CE - 010315000202305900001SENTENCIA20231123151309

Demandante: Miguel Samper Strouss Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-05900-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente (E): LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-05900-00

Demandante: MIGUEL SAMPER STROUSS

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial. Sanción por desacato de orden de tutela. Debido proceso. Ampara.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver en primera instancia la acción de tutela formulada por el señor Miguel Samper Strouss, contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito recibido el 4 de octubre de 20231, el señor Miguel Samper Strouss, actuando en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito Judicial de

1. Con escrito recibido el 4 de octubre de 20231, el señor Miguel Samper Strouss, actuando en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali, con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales «al debido proceso, a la propiedad y de acceso a la administración de justicia».

2. El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión del auto proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 6 de abril de 2017 que, en grado jurisdiccional de consulta, confirmó la sanción por desacato impuesta por el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali el 21 de marzo de 2017, al señor Samper Strouss, en calidad de director de la Agencia Nacional de Tierras (sanción que se impuso cuando el accionante ocupaba dicho cargo), en el trámite incidental con radicado 76001 -33-33-014-2011-00292-00/01, promovido por la Procuraduría Veintiuno Judicial II Agraria y Ambiental del Valle del

1 La acción de tutela fue radicada el 3 de octubre de 2023, con secuencia: 9380.Demandante: Miguel Samper Strouss Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-05900-00

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2 Cauca contra el municipio de Palmira , Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER, hoy Agencia Nacional de Tierras.

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2 Cauca contra el municipio de Palmira , Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER, hoy Agencia Nacional de Tierras.

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó lo siguiente:

(…)

Que se deje sin efectos y se revoque la sanción impuesta contra MIGUEL SAMPER STROUSS en el marco del incidente de desacato mediante el Auto Interlocutorio No. 111 del 21 de marzo de 2017 proferido por el Juzgado Catorce Administrativo Oral de Cali, y conf irmada en grado jurisdiccional de consulta mediante el Auto Interlocutorio 179 del 6 de abril de 2017 proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso de radicado 76001-33-33-014-2011-00292-00.

Que, en consecuencia, se ordene a la Dirección Administrativa de la División de Fondos Especiales y Cobro Coactivo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, para que considere sin efectos el Acuerdo de Pago suscrito por MIGUEL SAMPER STROUSS para cumplir con la sanción impuesta en el Auto Interlocutorio No. 111 del 21 de marzo de 2017 proferido por el Juzgado Catorce Administrativo Oral de Cali, y le sean reembolsadas al accionante todas las sumas de dinero canceladas hasta la fecha en virtud de dicho Acuerdo de Pago.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

en virtud de dicho Acuerdo de Pago.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El 2 de septiembre de 2011 , la Procuraduría Veintiuno Judicial II Ambiental y Agraria del Valle instauró acción de tutela contra el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER2 y el municipio de Palmira ( Valle del Cauca), y se vinculó a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social, al considerar vulnerados los derechos fundamentales a la «vida, a la dignidad humana, al mínimo vital y a la vivienda digna». Lo anterior, con el objeto de que:

se ordene la reubicación inmediata de las 22 familias desplazadas que fueron beneficiarias de la adjudicación del predio "Bolivia” ubicado en la vereda la Quisquina Municipio de Palmira, en virtud de un subsidio de tierras otorgado por el INCODER, debido a que éste presenta fallamientos geográficos y deslizamientos que lo hacen inhabitable, colocan e n riesgo inminente la vida de sus habitantes e impiden el desarrollo de las actividades agrícolas y ganaderas de estas personas para proveerse de su sustento básico. La permanencia de estas familias en dicho terreno a causa de la conducta omisiva por parte de INCODER, y del municipio de Palmira constituye una grave vulneración a los derechos fundamentales antes mencionados, pues actualmente están en una situación de peligro inminente dadas las certificaciones expedidas por la autoridad ambiental y el Comité Local para la Prevención y Atención

2 Hoy Agencia Nacional de Tierras.

grave vulneración a los derechos fundamentales antes mencionados, pues actualmente están en una situación de peligro inminente dadas las certificaciones expedidas por la autoridad ambiental y el Comité Local para la Prevención y Atención

2 Hoy Agencia Nacional de Tierras. 1Demandante: Miguel Samper Strouss Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-05900-00

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3 de Desastres del municipio de Palmira - CLOPAD, por lo que se acude a ésta instancia constitucional para evitar un perjuicio irremediable.

