CE - 010315000202305626001SENTENCIA20231026135730

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 110010315000202305626-00

Actora: Elizabeth Amarillo Amaya

Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia1

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Igualdad, ii) acceso a la administración de justicia, iii) debido proceso y iv) seguridad social

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Elizabeth Amarillo Amaya contra la Sala Séptima de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora, a través de apoderado 2, presentó acción de tutela contra la Sala Séptima de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 10 de agosto de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio

1 Cfr. índice núm. 3 de SAMAI. Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 3”. Archivo aportado en forma digital.

1 Cfr. índice núm. 3 de SAMAI. Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 3”. Archivo aportado en forma digital. 2 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 2 ”. Archivo aportado en forma digital.2

Núm. único de radicación: 110010315000202305626-00

Actora: Elizabeth Amarillo Amaya

del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 050013333006202200154-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los c uales se fundamenta la acción de tutela,

en síntesis, son los siguientes:

3. Advirtió que, presentó demanda contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que: i) se declarara la nulidad del “[…] ACTO ADMINISTRATIVO ANT 202130395021 del 10 de septiembre de 2021, por medio del cual se niega el reconocimiento y pago de la SANCIÓN POR MORA por la no consignación oportuna de las cesantías establecida en la Ley 50 de 1990. artículo 99 […] así como también niegan el derecho a la INDEMNIZACIÓN, por el pago tardío de los intereses a las cesantías

SANCIÓN POR MORA por la no consignación oportuna de las cesantías establecida en la Ley 50 de 1990. artículo 99 […] así como también niegan el derecho a la INDEMNIZACIÓN, por el pago tardío de los intereses a las cesantías […]”; y ii) a título de restablecimiento del derecho, se condenara a las entidades demandadas a reconocer y pagar a su favor, “[…] SANCIÓN POR MORA establecida en la Ley 50 de 1990 […] la INDEMNIZACIÓN, por el pago tardío de los intereses a las cesantías, que se encuentra establecida en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y el Decreto Nacional 1176 de 1991 […]”.

4. El Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Medellín , profirió sentencia, en primera instancia , el 27 de marzo de 2023 , en la cual, negó las pretensiones de la demanda.

5. La Sala Séptima de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia, en segunda instancia, el 10 de agosto de 2023, mediante la cual resolvió

lo siguiente:

“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia emitida por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Medellín, el día 27 de marzo de 2023, mediante la cual, se negaron las pretensiones de la demanda.3

Núm. único de radicación: 110010315000202305626-00

Actora: Elizabeth Amarillo Amaya

SEGUNDO: NO CONDENAR EN COSTAS, conforme lo expuesto en precedencia

[…]”.

5.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

Actora: Elizabeth Amarillo Amaya

SEGUNDO: NO CONDENAR EN COSTAS, conforme lo expuesto en precedencia

[…]”.

5.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] De otra parte, de los medios de prueba allegados, se colige la calidad de docente de la parte demandante y su afiliación al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, con lo cual, no solo se marca una diametral diferencia fáctica con los supuestos de hecho previstos en la normatividad cuya aplicación se pretende, sino también, con las sentencias cuya aplicación de invoca, especialmente la sentencia SU-098 de 2018, emanada de la Corte Constitucional.

De igual manera, la demandante es docente afiliada al FOMAG, y por lo tanto, el régimen de cesantías aplicable es el especial previsto en la Ley 91 de 1989, razón por la cual, corresponde a la Secretaria (sic) de Educación realizar cada año el reporte de liquidación de las cesantías y los intereses a las cesantía, y está a cargo del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio a través de la Fiduprevisora, realizar el depósito de los intereses a las cesantías en el mes de marzo de cada año siguiente, conforme el Acuerdo 39 de 1998.

Así mismo, como ya se manifestó en el análisis jurídico del caso, en el régimen especial docente de la Ley 91 de 1989, la Secretaría de Educación no tiene la obligación jurídica de realizar la consignación de las cesantí as al FOMAG, y en el caso de la Fiduprevisora como vocera del FOMAG, le corresponde el pago de las cesantías parciales o definitivas que solicite la parte interesada; parcialmente, para

caso de la Fiduprevisora como vocera del FOMAG, le corresponde el pago de las cesantías parciales o definitivas que solicite la parte interesada; parcialmente, para educación y vivienda, y, definitivamente, por retiro del servicio. No existe por tanto, bajo este régimen, la obligación para las entidades mencionadas de consignación anual de las cesantías del docente demandante, y consecuentemente, tampoco tiene derecho la parte actora al reconocimiento y pago de la sanción por consignaci ón extemporánea de las cesantías a partir del 15 de febrero del 2021, tal y como se consagra para los particulares en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, ni tampoco al reconocimiento de la indemnización por pago tardío de intereses a las cesantías establecida igualmente para trabajadores particulares en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975.

