CE - 010315000202305938001SENTENCIA20231031145754

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05938-00

Demandante: MERYS ISABEL BARROS AGUILERA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Debe reunir los requisitos generales establecidos por la jurisprudencia constitucional, para que proceda su estudio de fondo / REQUISITO GENERAL DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No se cumple en este caso, dado que la actora busca discutir aspectos netamente económicos.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Merys Isabel Barros Aguilera contra el Tribunal Administrativo de Sucre.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 4 de octubre de la presente anualidad1, la señora Merys Isabel Barros Aguilera, por medio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Sucre, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia2. Formuló las siguientes pretensiones:

Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE en la sentencia

debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia2. Formuló las siguientes pretensiones:

Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE en la sentencia proferida el día 31/5/2023, en el expediente rad. No.70001333300420220006601, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES

FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA

IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO

CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a

1 Se advierte que, el 19 de octubre de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente. 2 La accionante también consideró desconocidos los principios de seguridad jurídica, «situación más favorable en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formas de derecho» y perpetuatio jurisdictionis.Radicación: 11001-03-15-000-2023-05938-00

Demandante: Merys Isabel Barros Aguilera Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

2

los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este

Demandante: Merys Isabel Barros Aguilera Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

2

los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H.

Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes:

3.CORTE CONSTITUCIONAL N o.

RADICADO

EXPEDIENTE

FECHA

DECISIÓN

MAGISTRADO

PONENTE

CONSEJEROS

FIRMANTES

1 Exp. T-6.736.200 17 de octubre de 2018

Dra. GLORIA

STELLA ORTIZ

DELGADO

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN

098/2018 DE LA

CORTE

CONSTITUCIONAL

2 Exp. T-5904426 y otros 25 de julio de 2019

Dra. GLORIA

STELLA ORTIZ

DELGADO

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN 332

/2019 DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

Exp. T-5904426 y otros 25 de julio de 2019

Dra. GLORIA

STELLA ORTIZ

DELGADO

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN 332

/2019 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 3 Exp. T 7.182 -312 y otros 6 de febrero de 2020

Dr. LUIS

GUIILLERMO

GUERRERO

PÉREZ

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN 041

/2020 DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

CONSEJO DE ESTADO

No. RADICADO

EXPEDIENTE

FECHA

DECISIÓN

MAGISTRADO

PONENTE

CONSEJEROS

FIRMANTES 1 08001-23-33000-20130066601 (0833-16) 6 de agosto de 2020

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN DEL

CONSEJO DE ESTADO

2 76001-23-3100020090086701, No. Interno: 4854-2014 24 de enero de 2019

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER 3 11001-0315000-201804617-01 17 de junio de 2019

Dr. NICOLÁS

YEPES

CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE

RODRÍGUEZ NAVASDr. GUILLERMO

SÁNCHEZ LUQUE 4 11001-03-15000-201804679-01)

YEPES

CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE

RODRÍGUEZ NAVASDr. GUILLERMO

SÁNCHEZ LUQUE 4 11001-03-15000-201804679-01) 28 de junio de 2019

Dr. ROBERTO

AUGUSTO

SERRATI

VALDÉS

DRA. NUBIA MARGOTH

PEÑA GARZÓN - DR.

HERNANDO SÁNCHEZ

SÁNCHEZ 5 11001-0315000-201803499-01 29 de julio de 2019

Dr. NICOLÁS

YEPES

CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE

RODRÍGUEZ NAVASDr. GUILLERMO

SÁNCHEZ LUQUE 6 08001 23 33 000 2014 00173 -01 (1688-16) 2 de diciembre de 2019

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

- Dr. GABRIEL

VALBUENA 7 08001-23-33000-20140020801 10 de junio de 2020

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO CUÉTERRadicación: 11001-03-15-000-2023-05938-00

Demandante: Merys Isabel Barros Aguilera Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

3

8 08001-23-31Demandante: Merys Isabel Barros Aguilera Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

3

8 08001-23-31000-20140025401 (4960-2017) 22 de octubre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 9 08001-23-33000-20140013201 12 de noviembre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 10 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979–2017) 17 de junio de 2021

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS 11 08001-23-33000-20150033101 17 de junio de 2021

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS

Dra. SANDRA LISSET

IBARRA VÉLEZ - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER 12 19001-23-33000-20150044502(048320) 4 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

CUÉTER 12 19001-23-33000-20150044502(048320) 4 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 13 08001-23-33000-20140112701 (1002-2021) 25 de noviembre de 2021

