CE - 010315000202305816001SENTENCIADECLARAIM20231130150724

Demandante: María Jhoana Betancur Cerquera Demandado: Consejo Superior de la Judicatura - Consejo Seccional de la Judicatura del Huila y Otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-05816-00

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE (E): LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-05816-00

Demandante: MARIA JHOANA BETANCUR CERQUERA

Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA –CONSEJO

SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL HUILA Y OTRO

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial – incumplimiento del requisito de relevancia constitucional y subsidiariedad –declara la improcedencia.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela formulada por l a señora Maria Jhoana Betancur Cerquera contra el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Seccional de la Judicatura del Huila y el Juzgado Quinto de Familia de Oralidad del Circuito Judicial de Neiva.

I. ANTECEDENTES

el Consejo Seccional de la Judicatura del Huila y el Juzgado Quinto de Familia de Oralidad del Circuito Judicial de Neiva.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

Con escrito radicado el 2 de octubre de 2023, la señora María Jhoana Betancur Cerquera, actuando por medio de apoderada judicial, instauró acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Seccional de la Judicatura del Huila y el Juzgado Quinto de Familia de Oralidad del Circuito Judicial de Neiva , con el fin de que le sea amparado su derecho fundamental al debido proceso.

La accionante consideró vulnerada la referida garantía constitucional, con ocasión del auto de 2 de noviembre de 2022, mediante el cual se admitió la solicitud de liquidación de sociedad patrimoni al presentada por el señor Jorge Eliecer Rojas González en contra de la señora Betancur Cerquera dentro de la unión marital de hecho comprendida entre el 8 de enero del 2000 y el 21 de octubre de 2021, y contra el auto de 18 de agosto de 2023 que dispuso a dmitir la reforma de dicha demanda , en el marco del proceso con radicado 41-001-31-10-005-2022-00332-00.Demandante: María Jhoana Betancur Cerquera Demandado: Consejo Superior de la Judicatura - Consejo Seccional de la Judicatura del Huila y Otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-05816-00

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2 Lo anterior, teniendo en cuenta que, según lo descrito por la accionante, las partes levantaron un acta de acuerdo conciliatorio el 16 de septiembre de 2022 en el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio del Huila, mediante la cual se declaró la constitución de la unión marital de hecho entre el señor Rojas González y la actora, así mismo, se disolvió la sociedad patrimonial , razón por la cual d icho arreglo en la controversia haría tránsito a cosa juzgada.

La parte accionante solicitó la protección de los derechos fundamentales invocados, y como consecuencia pidió:

«1. Revocar el auto admisorio de la demanda subsanada, rechazándola de plano por la improcedencia de dicha demanda instaurada, teniendo en cuenta que lo solicitado ya hizo tránsito a cosa juagada.

2. Revocar el auto admisorio de la reforma, de la demanda instaurada, siendo que no cumple con las reglas del Artículo 93 del CGP para pre sentar la reforma de Ia demanda y la caducidad de las pretensiones.1 »

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

El 7 de septiembre de 2022, el señor Jorge Eliecer Rojas González demandó a la señora Maria Jhoana Betancur Cerquera en un proceso de declaración de existencia

Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

El 7 de septiembre de 2022, el señor Jorge Eliecer Rojas González demandó a la señora Maria Jhoana Betancur Cerquera en un proceso de declaración de existencia de unión marital de hecho y de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes , el cu al le c orrespondió por reparto al Juzgado Quinto de Familia de Oralidad del Circuito Judicial de Neiva.

El 16 de septiembre de 20 22, en la sala de audiencia virtual del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable composición de la Cámara de Comercio de Neiva, Huila, se llevó a cabo un acuerdo conciliatorio entre las partes antes mencionadas y se estableció la existencia de la unión marital de hecho entre el señor Rojas González y la señora Betancur desde el 8 de enero de 2000 hasta el 21 de octubre de 2021, así como que fruto del mencionado enlace se produjo una sociedad patrimonial, sin embargo, quedó suscrito que no hay voluntad de liquidarla.

