de 13 de marzo de 2007 , suscrito entre ambas entidades territoriales.

5.15. La sociedad Expreso Sideral S.A. , actuando a través de apo derado judicial, manifestó que se desconoció el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado y se violó la autonomía territorial en el caso sub examine.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia de la Sala

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre de 199111, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26 de mayo de 201512, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 202113, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de

201914. VI.2. Problemas jurídicos

7. Previamente a la definición de los problemas jurídicos a resolver la Sala, se debe precisar que el extremo accionante le atribuyó la vulneración de sus derechos

201914. VI.2. Problemas jurídicos

7. Previamente a la definición de los problemas jurídicos a resolver la Sala, se debe precisar que el extremo accionante le atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales a la sentencia de 30 de junio de 2020, proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Manizales, y a las providencias de 10 de febrero y 9 de junio de 2023, proferidas en segunda instancia por el Tribunal Administrativo

11 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política». 12 «Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho». 13 «Por la cual se modifican l os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela». 14 «Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado».7

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05532-00

Accionante: Municipio de Villamaría

de Caldas – Sala Segunda de Decisión. Sin embargo, la Sección sólo analizará si las decisiones de 10 de febrero y 9 de junio de este año vulneraron los derechos fundamentales de la parte actora porque esta s fueron las que finiquitaron la litis e hicieron tránsito a cosa juzgada.

8. Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con la situación fáctica planteada la

Sala debe establecer:

fundamentales de la parte actora porque esta s fueron las que finiquitaron la litis e hicieron tránsito a cosa juzgada.

8. Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con la situación fáctica planteada la Sala debe establecer: a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia. Y, si ello es así, se deberá determinar: b) Si la sentencia de 10 de febrero de 2023 y el auto de 9 de junio de 2023, proferidos por el Tribunal Administrativo de Caldas – Sala Segunda de Decisión Oral, dentro del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos con radicado número 17001-33-39-006-2016-00072-02, vulneraron los derechos fundamentales de la parte accionante, al haber incurrido presuntamente en un defecto fáctico, en un desconocimiento del precedente y en una violación directa de la Constitución.

9. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

10. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 201215, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos

sentencia de 31 de julio de 201215, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

11. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

12. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación

15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009 -01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.8

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05532-00

Accionante: Municipio de Villamaría

clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

13. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al

que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

13. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial16, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la

Constitución17.

14. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]»18 que encaje en dichos parámetros.

15. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

16. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado:

jurisdiccional.

16. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01.

16 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T -619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 17 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sust enta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del

Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política. 18 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado

Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.9

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05532-00

Accionante: Municipio de Villamaría

VI.4. El caso concreto

17. El Municipio de Villamaría , por inte rmedio de apoderado judicial, solicitó el amparo de su derecho fundamental al debido proceso , cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 30 de junio de 2020, proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Manizales, y a las providencias de 10 de febrero y 9 de junio de 2023, proferidas por el Tribunal Administrativo de Caldas – Sala Segunda de Decisión, dentro del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos identificado con el número único de radicación 17001 -33-39-006-201600072-00/02.

VI.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

18. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en

VI.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

18. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental 19 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que deberán ser definidos por otras jurisdicciones20.

19. Ahora bien, en las acciones de tutela co ntra providencias judiciales21, el referido requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces22.

20. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación23, sostuvo lo siguiente:

«[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providenc ias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fun damentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

constitucional por la afección de sus derechos fun damentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

19 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño. 20 Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). 21 Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial. 22 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18. 23 Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.10

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05532-00

Accionante: Municipio de