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER 14 40001-23-40000-20170013401 (2208-2020) 25 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 15 080001-23-40000-20159000801 (2387-2020) 11 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 16 080001-23-40000-20149002201 (5154-2016) 11 de noviembre de 2021

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ000-20149002201 (5154-2016) 11 de noviembre de 2021

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS 17 080001-23-33000-20170093101 (1001-2021) 20 de enero de 2022

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS 18 080001-23-33000-20150007501 (2660-2020) 3 de marzo de 2022

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 19 76001-23-33000-20130075601 (2224-2020) 28 de abril de 2022

Dr. CARMELO

PERDOMO

CUÉTER

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dra. SANDRA

LISETH IBARRA 20 080001-23-40000-20170079501 (2659-2020) 9 de mayo de 2022

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZDr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

21

2022

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZDr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 21 47-001-23-33000-20190035901 (4004-2021) 19 de mayo de 2022

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER 22 47-001-2333000-20190037601 (4462-2021) 1 de julio de 2022

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO PERDOMO CUÉTERRadicación: 11001-03-15-000-2023-05938-00

Demandante: Merys Isabel Barros Aguilera Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

4

23 08001-23-33000-20150050901 (2140-2020) 22 de agosto de 2022

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET

IBARRA VELEZ – Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER 24 08001-23-33000-20159012401 (2394-2020) 22 de septiembre de 2022

Dr. CESAR

PALOMINO

CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET

IBARRA VELEZ – Dr.

CARMELO PERDOMO

01 (2394-2020) 22 de septiembre de 2022

Dr. CESAR

PALOMINO

CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET

IBARRA VELEZ – Dr.

CARMELO PERDOMO

CUÉTER 25 76001-23-31000-201200212-02 (4470-2021) 19 de enero de 2023

Dr. WILLIAM

HERNANDEZ

GOMEZ

DR. RAFAEL

FRANCISCO SUAREZ

VARGAS – Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNANDEZ 26 47001-23-33000-2018-023101 (0871-2020) 26 de enero 2023

DR. RAFAEL

FRANCISCO

GOMEZ

DR. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ –

DR. GABRIEL

VALBUENA

1.2. Hechos

De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes hechos jurídicamente relevantes:

La señora Merys Isabel Barros Aguilera labora como docente «con la entidad territorial certificada en educación del Departamento de Sucre». Además, se encuentra afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 3 y es beneficiaria del régimen de cesantías anualizadas.

El 29 de julio de 2021, la hoy accionante le solicitó a la Secretaría de Educación Departamental de Sucre el reconocimiento y pago de la sanción por la no consignación de cesantías y la indemnización por el pago tardío de los intereses, con fundamento en el régimen establecido en las Leyes 52 de 1975 y 50 de 1990 .

Departamental de Sucre el reconocimiento y pago de la sanción por la no consignación de cesantías y la indemnización por el pago tardío de los intereses, con fundamento en el régimen establecido en las Leyes 52 de 1975 y 50 de 1990 .

La entidad demanda remitió la petición a la Fiduciaria la Previsora S.A ., en su calidad vocera y administradora del patrimonio autónomo del Fomag, para que otorgara respuesta; sin embargo, dicha solicitud nunca fue contestada .

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la señora Merys Isabel Barros Aguilera demandó al Ministerio de Educación Nacional – Fomag y al Departamento de Sucre, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo ficto que negó la petición de reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías y la indemnización por el pago tardío de los intereses.

Mediante sentencia del 29 de noviembre de 2022, el Juzgado Cuarto Administrativo de Sincelejo negó las súplicas de la demanda , por considerar que la señora Barros Aguilera se encontraba afiliada al Fomag y, por tanto, tenía un régimen especial de cesantías en el cual no operaba la sanción por mora.

3 En adelante Fomag.Radicación: 11001-03-15-000-2023-05938-00

Demandante: Merys Isabel Barros Aguilera Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

5

Contra la anterior decisión, la accionante interpuso recurso de apelación con fundamento en que la Corte Constitucional el Consejo de Estado, en reiteradas

Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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Contra la anterior decisión, la accionante interpuso recurso de apelación con fundamento en que la Corte Constitucional el Consejo de Estado, en reiteradas ocasiones, habían establecido que era posible aplicar la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales, con fundamento en el principio de favorabilidad. Es decir, que como en la Ley 91 de 1989 —régimen especial de los docentes— no existe regulación sobre la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías, se debía aplicar la norma más favorable, esto es, la Ley 50 de 1990, que sí lo estableció.