5. Mediante s entencia del 19 de septiembre de 2011 , el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Cali accedió al amparo solicitado, dentro del trámite constitucional con radicado 76001-33-33-014-2011-00292-00/01, y ordenó:

(…)

9.2 En consecuencia, para proteger los derechos fundamentales invocados por la accionante, como mecanismo transitorio, se ordenará a las accionadas INCODER y municipio de PALMIRA que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de este fallo, si no lo han hecho, procedan a reubicar temporalmente y hasta por seis meses, a las familias adjudicatarias del predio BOLIVIA y que se encuentran asentadas en el mismo.

El Alcalde municipal deberá adoptar las medidas y acciones pertinentes, oportunas y efectivas que aseguren que las familias adjudicatarias del predio Bolivia y que se

asentadas en el mismo.

El Alcalde municipal deberá adoptar las medidas y acciones pertinentes, oportunas y efectivas que aseguren que las familias adjudicatarias del predio Bolivia y que se encuentran asentadas en el mismo, sean reubicadas en un lugar que ofrezca condiciones de seguridad y habitabilidad dignas, garantizando la provisión adecuada y suficiente de agua potable, alimentos, vestuario y demás componentes de la ayuda humanitaria de emergencia, así como para asegurar el goce efectivo de sus derechos a la educación y a la salud.

9.3 El Director de Acción Social también deberá coordinar con las autoridades locales correspondientes, la entrega de las ayudas o auxilios necesarios que aseguren a las familias adjudicatarias del predio Bolivia y que se encuentran asentadas en el mismo, una vivienda que cumplan con condiciones de dignidad y salubridad suficientes, así esta última sea de carácter temporal.

9.4 El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER, deberá adoptar de manera inmediata las medidas necesarias y dictar las órdenes que correspondan, para que el proceso de reubicación definitiva de las familias se surta a más tardar dentro de los seis meses siguientes a la notificación de este fallo, y atendiendo en todo caso las disposiciones legales. los reglamentos de la entidad, así como las condiciones requeridas para la estabilización socioeconómica de las familias.

(…)

6. La anterior decisión fue impugnada por la jefe de la oficina asesora jurídica de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional y fue confirmada en segunda instancia, el 20 de octubre de 2011, por el Tribunal

Administrativo del Valle del Cauca.

la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional y fue confirmada en segunda instancia, el 20 de octubre de 2011, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

7. A través de auto del 22 de febrero de 20173 se ordenó dar apertura al incidente de desacato en contra de las mencionadas entidades, y mediante auto del 21 de marzo de 20174, se procedió a sancionar por no cumplir con lo ordenado a los incidentados, imponiéndoles multa por valor de dos salarios mínimos mensuales vigentes y se les conminó a dar cumplimiento al fallo de tutela so pena de imponer sanción de arresto

3 Folio 506 del cuaderno n.° 6 del expediente. 4 Folios 531-533 del cuaderno n.° 6 del expediente.Demandante: Miguel Samper Strouss Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-05900-00

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4 por un día . Ambos autos fueron notificados al correo electrónico: atencionalciudadano@agenciadetierras.gov.co.

8. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , en sede de consulta, por medio de providencia del 6 de abril de 20175, modificó la sanción impuesta, y declaró que los señores Miguel Samper Strouss, en calidad de director de la Agencia Nacional de Tierras (esta sanción se impuso cuando el accionante fungía como director de esa agencia) y Carlos Eduardo Géchem, como director de la Agencia de Desarrollo Rural,

señores Miguel Samper Strouss, en calidad de director de la Agencia Nacional de Tierras (esta sanción se impuso cuando el accionante fungía como director de esa agencia) y Carlos Eduardo Géchem, como director de la Agencia de Desarrollo Rural, habían incumplido lo ordenado en la sentencia de tutela, ratificando así la multa impuesta a dichos funcionarios. Dicho auto fue notificado al correo electrónico: jurídica.ant@agenciadetierras.gov.co.

9. La Agencia Nacional de Tierras presentó varias solicitudes de suspensión de la aplicación de la sanción, las cuales fueron negadas por parte del juzgado al considerar que la entidad no había demostrado el cumplimient o de la orden en el término otorgado.

10. El 5 de abril de 2022 , el señor Miguel Samper Strouss radicó una acción de tutela contra el Juzgado C atorce Administrativo del Circuito Judicial de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca por considerar vulnerad os sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia por indebida notificación, la cual fue declarada improcedente por no cumplir con el requisito de subsidiariedad , mediante sentencia del 27 de mayo de 2022 , proferida por la

Sección Tercera del Consejo de Estado6.

11. El 2 de agosto de 2022 el actor instauró una solicitud de nulidad ante el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali y el 27 de marzo de 2023 interpuso una solicitud adicional de levantamiento e inaplicación de la sanción, y anexó el informe de cumplimiento n.° 20231031151961 del 2 de marzo de 2023 y la

interpuso una solicitud adicional de levantamiento e inaplicación de la sanción, y anexó el informe de cumplimiento n.° 20231031151961 del 2 de marzo de 2023 y la comunicación n.° 20231032399591 del 21 de marzo de 2023 , de la Agencia Nacional de Tierras.

12. Mediante el auto del 5 de julio de 2023, el juzgado rechazó tanto la solicitud de nulidad como la solicitud de inaplicación y levantamiento de la sanción, argumentando que «se encuentra acreditado dentro de este trámite que las actuaciones que conllevaron a la sanción se notificaron a la entidad a través del medio institucional establecido para el efecto, época en la que se desempeñaba como director de dicha entidad».

5 Folio 647-652 del cuaderno n.° 7 del expediente. 6 Con radicado n.° 11001-03-15-000-2022-02186-00.Demandante: Miguel Samper Strouss Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-05900-00

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5 1.4. Fundamentos de la solicitud

13. El señor Miguel Samper Strouss, alegó que solo hasta el 29 de marzo de 2022, conoció de la existencia de la sanción que le impuso el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali7, confirmada en el grado jurisdiccional de consulta por

conoció de la existencia de la sanción que le impuso el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali7, confirmada en el grado jurisdiccional de consulta por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca 8, después de haberse comunicado con la directora administrativa de la División de Fondos Especiales y Cobro Coactivo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial , para que le informará sobre otros cobros coactivos que figuraban a su nombre. E se mismo día, suscribió el acuerdo de pago para saldar su deuda con la Rama Judicial.

14. Fundamentó su acción de tutela en tres argumentos: (i) ausencia absoluta de notificación; (ii) ausencia de prueba de responsabilidad subjetiva, y (iii) cumplimiento de la orden antes de la imposición de la sanción.

1.4.1. Ausencia absoluta de notificación

15. Según el actor, las providencias mediante las que se sanciona al responsable del incumplimiento de un fallo de tutela deben ser notificadas al correo personal del empleado o de forma presencial, y no a la entidad en la que ejerce sus funciones como ocurrió en esta oportunidad. Por lo que asegura que no fue debidamente notificado de las actuaciones surtidas en el incidente de desacato y que la debida notificación de las providencias que deciden el ejercicio de la facultad correccional de la justicia mediante la imposición de una sanción, hace parte del núcleo fundamental del derecho al debido proceso para que el afectado pueda defenderse, por tal motivo los autos objeto de esta tutela deben ser revocados.

16. Al respecto, indicó que una cosa es notificar sobre una actuación judicial a una entidad pública y otra muy distinta hacerlo a una persona sobre un procedimiento que

tutela deben ser revocados.

16. Al respecto, indicó que una cosa es notificar sobre una actuación judicial a una entidad pública y otra muy distinta hacerlo a una persona sobre un procedimiento que puede resultar en la imposición de una sanción personal, no institucional. En este sentido citó diferentes sentencias d el Consejo de Es tado, de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional referentes al incidente de desacato9.

7 El 21 de marzo de 2017. 8 El 6 de abril de 2017. 9 «(…) al momento de decretar la apertur a del mismo, individualice al funcionario competente para cumplir con la orden constitucional dada, a quien deberá notificar, en su correo institucional personal o de forma presencial, pues el presente trámite busca comprobar la responsabilidad objetiva y subjetiva ante los presuntos incumplimientos de las órdenes que se dan por el amparo de los derechos fundamentales y, de esta manera, se garantiza el debido proceso y el derecho de contradicción del funcionario enjuiciado». Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta. Consejera Ponente Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, fallo de 12 de abril de 2018, radicado: 76001-23-33-000-201601609-01. «(…) para que la notificación por correo electrónico tenga validez dentro de dicha actuación, aquélla se debe hacer al correo electrónico personal institucional, privado o de forma presencial del servidor público o particular a quien se le adelanta tal juicio de responsabilidad objeto, (…) lo que se asimila al caso de marras, al correo personal empresarial». Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo –

o particular a quien se le adelanta tal juicio de responsabilidad objeto, (…) lo que se asimila al caso de marras, al correo personal empresarial». Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta. Consejera Ponente Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, fallo de 26 de abril de 2018, radicado: 11001-03-15-000-201703330-01.Demandante: Miguel Samper Strouss Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-05900-00

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1.4.2. Ausencia de pruebas de responsabilidad subjetiva

17. El accionante indicó que p ara que proceda el incidente de desacato se debe tener en cuenta, no sólo si materialmente se presenta un incumplimiento de la orden judicial (factor objetivo), sino que además es preciso verificar si está acreditada la negligencia o renuencia de la autori dad (factor subjetivo), por lo que no es posible presumir la responsabilidad por el sólo hecho del incumplimiento, sino que se debe comprobar el actuar negligente u omisivo del funcionario público a quien va dirigida la orden judicial. Apoyó su argumento en diferente jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional10

18. De otra parte, alegó que los servidores públicos sólo pueden hacer aquello que les está permitido por la Constitución y las leyes, y de ello son responsables . En concordancia, el Director General de la Agencia Nacional de Tierras no tiene entre sus

18. De otra parte, alegó que los servidores públicos sólo pueden hacer aquello que les está permitido por la Constitución y las leyes, y de ello son responsables . En concordancia, el Director General de la Agencia Nacional de Tierras no tiene entre sus funciones ni la adquisición de predios para la reubicación de familias desplazadas, ni tampoco la función de adjudicar baldíos de la Nación ; tales funciones, en virtud del

«En conclusión, el auto que dispone la apertura del trámite incidental y las demás decisiones que dentro de él se profieran, necesariamente deben ser notificadas de manera personal al directamente afectado, pues una omisión en tal sentido indiscutiblemente cercena el derecho fundamental al debido proceso y dentro de este los de defensa y contradicción». Corte Suprema de Justicia . Providencia del 25 de marzo del 2004, Rdo 16084. «El poder disciplinario del juez no es absoluto, pues a la luz de la Constitución de 1991, dichas actuaciones deben enmarcarse dentro del ámbito del derecho fundamental al debido proceso. Así las cosas, el poder disciplinario del juez, consistente en la fa cultad de imponer sanciones correccionales a quienes pretendan obstaculizar o irrespetar la administración de justicia, debe sujetarse al desarrollo previo de un proceso, no obstante, éste sea sumario, que garantice al presunto infractor el derecho a la defensa, sin que conello se desconozca la suprema autoridad de que esta investido el Juez, ni su capacidad y calificación». Corte Constitucional . Sentencia C -620 de 2001. M.P.: Jaime Araujo Rentería. 10 «No es suficiente para sancionar, entonces, que se haya inobservado el plazo concedido para la