En este punto, se reitera que el régimen de cesantías de los docentes es especial, y no es dable la extensión y aplicación de la sanción prevista en la Ley 50 de 1990, n i lo establecido en la Ley 344 de 1996 y reglamentarios para empleados públicos afiliados a fondos privados, pues en uno y otro caso, la situación fáctica que consagra la norma, es diametralmente opuesta, pues la parte demandante es un servidor público docente con régimen salarial y prestacional especial, con vinculación a un fondo público, el cual, también ostenta un carácter especial.

Así, en virtud del principio de inescindibilidad normativa, resulta incompatible la aplicación caprichosa del articulado de uno y otro régimen, dado que, en el régimen especial no existe la obligación de consignación anual de cesantías por las entidades

Así, en virtud del principio de inescindibilidad normativa, resulta incompatible la aplicación caprichosa del articulado de uno y otro régimen, dado que, en el régimen especial no existe la obligación de consignación anual de cesantías por las entidades territoriales al FOMAG, sino un reporte de las mis mas y sus intereses en las fechas definidas anualmente según la Ley 91 de 1989 y específicamente el Acuerdo 34 de

1998. Más aun (sic), existe expresamente una exclusión, según la cual no es posible aplicarle a la parte demandante en su calidad de docente a filiado al FOMAG, lo dispuesto en Ley 344 de 1996, y menos aún, lo previsto en la Ley 50 de 1990 […]”.4

Núm. único de radicación: 110010315000202305626-00

Actora: Elizabeth Amarillo Amaya

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA en la sentencia proferida el día 11/08/2023 (sic), en el expediente rad. No. 05001333300620220015400, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN

DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD

SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS,

DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD

SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PREC EDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos

en los siguientes expedientes:

3. CORTE CONSTITUCIONAL

No. RADICADO

EXPEDIENTE FECHA

DECISIÓN

MAGISTRADO PONENTE MAGISTRADOS

1

Exp. T6.736.200 17 de octubre de 2018

Dra. GLORIA STELLA ORTIZ

DELGADO

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN 098/2018

DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

2 Exp. T6.736.200 17 de octubre de 2018

Dra. GLORIA STELLA ORTIZ

DELGADO

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN 098/2018

DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

2 Exp. T5904426 y otros 25 de julio de 2019

Dr. GLORIA STELLA ORTIZ

DELGADO

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN 332/2019

DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

3 Exp. T7.182.312 y otros 6 de febrero de 2020

Dr. LUIS GUILLERMO

GUERRERO PÉREZ

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN 041/2020

DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

CONSEJO DE ESTADO

No.

RADICADO

EXPEDIENTE

FECHA

DECISIÓN

MAGISTRADO PONENTE CONSEJEROS

FIRMANTES

1 08001-23-33000-201300666-01 (0833-16)

6 de agosto de 2020

Dra. SANDRA LISETH IBARRA SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN DEL

CONSEJO DE ESTADO5

Núm. único de radicación: 110010315000202305626-00

Actora: Elizabeth Amarillo Amaya

2 76001-23-31000200900867-01, No.

Interno: 4854-2014 24 de enero de

2019

Dra. SANDRA LISETH

IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

200900867-01, No.

Interno: 4854-2014 24 de enero de

2019

Dra. SANDRA LISETH

IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER

3 11001-03-15000-201804617-01

17 de junio de 2019

Dr. NICOLAS YEPES

CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE

RODRÍGUEZ NAVAS –

Dr. GUILLERMO

SANCHEZ LUQUE

4 11001-03-15000-201804679-01

28 de junio de 2019

Dr. ROBERTO AUGUSTO

SERRATO VALDÉS

Dra. NUBIA MARGOTH

PEÑA GARZÓN – Dr.

HERNANDO SANCHEZ

SÁNCHEZ

5 11001-0315000-201803499-01

29 de julio de 2019

Dr. NICOLÁS YEPES

CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE

RODRÍGUEZ NAVAS - Dr.

GUILLERMO

SÁNCHEZ LUQUE

6 08001 23 33 000 2014 00173-01 (1688-16)

2 de diciembre de 2019

Dr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

7 08001-23-33000-2014SUÁREZ VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

7 08001-23-33000-201400208-01

10 de junio de 2020

Dra. SANDRA LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER

8 08001-23-31000-201400254-01 (4960-2017)

22 de octubre de 2020

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA HERNÁNDEZ

9

08001-23-33000-201400132-01

12 de noviembre de 2020

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS - Dr.

GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

10

08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979–2017)

17 de junio de 2021

Dr. GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS

11 08001-23-33000-201500331-01

17 de junio de 2021

HERNÁNDEZ GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS

11 08001-23-33000-201500331-01

17 de junio de 2021

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS

Dra. SANDRA LISSET

IBARRA VÉLEZ - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER

12 19001-23-33000-20150044502(048320)

4 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS - Dr.

GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

13 08001-23-33000-201401127-01 (1002-2021)

25 de noviembre de 2021

Dra. SANDRA LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER

14 40001-23-40000-201700134-01 (2208-2020)

25 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

15 080001-23-40000-201590008-01 (2387-2020)

11 de noviembre de 2021

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

15 080001-23-40000-201590008-01 (2387-2020)

11 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS - Dr.

GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ6

Núm. único de radicación: 110010315000202305626-00

Actora: Elizabeth Amarillo Amaya

16 080001-23-40000-201490022-01 (5154-2016)

11 de noviembre de 2021

Dr. GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS

17 080001-23-33000-201700931-01 (1001-2021)

20 de enero de 2022

Dr. GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS

18 080001-23-33000-201500075-01 (2660-2020)

3 de marzo de 2022

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS - Dr.

GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

3 de marzo de 2022

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS - Dr.

GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

19 76001-23-33000-201300756-01 (2224-2020)

28 de abril de 2022

Dr. CARMELO PERDOMO

CUÉTER

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

20 080001-23-40000-201700795-01 (2659-2020)

9 de mayo de 2022

Dr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZDr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

21 47-001-23-33000-201900359-01 (4004-2021)

19 de mayo de 2022

Dra. SANDRA LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO CUÉTER 22 47-001-23-33000-201900376-01 (4462-2021) 1 de julio de 2022 Dra. SANDRA LISETH IBARRA Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER

23 08001-23-33000-201500509-01 (2140-2020)

22 de Agosto de

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER

23 08001-23-33000-201500509-01 (2140-2020)

22 de Agosto de 2022

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET

IBARRA VELEZ – Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER

24 08001-23-33000-201590124-01 (2394-2020)

22 de Septiembre de 2022

Dr. CESAR PALOMINO

CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET

IBARRA VELEZ – Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER

25 76001-23-31000-201200212-02 (4470-2021)

19 de enero de 2023

Dr. WILLIAM HERNANDEZ

GOMEZ

DR. RAFAEL

FRANCISCO SUAREZ

VARGAS – Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNANDEZ

26 47001-23-33000-2018-023101 (0871-2020)

26 de enero 2023

DR. RAFAEL FRANCISCO

GOMEZ

DR. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ –

DR. GABRIEL

VALBUENA

HERNANDEZ

[…]”.

6.1. La actora en su escrito de tutela señal ó que la autoridad judicial accionada incurrió en un i) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y en

VALBUENA

HERNANDEZ

[…]”.

6.1. La actora en su escrito de tutela señal ó que la autoridad judicial accionada incurrió en un i) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y en ii) en la causal de violación directa de la Constitución.7

Núm. único de radicación: 110010315000202305626-00

Actora: Elizabeth Amarillo Amaya

Actuación

7. El Despacho sustanciador, mediante auto de 2 de octubre de 2023; i) admitió la acción de tutela ; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Sala Séptima de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia ; y iii) vinculó al Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Medellín, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y a la Fiduciaria La Previsora S.A.3, en calidad de tercero s con interés legítimo , concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

8. La Sala Séptima de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo, al considerar lo siguiente:

“[…] al respecto debe precisarse que, sobre el asunto en cuestión, que decidió el Tribunal Administrativo de Antioquia en segunda instancia, no existe aún una sentencia de unificación como precedente vinculante, puesto que recientemente se puso en conocimiento por parte del Consejo de Estado la decisión de adoptar una

Tribunal Administrativo de Antioquia en segunda instancia, no existe aún una sentencia de unificación como precedente vinculante, puesto que recientemente se puso en conocimiento por parte del Consejo de Estado la decisión de adoptar una decisión de unificación sobre la materia, decisión que a la fecha no ha sido proferida.

Lo anterior quiere decir que, si el Máximo Órgano en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, advirtió que iba a emitir una sentencia de unificación en la materia, es porque las decisiones que sobre la misma se han emitido son dispares y no existe un precedente vinculante; acogiéndose esta Sala de Decisión al precedente vertical y horizontal que se incl ina por la no aplicación del principio de favorabilidad a los docentes que reclaman la sanción por el reconocimiento tardío de las cesantías anualizadas, conforme a la Ley 50 de 1990, decisión que para el caso concreto de la accionante ya tiene efectos de cosa juzgada.

Acorde a lo expuesto, debe indicar este Magistrado que, en el presente caso, con la decisión adoptada en segunda instancia, no se configura una vía de hecho, puesto que la decisión que así se toma cuenta con un amplio y extenso razonamiento legal y jurisprudencial que soporta y sirve de premisa para la conclusión definitiva a la que se llega, cual es, el de negar las pretensiones de la demanda. Pretende reabrir la parte actora a través de una acción de tutela, un debate judicial que ya se dio ante lo Contencioso Administrativo por no ser favorable a sus intereses, lo que, de contera, desdibuja la finalidad de la acción de tutela. Como bien se puede apreciar en la parte considerativa de la sentencia demandada en vía de tutela, no es cierto que la misma

Contencioso Administrativo por no ser favorable a sus intereses, lo que, de contera, desdibuja la finalidad de la acción de tutela. Como bien se puede apreciar en la parte considerativa de la sentencia demandada en vía de tutela, no es cierto que la misma vaya en contravía de los derechos invocados por la accionante y/o del precedente vertical ni horizontal, puesto que, dichos argumentos, obran con suficiencia las razones constitucionales, legales y jurisprudenciales por las cuales, esta Sala estima que, la aplicación e interpretación que le da la parte demandante a la Ley y a la Jurisprudencia a efectos de que se acceda a su petitum, no resulta viable al interior de nuestro ordenamiento jurídico […]”.

3 Como vocera y administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.8

Núm. único de radicación: 110010315000202305626-00

Actora: Elizabeth Amarillo Amaya

9. El Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Medellín rindió informe

en los siguientes términos:

“[…] el Despacho adelantó la referida acción con pleno respeto de las garantías procesales de las partes.

Las decisiones adoptadas en el proceso radicado 006 - 2022 00154, fueron debidamente notificadas y se respetó el debido proceso, aunado a ello se ha garantizado el acceso a la administración de justicia conforme los procedimientos establecidos en la Ley 472 de 1998.

El Despacho considera que no se han vulnerado derechos fundamentales ni legales de las partes, amén de que la sentencia estuvo debidamente motivada y la valoración probatoria que allí se contiene, condujo a tomar la decisión adoptada […]”.

El Despacho considera que no se han vulnerado derechos fundamentales ni legales de las partes, amén de que la sentencia estuvo debidamente motivada y la valoración probatoria que allí se contiene, condujo a tomar la decisión adoptada […]”.

10. El Ministerio de Educación Nacional solicitó declarar la improcedencia de la

acción de tutela, al considerar que:

“[…] El accionante reclama que el tribunal accionado incurrió en una vulneración a los derechos fundamentales de su parte representada en tanto se abstuvo de aplicar los preceptos legales contenidos en la Ley 50 de 1990, los cuales, según dijo, se hicieron extensivos a los docentes del magisterio, principalmente apoyado en la sentencia SU 098 de 2018.

No obstante, el demandante curiosamente deja a un lado el desarrollo jurisprudencial que esa providencia de unificación tuvo al interior de la Corte Constitucional, principalmente en la SU-573 de 2019.

En dicha decisión la corte examinó los casos de unos docentes que reclamaban la aplicación de la sanción moratoria por no consign ación oportuna de las cesantías prevista en la Ley 50 de 1990 […] Obsérvese cómo la corte estableció las diametrales diferencias entre los supuestos de hecho que condujeron al reconocimiento de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías reconocida en la SU098 de 2018 y la evaluada en la SU 573 de 2019. Resalta que esta última providencia guarda estrecha relación fáctica con los supuestos que alega el accionante. En consecuencia, la corte en la decisión mencionada estableció la carencia de relevancia constitucional del asunto sometido a su examen […]”.

providencia guarda estrecha relación fáctica con los supuestos que alega el accionante. En consecuencia, la corte en la decisión mencionada estableció la carencia de relevancia constitucional del asunto sometido a su examen […]”.

11. El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela, por las siguientes razones:

“[…] como el accionante no agotó el mecanismo extraordinario de unificación de jurisprudencia, el Consejo de Estado no es competente para conocer su queja en sede de Juez Constitucional […]”.

[…]9

Núm. único de radicación: 110010315000202305626-00

Actora: Elizabeth Amarillo Amaya

“[…] Bajo el entendido de que el Consejo de Estado ya admitió la demanda de nulidad y restablecimiento con fines de unificar el criterio respecto de la aplicación de la ley 50 de 1990 en el régimen de docentes oficiales, se concluye que esta acción de tutela también es improcedente.

La reseña jurisprudencial que el Consejo de Estado cita en referida providencia, da cuenta de que hasta el momento no existe un criterio unificado unirme sobre la aplicación de la sanción por mora de los artículos el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y artículo 1° de la Ley 52 de 1972 para el docentes oficiales, y ello determina que los Jueces Administrativos del Circuito y Tribunales Contenciosos Administrativos de todo el país no están obligados a acoger las SU invocadas por la parte demandante. […]”.

12. La Fiduciaria La Previsora S.A., en calidad de vocera y administradora del

todo el país no están obligados a acoger las SU invocadas por la parte demandante. […]”.

12. La Fiduciaria La Previsora S.A., en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio solicitó i) su desvinculación, al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva; y ii) declarar la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que:

“[…] El ejercicio de la acción de tutela por vía de hecho exige para la accionante la fundamentación de causales genéricas y específicas de procedibilidad, las cuales no están llamadas a ser deducidas por el juez de tutela y por eso, deben ser expuestas de manera nítida por el accionante. De ahí la importancia de poner de presente a los Honorables Magistrados que la argumentación de la accionante es exigua en relación con la configuración de dichas causales porque el mecani smo tutelar se está utilizando con el ánimo invalidar actuaciones procesales realizadas con anterioridad, mediante el ejercicio de la presente acción […]”.

[…]

“[…] Que por disposición del Decreto 1582 de 1998, artículo 2, las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990 podrán administrar en cuentas individuales los recursos para el pago de las cesantías. Esta modalidad de administración corresponde exclusivamente a las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990, no así para el FOMAG, que se creó mediante la Ley 91 de 1989 bajo el principio de unidad de caja y , por tanto, las cesantías de los docentes no se administran en cuentas individuales […]”.

[…]

mediante la Ley 91 de 1989 bajo el principio de unidad de caja y , por tanto, las cesantías de los docentes no se administran en cuentas individuales […]”.

[…]

“[…] 1. El compendio normativo en el cual se sustenta el FOMAG, cuyas normas fueron puntualmente citadas, no contempla la posibilidad de la apertura de cuentas individuales para cada uno de los afiliados, configurándose así la imposibilidad jurídica de acudir a su creación por vía de una orden judici al, como lo pretende el demandante, pues el FOMAG se rige por el principio de unidad de caja expresamente dispuesto para su administración.

2. Ante la imposibilidad física y jurídica de apertura de cuentas individuales para cada docente afiliado al FOMAG, la imposibilidad se extiende a la figura de la “consignación de cesantías”. En lugar de una consignación, los docentes tienen la posibilidad de retirar sus cesantías siempre que su solicitud cumpla con el lleno de los requisitos de ley.10

Núm. único de radicación: 110010315000202305626-00

Actora: Elizabeth Amarillo Amaya

3.Teniendo en cue nta las anteriores precisiones, no podría configurarse la sanción moratoria contemplada en la Ley 50 de 1990, artículo 99, para el escenario del FOMAG, ya que lo que pena la ley en mención es la consignación inoportuna de las cesantías y, al estar vedada la posibilidad de la consignación de las cesantías de los docentes del FOMAG, de contera se descarta algún tipo de sanción […]”.

[…]

cesantías y, al estar vedada la posibilidad de la consignación de las cesantías de los docentes del FOMAG, de contera se descarta algún tipo de sanción […]”.

[…]

“[…] no es dable afirmar que se haya presentado trasgresión alguna en contra de las garantías fundamentales de la accionante, pues se han observado las normas en garantía al principio del debido proceso, es decir, que las actuaciones judiciales fueron adelantadas en debida forma y atendiendo los procedimientos legales, tanto así que los jueces hoy accionados, teniendo las facultades para decretar alguna tipo nulidad y/o revocar las decisión adoptada, no lo hizo, situación que de contera evidencia un control de legalidad a la actuación desplegada en dicha instancia, razón por la cual se concluye que no existe una supuesta vulneración de los derechos fundamentales […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

13. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19914, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20215 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20196, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

14. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades

Generalidades de la acción de tutela

14. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judi cial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política'' 5 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 6 Reglamento Interno del Consejo de Estado.11

Núm. único de radicación: 110010315000202305626-00

Actora: Elizabeth Amarillo Amaya

15. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.

16. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa

por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano

16. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa por pasiva, señala expresamente lo sigui