CE - 010315000202305545001SENTENCIA20231026154858

Demandante: María de la Paz Machado Mena Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2023-05545-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-05545-00

Demandante: MARÍA DE LA PAZ MACHADO MENA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA TERCERA

DE DECISIÓN

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial –– Sanción moratoria por pago tardío de cesantías - falta de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la acción de tutela presentada por la señora María de la Paz Machado Mena contra la sentencia del 31 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Ant ioquia, Sala Tercera de Decisión , que confirmó la negativa de las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito presentado el 27 de septiembre de 2023, la señora María de la Paz

negativa de las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito presentado el 27 de septiembre de 2023, la señora María de la Paz Machado Mena, actuando a través de apode rado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, con el fin de que sean amparados sus derechos fundamentales al «debido proceso, derecho a la seguridad social, situación más favorable al tra bajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, garantía a la seguridad social, a la igualdad, acceso a la administración de justicia, principio constitucional de la perpetuatio jurisdictionis, seguridad jurídica, al desconocimiento de precedente judicial vertical.»

2. La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales, con ocasión de la sentencia del 31 de agosto de 2023, mediante la cual se confirmó la providencia del 5 de septiembre de 2022, proferida por el Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de Medellín que, negó las pretensiones de la demanda. Lo anterior, en el marco del proceso ordinario, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con radicado 05001 -33-33-0362022-00141-01, instaurado contra la Nación, Ministerio de Educación, FondoDemandante: María de la Paz Machado Mena Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2023-05545-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05545-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

3. Con base en lo anterior, la parte accionante solicitó la protección de los derechos fundamentales invocados, y como consecuencia pidió:

se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profier a una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes: (…)1

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. La señora María de la Paz Machado Mena presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Educación, Fomag y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín , con el objeto de que se declarara la nulidad del acto

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Educación, Fomag y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín , con el objeto de que se declarara la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio 202130472011 del 25 de octubre de 2021 , mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora por la no consignación oportuna de las cesantías correspondientes al año 2020, establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, y la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías del año 2020, en los términos del artículo 1° de la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y el Decreto 1176 de 1991

5. El Juzgado Treinta y Seis Administrativo de l Circuito Judicial de Medellín, mediante sentencia proferida el 5 de septiembre de 2022, negó las pret ensiones de la demanda al considerar que al no existir dentro del régimen especial docente dicha obligación de consignación anual de las cesantías, la actora no tenía derecho al reconocimiento y pago de la sanción por consignación extemporánea de las cesantías consagrada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 desde el 15 de febrero de 2021, como tampoco al reconocimiento de la indemnización por pago tardío de los intereses a las cesantías establecida en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975.

6. Inconforme con la anterior decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante sentencia del 31 de agosto de 2023 por el Tribunal

6. Inconforme con la anterior decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante sentencia del 31 de agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión , en el sentido de confirmar la

1 Transcripción literal incluyendo posibles errores.Demandante: María de la Paz Machado Mena Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2023-05545-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3 decisión de primer grado, que negó las pretensiones de la demand a al considerar que las sanciones que establecen los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 1º de la Ley 52 de 1975 no se extendían a favor de los docentes oficiales que gozan del régimen anualizado de cesantías y, particularmente, a la parte actora, por tres razones:

-En primer lugar, para cuando la parte demandante se vinculó al servicio de la educación, las normas que conformaban el régimen especial de los docentes oficiales no las contemplaban ni remitían a las disposiciones que las prevén.

-En segundo lugar, los supuestos de hecho de las penalidades que reclama ba la demanda eran incompatibles con el régimen de la parte accionante, porque (i) para cuando ingresó al servicio no existía una norma que fijara pla zos máximos para consignar las cesantías o pagar sus intereses, e independientemente de la fecha de vinculación; (ii) las cesantías de este grupo de trabajadores no se consigna, sino que

cuando ingresó al servicio no existía una norma que fijara pla zos máximos para consignar las cesantías o pagar sus intereses, e independientemente de la fecha de vinculación; (ii) las cesantías de este grupo de trabajadores no se consigna, sino que los recursos se transfieren gradualmente; y (iii) el giro de los recu rsos no lo realiza la entidad territorial certificada y tampoco el Ministerio de Educación sino el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de manera directa.

-Y, en tercer lugar, la interpretación que expuso la sentencia SU -098 de 2018 no es aplicable a este caso, debido a que (i) sus supuestos fácticos no son los mismos, y (ii) de acuerdo con la sentencia SU -573 de 2019, el asunto no c ontaba con trascendencia constitucional y, por ese motivo, no resulta ba procedente abordarlo desde la perspectiva de los principios de favorabilidad o igualdad.

