CE - 010315000202305638001SENTENCIA20231116160903

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05638-00

Accionante: Sussy Pedroza Barrios

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., tres (03) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

Radicado número: 11001-03-15-000-2023-05638-00.

Accionante: Sussy Pedroza Barrios

Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia.

Referencia: Acción de tutela.

Tema: tutela contra providencia judicial.

Subtema 1: requisitos generales de la acción de tutela contra providencia judicial. Subtema 2: procedibilidad de la acción de tutela/relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide , en primera instancia , la acción de tutela in coada por Sussy Pedroza Barrios en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia.

I. ANTECEDENTES 1.1. Solicitud de tutela Sussy Pedroza Barrios, por medio de apoderado y en ejercicio de la acción de tutela1, solicitó la protección de sus derechos fundamentales “al debido proceso, derecho a la seguridad social, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, garantía a la seguridad social, a la igualdad, acceso a la administración de justicia, principio

derecho a la seguridad social, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, garantía a la seguridad social, a la igualdad, acceso a la administración de justicia, principio constitucional de la perpetuatio jurisdicitonis , seguridad jurídica , al desconocimiento de precedente judicial vertical ”, que consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, con ocasión de la sentencia que dictó el 31 de julio de 2023, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número 05001-33-33-023-202200146-02. 1.2. Hechos probados

1.2.1. Sussy Pedroza Barrios adujo el ejercicio de la labor docente en el Departamento del Antioquia, con posterioridad a 1990, por lo que tiene derecho al reconocimiento y pago de cesantías anualizadas, con pago de intereses anuales.

Expuso que, el 15 de febrero de 2021 , el Ministerio de Educación Nacional no consignó al FOMAG las cesantías causadas a su favor por servicios prestados en el año 2020, p or lo que, el 6 de octubre de 2021 , solicitó el pago y el reconocimiento de la sanción por mora e stablecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Recibió respuesta mediante acto administrativo 202130405800 del 16 de septiembre de 2021 en el que fue negado el reconocimiento y pago de la sanción moratoria en los términos solicitados, así como la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías establecida en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975,

moratoria en los términos solicitados, así como la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías establecida en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y el Decreto Nacional 1176 de 1991.

1.2.2. Formuló demanda de nulidad y restablecimiento del derecho orientada a obtener la nulidad del acto administrativo del 16 de septiembre de 2021 y a título de restablecimiento del derecho que se reconociera y pagara la sanción moratoria

1 Archivo electrónico identificado con certificado 7A9C808BCC35DFF7 FF102D34ADC24289 384CA7CA6315D9E8 CDC1F5F41E91A19F, ubicado en el índice 2 del expediente digital.Radicado: 11001-03-15-000-2023-05638-00

Accionante: Sussy Pedroza Barrios

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establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 , y la indemnización por pa go tardío de los intereses a las cesantías dispuesta en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y el Decreto 1176 de 1991.

1.2.3. El proceso lo conoció, en primera instancia , el Juzgado Veintitrés Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín que, mediante se ntencia número 151 del 24 de octubre de 2022, negó las pretensiones porque consideró que el régimen de cesantías del artículo 99 de la Ley 91 de 1989 y el artículo 1 de

Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín que, mediante se ntencia número 151 del 24 de octubre de 2022, negó las pretensiones porque consideró que el régimen de cesantías del artículo 99 de la Ley 91 de 1989 y el artículo 1 de la Ley 52 de 1975, era incompatible con el régimen especial de cesantías del que hacía parte la demandante en su calidad de docente, ya que las referidas normas corresponden al régimen de cesantías anualizado para los servidores públicos y especialmente porque el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 excluye a los docentes.

Explicó que, de conformidad con lo probado en el proceso, el demandante estaba afiliado al FOMAG en calidad de docente, por lo que su situación fáctica e ra diferente con los supuestos de hecho que regulan las normas que pretendía fueran aplicadas y en ese orden con las senten cias mencionadas, especialmente la SU-098 de 2018 dictada por la Corte Constitucional.

Sostuvo que estaba acreditado que, dada su calidad de docente, el régimen de cesantías aplicable era el especial previsto en la Ley 91 de 1989 por lo que, la Secretaría de Educación es la encargada de realizar cada año el reporte de liquidación de cesantías y sus intereses, así el FOMAG a través de la Fiduprevisora, debe realizar el depósito de los intereses a las cesantías para el mes de marzo de cada año, en concordan cia con lo establecido en el Acuerdo 39 de 1998.