En providencia del 31 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo de Sucre confirmó la decisión de primera instancia, bajo el argumento de qu e la demandante no podía beneficiarse de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, debido a que «no existe una norma que haya extendido la sanción moratoria previ sta en la Ley 50 de 1990 a los docentes beneficiarios del régimen especial contenido en la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones sociales son administradas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, patrimonio autónomo de carácter público que no puede ser equiparado a las instituciones financieras privadas de carácter privado.»

Agregó que no existe identidad fáctica entre el caso estudiado en la sentencia SU 098 de 2018 y el caso en concreto , debido a que , entre otras razones , (i) aquí la demandante sí fue afiliada al Fomag y (ii) no se trata de un caso en el que se haya

de 2018 y el caso en concreto , debido a que , entre otras razones , (i) aquí la demandante sí fue afiliada al Fomag y (ii) no se trata de un caso en el que se haya omitido el traslado de las cesantías al momento de la vinculación al cargo; de manera que no encontró acreditado ninguno de los supuestos de hecho que ha fijado la jurisprudencia tanto constitucional como de ésta Co rporación, para el reconocimiento de la sanción moratoria por falta de pago de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

1.3. Argumentos de la tutela

A lo largo del escrito de tutela, de forma resumida, la parte actora sostuvo que el Tribunal Admi nistrativo de Sucre desconoció el precedente fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU -098 de 2018, así como en 2 6 sentencias del Consejo de Estado, entre las cuales se destacan la sentencia de tutela del 29 de julio de 2019 y la SU -2013-00666 del 6 de agosto de 2020, en las que se determinó que la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 sí resultaba aplicable a los docentes oficiales.

Luego de hacer un recorrido histórico sobre el Fomag y su funcionamiento, adujo que, si bien los docentes gozan de un régimen especial, lo cierto es que, en virtud del principio de favorabilidad, se les debe aplicar la normativa del régimen general que consagra la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías, esto es, la Ley 50 de 1990.Radicación: 11001-03-15-000-2023-05938-00

Demandante: Merys Isabel Barros Aguilera

consagra la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías, esto es, la Ley 50 de 1990.Radicación: 11001-03-15-000-2023-05938-00

Demandante: Merys Isabel Barros Aguilera Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

6

De otra parte, la accionante señaló que el ad quem no argumentó con claridad por qué se apartó del precedente consagrado en las 2 6 sentencias emitidas por el Consejo de Estado, pues lo único que expresó es que « existía unidad de caja en el manejo de los recursos del FOMAG y que no existe sentencia unificada, despreciando la masividad de sentencias expedidas por las 2 secciones que conforman la sección 2da del H.C.E.».

Agregó que, contrario a la decisión del Tribunal, la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales no desconoce el principio de inescindibilidad, pues, como se ha evidenciado, se aplica la norma de manera integral favoreciendo al docente oficial. Además, indicó que, al existir un vacío normativo, lo más lógico es llenarl o con la norma más favorable.

Asimismo, mencionó que la autoridad judicial accionada desconoció el principio de seguridad jurídica, toda vez que «es cierto que existe una abierta discordancia. entre lo expresado por la Sección Segunda, en más de 22 ocasio nes entre los años 2021, 2022 y 2023 y la decisión adoptada el 31/5/2023 por el Tribunal Administrativo de Sucre, en el expediente radicado No. 70001333300420220006601».

Sostuvo que existe una sucesión de « irregularidades sustantivas » dentro de la

Sucre, en el expediente radicado No. 70001333300420220006601».

Sostuvo que existe una sucesión de « irregularidades sustantivas » dentro de la decisión de segunda instancia emitida por el Tribunal Administrativo de Sucre.

Finalmente, citó 10 sentencias proferidas por diferentes juzgados administrativos del país, en las que, con fundamento en el principio de favorabilidad, se recon oció la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías anuales a los docentes demandantes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 5 de octubre de 2023, el despacho de la magistrada ponente admitió la acción de tutela y ordenó que aquel se notificara a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Sucre, como parte demandada, y, como terceros con interés, a la ministra de Educación Nacional, a la Fiduprevisora, en calidad de administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag y al gobernador de Sucre. Así mismo, se ordenó la notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado .

2.2. El Ministerio de Educación Nacional solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela, toda vez que la parte accionante no acreditó que el asunto estuviera revestido de relevancia constitucional , pues su intención de revivir un debate que ya fue zanjado por los jueces de instancia ; pretendiendo constituir una tercera instanciaRadicación: 11001-03-15-000-2023-05938-00

Demandante: Merys Isabel Barros Aguilera

Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre

fue zanjado por los jueces de instancia ; pretendiendo constituir una tercera instanciaRadicación: 11001-03-15-000-2023-05938-00

Demandante: Merys Isabel Barros Aguilera Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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del proceso ordinario y que el juez constitucional actúe como superior jerárquico del Tribunal Administrativo de Sucre.

2.3. El Tribunal Administrativo de Sucre, por medio del magistrado ponente de la decisión cuestionada, solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela, por incumplir con el requisito de relevancia constitucional, toda vez que la parte actora pretende convertirla en una tercera instanc ia. Y, pese a que la accionante alegó la vulneración de los derechos fundamentales por la no aplicación de l articulo 99 de la Ley 50 de 1990, lo cierto es que la decisión adoptada fue razonable y se fundamentó en el material probatorio obrante en el proces o.

Adujo que no existe un precedente o sentencia de unificación que obligue a los jueces de instancia a reconocer la sanción moratoria por falta de pago, en virtud del principio de favorabilidad, a los docentes afiliados al Fomag cuyas cesantías se han r eportado anualmente desde su afiliación.

Indicó que la situación de la señora Barros Aguilera difiere sustancialmente de los casos analizados por la Corte Constitucional en la SU -072 de 2018 . Indicó que en aquella oportunidad el alto tribunal constitucional reconoció a los docentes afiliados al Fomag el derecho a reclamar la sanción moratoria , siempre que se evidenciara la

casos analizados por la Corte Constitucional en la SU -072 de 2018 . Indicó que en aquella oportunidad el alto tribunal constitucional reconoció a los docentes afiliados al Fomag el derecho a reclamar la sanción moratoria , siempre que se evidenciara la omisión de los entes territoriales en: i) realizar la afiliación al Fomag o ii) trasladar el auxilio de cesantías al Fomag al momento de su vinculación al mencionado fondo; no encontrándose acreditado ninguno de dichos supuestos de hecho en el sub lite.

Por último, manifestó que, en ejercicio de la autonomía e independencia j udicial, el Tribunal Administrativo de Sucre llegó a la conclusión de que a la demandante no le asiste el reconocimiento y pago de la sanción moratoria derivad a de la consignación tardía de las cesantías, porque tal prestación se ha reportado desde su afil iación al fondo, en atención a lo dispuesto por el régimen especial de cesantías consagrado en la Ley 91 del 89.

2.4. La Fiduprevisora, en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisteri o, manifestó que las cesantías de los docentes no se administran en cuentas individuales, por cuanto el Fomag fue creado mediante la Ley 91 de 1989 bajo el principio de unidad de caja. En ese sentido, los valores que corresponden a las cesantías no se consignan, sino que «ya están presupuestados y trasladados al fondo, desde el primer mes de cada vigencia».

Sostuvo que la accionante realizó una indebida interpretación de la jurisprudencia

ese sentido, los valores que corresponden a las cesantías no se consignan, sino que «ya están presupuestados y trasladados al fondo, desde el primer mes de cada vigencia».

Sostuvo que la accionante realizó una indebida interpretación de la jurisprudencia relacionada con las cesantías del Fomag, pues reclamó la consignaciónRadicación: 11001-03-15-000-2023-05938-00

Demandante: Merys Isabel Barros Aguilera Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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extemporánea de sus cesantías en los plazos establecidos en la Ley 50 de 1990 e indemnización por el pago inoportuno de los intereses, frente a lo cual es « imposible que se cause una demora respecto de un hecho que la administración no puede ejecutar en el régimen especial de los docentes, ya que resulta imposible realizar una consignación ante la ausencia de cuentas individuales por cada afiliado ».

Pidió que se declarara improcedente la tutela porque la autoridad judicial accionada decidió la controversia conforme a la normativa establecida y observ ó las garantías procesales.

2.5. Los demás vinculados guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de la tutela contra providencia judicial, particularmente, el de relevancia constitucional. De cumplirse, deberá abordarse el estudio de fondo del asunto, con el fin de establecer si la sentencia proferida el 31 de mayo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Sucre, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con

constitucional. De cumplirse, deberá abordarse el estudio de fondo del asunto, con el fin de establecer si la sentencia proferida el 31 de mayo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Sucre, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 70001-33-33-004-2022-00066-01, incurrió en los defectos endilgados y, de paso, vulneró los derechos fundamentales de la señora Merys Isabel Barros Aguilera.

2. Análisis de la Sala

2.1. Del cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, en relación con la supuesta falta de aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990

En sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que el requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por la vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales ».Radicación: 11001-03-15-000-2023-05938-00

Demandante: Merys Isabel Barros Aguilera Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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Demandante: Merys Isabel Barros Aguilera Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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El segundo hace referencia a que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

Ciertamente, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad d e las decisiones de los jueces y, por tanto, no puede admitirse, sin mayores excepciones, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.

En el asunto que ocupa la atención de la Sala, se reclama la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia del 31 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, por medio del cual confirmó la sentencia dictada el 29 de noviembre de 2022, por el Juzgado Cuarto Administrativo de Sincelejo.

En el fondo, la accionante alega que tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de sus cesantías, pues, en su criterio, se le debe aplicar el artículo 99 de la ley 50 de 1990, que sí consagra dicha sanción.

La Sala anticipa que la acción de tutela no tiene vocación de prosperidad. Tal

criterio, se le debe aplicar el artículo 99 de la ley 50 de 1990, que sí consagra dicha sanción.

La Sala anticipa que la acción de tutela no tiene vocación de prosperidad. Tal afirmación encuentra respaldo en las siguientes razones:

En primer lugar, la solicitud de amparo e levada por la señora Merys Isabel Barros Aguilera carece de relevancia constitucional, debido a que es evidente que la controversia que aquí se examina, en el fondo, es de carácter legal e indudablemente se direcciona a un debate económico, pues se pretend e el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia de unificación SU - 573 de 2019, revocó diferentes fallos en los que se negaron tutelas que pretendían el pago de la sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías, para, en su lugar, declararlas improcedentes por falta de relevancia constitucional, precisamente, porque consideró que comprendían discusiones económicas o patrimoniales para las cuales no estaba instituida este instrumento constitucional. Así lo indicó:

[L]a sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías no es un derecho fundamental ni está ligada a la satisfacción de una garantía de naturalezaRadicación: 11001-03-15-000-2023-05938-00

Demandante: Merys Isabel Barros Aguilera Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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constitucional. La jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido el carácter irrenunciable de las cesantías, como una prestación patronal de rango legal cuya

Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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constitucional. La jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido el carácter irrenunciable de las cesantías, como una prestación patronal de rango legal cuya finalidad es “auxiliar a la persona que se queda temporalmente sin trabajo”4 . Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador. En consecuencia, cualquier pago adicional que no corresponda a la finalidad misma de las cesantías, sino a una penalidad para el empleador que no las consigna al fondo o las paga al trabajador en los términos solicitados, es un reconocimiento de fuente legal con carácter netamente patrimonial, que no amerita la intervención del juez de tutela. Además, según se deriva de los antecedentes de los casos acumulados, no es prima facie admisible considerar que la falta de reconocimiento de aquella pretensión económica pueda comprometer su mínimo vital, en la medida en q ue los tres accionantes mantienen vigente su vínculo laboral con el Departamento del Atlántico5

Asimismo, en varias oportunidades, el Consejo de Estado ha considerado que la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías es un asunto netamente económico. Por ejemplo, esta Subsección, en la sentencia del 18 de marzo de 20226, indicó lo siguiente:

La accionante discute que tiene derecho al reconocimiento de la sanción moratoria porque la entidad pública pagadora contaba con 45 días a pa rtir del acto administrativo que ordenó la liquidación de sus cesantías para cancelar dicha

La accionante discute que tiene derecho al reconocimiento de la sanción moratoria porque la entidad pública pagadora contaba con 45 días a pa rtir del acto administrativo que ordenó la liquidación de sus cesantías para cancelar dicha prestación social y se tardó más de 260 días en mora.

En ese orden de ideas, se considera que la controversia gira en torno a una cuestión netamente económica, toda vez que la inconformidad que se planteó se limita al pago de un derecho patrimonial -pago de la sanción moratoriay no se orienta a la protección de los derechos fundamentales invocados en la demanda de tutela.

Esta Corporación ya se pronunció sobre un tema similar y consideró que: