CE - 010315000202305794001SENTENCIA20231115090624

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05794-00

Accionante: Fernando Vargas Vargas Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Improcedencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - falta de carga argumentativa - la parte actora pretende reabrir un debate y crear una instancia adicional al no estar de acuerdo con lo decidido por el juez natural / SUBSIDIARIEDAD - los argumentos expuestos en sede constitucional para sustentar la configuración de algunos yerros no fueron planteados ante el juez natural de la causa.

Surtido el trámite de ley 1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de amparo constitucional formulado por Fernando Vargas Vargas contra la Sección Segunda, Subsección A2 del Consejo de Estado.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 2 de octubre del año en curso, el señor Fernando Vargas Vargas, a través de apoderado judicial, instauró demanda de tutela con el fin de que se dejara sin efectos

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 2 de octubre del año en curso, el señor Fernando Vargas Vargas, a través de apoderado judicial, instauró demanda de tutela con el fin de que se dejara sin efectos la sentencia del 22 de junio de 2023 proferida por la autoridad judicial accionada, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho3 que promovió contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

2.- El referido proceso fue iniciado con el propósito de que se declarara la nulidad de los fallos de: (i) 19 de noviembre de 2004, mediante el cual se declaró disciplinariamente responsab le al actor , en calidad de Teniente de la Policía Nacional, por haber incurrido -a título de dolo - en las faltas previstas en el artículo

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 2 Integrada por los Consejeros Rafael Francisco Suarez Vargas, Jorge Iván Duque Gutiérrez y Gabriel Valbuena Hernández. 3 Identificado con número de radicado: 11001-33-35-024-2020-00026-01.Radicación: 11001-03-15-000-2023-05794-00

Accionante: Fernando Vargas Vargas Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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34, numerales 264 y 305 y el artículo 35, numeral 106 de la Ley 1015 de 20067 y, en consecuencia, se le impuso una sanción de destitución e inhabilidad para desempeñar cargos públicos por el término de 15 años y; (ii) 20 de agosto de 2015, por el que se confirmó parcialmente la decisión anterior , modificando la sanción impuesta por el término de 10 años.

3.- En primera instancia el Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia del 22 de febrero de 2022, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda . Lo anterior, tras considerar que en el proceso disciplinario en cuestión se vulneró el debido proceso del demandante, pues pese a que la autoridad disciplinaria tenía plenamente identificados a los sujetos sobre los cuales podría recaer la acción disciplinaria, optó por iniciar la indagación preliminar contra perso na indeterminada, impidiendo la posibilidad que tenían aquellos de ejercer su derecho de contradicción y defensa frente a las pruebas recaudadas en esa etapa. A su vez, estimó que si bien el artículo 91 de la Ley 734 de 20 02, prevé que mientras se efectúa la notificación del auto de apertura de la investigación disciplinaria, las pruebas que se hayan practicado sin la presencia del implicado deben ser ampliad as en los puntos que solicite el disciplinado, lo cierto es que ello no garantiza de forma real y efectiva su derecho a la defensa, comoquiera que en ese curso de tiempo pueden ocurrir

hayan practicado sin la presencia del implicado deben ser ampliad as en los puntos que solicite el disciplinado, lo cierto es que ello no garantiza de forma real y efectiva su derecho a la defensa, comoquiera que en ese curso de tiempo pueden ocurrir ciertas situaciones que impidan al sujeto investigado solicitar la ampliación de la declaración o contrainterrogar al testigo.

4.- En sentencia del 22 de junio de 2023, la Sección Segunda - Subsección A del Consejo de Estado , revocó la decisión del A quo y negó las pretensiones de la demanda, al estimar que : (i) la entidad demandada no transgredió el derecho al debido proceso del accionante por no haber lo vinculado al proceso disciplinario desde la indagación preliminar, toda vez que para ese momento no se tenía conocimiento de los implicados en los hechos que dieron origen a la investigación disciplinaria; situación que cambió una vez practicadas las pruebas pertinentes, las cuales permitieron identificar a los sujetos que serían objeto de la investigación, entre ellos el demandante, quien además fue debidamente notificado, de conformidad con lo establecido en la Ley 734 de 2002 y, una vez vinculado, s e le dio a conocer sus derechos como investigado, entre ellos solicitar y aportar pruebas, así como contradecir las que obraban en la investigación; y , (ii) el material probatorio recaudado en el trámite disciplinario resultaba suficiente para acreditar la comisión de las conductas que le fueron endilgadas y la consecuente responsabilidad disciplinaria.

4 “Consumir o estar bajo el efecto de bebidas embriagantes o sustancias que produzcan dependencia física o psíquica, durante el servicio.”

de las conductas que le fueron endilgadas y la consecuente responsabilidad disciplinaria.

4 “Consumir o estar bajo el efecto de bebidas embriagantes o sustancias que produzcan dependencia física o psíquica, durante el servicio.” 5 “Respecto de los documentos: (…) Sustituirlos, alterarlos, sustraerlos, mutilarlos, destruirlos, ocultarlos, suprimirlos o falsificarlos en beneficio propio; o en beneficio o perjuicio de un tercero (…)”. 6 “Incumplir, modificar, desautorizar, eludir, ejecutar con negligencia o tardanza, o introducir cambios, sin causa justificada, a las órdenes o instrucciones relativas al servicio.” 7 “Por medio de la cual se expide el Régimen Disciplinario para la Policía Nacional.”Radicación: 11001-03-15-000-2023-05794-00

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5.- En el escrito de tutela, la parte actora sostuvo que la autoridad judicial accionada vulneró su s derechos fundamentales al debido proceso , igualdad y acceso a la administración de justicia, pues al adoptar la decisión enjuiciada, incurrió en los siguientes defectos:

6.- Desconocimiento del precedente, por apartarse de las sentencias C-150 y C412 de 1993, C-1711 de 2000 y C-799 de 2005, proferidas por la Corte Constitucional en lo relacionado con el derecho a la defensa ; providencias que constituyen un precedente constitucional “que obliga a garantizar el ejercicio del derecho a la

en lo relacionado con el derecho a la defensa ; providencias que constituyen un precedente constitucional “que obliga a garantizar el ejercicio del derecho a la defensa en todo momento, sin establecer ningún límite tem poral, incluso desde la etapa pre procesal (indagación preliminar)”.

7.- En ese sentido, manifestó que la autoridad demandada no tuvo en cuenta que aun cuando desde el inicio de la investigación disciplinaria la institución tenía conocimiento de su posible participación en los hechos investigados, se le negó la oportunidad de intervenir en la práctica de las pruebas recaudadas durante la indagación pr eliminar, controvertir las mismas, así como solicitar y aportar otras pruebas y presentar recursos u otras solicitudes, pues no fue vinculado desde esa etapa, lo que constituyó una transgresión a sus derecho al debido proceso, defensa, igualdad y contradicción.

8.- Defecto fáctico, al omitir valorar la versión libre rendida por el Patrullero Fernán Mendoza Herrera, la cual lograba demostrar que el Jefe de la Of icina de Control Disciplinario Interno del Departamento de la Policía de Nariño tenía conocimiento de que la investigación disciplinaria se adelantaría en contra del accionante. Refirió que si bien dicha prueba no fue aportada junto a la demanda, lo cierto es que la misma obraba en el expediente disciplinario cuya legalidad fue cuestionada, por lo que la entidad demandada se encontraba en la obligación de aportar todos los antecedentes administrativos que estaban en su poder. De esta manera, adujo que las pruebas testimoniales obrantes en el expediente disciplinario daban cuenta de que durante la indagación preliminar se le impidió ejercer su derecho a la defensa,

antecedentes administrativos que estaban en su poder. De esta manera, adujo que las pruebas testimoniales obrantes en el expediente disciplinario daban cuenta de que durante la indagación preliminar se le impidió ejercer su derecho a la defensa, toda vez que para ese momento ya se tenía pleno conocimiento de que la investigación se adelantaría en su contra, pero ello no fue valorado por la autoridad judicial accionada.

9.- Sumado a lo anterior , indicó que la autoridad judicial también omitió que: (i) la indagación preliminar fue adelantada por un funcionario que carecía de competencia para ello, pues conforme al artículo 54, numeral 3, literal h) de la Ley 1015 de 2006 quien debía adelantar la investigación disciplinaria era el Inspector Delegado, teniendo en cuenta que el accionante ostentaba la calidad de Oficial Subalterno; y (ii) el actor no se encontraba en servicio activo para el momento en que acaecieron los hechos investigados, pues en vista de que incumplió la orden de retornar a suRadicación: 11001-03-15-000-2023-05794-00

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estación de policía en el municipio de la Cruz y decidió quedarse en otro municipio realizando otras actividades, nunca retomó sus funciones y en esa medida fue reemplazado por el segundo al mando, por lo que la conducta investigada resultaba atípica y no había lugar a declarar una responsabilidad disciplinaria.

10.- Resaltó que si bien estos dos últimos argumentos no fueron alegados en el

reemplazado por el segundo al mando, por lo que la conducta investigada resultaba atípica y no había lugar a declarar una responsabilidad disciplinaria.

10.- Resaltó que si bien estos dos últimos argumentos no fueron alegados en el proceso disciplinario, lo cierto es que el juez de lo contencioso administrativo contaba con la facultad de realizar un control de le galidad efectivo a los actos acusados y, pese a ello, no lo hizo.

B. Trámite procesal y contestación de la demanda

11.- Mediante auto de 4 de octubre de 2023, se dispuso admitir la acción de tutela, notificar de su presentación a la autoridad judicial demandada, así como vincular a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, en calidad de tercero con interés. Adicionalmente, se comunicó la de cisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.

12.- También, se requirió al Tribunal Administrativo del Huila para que remitiera, en medio magnético, copia del expediente identificado con el radicado número 4100123-33-000-2016-00153-00/01.

(i) Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A8

13.- El ponente de la providencia cuestionada solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo por estimar que el accionante pretende utilizar la acción de tutela como una tercera instancia, al plantear inconformidades que también fueron esgrimidas ante el juez natural de la causa y que además fueron debidamente resueltas en sede contenciosa administrativa.

14.- El tercero con interés guardó silencio9.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

resueltas en sede contenciosa administrativa.

14.- El tercero con interés guardó silencio9.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. La acción de tutela contra providencias judiciales

15.- El Consejo de Estado ha indicado de manera consistente y reiterada que, los requisitos generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los derechos fundamentales, son los siguientes 10: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, (ii) que se hayan agotado todos los

8 Intervención digital contenida en 2 folios. 9 Si bien se remitió un mensaje de correo electrónico anunciando la contestación, la misma no fue allegada. 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).Radicación: 11001-03-15-000-2023-05794-00

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medios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable, (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora, (v) que la accionante identifique de manera

una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora, (v) que la accionante identifique de manera razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración como los derech os y que hubiere alegado tal afectación en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible; y, (vi). que no se trate de sentencias de tutela.

16.- Para determinar si una acción de tutela contra una providencia judicial cumple con el requisito de relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos11: (i) Que el actor motive con suficiencia argumentativa dicha relevancia constitucional, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; y (ii) Que la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada.

D. Análisis del caso concreto

17.- Valorados los presupuestos sustanciales que dieron lugar a que se formulara el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y el contenido de la sentencia enjuiciada, la Sala no encuentra que los argum entos que presenta el demandante se proyecten como transgresión de los derechos fundamentales que invoca. Por el contrario, la revisión de los mismos permite advertir no solo su falta de suficiencia en cuanto a su carga argumentativa, sino que su propósito es convertir el mecanismo de amparo constitucional en una instancia adicional o complementaria al litigio contencioso administrativo tramitado y concluido, al pretender reabrir un debate

suficiencia en cuanto a su carga argumentativa, sino que su propósito es convertir el mecanismo de amparo constitucional en una instancia adicional o complementaria al litigio contencioso administrativo tramitado y concluido, al pretender reabrir un debate por no estar de acuerdo con la decisión adoptada por el juez natural de la causa.

