CE - 010315000202305875001SENTENCIA20231121112327

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05875-00

Demandante: GERMÁN ANTONIO ROMERO LIDUEÑA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Debe reunir los requisitos generales establecidos por la jurisprudencia con stitucional, para que proceda su estudio de fondo / REQUISITO GENERAL DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No se cumple en este caso, dado que el demandante busca discutir aspectos netamente económicos .

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Germán Antonio Romero Lidueña contra el Tribunal Administrativo de Sucre.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1 Pretensiones

El 2 de octubre de la presente anualidad1, el señor Germán Antonio Romero Lidueña, por medio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Sucre, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administra ción de justicia2, con base en lo cual formuló las siguientes pretensiones:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE en la sentencia

debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administra ción de justicia2, con base en lo cual formuló las siguientes pretensiones:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE en la sentencia proferida el día 21/6/2023, en el expediente rad. No.70001333300420220004101, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES

FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA

IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINIST RACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO

CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este

1 Se advierte que, el 14 de noviembre de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente. 2 El accionante también consideró desconocidos los principios de seguridad jurídica, «situación más favorable en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formas de derecho » y perpetuatio jurisdictionis.Radicado: 11001-03-15-000-2023-05875-00

Demandante: Germán Antonio Romero Lidueña Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

2

perpetuatio jurisdictionis.Radicado: 11001-03-15-000-2023-05875-00

Demandante: Germán Antonio Romero Lidueña Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

2

órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se orde ne al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H.

Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes:

3.CORTE CONSTITUCIONAL

No.

RADICADO

EXPEDIENTE

FECHA

DECISIÓN

MAGISTRADO

PONENTE

CONSEJEROS

FIRMANTES

1 Exp. T-6.736.200 17 de octubre de 2018

Dra. GLORIA

STELLA ORTIZ

DELGADO

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN

098/2018 DE LA

CORTE

CONSTITUCIONAL

2 Exp. T-5904426 y otros 25 de julio de 2019

Dra. GLORIA

STELLA ORTIZ

DELGADO

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN 332

/2019 DE LA

CORTE

CONSTITUCIONAL

otros 25 de julio de 2019

Dra. GLORIA

STELLA ORTIZ

DELGADO

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN 332

/2019 DE LA

CORTE CONSTITUCIONAL 3 Exp. T 7.182-312 y otros 6 de febrero de 2020

Dr. LUIS

GUILLERMO

GUERRERO

PÉREZ

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN 041

/2020 DE LA

CORTE

CONSTITUCIONAL

CONSEJO DE ESTADO

No. RADICADO

EXPEDIENTE

FECHA

DECISIÓN

MAGISTRADO

PONENTE

CONSEJEROS

FIRMANTES 1 08001-23-33000-20130066601 (0833-16) 6 de agosto de 2020

Dra. SANDRA

LISSET IBARRA

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN DEL

CONSEJO DE

ESTADO

2 76001-23-3100020090086701, No. Interno: 4854-2014 24 de enero de 2019

Dra. SANDRA

LISSET IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER 3 11001-0315000-201804617-01 17 de junio de 2019

Dr. NICOLÁS

YEPES

CORRALES

Dr. JAIME

ENRIQUE

RODRÍGUEZ

NAVAS - Dr.

GUILLERMO

SÁNCHEZ LUQUE

4

11001-03-15000-2018YEPES

CORRALES

Dr. JAIME

ENRIQUE

RODRÍGUEZ

NAVAS - Dr.

GUILLERMO

SÁNCHEZ LUQUE 4 11001-03-15000-201804679-01) 28 de junio de 2019

Dr. ROBERTO

AUGUSTO

SERRATO

VALDÉS

DRA. NUBIA

MARGOTH PEÑA

GARZÓNDR.

HERNANDO

SÁNCHEZ

SÁNCHEZ 5 11001-0315000-201803499-01 29 de julio de 2019

Dr. NICOLÁS

YEPES

CORRALES

Dr. JAIME

ENRIQUE

RODRÍGUEZ

NAVAS - Dr.

GUILLERMO

SÁNCHEZ LUQUE 6 08001 23 33 000 2014 00173 -01 (1688-16) 2 de diciembre de 2019

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ - Dr.Radicado: 11001-03-15-000-2023-05875-00

Demandante: Germán Antonio Romero Lidueña Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

3

GABRIEL

VALBUENA 7 08001-23-33000-20140020801 10 de junio de 2020

Dra. SANDRA

LISSET IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO

PERDOMO

000-20140020801 10 de junio de 2020

Dra. SANDRA

LISSET IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER 8 08001-23-31000-20140025401 (4960-2017) 22 de octubre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 9 08001-23-33000-20140013201 12 de noviembre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 10 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979–2017) 17 de junio de 2021

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS 11 08001-23-33000-20150033101 17 de junio de 2021

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS

Dra. SANDRA

LISSET IBARRA

VÉLEZ - Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER 12 19001-23-33000-2015PALOMINO

CORTÉS

Dra. SANDRA

LISSET IBARRA

VÉLEZ - Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER 12 19001-23-33000-20150044502(048320) 4 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 13 08001-23-33000-20140112701 (1002-2021) 25 de noviembre de 2021

Dra. SANDRA

LISSET

IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER 14 40001-23-40000-20170013401 (2208-2020) 25 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 15 080001-23-40000-20159000801 (2387-2020) 11 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 16 080001-23-40000-20149002201

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 16 080001-23-40000-20149002201 (5154-2016) 11 de noviembre de 2021

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ VARGASRadicado: 11001-03-15-000-2023-05875-00

Demandante: Germán Antonio Romero Lidueña Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

4

17 080001-23-33000-20170093101 (1001-2021) 20 de enero de 2022

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS 18 080001-23-33000-20150007501 (2660-2020) 3 de marzo de 2022

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 19 76001-23-33000-20130075601 (2224-2020) 28 de abril de 2022

Dr. CARMELO

PERDOMO

CUÉTER

VALBUENA

HERNÁNDEZ 19 76001-23-33000-20130075601 (2224-2020) 28 de abril de 2022

Dr. CARMELO

PERDOMO

CUÉTER

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS - Dra.

SANDRA LISETH

IBARRA 20 080001-23-40000-20170079501 (2659-2020) 9 de mayo de 2022

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 21 47-001-23-33000-20190035901 (4004-2021) 19 de mayo de 2022

Dra. SANDRA

LISSET

IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER 22 47-001-2333000-20190037601 (4462-2021) 1 de julio de 2022

Dra. SANDRA

LISSET

IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER 23 08001-23-33000-20150050901 (2140-2020) 22 de agosto de 2022

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS

Dr. SANDRA

LISSET IBARRA

VÉLEZ – Dr.

000-20150050901 (2140-2020) 22 de agosto de 2022

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS

Dr. SANDRA

LISSET IBARRA

VÉLEZ – Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER 24 08001-23-33000-20159012401 (2394-2020) 22 de septiembre de 2022

Dr. C ÉSAR

PALOMINO

CORTÉS

Dr. SANDRA

LISSET IBARRA

VÉLEZ – Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER 25 76001-23-31000-201200212-02 (4470-2021) 19 de enero de 2023

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GOMEZ

DR. RAFAEL

FRANCISCO

SUAREZ

VARGAS – Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNANDEZ 26 47001-23-33000-2018-023101 (0871-2020) 26 de enero 2023

DR. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

DR. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ – DR.

GABRIEL

VALBUENA

1.2. Hechos

De la solicitud de amparo y del expediente se extraen los siguientes hechos jurídicamente relevantes:Radicado: 11001-03-15-000-2023-05875-00

Demandante: Germán Antonio Romero Lidueña Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

5

Demandante: Germán Antonio Romero Lidueña Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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El señor Germán Antonio Romero Lidueña está vinculado como docente «con la entidad territorial certificada en educación del Departamento de Sucre ». Además, se encuentra afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y es beneficiario del régimen de cesantías anualizadas.

El 28 de julio de 2021, el accionante solicitó a la Secretaría de Educación Departamental de Sucre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de cesantías y la indemnización por el pago tardío de los intereses, con fundamento en el régimen establecido en las Leyes 52 de 1975 y 50 de 1990.

El señor Romero Lidueña, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , demandó al Ministerio de Educación Nacional – Fomag y al Departamento de Sucre, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo ficto surgido de la falta de resp uesta a su petición.

Mediante sentencia del 30 de noviembre de 2022, el Juzgado Cuarto Administrativo de Sincelejo negó las súplicas de la demanda, por considerar que el señor Romero Lidueña se encontraba afiliado al Fomag y, por tanto, tenía un régimen especial de cesantías en el cual no operaba la sanción por mora.