capacidad y calificación». Corte Constitucional . Sentencia C -620 de 2001. M.P.: Jaime Araujo Rentería. 10 «No es suficiente para sancionar, entonces, que se haya inobservado el plazo concedido para la atención de la orden impartida (elemento objetivo de la responsabilidad), sino que debe probarse la renuencia, negligencia o desidia en acatarla por parte de la persona encargada de su cumplimiento». Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 24 de noviembre de 2005, Expediente 2000-3508, y Sentencia del 10 de mayo de 2004, Expediente 2003-90007, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. «En este contexto cobra vertebral importancia un juicio adecuado en torno a la responsabilidad subjetiva en cabeza del destinatario de la orden de tutela, pues no basta con constatar el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso para dar por supuesta una actitud indolente por parte del mismo[49]. Es por esto que se ha sostenido que ‘al ser el desacato un mecanismo de coerción que surge en virtud de las facultades disciplinaria de los jueces a partir de las cuales pueden imponer sanciones consistentes en multas o arresto, éstas tienen que seguir los principios del derecho sancionador’ [50]. De allí se desprende que corresponde a la autoridad competente verificar si efectivamente existe una responsabilidad subjetiva en el incumplimiento de la orden judicial –lo que, a su vez, conlleva examinar si se da un nexo causal fundado en la culp a o el dolo entre el comportamiento del demandado y el resultado[51]– pues si no hay contumacia o negligencia comprobadas –se insiste– no puede presumirse la responsabilidad por el solo hecho del incumplimiento y, por lo tanto, no es procedente la sanción[52].

resultado[51]– pues si no hay contumacia o negligencia comprobadas –se insiste– no puede presumirse la responsabilidad por el solo hecho del incumplimiento y, por lo tanto, no es procedente la sanción[52]. En la misma línea, es constante y reiterada la jurisprudencia constitucional en el sentido de que, por inscribirse en el ejercicio del poder jurisdiccional sancionatorio, la vía incidental del desacato exige una plena observancia del debido proceso, por lo que el juez instructor debe respetar las garantías de los involucrados y concentrarse en determinar en estricto derecho lo relativo al cumplimiento, toda vez que ‘[s]i el incidente de desacato finaliza con decisión condenatoria, puede haber vía de hecho si no aparece la prueba del incumplimiento, o no hay responsabilidad subjetiva’, al paso que ‘[s]i el auto que decide el desacato absuelve al inculpado, se puede incurrir en vía de hecho si la absolución es groseramente ilegal». Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018. M.P.: Alberto Rojas Ríos.Demandante: Miguel Samper Strouss Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-05900-00

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7 Decreto 2363 de 2015 que creó la Agencia Nacional de Tierras, recaen en la Dirección de Acceso a Tierras.

1.4.3. Cumplimiento de la orden antes de la imposición de la sanción

19. El señor Samper Strouss manifestó que, si bien estas acciones que apuntaban

de Acceso a Tierras.

1.4.3. Cumplimiento de la orden antes de la imposición de la sanción

19. El señor Samper Strouss manifestó que, si bien estas acciones que apuntaban al objetivo de dar cumplimiento a las órdenes emanadas de la providencia judicial iniciaron luego de la imposición de la sanción, lo cierto es que las facultades sancionatorias que devienen de un incidente de desacato no tienen una naturaleza punitiva, sino que son utilizadas para apremiar o provocar el cumplimiento del fallo de tutela, cosa que ya ocurrió . P or lo tanto, la sanción carec ería de finalidad pues se habría impuesto para lograr el cumplimiento de una orden ya cumplida, y por lo tanto debía ser levantada.

20. Resaltó que la Corte Constitucional ha sostenido que la finalidad de un incidente de desacato no es reprimir al incidentado sino inducir al cumplimiento de un fallo u orden judicial11.

21. El actor indicó que el Consejo de Estado ha establecido la prevalencia de lo formal sobre lo sustancial que obliga a levantar las sanciones impuestas durante el trámite incidental de desacato ante el cumplimiento del fallo así éste sea tardío.12

22. Así mismo hizo un análisis de cada uno de los requisitos adjetivos para la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales ; respecto al requisito de la subsidiariedad manifestó que tan pronto tuvo conocimiento de la sanción impuesta instauró una acción tutela que fue declarada improcedente por no cumplir con el requisito de la subsidiariedad pues no había solicitado la nulidad de los autos en cuestión. Que, por tal razón, el 2 de agosto de 2022 radicó la solicitud de nulidad y

con el requisito de la subsidiariedad pues no había solicitado la nulidad de los autos en cuestión. Que, por tal razón, el 2 de agosto de 2022 radicó la solicitud de nulidad y

11 «Acerca de la finalidad que persigue el incidente de desacato, la postura que de vieja data ha acogido la Sala Plena de esta Corte y que se ha mantenido es que, si bien una de las consecuencias derivadas de este trámite incidental es la imposición de sanciones por la desobediencia frente a la sentencia, su auténtico propósito es lograr el cumplimiento efectivo de la orden de tutela pendiente de ser ejecutada; de suerte que no se persigue reprender al ren uente por el peso de la sanción en sí misma, sino que ésta debe entenderse como una forma para inducir que aquel encauce su conducta hacia el cumplimiento, a través de una medida de reconvención cuya objetivo no es otro que auspiciar la eficacia de la acci ón impetrada y, con ella, la reivindicación de los derechos quebrantados.» Corte Constitucional. Sentencia SU034-18. M.P.: Alberto Rojas Ríos. «A pesar de ser una sanción, el objeto del desacato no es la sanción en sí misma, sino propiciar que se cumpla el fallo de tutela[25]. Cumplir con la orden serviría para evitar la sanción, valga decir, evitar que se imponga el arresto y la multa previstos en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991. En la medida en que el desacato puede hacer que se cumpla con el fall o en comento, es un instrumento procesal que puede garantizar de manera adecuada el acceso a la administración de justicia[26]». Corte

que el desacato puede hacer que se cumpla con el fall o en comento, es un instrumento procesal que puede garantizar de manera adecuada el acceso a la administración de justicia[26]». Corte Constitucional. Sentencia C-367-14. M.P.: Mauricio González Cuervo. 12 «Esto es así porque, de lo contrario, se afectarían los derechos a la propiedad privada y a la libertad sin que exista un fundamento constitucionalmente válido para mantener la sanción. Todo lo anterior demuestra la existencia y vigencia del precedente proferido por la Corte Constitucional y por esta Sección, referente al objetivo del incidente de desacato y al levantamiento de sanciones, incluso después de surtido el grado jurisdiccional de consulta, siempre que se acredite el cumplimiento total de la orden de tutela.» Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia nº 11001-03-15-000-2020-0457901 del 10/06/2021. C.P.: Milton Chaves García.Demandante: Miguel Samper Strouss Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-05900-00

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8 el 27 de marzo de 2023 una solicitud adicional de levantamiento e inaplicación de la sanción por cumplimiento de las órdenes, las cuales fueron rechazadas por el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Cali, mediante auto del 5 de julio de 2023.

23. En cuanto a la inmediatez indicó que, en consideración a que el 29 de marzo de

Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Cali, mediante auto del 5 de julio de 2023.

23. En cuanto a la inmediatez indicó que, en consideración a que el 29 de marzo de 2022 se enteró de la sanción impuesta, inmediatamente interpuso todas las acciones, razón por la cual considera que ha pasado un tiempo prudencial «desde la fecha en que fui notificado de la última actuación judicial (rechazo de la nulidad y solicitud de levantamiento de la sanción)».

24. También, resaltó que se incurrieron en los siguientes defectos que justifican la

intervención del juez constitucional:

• Defecto procediment al absoluto: por la falta de notificación de las providencias.

• Defecto fáctico: debido a la falta de pruebas que evidenciaran en el trámite del incidente de desacato la responsabilidad subjetiva del sancionado, que permitiera a los despachos judiciales justificar la imposición de la sanción.

• Defecto material o sustantivo: al exigírsele al director general de la Agencia Nacional de Tierras, por la vía de la sanción incidental, el cumplimiento de órdenes impartidas en una sentencia judicial las cuales n o podía cumplir directamente el funcionario por no encontrarse facultado para hacerlo, de acuerdo con el Decreto 2363 de 2015 mediante el cual se creó la Agencia

Nacional de Tierras.

• Decisión sin motivación: no existe argumento alguno ni mención tangenc ial en dichas decisiones que le atribuyan directamente al director general un comportamiento doloso o culposo que configure el incumplimiento de la orden judicial, lo que constituye el núcleo esencial de la responsabilidad subjetiva que

en dichas decisiones que le atribuyan directamente al director general un comportamiento doloso o culposo que configure el incumplimiento de la orden judicial, lo que constituye el núcleo esencial de la responsabilidad subjetiva que debe motivarse en este tipo de procesos sancionatorios.

25. Así mismo, hizo un análisis de los requisitos para la procedencia de la acción de tutela contra providencias que ponen fin a un incidente de desacato así:

(i) todas las providencias accion