18.- En efecto, en lo que respecta al cargo por desconocimiento del precedente, la Sala encuentra que no satisface el requisito de relevancia constitucional ante la falta de carga argumentativa, pues el accionante simplemente se limitó hacer alusión a las providencias que alegó como desconocidas, para indicar que las mismas obligan a garantizar el derecho a la defensa en todo momento (incluso desde la etapa pre procesal) y que por esa razón, no haberlo vinculado en la actuación di sciplinaria desde la indagación preliminar cercenó su derecho al debido proceso ; sin embargo el señor Vargas Vargas omitió precisar con claridad las razones por las cuales tales providencias resultan ser un precedente judicial aplicable a su caso, en tanto obvió

11 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).Radicación: 11001-03-15-000-2023-05794-00

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puntualizar si los hechos, fundamentos de derecho, problemas jurídicos a resolver y ratio decidendi eran similares y, por ende, aplicables a su asunto.

Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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puntualizar si los hechos, fundamentos de derecho, problemas jurídicos a resolver y ratio decidendi eran similares y, por ende, aplicables a su asunto.

19.- El precedente jurisprudencial ha sido de finido como “(…) el conjunto de sentencias anteriores al caso estudiado por el juez, que debido a su pertinencia para resolver el problema jurídico planteado deben ser tenidas en cuenta por la autoridad a quien le competa para la resolución de su caso concreto”12. Particularmente, en lo relativo al precedente constitucional, la Corte ha sostenido que los fallos proferidos por esa Corporación tanto en control abstracto como en control concreto de constitucionalidad gozan de fuerza vinculante, en la medida en que en ellos se determina el contenido y alcance de la norma superior13.

20.- Ahora, la manera para determinar cuándo el precedente resulta necesario para la solución del caso, por lo que se impone como deber de observancia para el operador judicial, es si: “ (i) la ratio decidendi de la sentencia que se evalúa como precedente, presenta una regla judicial relacionada con el caso a resolver; (ii) se trata de un problema jurídico semejante y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia son [similares] o plantean un punto de derecho [de igual característica] al que se debe resolver posteriormente ” 14 De esta forma, el precedente utilizado debe guardar semejanza entre los hechos, el problema jurídico planteado y la normativa utilizada para resolver los casos.

21.- Bajo los parámetros indicados, no toda decisión judicial anterior a la solución

precedente utilizado debe guardar semejanza entre los hechos, el problema jurídico planteado y la normativa utilizada para resolver los casos.

21.- Bajo los parámetros indicados, no toda decisión judicial anterior a la solución de un proceso constituye un precedente judicial, pues este se configura cuando la sentencia pretende resolver un problema idéntico, desde la perspectiva jurídica y fáctica, lo que supone un mismo aspecto jurídico a considerar y hechos similares.

22.- A estos efectos, el examen de los requisitos que deben cumplirse para que se ataque la sentencia en sede de tutela por desconocimiento del precedente, impone a la actora la carga de id entificar el problema jurídico que resolvió la sentencia cuestionada para compararlo con el problema jurídico resuelto por el precedente, determinando consecuentemente su identidad en los hechos y en el derecho; carga que no fue acreditada en el presente asunto, ya que el actor omitió explicar de forma clara y precisa por qué las providencias que alegó como precedentes comportan tal carácter para el caso concreto, más a un si se tiene en cuenta que las mismas abordaron el estudio de constitucionalidad sobre disposiciones de los diferentes códigos de Procedimiento Penal que han estado vigentes en su momento, situación que difiere con el caso estudiado en esta oportunidad, pues no se trató de poner en tela de juicio alguna irregularidad acaecida al interior de un proceso penal, sino que se controvierte la legalidad de unos fallos proferidos en el marco de un procedimiento

12 Corte Constitucional, Sentencia T-1033 de 2012. 13 Corte Constitucional, Sentencia SU/113 de 2018.

se controvierte la legalidad de unos fallos proferidos en el marco de un procedimiento

12 Corte Constitucional, Sentencia T-1033 de 2012. 13 Corte Constitucional, Sentencia SU/113 de 2018. 14 Corte Constitucional, Sentencia T-1033 de 2012.Radicación: 11001-03-15-000-2023-05794-00

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disciplinario que se adelantó contra un servidor público, conforme a las normas que regulan el régimen disciplinario y, especialmente el relativo a la Policía Nacional.

23.- Con todo, cabe destacar que los argumentos esbozados para sustentar el vicio en comento, así como el alegato que fundamentó la ocurrencia del defecto f áctico, particularmente lo relacionado con el reproche a la autoridad judicial frente al análisis de las pruebas testimoniales obrantes en el expediente disciplinario que, a juicio del actor, dan cuenta que desde la etapa de indagación preliminar la entidad demandada ya tenía plenamente identificado al demandante y a pesar de ello no lo vinculó desde esa etapa ; más allá de dirigirse a demostrar que la autoridad aquí accionada se apartó de las sentencias que se alegan como desconocidas o efectuó una indebida valoración probatoria, en realidad, se orientan a cuestionar la legalidad de los actos acusados en el proceso contencioso administrativo, motivo por el cual los reparos expuestos resultan insuficientes para que en sede de tutela se proceda a realizar un estudio de fondo en el presente caso, pues a partir de estos, lo que pretende la parte

acusados en el proceso contencioso administrativo, motivo por el cual los reparos expuestos resultan insuficientes para que en sede de tutela se proceda a realizar un estudio de fondo en el presente caso, pues a partir de estos, lo que pretende la parte accionante es reabrir una discusión que ya fue zanjada por el juez de la causa.

24.- En este punto, la Sala estima necesario traer a colación el análisis efectuado por la Sección Segunda, Subsección A de l Consejo de Estado en la sentencia enjuiciada, de cara a la vulneración del derecho al debido proceso alegada por la falta de vinculación del demandante a la investigación disciplinaria desde la etapa de indagación preliminar, a pesar de que lo tenían plenamente identificado, argumento que también sustentó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

25.- Para tal efecto, la autoridad judicial abordó el estudio del caso con fundamento en el material probatorio aportado al proceso contencioso administrativo, contrastado, a su vez, con los preceptos legales y jurisprudenciales que resultaban aplicables al asunto. De esta manera, referenció cada uno de los testimonios, así como las declaraciones rendidas en el trámite disciplinario y, con fundamento en ellos, sostuvo que:

<< (…) En el asunto sometido a consideración, se observa que una vez, de manera personal, el teniente coronel Javier José Pérez Watts da a conocer la ocurrencia de presuntas irregularidades de miembros de la Policía Nacional en el municipio de San Pablo y La Cruz (Nariño), donde se presentó una riña, pese a que los comandantes de unidad tenían la orden de que al term inarse la reunión presidida por el mayor Jhon

presuntas irregularidades de miembros de la Policía Nacional en el municipio de San Pablo y La Cruz (Nariño), donde se presentó una riña, pese a que los comandantes de unidad tenían la orden de que al term inarse la reunión presidida por el mayor Jhon Jairo Cifuentes Caballero, en calidad de comandante de tercer distrito, debían volver a sus funciones, la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento de Policía de Nariño, mediante Auto de 12 de n oviembre de 2013, resolvió́ dar apertura a la indagación preliminar en contra de personal en averiguación de responsables.

Así́, en atención a que para ese momento la Policía Nacional no tenía certeza de los funcionarios que podrían estar implicados en dichas anomalías, consideró, en aras de preservar el principio de presunción de inocencia y el derecho al debido proceso, abrir la indagación preliminar frente a personas indeterminadas, y continuar con la investigación pertinente para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar deRadicación: 11001-03-15-000-2023-05794-00

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cómo sucedieron los hechos y la responsabilidad que le podía ser endilgada a los miembros de la Institución Policial.

En ese sentido, es decir, en que dicha etapa del procedimiento disciplinario no se inició́ en contra del señor Fernando Vargas Vargas, en su condición de teniente, sino, se insiste, en averiguación de responsables, la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento de Nariño, contrario a lo dispuesto por el Tribunal Admin istrativo del

en contra del señor Fernando Vargas Vargas, en su condición de teniente, sino, se insiste, en averiguación de responsables, la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento de Nariño, contrario a lo dispuesto por el Tribunal Admin istrativo del Huila, no tenía obligación alguna de vincular a dicha actuación al ahora demandante.

Aunado a ello, no le asiste razón al a quo cuando señala que para dicho momento, esto es, al abrir la indagación preliminar, el operador disciplinario tenía la certeza de quienes podrían ser los presuntos responsables de una falta disciplinaria, en la medida en que, como se mencionó́ , ésta etapa se inició́ en virtud de una información personal que el teniente coronel Javier Jos é Pérez Watts le brind ó a la Oficina de Control Disciplinario Interno del departamento de Nari ño, sin que existiera prueba alguna, siendo ésta la razón para que dicha dependencia decretara la práctica de pruebas.

Ahora bien, debe resaltarse que una vez se practicaron las pruebas decretadas en el Auto de apertura de indagación preliminar y se tuvo conocimiento de los presuntos responsables de las conductas investigadas, mediante Auto de 8 de septiembre de 2014, la Inspección Delegada Regional Cuatro orden ó vincular al actor y a otro miembro de la Polic ía Nacional a dicha etapa, decidió́ tramitar la investigación disciplinaria a través del procedimiento verbal, citar a audiencia pública al señor Fernando Vargas Vargas, en su condición de teniente y formular pliego de cargos en su contra. Lo anterior, con base en lo dispuesto en el artículo 175 de la Ley 734 de 2002, que dispone: «(...) En todo caso, y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable,

su contra. Lo anterior, con base en lo dispuesto en el artículo 175 de la Ley 734 de 2002, que dispone: «(...) En todo caso, y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al mome nto de valorar sobre la decisión de apertura de investigación estuvieren dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos se citará a audiencia»

Dicha decisión fue notificada, personalmente, al teniente Vargas Vargas, el 10 de septiembre de 2014, 15oportunidad en la cual se le hizo saber que les asistían los derechos consagrados en el artículo 92 del Código Único Disciplinario, que prevé́ «Como sujeto procesal, el investigado tiene los siguientes derechos: 1. Acceder a la investigación; 2. Designar defensor; 3. Ser oído en versión libre, en cualquier etapa de la actuación, hasta antes del fallo de primera instancia; 4. Solicitar o aportar pruebas y controvertirlas, e intervenir en su pr áctica; 5. Rendir descargos; 6. Impugnar y sustentar las decisiones cuando hubiere lugar a ello; 7. Obtener copias de la actuación; y 8. Presentar alegatos de conclusión antes del fallo de primera o única instancia».

Al respecto, la Sala ha sostenido que «de una interpretación sistemática16 de las disposiciones de los artículos 90, 91 y 92 de la Ley 734 de 2002, que se refieren al derecho de contradecir las pruebas, y particularmente a intervenir en su pr áctica, puede determinarse que no en todos los eventos en los que se recauden medios probatorios sin la presencia del investigado surge la necesidad de excluirlos como fuente de conocimiento de los hechos para la autoridad disciplinaria. Esto, por cuanto

puede determinarse que no en todos los eventos en los que se recauden medios probatorios sin la presencia del investigado surge la necesidad de excluirlos como fuente de conocimiento de los hechos para la autoridad disciplinaria. Esto, por cuanto lo sustancial en estas situaciones, es que el disciplinado haya tenido la posibilidad de pedir que fueran ampliados o reiterados, en los puntos que estimara necesario»17.

15 Cita original: “Folio 148 del cuaderno de antecedentes administrativos.” 16 Cita original: “«La interpretación sistemática sirve, entre otras cosas, para liberar de contradicciones al ordenamiento jurídico». ALEXY, Robert. Teor ía de la argumentación jurídica. Segunda edición en español.

Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2014, p. 237.” 17 Cita original: “Régimen Disciplinario. Fernando Brito Ruiz. Cuarta edición. Pagina 64.”Radicación: 11001-03-15-000-2023-05794-00

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