CE - 010315000202305718001SENTENCIA20231117160347

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05718-00

Accionante: Víctor Elías Cortés González Se declara la improcedencia

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C. treinta (30) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2023-05718-00

Accionante: Víctor Elías Cortés González

Accionados: Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del derecho / Sanción moratoria por falta de pago de las cesantías / Régimen laboral y prestacional de los docentes oficiales / Defecto sustantivo / Violación directa de la Constitución / Desconocimiento de las reglas jurisprudenciales / Se declara la improcedencia por falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la acción de tutela presentada por Víctor Elías Cortés González contra la sentencia del 30 de marzo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado por el accionante contra la Nación – Ministerio de Educación, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG) y el Departamento de Sucre.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente

el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG) y el Departamento de Sucre.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.Radicado: 11001-03-15-000-2023-05718-00

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I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1.- El 29 de septiembre de 2023 Víctor Elías Cortés González presentó, mediante apoderado judicial, una acción de tutela para obtener la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, seguridad social y acceso a la administración de justicia, y a los principios de favorabilidad laboral perpetuatio jurisdictionis, seguridad jurídica y aplicación del precedente . El accionante considera que fueron vulnerados por la sentencia proferida el 30 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 70001-33-33-002-2022-0003700/01, que adelantó contra la Nación – Ministerio de Educación, el FOMAG y el Departamento de Sucre. En dicha providencia se revocó la sentencia de primera instancia que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en su lugar, negó las súplicas.

Departamento de Sucre. En dicha providencia se revocó la sentencia de primera instancia que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en su lugar, negó las súplicas.

2.- Como pretensiones, el accionante formuló las siguientes (se transcribe):

<<1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE en la sentencia proferida el día 30/3/2023, en el expediente rad. No. 70001333300220220003701, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA

SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO

DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES

FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA

IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO

CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEG URIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la ju risdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de

ADMINISTRATIVO DE SUCRE; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes: (…)>>.Radicado: 11001-03-15-000-2023-05718-00

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B. Hechos

3.- El accionante se vinculó al servicio educativo estatal como docente nacional en vigencia de la Ley 91 de 1989. En consecuencia, le es aplicable el régimen anualizado de cesantías.

3.1.- El Ministerio de Educación Nacional habría omitido consignar en el FOMA G las cesantías e intereses correspondientes al año 2020.

3.2.- El 18 de agosto de 2021 el accionante presentó reclamación administrativa para que se reconociera el pago de las cesantías e intereses debidos, así como la respectiva sanción moratoria, en l os términos del artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

3.3.- Ante la falta de respuesta de la entidad, el accionante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto ficto.

3.4.- Mediante sentencia del 29 de septiembre de 2022 el Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto ficto.

3.4.- Mediante sentencia del 29 de septiembre de 2022 el Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

3.5.- La Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG ap eló la anterior decisión. Alegó que a los docentes oficiales les aplica un régimen especial en materia de seguridad social, en el cual las cesantías no son consignadas a cuentas individuales. También reprochó la valoración probatoria del juzgado y señaló que en virtud de la sentencia SU -573 de 2019 las pretensiones de la demanda no son procedentes.

3.6.- Mediante sentencia del 30 de marzo de 2023 el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión acogió los argumentos de la autoridad apelante, revocó la sentencia de primera instancia y negó las pretensiones de la demand a.

C. Fundamentos de la vulneración

4.- El accionante alega que la sentencia objeto de reproche vulneró sus derechos fundamentales porque incurrió en (i) un defecto sustantivo y (ii) una violación directa de la Constitución . Además, se infiere que el accionante también reprocha un (iii) desconocimiento de las reglas jurisprudenciales ya que invoca varias providenciasRadicado: 11001-03-15-000-2023-05718-00

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de esta Corporación, de la Corte Constitucional, y tribunales y juzgados administrativos del país que habrían sido inaplicadas por la au toridad judicial accionada.

Se declara la improcedencia 4

de esta Corporación, de la Corte Constitucional, y tribunales y juzgados administrativos del país que habrían sido inaplicadas por la au toridad judicial accionada.

4.1.- En cuanto al defecto sustantivo, alega que no se aplicaron en debida forma las Leyes 52 de 1975, 91 de 1989, 50 de 1990, 344 de 1996 y 1955 de 2019. Insiste en que, según la Ley 91 de 1989 (que creó el FOMAG y reguló el régimen prestacional de los docentes oficiales) el Ministerio de Educación Nacional, en calidad de empleador de los docentes oficiales, debe pagar o consignar al FOMAG los recursos correspondientes a, entre otros conceptos, las cesantías e intereses de las mismas.

4.1.1.- Esos recursos constituyen una de las fuentes de financiación de ese Fondo y deben consignarse en unas fechas previstas, de manera que se garantice la disponibilidad de los mismos cuando el beneficiario solicite el pago de las cesantías parciales o definitivas. De lo contrario, se puede afectar la estabilidad financiera del Fondo y se aumenta el riesgo de que este incurra en una sanción moratoria en los términos de la Ley 1071 de 2006 (que modificó la Ley 244 de 1995 y consagra una sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías que solicita el trabajador al fondo en el cual está afiliado).

4.1.2.- Indica que la Ley 91 de 1989, que dispone el régimen especial de los docentes oficiales, no es excluyente con las reglas generales previs tas para los demás trabajadores públicos. En efecto, el artículo 15 de esa ley indica que las

docentes oficiales, no es excluyente con las reglas generales previs tas para los demás trabajadores públicos. En efecto, el artículo 15 de esa ley indica que las prestaciones sociales de los docentes vinculados con posterioridad al 1º de enero de 1990 se regirán por lo previsto en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978 <<o que se expidan en el futuro>>.

4.1.3.- En ese sentido, las Leyes 50 de 1990 y 344 de 1996 le serían aplicables a l accionante, pues fueron proferidas con posterioridad a la Ley 91 de 1989. La primera consagra la sanción moratoria por la c onsignación extemporánea de las cesantías a cargo del empleador y a favor del fondo al cual se afilió el empleado 1. Esta es la sanción moratoria que exige el accionante. Así, la Ley 344 de 1996

1 A efectos de mayor claridad, cabe diferenciar la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 de aquella regulada por la Ley 244 de 1995 (modificada por la Ley 1071 de 2006). La primera aplica al empleador que no afilia al trabajador a un fondo de cesa ntías o no paga las cesantías anuales antes del 15 de febrero de cada año; mientras que las segunda aplica al fondo de cesantías que, previa solicitud del empleado público, no le paga a este las cesantías parciales o definitivas en los términos de ley.Radicado: 11001-03-15-000-2023-05718-00

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paga a este las cesantías parciales o definitivas en los términos de ley.Radicado: 11001-03-15-000-2023-05718-00

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extendió la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los empleados pú blicos, incluyendo a los docentes oficiales.

4.1.4.- También exige la aplicación de la Ley 52 de 1975, que regula la indemnización por el pago tardío de los intereses de las cesantías. A juicio de l accionante, las Leyes 52 de 1975 y 90 de 1990 (según el mandato de la Ley 344 de 1996) son aplicables a los docentes oficiales regidos por la Ley 91 de 1989.

4.1.5.- Por otro lado, reprocha una indebida aplicación del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019. Esa norma positivizó el principio de unidad de caja, bajo el cual se rige el FOMAG. Contrario a lo establecido en la sentencia cuestionada, ese principio no es contradictorio con la aplicación de la Ley 50 de 1990, pues una cosa es el régimen de unidad de caja y otro la procedencia de los recursos y la obligació n de consignarlos en determinados términos, so pena de una sanción. En otras palabras, en virtud de la Ley 50 de 1990, el Ministerio de Educación Nacional debe consignar oportunamente las cesantías al FOMAG y , una vez pagadas, el fondo las administrará bajo el principio de unidad de caja: luego ambas normas no son excluyentes y se refieren a asuntos distintos.

4.2.- Alega una violación directa de la Constitución . Ello, por cuanto se

administrará bajo el principio de unidad de caja: luego ambas normas no son excluyentes y se refieren a asuntos distintos.

4.2.- Alega una violación directa de la Constitución . Ello, por cuanto se desconocieron los principios de igualdad, favorabilidad laboral y progresividad por no aplicar las Leyes 52 de 1975 y 50 de 1990. Sostiene que la justificación de un régimen especial es que este tenga mayores beneficios o al menos no sea menos favorable que el régimen general, pues de lo contrario se configuraría un trato discriminatorio. Así, es posible aplicar lo previsto en las referidas leyes, sin que ello conlleve una vulneración al principio de inescindibilidad de la ley laboral.

4.3.- Precisa también que no es necesario que se profiera una sentencia de unificación en la materia, pues ya existe una postura reiterada, uniforme y pacífica en la Sección Segunda de esta Corporación, lo que genera una confianza legítima en las prov idencias judiciales. Es decir, que desconocer la postura actual de la jurisprudencia configura una violación a la seguridad jurídica. No desconoce la posibilidad de apartarse del precedente, pero reitera que para ello es necesario argumentar las razones de forma suficiente, lo que no sucedió en este caso. Agrega que este mecanismo constitucional no constituye un recurso adicional para instaurarRadicado: 11001-03-15-000-2023-05718-00

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una tercera instancia, sino que se trata de la única forma de salvaguardar los derechos fundamentales vulnerados.

4.4.- En cuanto al desconocimiento de las reglas jurisprudenciales , el accionante

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una tercera instancia, sino que se trata de la única forma de salvaguardar los derechos fundamentales vulnerados.

4.4.- En cuanto al desconocimiento de las reglas jurisprudenciales , el accionante afirma que existe una postura uniforme y reiterada, tanto en la Corte Constitucional como en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, encaminada a aplicar la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 a favor de los docentes oficiales.

4.4.1.- Al respecto, cita las sentencias SU-098 de 2018 (que fundamenta las demás providencias proferidas por el Consejo de Estado), SU -332 de 2019 y SU -041 de

2020. La primera de estas sostuvo que, en virtud del principio de favorabilidad, la Ley 50 de 1990 sí es aplicable a los docentes oficiales en lo que atañe a la sanción moratoria porque esta no fue prevista en el régimen especial. Así se garantiza el principio de favorabilidad y el derecho a la igualdad entre los empleados públicos.

Las dos últimas sentencias reiteran esa postura.

4.4.2.- Igualmente invoca vei ntiséis (26)2 sentencias proferidas por esta

2 Expresamente invoca las siguientes sentencias proferidas por el Consejo de Estado: sentencia del 24 de enero de 2019, radicado No. 76001 -23-31-000-2009-00867-01, Sección Segunda Subsección B, C.P. Sandra Liseth

Ibarra; sentencia del 17 de junio de 2019, rad icado No. 11001 -03-15-000-2018-04617-01, Sección Tercera, Subsección C, C.P. Nicolás Yepes Corrales; sentencia del 28 de junio de 2019, radicado No. 411001 -03-15000-2018-04679-01, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, sentencia del 29 de julio de 2019, radicado No. 11001 -0315-000-2018-03499-01, Sección Tercera Subsección C, C.P. Nicolás Yepes Corrales; sentencia del 2 de diciembre de 2019, radicado No. 08001 -23-33-000-2014-00173-01, Sección Segunda Subsección A, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; sentencia del 10 de junio de 2019, radicado No. 0800123-33-000-2014-00208-01, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Sandra Liseth Ibarra; sentencia de unificación del 6 de agosto de 2020, radicado No. 08001-23-33-000-2013-00666-01, Sala Plena, C.P. Sandra Liseth Ibarra; sentencia del 22 de octubre de 2020, radicado No. 08001 -23-31-000-2014-00254-01 Sección Segunda Subsección A, C.P. William Hernández Gómez; sentencia del 12 de noviembre, radicado No. 08001-23-33-0002014-00132-01, Sección Segunda, Subsección A, C.P. William Hernández Gómez; sentencia del 17 de junio de 2021, radicado No. 08001 -23-31-000-2014-00815-01, Sección Segunda Subsección A, C.P. Gabriel Valbuena Hernández; sentencia del 17 de junio 2021, radicado No. 08001 -23-33-000-2015-00331-01, Sección Segunda Subsección A, C.P. César Palomino Cortés; sentencia del 4 de noviembre de 2021, radicado No. 19001-23-33000-2015-00445-02, Sección Segunda Subsección A, C.P. William Hernández Gómez; sentencia del 25 de noviembre de 2021, radicado No. 08001-23-33-000-2014-01127-01, Sección Segunda Subsección B, C.P. Sandra Liseth Ibarra; sentencia del 25 de noviembre de 2021, radicado No. 40001 -23-40-000-2017-00134-01, Sección Segunda Subsección A; sentencia del 11 de noviembre de 2021, radicado No. 080001-23-40-000-201590008-01, Sección Segunda Subsección A, C.P. William Hernández Gómez; sentencia del 11 de noviembre de 2021, radicado No. 080001 -23-40-000-2014-90022-01, Sección Segunda Subsección A, C.P. William Hernández Gómez; sentencia del 20 de en ero de 2022, radicado No. 080001 -23-33-000-2017-00931-01,

Sección Segunda Subsección A, C.P. Gabriel Valbuena Hernández; sentencia del 3 de marzo de 2022, radicado No. 080001 -23-33-000-2015-00075-01, Sección Segunda, Subsección A, C.P. William Hernández Gó mez; sentencia del 28 de abril de 2022, radicado No. 76001 -23-33-000-2013-00756-01, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter; sentencia del 9 de mayo de 2022, radicado No. 080001 -23-40000-2017-00795-01, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; sentencia del 19 de mayo de 2022, radicado No. 47001 -23-33-000-2019-00359-01, Sección Segunda, Subsección B, C.P.Radicado: 11001-03-15-000-2023-05718-00

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Corporación, tres (3) 3 sentencias proferidas por tribunal es administrativos y once (11)4 providencias proferidas por distintos juzgados administrativos.

D. Oposiciones e intervenciones

5.- El Tribunal Administrativo de Sucre (accionado) solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela por falta de relevancia constitucional . Señaló que no existe un precedente unificado en la materia y, en todo caso, la sentencia SU-098 de 2018 no es un precedente aplicable porque abordó s upuestos fácticos y jurídicos distintos. Reiteró que los docentes oficiales cuentan con un régimen especial y que la sentencia accionada se fundó en la normativa aplicable.

jurídicos distintos. Reiteró que los docentes oficiales cuentan con un régimen especial y que la sentencia accionada se fundó en la normativa aplicable.

6.- El Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo (tercero con interés) allegó copia del expediente digital, pero guardó silencio frente a los hechos y las pretensiones de la solicitud de amparo.

Sandra Liseth Ibarra; sentencia del 1º de julio de 2022, radicado No. 47-001-23-33-000-2019-00376-01, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Sandra Liseth Ibarra; sentencia del 22 de agosto de 2022, radicado No. 0800123-33-000-2015-00509-01, Sección Segunda, Subsección B, C.P. César Palomino Cortés; y sentencia del 22 de septiembre de 2022, radicado No. 08001-23-33-000-2015-90124-01, Sección Segunda, Subsección B, C.P. César Palomino Cortés, sentencia del 19 de enero de 2023, radicado No. 76001 -23-31-000-2012-00212-02 (4470-2021), Sección Segunda, Subsección A, C.P. William Hernández Gómez; y sentencia del 26 de enero de 2023, radicado No. 47001-23-33-000-2018-0231-01 (0871-2020), Sección Segunda, Subsección A, C.P. Rafael Francisco Gómez. 3 Sentencia del 31 de mayo de 2019, radicado No. 76 -001-23-33-000-2013-00734-00 proferida por el Tribunal

Francisco Gómez. 3 Sentencia del 31 de mayo de 2019, radicado No. 76 -001-23-33-000-2013-00734-00 proferida por el Tribunal Administrativo del Val le del Cauca; sentencia del 21 de julio de 2022, radicado No. 70001 -23-33-000-0201800097-00 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre; y sentencia del 24 de enero de 2023, radicado No. 15001-33-33-007-2019-00046-01 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá. 4 Sentencia del 23 de junio de 2022, radicado No. 66001 -33-33-001-2022-00020-00 proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Pereira; sentencia del 9 de septiembre de 2022, radicado No. 70001-33-33-002-202200115-00 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo; sentencia del 21 de septiembre de 2022, radicado No. 05001 -33-33-019-2022-00085-00 proferida por el Juzgado Diecinueve Administrativo de Medellín; sentencia del 27 de septiembre de 2022, radicado No. 76-001-33-33-002-2022-00095-00 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Buga; sentencia del 28 de septiembre de 2022, radicado No. 76111-3333-003-2022-00066-00 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Buga; sentencia del 28 de

septiembre de 20 22, radicado No. 68001 -33-33-002-2022-00065-00 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga; sentencia del 30 de septiembre de 2022, radicado No. 68001-33-33-009-202200109-00 proferida por el Juzgado Noveno Administrativo de Bucaramanga; sentencia del 6 de octubre de 2022, radicado No. 27001 -33-33-002-2022-00072-00 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Quibdó; sentencia del 25 de octubre de 2022 radicado No. 27001 -33-33-005-2022-00122-00 proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de Quibdó; sentencia del 16 de noviembre de 2022 radicado No. 76147-33-33-002-202200008-00 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Buga; y la sentencia del 19 de enero de 2023 radicado No. 11001 -3342-051-2022-00098-00 proferida por el Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo de Bogotá.Radicado: 11001-03-15-000-2023-05718-00

Accionante: Víctor Elías Cortés González Se declara la improcedencia

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7.- La Nación - Ministerio de Educación Nacional (tercero con interés) alegó que la solicitud de amparo es improcedente porque: (i) primero deben agotarse los mecanismos ordinarios de defensa judicial, en virtud de la subsidiariedad de la tutela; (ii) la solicitud de amparo carece de relevancia constitucional, ya que la

solicitud de amparo es improcedente porque: (i) primero deben agotarse los mecanismos ordinarios de defensa judicial, en virtud de la subsidiariedad de la tutela; (ii) la solicitud de amparo carece de relevancia constitucional, ya que la discusión atañe al reconocimiento de una prestación económica; (iii) las acciones de tutela contra providencias judiciales no pueden desconocer la independencia y autonomía de las autoridades judiciales; y (iv) no se violaron los derechos fundamentales invocados.

8.- La Fiduprevisora S.A., en calidad de vocera y administradora del FOMAG (tercero con interés) solicitó que se declarara la improcedencia de la solicitud de amparo, pues no se argumentaron suficientemente los requisitos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales. Además, solicitó ser desvinculada d el presente proceso.

8.1.- Enfatizó que al FOMAG le es aplicable el principio de unidad de caja, lo cual amerita un trato diferenciado al de los fondos de cesantías privados y regidos por la Ley 50 de 1990. En efecto, en el FOMAG no existen cuentas individuales para cada uno de los docentes, de lo cual se desprende que no existe una obligación legal de consignar en esas cuentas el valor de las cesantías que corresponda a cada afiliado.

8.2.- En cambio, los valores del FOMAG son presupuestados en cada vigencia y son remitidos por el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades TerritorialesFONPET, diferenciado entre lo que corresponde a pensiones y a cesantías. Posteriormente el FOMAG s olicita a las entidades territoriales que alleguen los reportes de cesantías para proceder a reconocer los intereses que se causen en

FONPET, diferenciado entre lo que corresponde a pensiones y a cesantías. Posteriormente el FOMAG s olicita a las entidades territoriales que alleguen los reportes de cesantías para proceder a reconocer los intereses que se causen en cada vigencia, y cuando se solicita el retiro definitivo o parcial de las cesantías el fondo acude al rubro asignado, se r eitera, regido por el principio de unidad de caja y no por cuentas individuales.

8.3.- Lo anterior encuentra fundamento en un marco normativo especial: Ley 91 de 1989, artículo 8; Ley 715 de 2001, artículo 8 y 36; Decreto 196, artículos 12 y 13; Decreto 3752 de 2003, y Ley 1955 de 2019, artículo 57.

8.4.- Sostuvo que las sentencias invocadas por el accionante no constituyen un precedente vinculante, pues resolvieron casos particulares y distintos al presente. Agregó que, en todo caso, no se vulneraron sus derechos fundamentales porqueRadicado: 11001-03-15-000-2023-05718-00

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las actuaciones judiciales se adelantaron en debida forma y de conformidad con las pruebas y procedimientos legales.

9.- El Departamento de Sucre (tercero con interés) pese a haber sido debidamente notificado, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

10.- Se acogerá la posición mayoritaria de la Sala y se declarará la improcedencia de la acción de tutela, porque no está acreditado el requisito de relevancia constitucional frente a los defectos presentados. Lo anterior, en la medida en que la

10.- Se acogerá la posición mayoritaria de la Sala y se declarará la improcedencia de la acción de tutela, porque no está acreditado el requisito de relevancia constitucional frente a los defectos presentados. Lo anterior, en la medida en que la acción de tute la reitera los mismos argumentos que fueron planteados en la apelación y fueron resueltos en el fallo de segunda instancia proferido en el proceso ordinario5. Además, se negará la solicitud de desvinculación presentada por la Fiduprevisora S.A , dado que fu e vinculada en calidad de tercero con interés y no como accionado.

E. Sin perjuicio de la falta de relevancia constitucional, los cargos formulados en el escrito de tutela no tienen vocación de prosperar 11.- La providencia objeto de reproche no incurrió en los defectos sustantivo, violación directa de la Constitución y por desconocimiento de las reglas jurisprudenciales alegados por el accionante. Los defectos invocados se analizarán en conjunto, pues tanto el defecto sustantivo como la violación directa de la Constitución se resuelven al estudiar las reglas jurisprudenciales aplicables al caso.

11.1.- La Corte Constitucional ha establecido que las reglas del precedente no son absolutas y que las autoridades j udiciales pueden apartarse de ellas, siempre que (i) identifiquen el precedente del cual se apartan (carga de transparencia) y (ii) sustenten suficientemente las razones para ello (carga de argumentación). Además, también ha señalado que el precedente es v inculante siempre que sea uniforme y

5 El magistrado ponente considera que la presente tutela sí cumple con el requisito de relevancia constitucional

también ha señalado que el precedente es v inculante siempre que sea uniforme y

5 El magistrado ponente considera que la presente tutela sí cumple con el requisito de relevancia constitucional porque el accionante alegó la vulneración de su derecho fundamental, entre otros, al debido proceso, y explicó los vicios que consideró configurados en la decisión atacada. Sin embargo, acoge la posición mayoritaria de la Sala, según la cual cuando se reiteran argumentos que fueron resueltos dentro del proceso ordinario, no se cumple con este requisito.Radicado: 11001-03-15-000-2023-05718-00

Accionante: Víctor Elías Cortés González Se declara la improcedencia

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pacífico, pues de lo contrario los jueces pueden adoptar una postura u otra, según las exigencias y particularidades del caso 6. 11.2.- En este caso, el tribunal accionado cumplió con las cargas señaladas y, además, al m omento de proferir sentencia de segunda instancia, no existía una postura unificada en la materia. Frente a lo primero, se advierte que en la providencia atacada se identificó la sentencia SU-098 de 2018 (que fundamenta las otras sentencias invocadas por el accionante) y se aceptó que existen varias sentencias de esta Corporación que han adoptado la postura señalada en esa sentencia de la Corte Constitucional. De esta manera, el tribunal accionado referenció expresamente las reglas jurisprudenciales de las cuales se apartó y agregó que no eran pertinente para resolver el asunto, pues parten de <<supuestos fácticos distintos>>. 11.3.- A continuación, el tribunal accionado explicó por qué a los docentes oficiales

agregó que no eran pertinente para resolver el asunto, pues parten de <<supuestos fácticos distintos>>. 11.3.- A continuación, el tribunal accionado explicó por qué a los docentes oficiales no les era aplicable lo previsto en la Ley 50 de 1990 ni en la Ley 52 de 1975, lo cual fue confirmado en la sentencia SU -573 de 2019 con lo cual agotó la carga de argumentación: <<Pues bien, teniendo en cuenta el régimen normativo y la pauta marcada por la jurisprudencia puesta de presente, considera la Sala que los docentes afiliados al FOMAG cuentan con un régimen especial para la consignación y liquidación de sus cesantías que es el previsto en la Ley 91 de 1989, sin que proceda la consignación de la citada prestación a cada docente en una cuenta individual, pues, los recursos destinados para su pago son girados de forma global e incorporados con una periodicidad mensual durante todo el año. De manera que, los recursos comunes relacionados con el pago auxilio de cesantías de los docentes a fecha 31 d e diciembre del año de su causación reposan en el FOMAG, no obstante, la liquidación individual de las cesantías de cada docente es realizada por las secretarías de educación territorial en el término establecido por el FOMAG, que para el auxilio de cesantías correspondiente al año 2020, fue el 5 de febrero de 2021, según lo estipulado en la Comunicado No. 008 del 11 de diciembre de 2020, liquidación que se efectúa con el único fin de pagar los intereses de las cesantías mas no para efectos de consignar est a prestación social en una cuenta individual antes del 15 de febrero del año siguiente, como sucede e