El Juzgado Quinto de Familia de Oralidad del Circuito Judicial de Neiva procedió a inadmitir la demand a inicial, toda vez que la existencia de la referida unión marital , que se pretendía fuese declarada , fue conciliado en acto extraprocesal , por lo anterior, la autoridad judicial considero que la parte actora debía reformar la demanda con el fin de concret ar el ob jeto de litigio. En consecuencia, la misma, fue subsanada y, por tanto, en auto del 2 de noviembre de 2022 se admitió la solicitud de liquidación de la sociedad patrimonial referida.

demanda con el fin de concret ar el ob jeto de litigio. En consecuencia, la misma, fue subsanada y, por tanto, en auto del 2 de noviembre de 2022 se admitió la solicitud de liquidación de la sociedad patrimonial referida.

1 La referida cita se transcribe del escrito de tutela hecho a mano por la accionante.Demandante: María Jhoana Betancur Cerquera Demandado: Consejo Superior de la Judicatura - Consejo Seccional de la Judicatura del Huila y Otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-05816-00

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3 Dentro del término concedido para la subsanación, la apoderada del se ñor Rojas González presentó un recurso de reposición contra el auto que admitió la demanda para que se incluyera su solicitud de disolución y liquidación de la sociedad patrimonial, dicho recurso fue resuelto de manera desfavorable por auto de 10 d e febrero de 2023.

El 23 de mayo de 2023, la tutelante también instauró un recurso de reposición, contra el auto del 2 de noviembre de 2022, sin embargo, en el traslado respectivo paralelamente, la abogada del demandante en el proceso de liquidación de la sociedad patrimonial, presento reforma a la demanda, la cual fue admitida por medio de la providencia del 18 de agosto de 2023 , contra este último la señora Betancur Cerquera también presentó recurso de reposición el cual fue denegado por la autoridad judicial demandada mediante auto de 25 de septiembre de la presente anualidad.

de la providencia del 18 de agosto de 2023 , contra este último la señora Betancur Cerquera también presentó recurso de reposición el cual fue denegado por la autoridad judicial demandada mediante auto de 25 de septiembre de la presente anualidad.

1.3. Fundamentos de la vulneración

De los argumentos expuesto por la parte actora en el escrito inicial se puede extraer que consideró que las providencias atacadas en la presente acción constitucional incurrieron en un defecto sustantivo y un desconocimiento de precedente.

En cuanto al defecto sustantivo, l a parte actora adujo que el Juzgado Quinto de Familia de Oralidad del Circuito Judicial de Neiva con las provide ncias at acadas incumplió con las reglas del artículo 93 del Código General del Proceso, pues alegó que para presentar la reforma de la demanda fueron cambiados ciertos hechos y pretensiones del escrito inicial y según la norma descrita est os deben estar dentro de la misma naturaleza del proceso inicialmente solicitado y no con supuestos facticos en contravía de la integridad de la naturaleza del trámite de declaración y disolución de unión marital de hecho, no de liquidación de sociedad patrimonial.

Explicó q ue la demanda de liquidación de sociedad patrimonial es improcedente, teniendo en cuenta que la parte actora presentó en principio un trámite para la declaración de existencia de unión marital de hecho y de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, no obstante, conforme al acta de acuerdo conciliatorio de 16 de septiembre de 2022, las partes declararon la constitución de la unión marital de hecho quedando la sociedad patrimonial disuelta, asunto que hizo tránsito a cosa juzgada ante el centro de conciliación de la Cámara de Comercio del Huila.

16 de septiembre de 2022, las partes declararon la constitución de la unión marital de hecho quedando la sociedad patrimonial disuelta, asunto que hizo tránsito a cosa juzgada ante el centro de conciliación de la Cámara de Comercio del Huila.

En lo que tiene que ver con el desconocimiento de precedente , la accionante concluyó que conforme a lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C1216 de 2001 2, la cosa juzgada for mal está definida como «conforme a esa diferencia conceptual, la cosa juzgada formal impide un nuevo pronunciamiento sobre determinada

2 Corte Constitucional, Sentencia C-1216 de 2001, M.P. Jaime Araujo Rentería.Demandante: María Jhoana Betancur Cerquera Demandado: Consejo Superior de la Judicatura - Consejo Seccional de la Judicatura del Huila y Otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-05816-00

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4 “disposición”», razón por la cual la demanda admitida por la autoridad judicial accionada es totalmente improcedente, por lo que debió rechazarla de plano.

1.4. Actuaciones procesales relevantes

1.4.1. Auto admisorio

Mediante auto del 16 de octubre de 2023, se admitió la acción de tutela y se dispuso su notificación a la parte actora, así como al juez quinto de familia de Oralidad del Circuito Judicial de Neiva, como autoridad judicial accionada.

Mediante auto del 16 de octubre de 2023, se admitió la acción de tutela y se dispuso su notificación a la parte actora, así como al juez quinto de familia de Oralidad del Circuito Judicial de Neiva, como autoridad judicial accionada.

Igualmente, se requirió a la entidad demandada para que allegara copia íntegra digital del expediente del proceso de liquidación de sociedad patrimonial , con radicado N.° 41-001-31-10-005-2022-00332-00. Así mismo, vinculó en calidad de tercero con interés jurídico legítimo, al Consejo Superior de la Judicatura – Consejo Seccional de la Judicatura del Huila.

1.4.2. Auto de vinculación

Por medio de auto de 8 de noviembre de 2023, se advirtió que la parte demandante dentro del proceso de liquidación de sociedad patrimonial, con radicado N.° 41-00131-10-005-2022-00332-00 estuvo conformada por el señor Jorge Eliecer Rojas González. En consecuencia, el estudio de las pretensione s del am paro implica su comparecencia al presente trámite.

Por otro lado, si bien la actora señaló en su escrito inicial «Dirección Seccional Neiva», y se presentó un memorial de contestación el 20 de octubre de 2023 por parte del Consejo Superior de la Judicatura – Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, para la correcta integración del contradictorio se vinculó a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva para que rinda un informe frente a los hechos y pretensiones presentadas por la demandante.

1.5. Intervención

Huila, para la correcta integración del contradictorio se vinculó a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva para que rinda un informe frente a los hechos y pretensiones presentadas por la demandante.

1.5. Intervención

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica , se present ó la siguiente contestación:

1.5.1. Consejo Superior de la Judicatura – Consejo Seccional de la Judicatura del Huila.

Por medio de memorial allegado el 20 de octubre de 2023, el presidente del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila señaló que no se vulneró el derecho fundamental de la parte actora.Demandante: María Jhoana Betancur Cerquera Demandado: Consejo Superior de la Judicatura - Consejo Seccional de la Judicatura del Huila y Otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-05816-00

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5 Adujo que, En el presente caso se configura una falta de legitimación en la causa por pasiva, pues no existe ninguna conexión entre el Consejo Seccional de la Judicatura del Huila y la situación fáctica de la demanda de tutela, ya que la Corporación no tiene competencia para conocer y tramitar procesos judiciales como al que hace referencia la accio nante, t ampoco es competente para intervenir en las decisiones judiciales, de conformidad con el principio de autonomía e independencia judicial de que tratan los artículos 228 y 230 de la Constitución.

referencia la accio nante, t ampoco es competente para intervenir en las decisiones judiciales, de conformidad con el principio de autonomía e independencia judicial de que tratan los artículos 228 y 230 de la Constitución.

Señaló que la accionante pretende que se revoquen l as decis iones judiciales adoptadas por el juez quinto de Familia de Neiva dentro del proceso radicado 202200332-00, sin embargo, en desarrollo de este principio de autonomía judicial consagrado en el artículo 230 de la Constitución Política y conforme al artículo 5° de la Ley 270 de 1996, la autoridad que preside no puede controvertir, sugerir o modificar las disposiciones adoptadas por los jueces, de tal manera que se restrinja su independencia en el ejercicio de la función judicial, toda vez, que al hace rlo equivaldría a que esta figura se constituya en una instancia más que desnaturalizaría de plano toda la estructura de la función jurisdiccional y se extralimitaría en sus funciones.

1.5.2. Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva.

A través de oficio de 15 de noviembre de 2023, el abogado de la Dirección Ejecutiva Seccional, solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, teniendo en cuenta que la violación de los derechos que se alegan como conculcados, no de viene de una acción u omisión atribuible a la entidad que representa.

De igual manera, resaltó que revisado el expediente, frente a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, no obra ninguna prueba o algún tipo de petición por parte del actor en cuanto al asunto en comento.