Adujo que en el régimen especial docente de la Ley 91 de 1989 la Secretaria de Educación no tiene la obligación jurídica de realizar la consignación de cesantías

de 1998.

Adujo que en el régimen especial docente de la Ley 91 de 1989 la Secretaria de Educación no tiene la obligación jurídica de realizar la consignación de cesantías al FOMAG y en el caso de la Fiduprevisora co mo vocera, le corresponde el pago de las cesantías parciales o definitivas que solicite el interesado y en ese orden no tiene derecho al reconocimiento y pago de sanción por consignación extemporánea previsto en el régimen particular del art ículo 99 de la Ley 50 de 1999 ni al reconocimiento de la indemnización por pago tardío de intereses a las cesantías del articulo 1 de la Ley 52 de 1975.

Agregó que, conforme al principio de inescindibilidad normativa, era incompatible la aplicación especifica del artic ulado de uno y otro régimen , y que, tampoco era viable acudir al principio de igualdad para acceder a normativ as salariales y prestacionales dado que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han establecido en principio que esta garantía constitucional implica no solo tratar igual entre iguales, sino también, dar un manejo diferente entre desiguales y soluciones jurídicas distintas en casos sustancialmente opuestos2.

1.2.4. Inconforme con la decisión de primera instancia, el apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación, en el que indicó que la sentencia SU098 de 2018 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado disponen la protección de los derechos prestacionales de los docentes en la medida que no es ace ptable que el régimen especial no puede contener condiciones menos favorables que el general, por lo que no era cierto que existían supuestos facticos diferentes que impidan aplicar la jurisprudencia relacionada.

medida que no es ace ptable que el régimen especial no puede contener condiciones menos favorables que el general, por lo que no era cierto que existían supuestos facticos diferentes que impidan aplicar la jurisprudencia relacionada.

Al respecto, citó la sentencia del 20 de enero de 2022 dictada por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado 3 para explicar que el régimen especial no podía aplicarse cuando planteaba condiciones menos favorables que el general y en ese sentido para solucionar ese vacío normativ o debían tenerse en

2 Consejo de Estado, sentencia de unificación CE-SUJ2 001/16. 3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de enero de 2022, expediente número 08001 23 33 000 2017 00931 01 (1001-2021).Radicado: 11001-03-15-000-2023-05638-00

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cuenta las sentencias C -741 de 2012 y C -486 de 2016 en las que la Corte Constitucional dispuso que los docentes oficiales se equiparan a los servidores públicos como empleados, por lo que era dable la aplicación del régimen general.

Indicó que el hecho de que los docentes pertenecieran a un régimen especial no implicaba que las entidades nominadoras responsables de sus prestaciones sociales, obviaran sus obligaciones de consignar los recursos de las cesantías de forma oportuna al FOMAG y que en su caso estaba demostrado que no fueron consignadas oportunamente.

implicaba que las entidades nominadoras responsables de sus prestaciones sociales, obviaran sus obligaciones de consignar los recursos de las cesantías de forma oportuna al FOMAG y que en su caso estaba demostrado que no fueron consignadas oportunamente.

El recurso fue desatado por la Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia que, por med io de sentencia del 31 de julio de 20234, confirmó la decisión de primera instancia , en la que reiteró varios argumentos relacionados con la normativa sobre la materia , el régimen especial aplicable a los docentes afiliados al FOMAG, y otros que la Sala resalta:

1.2.4.1. Respecto del caso concreto encontró probado que Sussy Pedroza Barrios se desempeña en el cargo de docente adscrito a la entidad territorial demandada.

Aclaró que a la fecha de dictar el fallo no había un criterio unificado al interior del órgano de cierre de la jurisdicción que tratara el asunto en estudio y que los pronunciamientos que determinaron la prosperidad de la sanción deprecada, fueron dictados en casos con supuestos fácticos que difieren de las circunstancias que acreditadas en el plenario para la demandante.

Explicó que, la sentencia SU -098 de 2018 no resultaba aplicable al caso en estudio ya que la situación fáctica y jurídica era distinta a la estudiada y que en ese orden la sentencia SU-573 de 2019 aclaró este punto y agregó que aquella, se refería a un docente nombrado en provisionalidad qu e fue vinculado desde el año 2003 pero no fue afiliado al FOMAG oportunamente.

Expuso que no había lugar a la aplicación del principio de favorabilidad, porque en

refería a un docente nombrado en provisionalidad qu e fue vinculado desde el año 2003 pero no fue afiliado al FOMAG oportunamente.