Contra la anterior decisión, el accionante interpuso recurso de apelación en el cua l expuso que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en reiteradas ocasionadas, habían establecido que era posible aplicar la Ley 50 de 1990 a los

Contra la anterior decisión, el accionante interpuso recurso de apelación en el cua l expuso que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en reiteradas ocasionadas, habían establecido que era posible aplicar la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales, con fundamento en el principio de favorabilidad. Es decir, que como en la Ley 91 de 1989 —régimen especial de los docentes — no existe regulación sobre la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías, se debía aplicar la norma más favorable, esto es, la Ley 50 de 1990 , que sí lo estableció.

Mediante providencia del 21 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo de Sucre confirmó la sentencia de primera instancia, bajo el argumento de que el demandante no podía beneficiarse de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 , debido a que «los docentes afiliados al FOMAG cuentan con un régimen especial para la consignación y liquidación de sus cesantías, que es el previsto en la Ley 91 de 1989, el cual, funciona bajo el concepto de unidad de caja, sin que proceda la consignación de la citada prestación a cada docente en una cuenta individual, pues, los recursos destinados para su pago son girados de forma global e incorporados con una periodicidad mensual durante todo el año».Radicado: 11001-03-15-000-2023-05875-00

Demandante: Germán Antonio Romero Lidueña Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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Agregó que no existe identidad fáctica entre el caso estudiado en la sentencia SU

Demandante: Germán Antonio Romero Lidueña Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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Agregó que no existe identidad fáctica entre el caso estudiado en la sentencia SU 098 de 2018 y el caso en concreto, debido a que, entre otras razones, (i) el aquí demandante sí fue afiliado al Fomag y (ii) no se trata de un caso en el que se haya omitido el traslado de las cesantías al momento de la vinculación al cargo; d e manera que no encontró acreditado ninguno de los supuestos de hecho que ha fijado la jurisprudencia tanto constitucional como de esta Corporación, para el reconocimiento de la sanción moratoria por falta de pago de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Por último, concluyó que la aplicación del precedente judicial sólo es vinculante cuando en el caso estudiado concurren los elementos fácticos y jurídicos o el escenario decisional analizado en la sentencia de referencia de forma que el juez de la causa pueda subsumir los supuestos fácticos del sub lite a la regla fijada, circunstancia que no fue acreditada por el señor Romero Lidueña.

1.3. Argumentos de la tutela

A lo largo del escrito de tutela, de forma resumida, la parte actora sostuvo que e l Tribunal Administrativo de Sucre desconoció el precedente fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU -098 de 2018, así como en 26 sentencias del Consejo de Estado, entre las cuales se destacan la sentencia de tutela del 29 de julio de 2019 y la SU-2013-00666 del 6 de agosto de 2020, en las que se determinó

Consejo de Estado, entre las cuales se destacan la sentencia de tutela del 29 de julio de 2019 y la SU-2013-00666 del 6 de agosto de 2020, en las que se determinó que la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 sí resultaba aplicable a los docentes oficiales.

Luego de hacer un recorrido histórico sobre el FOMAG y su funcionamie nto, adujo que, si bien los docentes gozan de un régimen especial, lo cierto es que, en virtud del principio de favorabilidad, se les debe aplicar la normativa del régimen general que consagra la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías, e sto es, la Ley 50 de 1990.

De otra parte, el accionante señaló que el ad quem no argumentó con claridad por qué se apartó del precedente consagrado en las 26 sentencias emitidas por el Consejo de Estado, pues lo único que expresó es que «existía unidad de caja en el manejo de los recursos del FOMAG y que no existe sentencia unificada, despreciando la masividad de sentencias expedidas por las 2 secciones que conforman la sección 2da del H.C.E.».

Agregó que, contrario a la decisión del Tribunal, la aplicaci ón de la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales no desconoce el principio de inescindibilidad, pues, comoRadicado: 11001-03-15-000-2023-05875-00

Demandante: Germán Antonio Romero Lidueña Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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se ha evidenciado, se aplica la norma de manera integral favoreciendo al docente

Demandante: Germán Antonio Romero Lidueña Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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se ha evidenciado, se aplica la norma de manera integral favoreciendo al docente oficial. Además, indicó que, al existir un vacío normativo, lo más l ógico es llenarlo con la norma más favorable.

Asimismo, mencionó que la autoridad judicial accionada desconoció el principio de seguridad jurídica, toda vez que «es cierto que existe una abierta discordancia entre lo expresado por la Sección Segunda, en más de 22 ocasiones entre los años 2021, 2022 y 2023 y la decisión adoptada el 21/06/2023, por el Tribunal Administrativo de Sucre, en el expediente radicado No 70001333300420220004101».

Sostuvo que existe una sucesión de « irregularidades sustantivas » dentro de la decisión de segunda instancia emitida por el Tribunal Administrativo de Sucre.

Finalmente, citó 10 sentencias proferidas por diferentes juzgados administrativos del país, en las que, con fundamento en el principio de favorabilidad, se recon oció la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías anuales a los docentes demandantes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 4 de octubre de 2023, el despacho de la magistrada ponente admitió la acción de tutela y ordenó que aquel se notificara a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Sucre, como parte demandada, y, como

admitió la acción de tutela y ordenó que aquel se notificara a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Sucre, como parte demandada, y, como terceros con interés, a la ministra de Educación N acional, a la Fiduprevisora, en calidad de administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag, y al gobernador de l Departamento de Sucre. Así mismo, se ordenó la notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Est ado.

2.2. La Fiduprevisora S.A, en calidad representante y administradora del Patrimonio Autónomo del Fomag, solicitó declarar la improcedencia de la solicitud de amparo, por no cumplir con los requisitos generales y específicos de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, dado que el accionante no argumentó con suficiencia los defectos invocados.

También sostuvo que el accionante interpreta indebidamente la sentencia SU -098 de 2018, toda vez que no existe identidad fáctica entre la referida provide ncia y el caso que dio origen a la presente acción de tutela. En ese sentido, señaló que «en el caso concreto, no se cuestiona una afiliación inoportuna al FOMAG que haya devenido en el retardo de la consignación de las cesantías. En este caso, laRadicado: 11001-03-15-000-2023-05875-00

Demandante: Germán Antonio Romero Lidueña Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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demandante reclamó la consignación extemporánea de sus cesantías en los plazos establecidos en la Ley 50 de 1990 e indemnización por pago inoportuno de los

Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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demandante reclamó la consignación extemporánea de sus cesantías en los plazos establecidos en la Ley 50 de 1990 e indemnización por pago inoportuno de los intereses».

2.3. El Ministerio de Educación Nacional solicitó que se declarara improcedente la solicitud de amparo, por considerar que el asunto carece de relevancia constitucional. Manifestó que en el proceso ordinario se concluyó que el criterio sentado en la SU -098 de 2018 no es aplicable al caso bajo estudio, porque el accionante se encuentra debidamente af iliado al Fomag.

2.4. Los demás sujetos procesales guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de la tutela contra providencia judicial, particularmente, el de relevancia constitucional. De cumplirse, deberá abordarse el estudio de fondo del asunto, con el fin de establecer si la sentencia proferida el 21 de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo de Sucre, incurrió en los defectos endilgados y si, en consecuencia, se vulneraron los derechos fundamentales del señor Germán Antonio Romero Lidueña.

2. Análisis de la Sala

2.1. Del cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, en relación con la supuesta falta de aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990

En sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que el requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la

con la supuesta falta de aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990

En sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que el requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto es, que justifique suficientemente la relevancia constit ucional por la vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,Radicado: 11001-03-15-000-2023-05875-00

Demandante: Germán Antonio Romero Lidueña Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».

El segundo hace referencia a que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

Ciertamente, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos judiciales, pues los principios de se guridad jurídica y de coherencia del ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las

Ciertamente, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos judiciales, pues los principios de se guridad jurídica y de coherencia del ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las decisiones de los jueces y, por tanto, no puede admitirse, sin mayores excepciones, la procedencia de la tutela contra providencias judicia les.

En el caso objeto de estudio, la Sala se encargará de estudiar si se vulneraron al accionante, los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, con ocasión a la sentencia proferida el 21 de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo de Sucre, en la cual se confirmó el fallo proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo de Sincelejo .

En el fondo, el accionante alega que tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de sus cesantías, pues, en su criterio, se le debe aplicar el artículo 99 de la ley 50 de 1990, que sí consagra dicha sanción.

La Sala anticipa que la acción de tutela no tiene vocación de prosperidad. Tal afirmación encuentra respaldo en las siguientes razones:

En primer lugar, la solicitud de amparo elevada por el señor Germán Antonio Romero Lidueña carece de relevancia constitucional, debido a que es evidente que la controversia que aquí se examina, en el fondo, es de carácter legal e indudablemente se direcciona a un debate económico, pues se pretende el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por l a no consignación de sus cesantías.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia de unificación SU - 573 de

reconocimiento y pago de la sanción moratoria por l a no consignación de sus cesantías.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia de unificación SU - 573 de 2019, revocó diferentes fallos en los que se negaron tutelas que pretendían el pago de la sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías, para, en su lugar, declararlas improcedentes por falta de relevancia constitucional, precisamente,Radicado: 11001-03-15-000-2023-05875-00

Demandante: Germán Antonio Romero Lidueña Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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porque consideró que comprendían discusiones económicas o patrimoniales para las cuales no estaba instituida este instrumento constitucional. A sí lo indicó:

[L]a sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías no es un derecho fundamental ni está ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional. La jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido el carácter irrenunciable de las cesantías, como una prestación patronal de rango legal cuya finalidad es “auxiliar a la persona que se queda temporalmente sin trabajo”3. Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador. En consecuencia, cualquier pago adicional que no corresponda a la finalidad misma de las cesantías, sino a una penalidad para el empleador que no las consigna al fondo o las paga al trabajador en los términos solicitados,

del trabajador. En consecuencia, cualquier pago adicional que no corresponda a la finalidad misma de las cesantías, sino a una penalidad para el empleador que no las consigna al fondo o las paga al trabajador en los términos solicitados, es un reconocimiento de fuente legal con carácter netamente patrimonial, que no amerita la intervención del juez de tutela. Además, según se deriva de los antecedentes de los casos acumulados, no es prima facie admisible considerar que la falta de reconocimiento de aquella pretensión económica pueda comprometer su mínimo vital, en la medida en que los tres accionantes mantienen vigente su vínculo laboral con el Departamento del Atlántico4

Asimismo, en varias oportunidades, el Consejo de Estado ha considerado que la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías es un asunto netamente económico. Por ejemplo, esta Subsección, en la sentencia del 18 de marzo de 20225, indicó lo siguiente:

La accionante discute que tiene derecho al reconocimiento de la sanción moratoria porque la entidad pública pagadora contaba con 45 días a partir del acto administrativo que ordenó la liquidación d e sus cesantías para cancelar dicha prestación social y se tardó más de 260 días en mora.

En ese orden de ideas, se considera que la controversia gira en torno a una cuestión netamente económica, toda vez que la inconformidad que se planteó se limita al pago de un derecho patrimonial -pago de la sanción moratoriay no se orienta a la protección de los derechos fundamentales invocados en la demanda de tutela.

Esta Corporación ya se pronunció sobre un tema similar y consideró que:

se orienta a la protección de los derechos fundamentales invocados en la demanda de tutela.

Esta Corporación ya se pronunció sobre un tema similar y consideró que:

33. [E]sta Sala otorga relevancia constitucional a toda pretensión que, en sede de tutela, estuviese relacionada con una controversia en torno al amparo de un derecho o garantía de rango fundamental, como lo son las cesantías; no obstante, en asuntos como el caso en concreto, s e ha sostenido que las pretensiones que versen sobre derechos de índole estrictamente económico, al no encontrarse ligados a la satisfacción de una garantía de naturaleza fundamental, se tornan improcedentes frente al amparo constitucional.

34. El anterio r lineamiento acogido por la Sala se ha construido en estricto seguimiento de lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-573 del año 2019, providencia cuyos elementos fácticos guardan identidad con el asunto examinado, dado que versó sobre tres solicitudes de amparo contra decisiones judiciales que no accedieron a la pretensión de reconocer sanción moratoria por el pago tardío de cesantías.

35. En la sentencia en mención, el máximo Tribunal Constitucional señaló que el carácter irrenunciable de las cesantías está relacionado con su naturaleza

3 Cita original de la providencia: Sentencia SU-336 de 2017. 4 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido. 5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 18 de marzo de 2022, M.P.

4 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido. 5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 18 de marzo de 2022, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, expediente 11001-03-15-000-2021-09117-01.Radicado: 11001-03-15-000-2023-05875-00

Demandante: Germán Antonio Romero Lidueña Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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como prestación patronal de rango legal, cuya finalidad es el auxilio de la persona que se quede temporalmente en situación de desempleo y, por tanto, “solo en la medida en que lo reclamado sea dicha pr estación, la tutela devendría procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador”.

36. De acuerdo con lo anterior, señaló la Corte Constitucional en aquella sentencia unificadora que todo pago adicional no correspondiente con la finalidad buscada por las cesantías, sino relacionado con una penalidad impuesta al empleador por el no pago o pago tardío de las mismas, cuenta con una naturaleza estrictamente patrimonial cuyo reconocimiento, por tanto, no requiere la intervención del juez de tutela […].

En esa misma línea, la Sección Tercera del Consejo