1.5.3. Jorge Eliecer Rojas González

Seccional de Administración Judicial de Neiva, no obra ninguna prueba o algún tipo de petición por parte del actor en cuanto al asunto en comento.

1.5.3. Jorge Eliecer Rojas González

Mediante memorial radicado el 22 de noviembre de 2023, la apoderada del señor Rojas González señaló que no puede entenderse que se ha vulnerado el debido proceso de la accionante por no ser las decisiones favorables para ella, pues cada una de las providencias atacadas se profirieron por la autoridad judicial competente, cobijadas en normas aplicables al caso concreto y garantizándose en cada determinación la facultad de controvertirlas.

Por anterior, so licitó que no se acceda a lo pretendido por la demandante y se mantengan incólumes las decisiones tomadas por el juzgado accionado.Demandante: María Jhoana Betancur Cerquera Demandado: Consejo Superior de la Judicatura - Consejo Seccional de la Judicatura del Huila y Otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-05816-00

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Si se atiende a lo indicado en la deman da, al C onsejo de Estado no le correspondería conocer de la solicitud de amparo, comoquiera que, la tutela se dirige expresamente contra el Juzgado Quinto de Familia de Oralidad del Circuito Judicial de Neiva , por ello el reparto del mecanismo de protecció n consti tucional debería

correspondería conocer de la solicitud de amparo, comoquiera que, la tutela se dirige expresamente contra el Juzgado Quinto de Familia de Oralidad del Circuito Judicial de Neiva , por ello el reparto del mecanismo de protecció n consti tucional debería hacerse su respectivo superior funcional, en este caso el Tribunal Superior de Neiva.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 373 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1.4 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017.

Sin embargo, la Corte Constitucional, de manera reiterada5, ha indicado que:

“3. Ahora bien, según la jurisprudencia pacífica de esta Corporación, las disposiciones contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, de ninguna manera constituyen reglas de competencia de los despachos judiciales, sino únicamente pautas de reparto de las acciones de tutela . Ello implica que el mencionado acto administrativo nunca podrá ser usado por las autoridades judiciales para declarar su falta de competencia . Esta forma de proceder se opone, principalmente, al derecho al acceso a la administración de justicia, dado que no existe fundamento alguno para asumir este conjunto normativo como un mandato procesal del que dependa la resolución del asunto en sede de instancia”6 (Negrita y subrayado fuera del texto).

Igualmente, las consideraciones del Máximo Tribunal Constitucional coinciden con lo dispuesto e n el par ágrafo 2° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015,

Igualmente, las consideraciones del Máximo Tribunal Constitucional coinciden con lo dispuesto e n el par ágrafo 2° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, en el que se advirtió:

“PARÁGRAFO 2. Las anteriores reglas de reparto no podrán ser invocadas por ningún juez para rechazar la competencia o pla ntear conflictos negativos de competencia”.

3 “ARTICULO 37. PRIMERA INSTANCIA. Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud. El que interponga la acción de tutela deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no ha presentado otra respecto de los mismos hechos y derechos. Al recibir la solicitud, se le advertirá sobre las consecuencias penales del falso testimonio. <Inciso CONDICIONALMENTE exequible> De las acciones dirigidas contra la prensa y los demás medios de comunicación serán competentes los jueces de circuito del lugar”. 4 “ARTÍCULO 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con j urisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas: (…)

2. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional serán

motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas: (…)

2. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categoría”. 5 Al respecto, consultar, entre otros: Corte Constitucional, Sala Plena, Auto 172 del 22.03.18., M.P. Alberto Rojas Ríos; Auto 269 del 29.05.19., M.P. Carlos Bernal Pulido; y Auto 434 del 06.08.19., M.P. Cristina Pardo Schelsinger. 6 Corte Constitucional, Sala Plena, Auto 462 del 21.08.19., M.P. Diana Fajardo Rivera.Demandante: María Jhoana Betancur Cerquera Demandado: Consejo Superior de la Judicatura - Consejo Seccional de la Judicatura del Huila y Otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-05816-00

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7 En cumplimiento de las directrices jurisprudenciales y normativas expuestas, el Consejo de Estado asume la competencia para conocer de la demanda que presentó la señora María Jhoana Betancur Cerquera , contra el Juzgado Quinto de Familia de Oralidad del Circuito Judicial de Neiva.

2.2. Solicitud de desvinculación

Se tiene que el Consejo Superior de la Judicatura – Consejo Seccional de la Judicatura del Huila y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva

Oralidad del Circuito Judicial de Neiva.

2.2. Solicitud de desvinculación

Se tiene que el Consejo Superior de la Judicatura – Consejo Seccional de la Judicatura del Huila y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva solicitaron su desvinculación del presente trámite constitucional pues, a su juicio, carecen de legitimación en la causa por pasiva.

Teniendo en cuenta los argumentos presentados por las entidades, se accederá a su petición pues si bien su vinculación se hizo en calidad de tercer os con interés dado que la parte actora consideró que la s entidades mencionadas supervisan las actuaciones de los jueces de la república , específicamente los ubicados en el departamento del Huila , ninguno de los fundamentos fácticos o jurídicos de la demanda de tutela van dirigidos hacia sus dependencias, sino solo hacia la autoridad judicial demandada por lo que se procederá a declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:

• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos generales de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?

De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:

• ¿El Juzgado Quinto de Familia de Oralidad del Circuito Judicial de Neiva incurrió en los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente al proferir del auto de 2 de noviembre de 2022, mediante el cual se admitió la solicitud de liquidación de sociedad patrimonial presentada por el señor Jorge Eliecer Rojas González en contra de la señora Betancur Cerquera dentro de la

proferir del auto de 2 de noviembre de 2022, mediante el cual se admitió la solicitud de liquidación de sociedad patrimonial presentada por el señor Jorge Eliecer Rojas González en contra de la señora Betancur Cerquera dentro de la unión marital de hecho, y la providencia de 18 de agosto de 2023 que dispuso admitir la reforma de dicha dem anda, en el marco del proceso con radicado 41-001-31-10-005-2022-00332-00?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva y si es procedente; (iii) estudio del caso concreto.Demandante: María Jhoana Betancur Cerquera Demandado: Consejo Superior de la Judicatura - Consejo Seccional de la Judicatura del Huila y Otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-05816-00

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8 2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 7 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema8 y declaró su procedencia.9

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para

contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema8 y declaró su procedencia.9

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de e stos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argum entos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad q ue incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo , para rev ivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Naturaleza subsidiaria de la acción de tutela e improcedencia de la misma

términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Naturaleza subsidiaria de la acción de tutela e improcedencia de la misma cuando existen otras vías judiciales disponibles y eficaces

Al respecto, la Sala reitera el criterio expresado en ocasiones anteriores 10, el cual se expone a continuación.

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 8 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 9 Se dijo en la mencionada se ntencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.” 10 Ver entre otras las sentencias del Consejo de Estado, del 10 -09.2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. 13001-23-33-000-2015-00440-01 y del 21 .07.2016, M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad 66001-23-33000-2016-00293-01Demandante: María Jhoana Betancur Cerquera Demandado: Consejo Superior de la Judicatura - Consejo Seccional de la Judicatura del Huila y Otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-05816-00

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05816-00

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9 El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de s ubsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 d e 1991.

Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su competencia11.

Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige que la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos judiciales deben, en principio, buscar la defensa de aquellos.

Vale decir que el respeto y la garantía de los derecho s de las personas son de la

reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos judiciales deben, en principio, buscar la defensa de aquellos.

Vale decir que el respeto y la garantía de los derecho s de las personas son de la esencia del Estado Social de Derecho, como bien lo establece el inciso 2° del artículo 2° de la Constitución, de ahí que la garantía de los derechos fundamentales de las personas no solo corre a cargo del juez de tut ela, sino qu e es vinculante para cualquier persona que esté investida de la autoridad del Estado y en cualquiera de los ámbitos funcionales del mismo.

2.6. Estudio de los requisitos de procedibilidad

De conformidad con las anotaciones que se expondrán, la Sala de Decisión de la Sección Quinta anticipa, que declarará la improcedencia de la acción, y dividirá el estudio en dos partes: i) frente a la pretensión de la actora relacionada con la declaración de la unión marital de hecho en el proceso ordinario , y ii) lo r elacionado

11 En sentencia T -313 del 01.04.2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garanti zar el ejercic io pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisi