CE - 010315000202305584001SENTENCIA20231102151108

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 110010315000202305584-00

Actor: Hugo Ignacio Hernández Panigua

Demandada: Rama Judicial1

Tema: Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos/alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Trabajo, ii) igualdad y iii) familia

Derechos Fundamentales Amparados: i) Trabajo e ii) igualdad

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por Hugo Ignacio Hernández Panigua contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín – Antioquia.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.2

Núm. único de radicación: 110010315000202305584-00

Actor: Hugo Ignacio Hernández Panigua

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor2, en nombre propio , presentó solicitud de tutela contra la Nación –

Actor: Hugo Ignacio Hernández Panigua

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor2, en nombre propio , presentó solicitud de tutela contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín – Antioquia, porque, a su juicio, con ocasión a “[…] la respuesta que me han enviado de no conceder el CDP para disfrute de mis vacaciones para cancelar el reemplazo […]” , vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Indicó que , “[…] fungiendo como JUEZ 20 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN […]”, solicitó se le concediera sus vacaciones.

4. Adujo que, “[…] Para poder gozar de vacaciones se hace necesario solicitar con un mes de anticipación o más, el Certificado de Disponibilidad Presupuestal para que autoricen el reemplazo de vacaciones. Si bien la Administración judicial, a través de la directora ordenó q ue existía presupuesto para cancelar mis vacaciones, no ocurrió lo mismo con el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) para pagar a quien me fuera a reemplazar por austeridad en el Gasto […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

5. El actor solicitó en su escrito de tutela:

2 Quien en el escrito de tutela manifestó que es “[…] JUEZ 20 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE

La solicitud de tutela

Pretensiones

5. El actor solicitó en su escrito de tutela:

2 Quien en el escrito de tutela manifestó que es “[…] JUEZ 20 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE

CONTROL DE GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN […]”.3

Núm. único de radicación: 110010315000202305584-00

Actor: Hugo Ignacio Hernández Panigua

“[…] considero afectados dichos derechos y les solicito ordenen a la Directora de la Administración Judicial o pagadora, gestione en forma inmediata el rubro para ordenar el CDP de reemplazo de mis vacaciones y de esta forma poder disfrutar de las mismas, atendiendo que el descanso es merecido frente al exorbitante trabajo que a diario nos corresponde realizar […]”.

Actuación

6. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 3 de octubre de 2023: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a la Directora Ejecutiva de Administración Judicial y a la Directora Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín – Antioquia, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular; y iii) negó la medida provisional solicitada por el actor.

Intervención de la demandada

7. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó su desvinculación porque, a su juicio, carece de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que:

“[…] Si bien, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, se encarga de la ejecución, administración y representación de la Rama Judicial, atribuciones de las

porque, a su juicio, carece de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que:

“[…] Si bien, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, se encarga de la ejecución, administración y representación de la Rama Judicial, atribuciones de las cuales es claro que esta Dirección nunca ha puesto en riesgo, ni ha violado el derecho de carácter constitucional o legal citado por la parte actora, lo cierto es que la competente para desatar el asu nto es la Dirección Seccional de Administración Judicial ya mencionada […]”.

[…]

“[…] En consecuencia, los requerimientos, tutelas, acciones, peticiones, quejas, reclamos, recursos, entre otros temas relacionados con asuntos laborales de los empleados y funcionarios de despachos judiciales (Dirección Seccional, Consejo Seccional, Juzgados, Tribunales, etc.), así como administrativos, son atendidos de acuerdo con el territorio donde se hayan sucedido los hechos o se encuentra ubicado el despacho judicial en los cuales prestan sus servicios, por la Dirección Seccional de Administración Judicial, la cual cumple sus funciones de manera descentralizada.

Por lo anterior, mal podría la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dar respuesta a una petición del disfrute de vacaciones que no es de su competencia y que el trámite correspondiente es del resorte de la Dirección Seccional de Administración Judicial ya citada […]”.

[…]

“[…] En tal sentido y dada la existencia de un déficit presupuestal existente (situación que no puede atribuirse a la D.E.A.J. por ser de orden económico nacional ya que el Gobierno Nacional ha destinado menos de 1 billón de pesos (726.909.850.000 COP

que no puede atribuirse a la D.E.A.J. por ser de orden económico nacional ya que el Gobierno Nacional ha destinado menos de 1 billón de pesos (726.909.850.000 COP vigencia 2023) para sufragar todos los gastos de la Rama Judicial (1), en comparación con el sector Defensa que cuenta con más de $405,6 billones según4

Núm. único de radicación: 110010315000202305584-00

Actor: Hugo Ignacio Hernández Panigua

comunicado del Ministerio de Hacienda) (2). Déficit presupuestal en virtud del cual resulta imposible para la D.E.A.J. otorgar, en todos los casos, una asignación presupuestal para nombrar un remplazo (sic). En vista de lo anterior, solicitamos al Despacho tener en cuenta el aforismo jurídico “ad imposibilia nemo tenetur” […]”.

[…]

“[…] Así las cosas su Señoría, la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011, es clara en el sentido de regular situaciones relacionadas con el disfrute y expedición de recursos para el nombramiento de remplazos (sic), pero solo para aquellas personas que ostentan la condición de funcionarios, no para los empleados. Esta última situación también es reglam entada por la Circular 89 de 2005 del Consejo Superior de la Judicatura, que determina la imposibilidad de disponer recursos de la Rama Judicial para la concesión de vacaciones de sus empleados en el régimen de vacaciones colectivas o individuales, debiénd ose, en cualquier caso, una redistribución temporal de funciones entre los empleados de los despachos judiciales durante el periodo que dure las vacaciones a quien se le haya concedido.

vacaciones colectivas o individuales, debiénd ose, en cualquier caso, una redistribución temporal de funciones entre los empleados de los despachos judiciales durante el periodo que dure las vacaciones a quien se le haya concedido.

Por consiguiente, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no puede apropiar recursos, es decir, expedir CDP para la concesión de las vacaciones de la parte accionante, toda vez que no se ajusta a las condiciones y reglamentaciones expedidas por el Consejo Superior de la Judicatura […]”.

8. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín – Antioquia solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que:

“[…] Frente a los hechos narrados en el escrito de tutela, me permito confirmar que efectivamente el accionante envi ó solicitud de disfrute de vacaciones ante esta Dirección Ejecutiva Seccional; para lo cual se certificó a través del C.D.P. N.º 043023 la disponibilidad presupuestal para cancelar vacaciones y primas vacacionales a

HUGO IGNACIO HERNÁNDEZ PANIGUA.

Asimismo, y mediante oficio DESAJMEO23 -3813 remitido al accionante, se le informó que “…de acuerdo con la apropiación presupuestal inexistente, debido a medidas de austeridad en el gasto del gobierno Nacional NO es posible expedir certificado de disponibilidad presupuestal para autorizar el reemplazo de vacaciones del titular de ese despacho, solicitado mediante escrito fechado 11 de agosto de 2023, periodo de disfrute del 02 al 23 de octubre de 2023, ambas fechas inclusive. Ahora, si de apropiarse recursos para esta vigencia, se estaría en la posibilidad de

del titular de ese despacho, solicitado mediante escrito fechado 11 de agosto de 2023, periodo de disfrute del 02 al 23 de octubre de 2023, ambas fechas inclusive. Ahora, si de apropiarse recursos para esta vigencia, se estaría en la posibilidad de remplazo (sic); situación que a la fecha de la presente respuesta NO SE HA DADO. La adición presupuestal para este rubro se encuentra sujeto a lo dispuesto en la Circular PSAC11-44 de Noviembre 23 de 2.011 expedida por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la cual, como se indicó en la Circular DESAJME18-5220 expedida por esta Dirección, la apropiación presupuestal para el rubro “ Servicios prestados por vacaciones personal titular ” se encuentra con restricciones presupuestales para el presente año, sólo la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial situará los recursos para los funcionarios (jueces) que pertenezcan al régimen de vacaciones individuales y excepcionalmente cuando se trate de empleados del régimen de vacaciones individuales que laboren en despachos con planta de personal de 3 o menos cargos...”

Siendo pertinente advertir que, esta Dirección Seccional de Administración Judicial ha solicitado en reiteradas ocasiones adición presupuestal para los rubros de planta transitoria, con el propósito de atender solicitud de remplazo (sic) por vacaciones individuales de servidores judiciales, quienes cumplen requisitos de la normatividad5

Núm. único de radicación: 110010315000202305584-00

Actor: Hugo Ignacio Hernández Panigua

en cuanto a despachos con 3 empleados o menos circular PSAC05-89 y PSAC1144 y respaldo de fallos de tutela futuros, sin que a la fecha exista respuesta positiva

Actor: Hugo Ignacio Hernández Panigua

en cuanto a despachos con 3 empleados o menos circular PSAC05-89 y PSAC1144 y respaldo de fallos de tutela futuros, sin que a la fecha exista respuesta positiva por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Consejo Superior de La Judicatura y Dirección Ejecutiva de Administración Jud icial al respecto. (Ver oficios adjuntos) […]”.

[…]

“[…] Ahora, es pertinente anotar que esta Dirección de Administración Judicial de Medellín, por ser una entidad que depende del presupuesto nacional, no cuenta con presupuesto propio y, en ese sentido, debe esperar y solicitar a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel Central en Bogotá las apropiaciones correspondientes para sus gastos; pues es allí donde se consolidan todas las necesidades a nivel nacional y, a su vez, solicita las a propiaciones al Ministerio de Hacienda, entidad encargada del manejo de la Hacienda Pública […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

9. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 3, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 2021 4 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20195, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

6 de abril de 2021 4 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20195, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

10. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro med io de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política'' 4 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 5 Reglamento Interno del Consejo de Estado.6

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Actor: Hugo Ignacio Hernández Panigua

Cuestión previa

11. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.

necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.

12. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa

por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o auto ridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud […]”.

13. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T -1001 de 30 de noviembre de 2006 6, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva

en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derec ho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una

otorga a las partes el derec ho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demand a sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celerida d procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

6 Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.7

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Actor: Hugo Ignacio Hernández Panigua

La i dentificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto ."[7].

de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto ."[7]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se ro mpe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]”.

14. La Sala advierte que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de l a Judicatura solicitó su desvinculación al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva.

15. Al respecto , la Sala advierte que su notificación se hizo como autoridad demandada, en la medida en que, por un lado, el actor así lo solicitó expresamente en su escrito de tutela, y por otra parte, el artículo 103 de la Ley 270 de 7 de marzo de 19968, establece que los Directores Seccionales de la Rama Judicial ejercen sus funciones “[…] en el ámbito de su jurisdicción y conforme a las órdenes, directrices y orientaciones del Director Ejecutivo Nacional de la Administración Judicial […]” ; razón por la cual se advierte que a dicha entidad le asiste interés en el resultado del proceso de la referencia.

16. En ese orden de ide as, de conformidad con el Decreto 2591 y la

razón por la cual se advierte que a dicha entidad le asiste interés en el resultado del proceso de la referencia.

16. En ese orden de ide as, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura le asiste interés en la decisión de tutela que esta Sala profiera.

17. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva alegada respecto de la Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura.

7 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562 de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.

8 “ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”.8

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Actor: Hugo Ignacio Hernández Panigua

Problemas Jurídicos

18. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad, y de ser así, ii) establecer si la Nación – Rama J udicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín – Antioquia vulneraron los derechos fundamentales invocados por el actor, con ocasión a “[…] la respuesta que me han enviado de no conceder el CDP

Administración Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín – Antioquia vulneraron los derechos fundamentales invocados por el actor, con ocasión a “[…] la respuesta que me han enviado de no conceder el CDP para disfrute de mis vacaciones para cancelar el reemplazo […]”.

19. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia excepcional de la acción de tutela frente a actos administrativos; ii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al trabajo; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a l a familia; para posteriormente v) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia excepcional de la acción de tutela frente a actos administrativos

20. Sobre el particular, resulta importante poner de presente que, de conformidad con lo establecido por el artículo 6.° del Decreto 2591 de 1991, relativo a la subsidiariedad de la acción de tutela, esta no procede, por regla general, para controvertir actos administrativos de carácter particular y concreto, toda vez que el legislador previó como mecanismo de defensa judicial para desvirtuar su legalidad, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; y, excepcionalmente, el medio de control de nulidad.

21. En ese sentido, la jurisprudencia 9 de la Corte Constitucional ha sido

reiterativa en expresar que:

“[…] En principio, la acción de tutela es improcedente como mecanismo principal para proteger derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con

21. En ese sentido, la jurisprudencia 9 de la Corte Constitucional ha sido

reiterativa en expresar que:

“[…] En principio, la acción de tutela es improcedente como mecanismo principal para proteger derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos de contenido particular y

9 Corte Constitucional. Sentencia T-956 de 15 de diciembre de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.9

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Actor: Hugo Ignacio Hernández Panigua

concreto, ya que para controvertir estos actos el juez natural es la jurisdicción contenciosa administrativa, instancia en la cual los afectados pueden hacer uso de dos mecanismos de defensa. De un lado, en ejercicio del artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, se puede interponer la ac ción de nulidad y restablecimiento del derecho y, según el artículo 152, numeral 2° del mismo código, en caso de que sea manifiesta la infracción de una de las disposiciones invocadas, también se puede solicitar la suspensión provisional del acto administrativo demandado.

De otro lado, el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo dispone que toda persona podrá solicitar que se declare la nulidad de los actos administrativos cuando quebranten las normas en que deberían fundarse, hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió. […]”.

“[…] Sobre la base de lo expuesto, la persona que estime vulnerados sus derechos

motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió. […]”.

“[…] Sobre la base de lo expuesto, la persona que estime vulnerados sus derechos por un acto administrativo puede solicitar alternativamente la nulidad y restablecimiento del derecho o, en la medida en que esta acción no se ejerza dentro del término legalmente establecido para ello, pedir la nulidad simple del acto, caso en el cual la pretensión debe ser exclusivamente el control de legalidad en abstracto de dicho acto. […]”.

22. Sin embargo, también la jurisprudencia ha reconocido que, en algunas circunstancias especiales, procede la acción de tutela contra actos administrativos, siempre que, i) se esté ante la presencia de la vulneración de derechos fundamentales y, ii) exista peligro de la ocurrencia de un perjuicio irremediable; con lo que el amparo procedería como mecanismo transitorio. En ese sentido, en sentencia T-514 de 200310, la Corte Constitucional determinó:

“[…] la Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos, como quiera que existen otros mecanismos tanto administrativos como judiciales para su defensa; (ii) que procede la acción de tutela como mecanismo transitorio contra las actuaciones administrativas cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio irremediable; y (iii) que solamente en estos casos el juez de tutela podrá suspender la aplicación del acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591 de 1991) u ordenar que el mismo

cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio irremediable; y (iii) que solamente en estos casos el juez de tutela podrá suspender la aplicación del acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591 de 1991) u ordenar que el mismo no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991) mientras se surte el proceso respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. […]”. (Resaltado por la Sala).

23. Además, la Corte Constitucional ha admitido que, cuando se presenta una vía de hecho administrativa y se demuestra un perjuicio irremediable, la acción de

10 Corte Constitucional, Sentencia T-514 de 19 de junio de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.10

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Actor: Hugo Ignacio Hernández Panigua

tutela puede incluso proceder, excepcionalmente como mecanismo definitivo. Sobre este punto, en Sentencia T-912 de 200611, señaló:

“[…] No obstante, esta Corporación también ha admitido que en ciertos casos, cuando existe una vía de hecho en un acto administrativo y s e observa la existencia de un perjuicio irremediable, la acción de tutela procederá no sólo como mecanismo transitorio, sino que excepcionalmente podrá concederse de forma definitiva. En efecto, en la sentencia T -418 de 2003, se señaló sobre este punto lo siguiente:

(…), si se trata de una decisión proferida en proceso administrativo, fiscal o disciplinario, en la que se alega la existencia de una vía de hecho en la decisión

este punto lo siguiente:

(…), si se trata de una decisión proferida en proceso administrativo, fiscal o disciplinario, en la que se alega la existencia de una vía de hecho en la decisión correspondiente, el examen del juez de tutela es distinto, pues, en estos casos, el afectado siempre puede acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa . En estos eventos, cuando existe indudablemente la vía de hecho, según las circunstancias del caso concreto, y frente a un perjuicio irremediable, debidamente sustentado, el juez de tutela puede conceder la acción de tutela, como mecanismo transitorio, o, excepcionalmente, en forma definitiva.’

Así también lo señaló en la sentencia T-811 de 2003, en donde la Corte resaltó lo siguiente:

‘No obstante lo afirmado, ha de manifestarse que la acción de tutela resulta excepcionalmente procedente contra actuaciones administrativas en todos aquellos casos en los que la actuación de la autoridad respectiva carezca de fundamento objetivo y sus decisiones sean el producto de una a ctitud arbitraria y caprichosa que traiga como consecuencia la vulneración de derechos fundamentales de la persona, incurriendo de esa manera en lo que se ha denominado como ‘vía de hecho.” (Resaltado por la Sala).

24. En ese orden de ideas, en principio la acción de tutela resulta improcedente para controvertir la legalidad de actos administrativos, a menos que esté en juego la vulneración de derechos fundamentales y se busque evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual, procedería el amparo de manera transitoria.

Sin embargo, cuando se está frente a una vía de hecho administrativa y un perjuicio

la vulneración de derechos fundamentales y se busque evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual, procedería el amparo de manera transitoria. Sin embargo, cuando se está frente a una vía de hecho administrativa y un perjuicio irremediable, el juez de tutela podría conceder la protección definitiva mediante la acción constitucional.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al trabajo

25. Visto el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que

establece que:

11 Corte Constitucional, Sentencia T-912 de 3 de noviembre de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.11

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Actor: Hugo Ignacio Hernández Panigua

“[…] El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas […]”.

26. Ahora bien, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental al trabajo

ha dicho lo siguiente12:

“[…] En repetidas ocasiones la Corte ha sostenido que el derecho al trabajo es un derecho fundamental consagrado como principio rector del Estado social de derecho y como objetivo primordial de la organización política. Al ser fundamental el derecho al trabajo debe ser reconocido como un atributo inalienable de la personalidad jurídica; un derecho inherente al ser humano que lo dignifica en la medida en que a través de él la persona y la sociedad en la que ella se desenvuelve logran su perfecc