Expuso que no había lugar a la aplicación del principio de favorabilidad, porque en el asunto en estudio no era viable establecer la existencia de una duda respecto de las norm as que regulan el reconocimiento prestacional de los docentes, ni un vacío legal que permitiera la remisión a las disposiciones de la Ley 50 de 1990, en la medida en que, la Ley 344 de 1996 al regular el régimen de cesantías para los empleados públicos, di spuso expresamente que tal regulación tenía lugar sin perjuicio de lo ya establecido en la Ley 91 de 1989.

Agregó que, lo pretendido por la parte demandante conllevaría a una trasgresión del principio de inescindibilidad normativa, ya que, para el caso, l a aplicación de las Leyes 50 de 1990 y 344 de 1996 no deviene de la existencia de una disposición que delimite la consignación de las cesantías a los docentes.

Finalmente concluyó5:

“Para el efecto, en el caso concreto, para la Sala no resulta aplicable extender la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes respecto al pago de las cesantías a más tardar el 14 de febrero de cada año, en consideración a las siguientes premisas: i) la naturaleza y finalidades del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, ii) su régimen se maneja bajo el principio de unidad de caja y los recursos del FOMAG, en virtud de la Ley 1955 de 2019, son transferidos por el Sistema General de Participaciones,

NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, ii) su régimen se maneja bajo el principio de unidad de caja y los recursos del FOMAG, en virtud de la Ley 1955 de 2019, son transferidos por el Sistema General de Participaciones, en atención a lo dispuest o en la Ley 715 de 2001, por lo tanto, no están previstas cuentas individuales para que se consignen las cesantías a cada docente, ello con

4 Archivo electrónico que ubicado en el índice 2 del expediente digital de tutela en el aplicativo SAMAI, 6C3FA800FC2CAD4D BE102C116032B15D 575F371A0773FC96 388521BB7F87E395 . 5 Página 21 del archivo electrónico que ubicado en el índice 2 del expediente digital de tutela en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado 6C3FA800FC2CAD4D BE102C116032B15D 575F371A0773FC96 388521BB7F87E395.Radicado: 11001-03-15-000-2023-05638-00

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el fin de lograr mayor eficiencia en la administración y pago de las obligaciones definidas por la ley , iii) la sit uación fáctica tratada en la sentencia SU-098 de 2018 difiere del asunto bajo estudio y iv) aplicación al principio de inescindibilidad o conglobamento, es decir, valerse de manera íntegra del cuerpo normativo al que pertenece el docente”.

1.3. Pretensiones y argumentos de tutela

difiere del asunto bajo estudio y iv) aplicación al principio de inescindibilidad o conglobamento, es decir, valerse de manera íntegra del cuerpo normativo al que pertenece el docente”.

1.3. Pretensiones y argumentos de tutela

1.3.1. Sussy Pedroza Barrios pidió en su escrito de tutela al juez constitucional que: i) declare que el Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró sus derechos fundamentales al proferir una decisión que no se ajusta a los post ulados de ley y la jurisprudencia; ii) en consecuencia, deje sin efectos la sentencia del 31 de julio de 2023; y iii) ordene al Tribunal Administrativo de Antioquia proferir un nuevo fallo que se ajuste a lo dictado por la Corte Constitucional en la providencia SU-098 del 17 de octubre de 2018 y los diferentes pronunciamientos sobre el tema dictados por la Corte Constitucional y la Sección Segunda del Consejo de Estado en las que se ha ordenado el reconocimiento y pago de la sanción moratoria como fue solicitada en la demanda.

1.3.2. Como sustento de sus pretensiones, afirmó que su solicitud cumple los requisitos de la tutela contra providencias judiciales , en la medida que el asunto a tratar es de relevancia constitucional , dado que el pago reclamado tien e alcance con el derecho fundamental a la seguridad social, no versa sobre una irregularidad procesal ni busca la solución del asunto como una tercera instancia y tampoco cuestiona una sentencia de tutela.

Agregó que la sentencia fue injusta y contraria a los pronunciamientos de la Corte Constitucional y la Sección Segunda del Consejo de Estado en relación con el

cuestiona una sentencia de tutela.

Agregó que la sentencia fue injusta y contraria a los pronunciamientos de la Corte Constitucional y la Sección Segunda del Consejo de Estado en relación con el reconocimiento y pago de la sanción moratoria dispuesta en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por lo que , a su juicio, aplicó una postura restri ctiva desconociendo el articulo 53 de la Constitución Política y los principios de favorabilidad e in dubio pro operatio al no tener en cuenta el criterio de la condición mas beneficiosa para el trabajador o beneficiario.

También expuso la normativa relacionada con el asunto ordinario y sostuvo que la solicitud no estaba dirigida a que el juez constitucional estudiara el caso como una tercera instancia.

Luego insistió que e xiste una abierta discordancia entre lo expresado por la Corte Constitucional, la Sección Segunda del Consejo de Estado y la decisión del 31 de julio de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en torno a la aplicación favorable del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 para los docentes vinculados después del 1 de enero d e 1990 a los que no se le hayan consignado las cesantías en el Fondo al que se encuentra afiliado.

Al respecto, adujo que el desconocimiento de las sentencias proferidas por el máximo órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa, e xpone una contradicción a los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y favorabilidad, así como una vulneración del derecho a la igualdad.

En ese orden, citó algunos apartes textuales de providencias respecto de las que

contradicción a los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y favorabilidad, así como una vulneración del derecho a la igualdad.

En ese orden, citó algunos apartes textuales de providencias respecto de las que consideró tenían similitud con el asunto de su interés . Agregó que, la autoridad cuestionada al sustentar que no existe una posición unificada respecto del asunto bajo estudio debió explicar con claridad y suficiencia su decisión de apartarse de lo expuesto en las sentencias antes referidas.Radicado: 11001-03-15-000-2023-05638-00

Accionante: Sussy Pedroza Barrios

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En el mismo sentido , también enumeró y citó apartes textuales de varias providencias dictadas por la Corte Constitucional6, en relación con la aplicación del principio de favorabilidad respecto de las Leyes 91 de 1989, 50 de 1990 y 344 de 19967.

Insistió que, si bien el artículo 8 de la Ley 91 de 1989 dispone que los recursos con los que se financia el FOMAG pueden ser administrados bajo el principio de unidad de caja para el pago de sus prestaciones, lo cierto es que, el Ministerio de Educación Nacional no está exento de trasladar los recursos de las cesantías de los docentes vinculados después del 1 de enero de 1990, el 15 de febrero de cada anualidad al FOMAG dado que es una obligación dictada por la norma.

Finalmente, adujo que el Tribun al confunde los regímenes de cesantías aplicables a los docentes con la obligación del Ministerio de Educación Nacional o el ente

anualidad al FOMAG dado que es una obligación dictada por la norma.

Finalmente, adujo que el Tribun al confunde los regímenes de cesantías aplicables a los docentes con la obligación del Ministerio de Educación Nacional o el ente territorial correspondiente de pagar o consignar oportunamente las cesantías al Fondo que se encuentra afiliado el docente.

Sostuvo que el Tribunal cuestionado erró en su análisis al considerar que las sentencias que fueron mencionadas en el recurso de apelación no tenían supuestos fácticos similares al caso concreto, en la medida que los asuntos se referían sobre la aplicación de la sanción moratoria por falta de la consignación de cesantías para docentes afiliados al FOMAG y no respecto a docentes que no estaban afiliados al mencionado fondo.

Explicó que la sanción por mora establecida en la Ley 50 de 1990 no solo opera para los docentes afiliados al FOMAG , conforme a lo planteado por la normativa vigente para el caso y lo dictado por la Corte Constitucional en la sentencia C -506 de 2006, dado que, el Ministerio de Educación Nacional debe conocer la afiliación de cada docente para determinar a qué fondo debe consignar los rubros causados por cesantías.

Finalmente relacionó y citó varios apartes textuales del precedente judicial dictado por los tribunales 8 y juzgados administrativos durante los años 2022 y 2023 9, respecto del pago de la sanción moratoria.

6 Páginas 53 a 63 del archivo electr ónico que contiene el escrito de tutela, ubicado en el índice 2 del expediente digital en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado: 02BCA916C5ACE1E1

6 Páginas 53 a 63 del archivo electr ónico que contiene el escrito de tutela, ubicado en el índice 2 del expediente digital en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado: 02BCA916C5ACE1E1 DA6A8CBAD3A9309D 2893BDF00853965E CFB01F7A31A95A5A. 7 Enunció las siguientes: Sentencia de Unifica ción 098 del 17 de octubre de 2018, expediente T6.736-200, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; Sentencia de Unificación 332 del 25 de julio de 2019, expediente T-5904426 y otros, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; y Sentencia de Unificación 041 del 6 de febrero de 2020, expediente T-7.182.312 y otros, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 8 Tribunal Administrativo de Sucre, sentencia del 21 de julio de 2022, expediente 70001 -23-33-00002018-00097-00, M.P. Andrés Medina Pineda; Tribunal Administrativo de Boyacá, sentencia del 24 de enero de 2023, expediente 15001 -33-33-007-2019-00046-01, M.P. Mariela Aurora García García; Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, sentencia del 31 de mayo de 2019, M.P. Beatriz Diáfana Caicedo. Páginas 9 2 a 94 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela, ubicado en el índice 2 del expediente digital en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado:

02BCA916C5ACE1E1 DA6A8CBAD3A9309D 2893BDF00853965E CFB01F7A31A95A5A .

ubicado en el índice 2 del expediente digital en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado: 02BCA916C5ACE1E1 DA6A8CBAD3A9309D 2893BDF00853965E CFB01F7A31A95A5A . 9 Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pereira, sentencia del 23 de junio de 2022, expediente 66001 -33-33-001-2022-00020-00; Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sincelejo, sentencia del 9 de septiembre de 2022, expediente 7001 -33-33-002-2022-0011500;Juzgado Diecinueve Administrat ivo Oral de Medellín, sentencia del 21 de septiembre de 2023, expediente 05001 -33-33-019-2022-00085-00; Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Buga, sentencia del 27 de septiembre de 2022, expediente 76001 -33-33-002-2022-00095-00; Juzgado Tercero A dministrativo del Circuito de Buga, sentencia del 28 de septiembre de 2022, expediente 76111 -33-33-003-2022-00066-00; Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Bucaramanga, sentencia del 28 de septiembre de 2022, expediente 68001 -33-33-002-2022-0006500; Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, sentencia del 30 de septiembre de 2022, expediente 68001 -33-33-009-2022-00109-00;Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, sentencia del 6 de octubre de 2022, expediente 27001septiembre de 2022, expediente 68001 -33-33-009-2022-00109-00;Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, sentencia del 6 de octubre de 2022, expediente 2700133-33-002-2022-00072-00; Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Quibdó, sentencia del 25 de octubre de 2022, expediente 27001 -33-33-005-2022-00122-00; Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Buga, sentencia del 16 de noviembre de 2022, expediente 76147-3333-002-2022-00008-00 y Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá,Radicado: 11001-03-15-000-2023-05638-00

Accionante: Sussy Pedroza Barrios

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

1.4. Trámite de tutela e intervenciones

1.4.1. El Despacho del magistrado ponente, con auto del 2 de octubre de 202310, admitió la acción, vinculó como terceros con interés al Juzgado Veintitrés Administrativo Oral de Medell ín, a la Nación -Ministerio de Educación Nacional, al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, al Municipio de Bello – Antioquia, y a los demás sujetos que hubieren participado en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con númer o de radicado 05001-33-33-023-202200146-00/01.

En el mismo proveído ordenó notificar a las partes y vinculados al trámite , solicitó

restablecimiento del derecho con númer o de radicado 05001-33-33-023-202200146-00/01.

En el mismo proveído ordenó notificar a las partes y vinculados al trámite , solicitó el expediente digital del proceso ordinario , reconoció personería al abogado de la parte accionante y suspendió los términos hasta tanto se diera cumplimiento a lo ordenado.

1.4.2 El Tribunal Administrativo Antioquia , a través de la magistrada titular del Despacho que dictó la sentencia objeto de tutela , manifestó que la decisión fue debidamente sustentada por lo que no se configuró la vulneración de las garantías fundamentales del accionante11.

1.4.3. El Ministerio de Educación Nacional indicó que la solicitud de amparo presentada por el accionante era improcedente ya que no había sido agotada la solicitud de nulidad, y no f ue superado el requisito de relevancia constitucional porque la pretensión de tutela era de naturaleza estrictamente económica12.

1.4.4. La Fiduprevisora S.A. , como vocera y administradora del patrimonio autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones del Mag isterio, explicó que, por disposición del Decreto 1582 de 1998 las entidades creadas por la Ley 50 de 1990 podrán administrar en cuentas individuales los recursos para el pago de las cesantías, disposición que no aplica para el FOMAG que fue creado por la Ley 91 de 1989 bajo el principio de unidad de caja y por tanto, las cesantías de los docentes no se administran en cuentas individuales13.

Agregó que, la totalidad de los recursos del FOMAG conforman el patrimonio

de 1989 bajo el principio de unidad de caja y por tanto, las cesantías de los docentes no se administran en cuentas individuales13.

Agregó que, la totalidad de los recursos del FOMAG conforman el patrimonio autónomo que se administra a través de un esquema fiduciario al que se refiere la Ley 91 de 1989 por lo que, los recursos se administran conforme a las disposiciones de la mencionada ley, las cláusulas del contrato fiduciario y las determinaciones que apruebe el Consejo directivo del Fondo.

Indicó que la Ley 1955 de 2019 , en su artículo 57 , dispone que el pago de las prestaciones económicas se aplica bajo el principio de “unidad de caja” con el fin de lograr la eficiencia en el pago de las obligaciones definidas en la ley, lo que permite que, con el recaudo de todos los rubros se conforme una caja común destinada a atender el pago de las prestaciones económicas, entre ellas las cesantías y los respectivos intereses de los docentes. Por lo tanto, los valores que

sentencia del 19 de enero de 2023, expediente 11001 -33-42-051-2022-00098-00. Páginas 94 a 101 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutel a, ubicado en el índice 2 del expediente digital en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado: 02BCA916C5ACE1E1 DA6A8CBAD3A9309D 2893BDF00853965E CFB01F7A31A95A5A. 10 Archivo electrónico ubicado en el índice 5 del expediente digital de tutela del ap licativo SAMAI,

DA6A8CBAD3A9309D 2893BDF00853965E CFB01F7A31A95A5A. 10 Archivo electrónico ubicado en el índice 5 del expediente digital de tutela del ap licativo SAMAI, identificado con certificado : 96D59C014B95237F A5704CEEA1C7B0F6 821472A658C97E98 96B15ADED79E1803. 11 Archivo electrónico ubicado en el índice 10 del expediente digital de tutela del aplicativo SAMAI , identificado con certificado : 5776DCEBFF7987EC AC2E780B0DA6D387 FFE759700CEED425 230A1005D44DDFDE. 12 Archivo electrónico ubicado en el índice 11 del expediente digital de tutela del aplicativo SAMAI , identificado con certificado: F20A8D771DABF630 5C0E83A4D54692E6 2863F1B0672CD77A 0B2FED67C1A48C85. 13 Archivo electrónico ubicado en el índice 13 del expediente digital de tutela del aplicativo SAMAI , identificado con certificado: 873C52B45FEA7BC6 E06E085895934494 F3867C4CE2AEE993 169FA5FEBABA9E48.Radicado: 11001-03-15-000-2023-05638-00

Accionante: Sussy Pedroza Barrios

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

corresponden a la prestación reclama da no se consignan, sino que ya están presupuestados y trasladados al fondo, desde el primer mes de cada vigencia.

Finalmente adujo que no se configuró la vulneración de derecho fundamental

corresponden a la prestación reclama da no se consignan, sino que ya están presupuestados y trasladados al fondo, desde el primer mes de cada vigencia.

Finalmente adujo que no se configuró la vulneración de derecho fundamental alguno, en la media que las autoridades judiciales actuaron conf orme a la normativa establecida para el caso concreto sin que se haya desconocido algún precedente judicial relacionado, por lo que la solicitud debía ser declarada improcedente.

1.4.5. El Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín expuso e l régimen jurídico que rige las actuaciones del FOMAG y de cesantías de los docentes, lo comparó con el régimen general y contestó que la actora pretende en tutela insistir en la aplicación parcial de una norma para obtener el reconocimiento de una prestac ión económica a la cual no tiene derecho. Afirmó que dio cumplimiento a sus obligaciones legales en la materia. Adujo que no tiene legitimación en la causa en la medida en que no tiene competencias para girar recursos al fondo, y que la tutelante no agotó el mecanismo extraordinario de unificación de jurisprudencia. Solicitó que se declare la improcedencia de las pretensiones de amparo y su desvinculación del trámite constitucional14.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala tiene competencia para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Nacional y en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.

2.2. Procedibilidad de la acción

Como lo ha establecido la jurisprudencia constitucional y pa rticularmente la

artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.

2.2. Procedibilidad de la acción

Como lo ha establecido la jurisprudencia constitucional y pa rticularmente la sistematización realizada en la sentencia C-590 de 2005, en los casos en que la solicitud de amparo se dirige contra una providencia judicial, es pertinente realizar, primero, un examen de procedibilidad general 15