1.3. Fundamentos de la vulneración

7. Desconocimiento de precedente: El actor adujo que la decisión enjuiciada desatendió «la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional y la Sección Segunda del Consejo de Estado ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes:»

• Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-098 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. • Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU -332 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. • Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU -041 de 2020. M.P. Luis

Stella Ortiz Delgado. • Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU -332 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. • Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU -041 de 2020. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia d el 06.08.20. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 08001 -2333000201300666-01, • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia d el 24.01.19. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 76001 -2331-00020090086701.Demandante: María de la Paz Machado Mena Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2023-05545-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

4 • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 29.07.19. M.P. Nicolás Yepes Corrales. Exp. 11001 -0315000201803499-01. • Consejo de Estado, Sala de lo C ontencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 02.12.19. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Exp. 08001 23 33 000 2014 00173-01 • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda.

Sentencia del 02.12.19. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Exp. 08001 23 33 000 2014 00173-01 • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia d el 10.06.20. M.P. Sandra Lisse t Ibarra. Exp. 08001 -2333000201400208-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 22.10.20. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 08001 -2333000-201400132-01 • Consejo de Estado, Sala de lo Contencios o Administrativo, Sección Segunda.

Sentencia del 17.06.21. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia d el 25.11.21. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 08001 -2333000201401127-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 25.11.21. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 40001 -2340000-201700134-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secció n Segunda. Sentencia del 11.11.21. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 0080001 -2333-000201500075-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 17.06.21. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 28.04.22. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Exp. 76001 -2333000-201300756-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segun da. Sentencia del 09.05.22. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Exp. 0800012340-000201700795-01.Demandante: María de la Paz Machado Mena

Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión

2340-000201700795-01.Demandante: María de la Paz Machado Mena Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2023-05545-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

5 • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 19.05.22. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia d el 01.07.22. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 47 -001-2333-000201900376-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 22.08.22. M.P. César Palomino Cortés. Exp. 08001 -2333000201500509-01. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 22.09.22. M.P. César Palomino Cortés. Exp. 08001 -2333-0002015-9012401. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 19.01.23. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 76001 -23-31000-201200212-02 • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda.

Sentencia del 19.01.23. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 76001 -23-31000-201200212-02 • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 26.0 1.23. M.P. Rafael Francisco Gomez. Exp. 47001 -23-33000-2018-023101

8. Explicó que la falta de aplicación de estas sentencias proferidas por el máximo órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativo, «es una abierta contradicción de la se guridad que el C onsejo de Estado generó, traduciéndose en una vulneración al principio de igualdad, confianza legítima, seguridad jurídica, unidad, coherencia del ordenamiento jurídico y falta de aplicación del principio de favorabilidad a un caso concreto.»

9. Indicó que su caso cumplía con el requisito de relevancia constitucional, por cuanto la sanción moratoria conlleva el pago o consignación oportuna del auxilio de cesantías, que necesariamente tiene un alcance al derecho fundamental a la seguridad so cial. Aunado a lo anterior, expuso que esta acción constitucional en ningún momento fue interpuesta como una tercera instancia, sino que solo se circunscribe a buscar la protección de los derechos fundamentales de los docenes del sector oficial, tales como, la igualdad, la seguridad social y la favorabilidad.

10. Citó una amplia línea jurisprudencial de la Corte Constitucional en la cual , a su juicio, se ha establecido de manera pacífica que el auxilio de cesantías es una obligación a cargo del empleador y que en principio, fue creada con la finalidad de

juicio, se ha establecido de manera pacífica que el auxilio de cesantías es una obligación a cargo del empleador y que en principio, fue creada con la finalidad de proteger al trabajador en dado caso de pérdida del empleo; «ahora, su función consiste una figura jurídica que responde a una clara orientación social en el desarrollo de las relaciones entre trabajador y e mpleador, es decir, que debe ser vista como un mecanismo que busca en primer lugar, contribuir a la mengua de las cargas económicas que deben afrontar los asalariados ante el cese de su actividad, y en segundo lugar, cubrir sus necesidades de capacitación y vivienda.»Demandante: María de la Paz Machado Mena Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2023-05545-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

6

11. Manifestó que los docentes se encuentran en la categoría de empleados públicos, razón por la cual, no era admisible la distinción con los demás servidores públicos a que sus prestaciones sociales sean canceladas en tiempo, como lo es, el auxilio de cesantías, «así, una interpretación contraria, conllevaría una restricción en la posibilidad de gozar de la garantía del pago oportuno del auxilio de cesantías y, a su vez, de las protecciones ya mencionadas que se derivan de esa prestación, lo que conlleva una connotación de relevancia constitucional, ya que se está vulnerando el derecho a la igualdad de los docentes, respecto de otros servidores públicos.»

las protecciones ya mencionadas que se derivan de esa prestación, lo que conlleva una connotación de relevancia constitucional, ya que se está vulnerando el derecho a la igualdad de los docentes, respecto de otros servidores públicos.»

12. Violación directa de la Constitución y defecto sustantivo : Adujo que, en virtud del valor normativo superior de los preceptos constitucionales, los jueces deben aplicar las disposiciones consagradas en la Constitución y su desarrollo jurisprudencial en todo momento.

13. Agregó que , la interpretación y aplicación de normas relacionadas c on el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación tardía de cesantías a los docentes, y con base en la jurisprudencia constitucional, e ra dable concluir que i) el pago oportuno de las cesantías es una garantía de todos los trabajadores que es protegida por la Constitución, ii) los docentes oficiales son empleados públicos, teniendo en cuenta las funciones que desarrollan, el régimen de

carrera al que se encuentran sometid os y la vinculación mediante nombramiento «y por lo tanto tienen derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por consignación tardía de las cesantías.»

14. Hizo una amplia explicación, entre otros, de los siguientes acápites relativos a:

-ANTEDENTES HISTÓRICOS DE LA OBLIGACIÓN DEL MINISTERIO DE

EDUCACIÓN NACIONAL DE CONSIGNAR DE MANERA EFECTIVA LAS CESANTÍAS DE LOS DOCENTES VINCULADOS DESPUÉS DEL 1 DE ENERO DE 1990 EN EL FOMAG, ANTES DEL 15 DE FEBRERO DE CADA ANUALIDAD

-CESANTÍAS CAUSADAS de los docentes que estaban vinculados COMO

DE 1990 EN EL FOMAG, ANTES DEL 15 DE FEBRERO DE CADA ANUALIDAD

-CESANTÍAS CAUSADAS de los docentes que estaban vinculados COMO DOCENTES NACIONALES ANT ES DEL 1 DE ENERO DE 1990, y quienes ya venían con un régimen de cesantías de liquidación anual y el reconocimiento de intereses a las cesantías desde la expedición del Decreto – Ley 3118 de 1968.

-CESANTÍAS QUE SE CAUSARON DE LOS DOCENTES VINCULADOS DESPUES DEL 1 DE ENERO DE 1990 (independientemente si su vinculación se realizaba por las entidades territoriales o por la Nación), y quienes se les comenzó a liquidar las cesantías con un régimen anualizado y el reconocimiento de intereses a las cesantías.

-CUÁL HA SIDO LA POSICIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA Y DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN LAS ÚLTIMAS SENTENCIAS EN TORNO AL ESTUDIO DE LA LEY 91 DE 1989, LA LEY 50 DE 1990 Y LA LEY 344 DE 1996?Demandante: María de la Paz Machado Mena Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2023-05545-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

7

1.4. Actuaciones procesales relevantes

1.4.1. Auto admisorio

15. La magistrada ponente mediante auto del 3 de octubre de 2023 admitió la

www.consejodeestado.gov.co

7

1.4. Actuaciones procesales relevantes

1.4.1. Auto admisorio

15. La magistrada ponente mediante auto del 3 de octubre de 2023 admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la parte demandante y, como demandada, a los magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión.

16. Así mismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el resultado del proceso a la Nación, Ministerio de Educación, Fomag y al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín (parte pasiva del proceso ordinario), así co mo al Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de Medellín (a quo del ordinario).

1.5. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica , se presentaron las siguientes contestaciones:

1.5.1. Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión.

17. Pidió declarar la improcedencia de la acción , pues el asunto versaba sobre prerrogativas eminentemente legales y de carácter económico, como son la sanción moratoria por la consignación extemporánea de las cesantías anualizadas y la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías. Adujo que dichos conceptos laborales no tenían una relación directa con un derecho fundamental e igualmente en la decisión reprocha da se analizó y desestimó el argumento relacionado con el presunto desconocimiento del principio de favorabilidad en materia laboral.

18. Concluyó que en la decisión cuestionada se destacó que no existe una sentencia

relacionado con el presunto desconocimiento del principio de favorabilidad en materia laboral.

18. Concluyó que en la decisión cuestionada se destacó que no existe una sentencia de unificación del Consejo de Estado, por lo tanto, en aplicació n de los principios de autonomía e independencia judicial, se acogió la postura según la cual los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio tienen una regulación especial en la Ley 91 de 1989 para el reconocimie nto, liquidación y pago de sus cesantías e intereses , «por lo que no tienen derecho a la sanción por mora en la consignación de sus cesantías, en los términos de la Ley 50 de 1990; agregando que no resultaba aplicable la sentencia SU -098 de 2018, por refer irse a supuestos fácticos diferentes.»Demandante: María de la Paz Machado Mena Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2023-05545-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8 1.5.2. Ministerio de Educación

19. Luego de hacer referencia a las normas atinentes la competencia de dicha cartera ministerial, solicitó su desvinculación del presente trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva ya que «con ninguna de sus acciones y decisiones ha vulnerado o amenazado ninguno de los derechos fundamentales de la accionante».

1.5.3. Fiduprevisora S.A. quien actúa en calidad de vocera y administradora del

vulnerado o amenazado ninguno de los derechos fundamentales de la accionante».

1.5.3. Fiduprevisora S.A. quien actúa en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

20. Requirió declarar la improcedencia de la acción y su desvinculación del presente trámite constitucional por carecer de legitimación en la causa por pasiva, por las

siguientes razones:

-La tutela result a improcedente toda vez que las autoridades judiciales que conocieron el proceso actuaron conforme a la normativa establecida sin que se pueda aducir que los funcionarios judiciales accionados hayan desconocido entre otros, los precedentes judiciales relacionados con el tema objeto de la demanda.

-De otra parte, no e ra dable afirmar que se haya presentado trasgresión alguna en contra de las garantías fundamentales de la accionante, pues se observaron las normas en garantía al principio del debido proceso , es decir, que las actuaciones judiciales fueron adelantadas en debida forma y atendiendo los procedimientos legales.

-En consecuencia y teniendo en cuenta que las partes tienen derecho a la protección de las formas propias de cada juicio, tal y como lo establece el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, «se reitera que la acción de tutela interpuesta por la accionante resulta improcedente.»

21. Los demás sujetos pese a haber sido notificados en debida forma, no rindieron informe de fondo frente al asunto.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

22. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada

informe de fondo frente al asunto.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

22. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por la señora Machado Mena , de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 de l Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 . del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige contra elDemandante: María de la Paz Machado Mena Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2023-05545-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

9 Tribunal Administrativ o de Antioquia, Sala Tercera de Decisión , debe aplicarse el numeral 5° de la referida norma.

2.2. Solicitud de desvinculación

23. Se tiene que la Fidupreviso ra S.A. y el Ministerio de Educación solicitaron su desvinculación del presente trámite constitucional, pues, a su j uicio, carece n de legitimación en la causa por pasiva, p eticiónes que serán denegadas en atención a que sus vinculaciónes se hicieron en calidad de terceros con interés debido al interés que les asiste en las resultas del presente trámite , dado que fungieron como parte pasiva en el proceso ordinario que se discute en sede constitucional.

2.3. Problema jurídico

que les asiste en las resultas del presente trámite , dado que fungieron como parte pasiva en el proceso ordinario que se discute en sede constitucional.

2.3. Problema jurídico

24. Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:

¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?

25. De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:

¿ El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión vulneró los derechos fundamentales al «al debido proceso, derecho a la seguridad social, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, garantía a la seguridad social, a la igualdad, acceso a la administración de justicia, principio constitucional de la perpetuatio jurisdictionis, seguridad jurídica, al desconocimiento de precedente judicial vertica l» con ocasión de la sentencia del 31 de agosto de 2023, que confirmó la decisión del a quo, que negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías?

26. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva y; (iii) análisis del caso concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

27. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 2 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela

27. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 2 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela

2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.Demandante: María de la Paz Machado Mena Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2023-05545-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

10 contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema3 y declaró su procedencia.4

28. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presu puestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

29. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud

sin que se analice el fondo del asunto.

29. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

30. Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para reviv ir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.5.1. Relevancia constitucional

31. Para el caso en concreto, la Sala anticipa que declarará la improcedencia del mecanismo de amparo, dado que carece de relevancia constitucional puesto que no cumple con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia SU215 de 20225 y la sentencia SU-573 del año 20196.

2.5.2. Sentencia SU -215 de 2022 de la Corte Constitucional – unificación de criterios en materia de relevancia constitucional

3 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 4 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

3 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 4 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de